Consumida la mitad de 2016, la evolución de los homicidios presenta dos escenarios radicalmente diferentes: un primer trimestre con más de 2,000 asesinatos, 22 cada día; y un segundo trimestre con poco más de 1,000 y un promedio de 11. Junio, con 331 homicidios según el conteo preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), certifica la tendencia a la baja iniciada en los últimos días de marzo.
El 29 de marzo se anunciaron las llamadas medidas extraordinarias, implementadas por el Gobierno de la República con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria: estado de emergencia en las cárceles que el Estado asignó la década pasada a las pandillas, mayor presencia territorial de policías y soldados, reformas legales de corte punitivo, comandos especiales militarizados… La lectura que hacen los voceros del Gabinete de Gobierno es inequívoca: el descenso en los homicidios es consecuencia directa del paquete de medidas.
Sin embargo, las tres pandillas mayoritarias (Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños) anunciaron el 26 de marzo un cese de acciones violentas ofensivas, que se mantiene vigente. Los tres grupos delictivos lo ratificaron en un comunicado conjunto fechado el 18 de junio: “Reiteramos nuevamente nuestra decisión de mantener este cese del ejercicio de la violencia de manera infinitiva (sic), unilateral y sin condiciones”.
Cuesta identificar qué está pesando más en el descenso, si la presión del Estado o la decisión estratégica de las maras de no confrontar contra las fuerzas de seguridad ni de golpearse entre ellas, como ha sido su razón de existir desde que las letras y los números se radicaron en El Salvador a inicios de los noventa.
Lo incontrovertible es el bajón: los promedios diarios de homicidios entre enero y junio de 2016 han sido de 24, 23, 20, 12, 11 y 11 respectivamente. Si la comparación es con lo que se vivía hace un año, las cifras resultan aún más alentadoras: los 331 fallecidos de junio son una cifra intolerable para un país de 6.5 millones de habitantes, pero el número reverdece cuando se compara con los 677 de junio del año pasado, o con los 918 registrados en agosto.
Aunque, según los estándares que utiliza Naciones Unidas, para que la sociedad salvadoreña no padeciera epidemia de violencia, en junio tendrían que haber asesinado a menos de 54 personas.
