A pesar de la intervención actual de la Fiscalía, la tregua de 2012 fue inicialmente negociada con el apoyo del Gobierno de El Salvador, mientras que en los años siguientes el mismo gobierno facilitó varias iniciativas —abiertamente o entre bastidores— relacionadas a su implementación.
Y a pesar de que la mayoría de los salvadoreños desconfiaba de la tregua y la veía con escepticismo, inicialmente contó con un apoyo político importante que se obtuvo como resultado de una reducción espectacular de homicidios, alrededor de 41% en el período inicial, después de que fue firmada por los líderes de las principales pandillas. No obstante, en abril y mayo de 2013 la tregua fue fuertemente criticada por el entonces Fiscal General, Luis Martínez, y la Iglesia Católica. Poco después. en mayo y junio del mismo año, en el contexto de la campaña política para las elecciones presidenciales, los partidos políticos le dieron la espalda y empezaron a distanciarse de la iniciativa.
Con el creciente distanciamiento y rechazo de la tregua, las políticas de seguridad represivas adquirieron una nueva importancia. Hoy en día, las políticas del gobierno del FMLN se enfocan casi principalmente hacia la represión, copiando y profundizando así la guerra contra las pandillas; la misma que ellos mismos criticaron tanto cuando el gobierno de ARENA la declaró por primera vez en 2003.
En nuestro artículo, recientemente publicado en el Journal of Latin American Studies, señalamos que en la sociedad salvadoreña existen presiones fuertes para seguritizar el fenómeno de las pandillas, es decir, verlas como una amenaza existencial para el Estado. El artículo es el producto de varios periodos de investigación. En abril 2011 realizamos una serie de entrevistas a políticos y académicos sobre las políticas del gobierno Funes. Además, en marzo y junio 2013 hicimos otra serie de entrevistas a protagonistas del proceso de la tregua entre otros. También revisamos los reportajes sobre ese proceso y las pandillas en El Faro. De acuerdo con el trabajo del académico Ralph Emmers, el concepto de la seguritización se refiere a un proceso mediante el cual un grupo o situación se presenta como una amenaza a la seguridad, de tal manera que urgen medidas extraordinarias o de emergencia.
Partiendo de la teoría de seguritización, analizamos las políticas antipandillas de los primeros años del gobierno de Funes, de junio 2009 hasta junio 2012. Demostramos que el gobierno de Funes inicialmente buscaba de-seguritizar las políticas dirigidas a las pandillas implementadas por los anteriores gobiernos de ARENA; sin embargo, después regresó a enfatizar medidas represivas para enfrentar a las pandillas, mientras —de manera inesperada— facilitó una tregua entre pandillas.
Argumentamos que la aparición y desaparición de ciertas políticas de seguridad son resultado de procesos dinámicos, que se desarrollan en un complejo campo político constituido por numerosos actores, entre los cuales el gobierno es solo uno de ellos. Tomar en cuenta el carácter contestatario del proceso político implica reconocer cuáles cambios políticos importantes —como regresar a la implementación de medidas represivas, o apoyar y la facilitar una tregua entre pandillas— no son resultados de un diseño racional o una agenda predeterminada, sino que deberían ser vistos como pasos estratégicos en una cierta coyuntura política.
Puesto que el fenómeno de las pandillas es altamente mediatizado —es decir, que recibe mucha más atención que problemas como el crimen organizado o la corrupción de oficiales estatales— la elaboración e implementación de políticas dirigidas a ellas están entre los temas más importantes, controversiales y vehementemente debatidos en la arena política.
En el contexto salvadoreño, la elaboración e implementación de políticas antipandillas se puede comprender como un tipo de “gestión de la crisis”, término que usan Arjen Boin et. al. en su libro The Politics of Crisis Management (2006), por medio de cual los tomadores de decisiones intentan comunicar a distintas audiencias que tienen control de la situación. Se pueden distinguir diferentes tareas elementales y críticas de gestionar la crisis, relacionadas con las maneras en que los tomadores de decisiones o políticos enmarcan o presentan la situación definida como amenaza. Entre otros, esos actores políticos necesitan dar sentido a la situación (explicar lo que está pasando), tomar decisiones (asignar y priorizar recursos escasos) y generar “significados” (promover procesos sociales y políticos de producción de significados por medio de los cuales la crisis es etiquetada, entendida y evaluada). De acuerdo a la teoría de seguritización, es particularmente importante la construcción y definición de ciertas preocupaciones como temas de seguridad. Las resultantes amenazas existenciales piden y legitiman la adopción de medidas extraordinarias o de emergencia. El consiguiente cambio de políticas regulares a medidas extraordinarias, es decisivo.
En nuestro artículo señalamos que políticas alternativas que enfocan las causas raíces del fenómeno de las pandillas por medio de políticas prevención y rehabilitación, o políticas de seguridad que proponen abordajes más pragmáticos —por ejemplo, abrir un diálogo con las pandillas— son extremadamente impopulares en el contexto salvadoreño. Después un periodo corto en el cual el gobierno Funes buscaba maneras diferentes para tratar a las pandillas (incluyendo el diálogo), se regresó a la reseguritización de las pandillas. Entre otros, esto fue el resultado de una presión fuerte ejercida por diferentes audiencias. La oposición política y los medios de comunicación masiva continuamente criticaban los resultados de las políticas de seguridad y presionaban por respuestas más contundentes al problema de la inseguridad causado por las pandillas. Las nuevas medidas antipandillas del gobierno Funes fueron parcialmente un intento de parar esos esfuerzos de deslegitimizar su posición en el área de seguridad y de responder a las demandas de vastos sectores de la población por un abordaje más duro del tema de las pandillas.
Mientras la mayoría de la documentación sobre los casos de seguritización en el mundo enfoca la seguritización como un proceso represivo, desarrollamos el argumento que la iniciativa de la tregua también puede ser considerada un tipo de (re)seguritización; es decir, una medida extraordinaria, aunque más de índole complaciente. En un país teñido por la violencia como El Salvador, la pregunta tal vez no es tanto si hay que seguritizar o no, sino ¿cómo? Eso fue reconocido implícitamente por uno de sus arquitectos, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés. Él defendió la tregua apuntando a la reducción marcada de los homicidios, pero también refirió al hecho de que las pandillas se habían vuelto una fuerza importante en la sociedad salvadoreña. El ministro argumentaba que, incluyendo las familias y otras personas cercanas a las pandillas en las comunidades que controlaban, la cantidad de cómplices de las pandillas llegaba a 400.000 o 500.000 personas, y que era imposible encarcelarlos a todos.
Mientras ese número puede ser una exageración, la alternativa para quebrar el poder de las pandillas parece ser el tipo de abordajes represivos que el gobierno actualmente patrocina, desde enfatizar el derecho de defensa propia en relación a los supuestos ataques a miembros de las fuerzas de seguridad, hasta un creciente involucramiento de personal militar en tareas de seguridad pública. Mientras la tregua fue criticada duramente por estar fuera de los confines de la Ley, los abordajes represivos actuales —a pesar de ser preferidos claramente por diferentes audiencias en el país— representan un tipo de seguritización que podría mantener los altos niveles de violencia, y al mismo tiempo llevar a más erosión del dominio de la Ley.
*Chris van der Borgh es Assistant Professor en el Centre for Conflict Studies en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Wim Savenije es miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Argentina, Buenos Aires. Esta entrega se basa en el artículo, “Securitizating and Re-securitizating Gang Policies. The Funes Government and Gangs in El Salvador”, Journal of Latin America Studies 47:1, February 2015, pp. 149 - 176. Editor responsable de esta entrega: Erik Ching.
