El sistema electoral corrupto fue finalmente develado, prácticamente en su totalidad. El 2 de junio fueron ejecutadas unas 60 órdenes de capturas emanadas de las investigaciones del Ministerio Público y de la CICIG en contra de exfuncionarios, operadores, empresarios, banqueros y dueños de medios de comunicación, como parte de un entramado dedicado a desfalcar al Estado.
La gravedad del asunto es que se resalta cómo el Partido Patriota (fundado por grupos militares que llevó a Otto Pérez y a Roxana Baldetti al poder) fraguó un plan para obtener financiamiento ilícito de muchas personas sin reportarlo ante el tribunal electoral porque obviamente sobrepasaba el techo legal. Entonces les daban facturas falsas a las empresas financistas por servicios que nunca se prestaron.
Una de las empresas más importantes que les dio plata es Albavisión, cuyo propietario, el mexicano Ángel González, dueño de muchos medios en toda América Latina, aportó unos $2 millones a la campaña. Él controla los cuatro canales abiertos de televisión nacional. Este monopolio ha consolidado no solo una programación mediocre en donde se transmiten solo refritos de otros países sino que los noticieros de estos canales han sido oficiosos defensores de todos los gobiernos. Yo he hablado con reporteros que ahí trabajan y me han contado que tienen prohibido publicar notas en contra de los funcionarios.
A Ángel González se le ha conocido desde hace mucho como “el Ángel de la Democracia” ya que los candidatos en épocas electorales viajan a su casa en Miami a negociar con él los espacios de pautas publicitarias y las fórmulas más comunes son los “infomerciales”, que son larguísimos anuncios disfrazados de noticias donde se promociona a algún candidato.
Ahora, la esposa de González, Alba Lorenzana, quien aparece legalmente como dueña de los canales, tiene orden de captura internacional por financiamiento electoral ilícito. Porque se logró constatar que el dinero que aportaron para la campaña se multiplicó en ganancias de $30 millones en pauta publicitaria que el gobierno gastó en los canales del emporio González.
Tras esta locura de capturas la gente se despertó y volvió a las plazas. El sábado 11 de junio hubo manifestaciones en varios puntos del país, con una energía similar a las del año pasado. La demanda más relevante fue aquella que pidió a la Procuraduría General de la Nación revisar la concesión de los contratos de los canales nacionales ya que durante años se han renovado gratuitamente por puros favores políticos.
Es tanto el descaro que el anterior presidente del Congreso, Luis Rabbé, excuñado y testaferro de Ángel Gónzalez, ganó la presidencia del Legislativo mientras otros dos grupos pugnaban por dirigir el hemiciclo. Se presentó su candidatura y como los diputados no se quisieron pelear con “el Ángel”, casi todos lo apoyaron.
Pero ahora Rabbé tiene también un proceso en su contra y su hermano, exdiputado, está ligado a otro caso, ambos acusados de gestionar decenas de plazas fantasma desde sus curules. Esto quiere decir que las personas más emblemáticas de este monopolio televisivo, que incluye radios y otros medios, están en la picota.
La otra parte de la estructura corrupta que fue develada fueron los bancos. Se acusó a los gerentes de dos de los bancos más grandes del país de lavar dinero y de financiamiento ilícito de campañas políticas.
Fernando Peña, quien ya se entregó a la justicia, del Banrural, representa a los capitales emergentes, especialista en microcréditos, que maneja buena parte del dinero público ya que el Estado es socio minoritario de este banco. Y el otro es Flavio Montenegro, quien permanece prófugo, del G & T Continental, una entidad cuyos dueños pertenecen a la élite económica tradicional. Esto demuestra que ciertos bancos son parte necesaria en esta red de corrupción pues sirven para legalizar el dinero que proviene de los negocios ilícitos.
Las prácticas bancarias y financieras anómalas demuestran que para que la corrupción campee libremente se necesita de una contraparte privada que, al igual que los políticos, lucre abundantemente. Recordemos el banco hondureño Continental, cuyos dueños están acusado de lavado en Estados Unidos.
La esperanza ante este panorama verdaderamente crítico, en donde medio mundo está implicado en algo, es que la gente, quienes siguen saliendo a las plazas y se están organizando, sigan articulándose en apoyo a los demás casos que están por salir y que, como se hizo el lunes 13 de junio, se brinde apoyo a los funcionarios que están liderando esta depuración en el Estado.
Porque se han ganado espacios importantes. Uno es la administración tributaria. Luego de que los últimos directores cayeran en la cárcel, llegó uno, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien ha investigado estas estructuras criminales y ha logrado recuperar $100 millones de defraudación fiscal de una sola empresa. Con ese montó se cerró la brecha fiscal del cuatrimestre. Ahora él y su equipo están limpiando esta institución que es el origen de la corrupción, pues es a donde llega todo el dinero recaudado por el Estado.
Así, hay otros funcionarios, como jueces, la Procuradora General, la Fiscal General, el Ministro de Gobernación, el interventor de una empresa portuaria (un contrato anómalo que realizó la anterior administración) que están luchando por construir una institucionalidad que funcione. Algunos de ellos incluso se han sumado a las protestas que ahora se han enfocado no contra gente específica sino contra la estructura política. Porque para empezar a salir del intrincado nudo tenemos que aceptar que este sistema ya colapsó.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
