El inspector general de Seguridad Pública, Tito Zelada, defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) en dos escenas de crimen que investigaciones periodísticas primero, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) después, catalogaron como ejecuciones extrajudiciales. Se trata de la masacre de la finca San Blas, cometida el 26 de marzo de 2015, y la del cantón Pajales en Panchimalco, del 15 de agosto de 2015. Entre ambos casos, 13 personas fallecieron en operativos realizados por personal de la PNC, que fueron etiquetados como ‘enfrentamientos’ con pandilleros en los reportes oficiales.
La Inspectoría General de Seguridad Pública y su titular, Tito Edmundo Zelada, fueron cuestionados con dureza por la PDDH. 'Resulta preocupante la pasividad adoptada por el ente contralor de las actuaciones policiales en este caso', dice en su informe sobre la masacre de la finca San Blas.
Han pasado más de dos meses desde que los reportes se hicieron públicos y, lejos de aceptar la versión de la PDDH o de ampliar la investigación propia, como se exhorta de forma explícita en el informe, Zelada descarga la responsabilidad en la Fiscalía General de la República. 'Fíjese que nuestra información no arroja eso (ejecuciones extralegales); ha habido mucha insistencia por los medios de dos casos concretos y, a raíz de eso, se le ha dado a la Fiscalía toda la información, y la investigación ellos lo tienen', dijo el funcionario.
El Faro conversó con Zelada por poco más de un minuto, cuando el inspector salía del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, tras acompañar al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en su rendición de cuentas de este año, el jueves 30 de junio.
En abril de 2016, el procurador David Morales presentó los resultados de una investigación de nueve meses que condujo sobre los dos casos. Morales acusó a la PNC y al Ejército por sus actuaciones (en Panchimalco actuó un comando conjunto de soldados y policías), pero además, señaló a la Policía, a la Inspectoría General y a la Fiscalía de entorpecer la investigación. Morales se quejó por “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. La PDDH dijo que las instituciones de seguridad “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”, tanto en San Blas como en Panchimalco.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, nombró a Zelada como inspector de Seguridad el 16 de julio de 2015, una semana antes de que El Faro publicara su investigación sobre lo ocurrido en la finca San Blas, y tres meses antes de que La Prensa Gráfica publicara su investigación sobre Panchimalco. Zelada está obligado por ley a 'controlar y fiscalizar las actuaciones de los servicios operativos y de gestión de la Policía (...) con especial observancia al respeto de los derechos humanos'. Sin embargo, en estos dos casos contradice al procurador de Derechos Humanos en el país.
Pese a la brevedad de la entrevista, es la primera vez que responde preguntas de este periódico. Desde su nombramiento, El Faro ha solicitado en la Inspectoría General un espacio para entrevistar a Zelada, sin éxito. Zelada solo llegó a ser inspector después de que la Sala de lo Constitucional lo destituyó de su anterior cargo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Los magistrados concluyeron que cuando la Asamblea nombró a Zelada como presidente del CNJ, no demostró su independencia partidaria. En 2012, a Zelada se le vio haciendo campaña electoral a favor del entonces candidato a la Presidencia Sánchez Cerén, del FMLN.
Antes de retirarse, Zelada dijo que hasta junio de 2016, la Inspectoría General tiene 'como mil y pico de casos pendientes, de asuntos estrictamente disciplinarios'. Y confirmó la pasividad de la Policía con los participantes del operativo de la finca San Blas. Cuando este periódico preguntó si los agentes que participaron en el operativo, en marzo de 2015, estaban sancionados, Zelada respondió: 'Por supuesto que no'. Una respuesta similar a la que brindó, cuando todavía era director de la PNC, el actual ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
