El hacinamiento carcelario en El Salvador, que condujo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a declararlo inconstitucional, es un agudo problema que desde hace dos décadas se trata con pasividad en el país, según estiman distantes organizaciones de derechos humanos.
“El hacinamiento, a pesar de lo grave que es, se ha visto con pasividad o se ha dejado de un lado por parte del Ejecutivo durante décadas, lo cual nos ha parecido una situación inhumana y degradante”, dice a la agencia AFP Miguel Montenegro el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
La veintena de cárceles de El Salvador, según los datos oficiales de la Dirección General de Centros Penales, albergan en la actualidad (conteo realizado el 6 de junio de 2016) a 33,542 internos, a pesar de tener una capacidad instalada para apenas 10,109 reos, lo cual se traduce en una sobrepoblación del 231 %, la más alta de la que se tiene registro en el continente americano.
Pero a los privados de libertad recluidos en el sistema penitenciario hay que sumar otras 4,500 personas que permanecen en las bartolinas de la Policía Nacional Civil, a pesar de tener sentencia judicial firme, en algunos casos. Estos recintos policiales no reúnen las condiciones mínimas para la detención, ya que en calabozos de 10 metros cuadrados permanecen entre 30 y 40 personas con carencias de agua, ventilación y otros servicios básicos, como la alimentación, de la que se encargan los familiares.
La Sala de lo Constitucional de la Corte declaró el pasado 27 de mayo que “es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal”.
Asimismo, ordenó “el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad” y exhortó a las autoridades administrativas construir nuevos establecimientos penitenciarios y adecuar como prisiones otros inmuebles estatales, como cuarteles militares.
Indignidad y deshumanización
“El fallo de la Corte es importante porque ahora el sistema de justicia tiene un precedente claro sobre el reconocimiento del modelo de derechos y obligaciones que la ONU estableció con el fin de procurar la rehabilitación y la reinserción”, señala a la AFP Laura Andrade, investigadora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Autora del estudio ‘El sistema penitenciario en El Salvador’, Andrade asegura que el actual hacinamiento carcelario es producto de un sistema de justicia “altamente punitivo” que desecha la prevención.
La Corte Suprema reconoció que, además de “malos tratos”, los internos de las cárceles sufren “enfermedades mentales, hongos en la piel y dolor de espalda porque duermen en el piso”.
“Los actuales niveles de sobrepoblación y las gravísimas condiciones de habitabilidad, en las cuales se encuentran la mayoría de los centros penales, muestran las condiciones de indignidad y deshumanización bajo las cuales cumple su pena la población reclusa, lo cual opera en contra de cualquier propósito rehabilitador”, advierte Andrade.
Renovada apuesta por el manodurismo
A pesar del hacinamiento en las cárceles, la Administración del actual presidente, el efemelenista Salvador Sánchez Cerén, ha continuado apegada a una política de manodurismo, más agresiva incluso que la puesta en marcha a mediados de la década pasada por el hoy opositor partido Arena, estima Nelson Flores, encargado de asuntos penales en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Otro de los factores del hacinamiento es que se abusa de la prisión preventiva: una persona puede pasar detenida entre seis meses y dos años mientras la Fiscalía investiga los cargos en su contra. De esa manera, “se está dando una pena anticipada, independientemente de si la persona es culpable o inocente y eso es gravísimo”, señala Flores.
“Los jueces no están utilizando medidas alternas y ratifican la detención por regla general, cuando debería ser la última opción”, agrega.
Para Flores, otro de los factores que aumentan las detenciones es que se desecha la prueba científica y se privilegia la “prueba testimonial”.
Las pandillas aportan una cuota importante a la población penitenciaria. De los 60,000 miembros activos que se estima que tienen estas organizaciones delictivas, unos 15,000 están detenidos.
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