La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía ha desatado contradicciones y suspicacias al interior del partido FMLN. El diputado Misael Mejía dice que el sistema de justicia salvadoreño no funciona, y el diputado Calixto Mejía dice que la plataforma jurídica es fuerte. La diputada Nidia Díaz dice que no le preocupa un posible proceso al presidente Salvador Sánchez Cerén, mientras el diputado Carlos Ruiz cree que eso es justo lo que está tramando la oligarquía. El FMLN que por años, lustros, había pedido la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 ahora opina que el pasado 13 de julio, cuando la denostada Sala de lo Constitucional tomó esa decisión, quizá no era el mejor momento.
El partido rojo convocó a sus bases este sábado 16 de julio a la concentración ‘¡¡Por la defensa del Gobierno y contra el golpe de Estado!!’, en la plaza del Divino Salvador del Mundo, en San Salvador. La convocatoria reunió, en un conteo muy generoso, a unas mil personas. Para llegar a esa cantidad, el Frente acarreó personas sobre todo de los departamentos de San Salvador y de La Libertad.
'Ahora en la mañana me pasaron el informe de esta celebración', dijo un hombre de 80 años que solo quiso identificarse como José y que llegó desde Ciudad Delgado. Se le preguntó qué estaba celebrando, pero aceptó que no lo tenía muy claro. Más curioso fue el caso de José Moreno, de 88 años, quien gastó $1.20 de pasajes para llegar desde la sede de su partido en San Vicente hasta la capital. José cargaba un cartel que decía ‘San Vicente está con su presidente’, pero tenía dos reclamos invisibles. El primero, que no le dieron transporte para esta actividad. El segundo, que no tiene luz eléctrica en su casa. 'Vine porque a mí me urge la luz', respondió. Además, contó que le quieren cobrar $280 por la instalación y espera que el gobierno se ocupe de eso.
La reunión congregó esas y un sinnúmero más de opiniones que existen, pese a tratarse de un partido que no digiere la divergencia. Pero había un punto de unión entre todos los presentes: el rechazo a la Sala de lo Constitucional, de la que buena parte de los dirigentes del partido dicen abiertamente que está al servicio de la oposición político-ideológica.
El miércoles previo a la concentración, la Sala se despachó con una ráfaga de sentencias que la Comisión Política interpretó como un ataque a la Administración Sánchez Cerén. Uno: los magistrados frenaron el incremento al 13 % de la energía eléctrica que aprobó la CEL. Dos: declararon inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos para el financiamiento del gobierno, y de ribete prohibieron que los 84 diputados suplentes voten como si fueran titulares. Y tres: la referida inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que permitirá juzgar crímenes de guerra, algo que el FMLN dijo defender pero que, llegada la hora de la verdad, la noticia no parece estar siendo bien recibida entre la dirigencia.
El rechazo ya permea entre el sector de los militantes más sumisos. Un ejemplo es Marcial Ramírez, un hombre de 54 años que trabaja en labores de organización para el FMLN y que estaba arengando a la militancia desde el amplificador de un panelito: “Ellos (los magistrados) obedecen a un plan de la oligarquía. ¿Por qué declarar ahora la inconstitucionalidad de la amnistía? Por el golpe suave, a ellos no les interesan (Félix) Cristiani (el expresidente de Arena) ni el Chato (Vargas, diputado de Arena) ni toda la Tandona (una generación de altos oficiales del Ejército). Ellos van detrás del presidente, de Ramiro (José Luis Merino, dirigente del FMLN) y de Nidia Díaz. Si los enjuiciás a todos, casi desaparece el FMLN”.
José Saúl Tobar, 44 años, empleado, llegó a eso de la una de la tarde a la sede del FMLN de Quezaltepeque, desde donde su partido lo transportó a la capital. Tobar también piensa parecido: “La derecha quiere que se juzgue a los militares para que se juzgue a Sánchez Cerén”.
Esa preocupación la comparte Óscar Reyes, de 22 años, miembro de la juventud del FMLN de Apopa. Reyes se atrevió a dar un consejo para la posible defensa de los imputados: “Ellos pueden hacer referencia a la causa por la que peleaban en aquel tiempo”.
La diputada Nidia Díaz deslizó algo de esa preocupación. “El problema es que la sentencia trasciende más el ámbito que le otorgaba la Ley de Amnistía, en el sentido que era para que las personas mencionadas en (el informe de) la Comisión de la Verdad no tuvieran un proceso de investigación. Ahora hablan más que el informe, que es lo más delicado, porque da lugar a que cualquiera pueda crear un proceso desestabilizador”, dijo.
En efecto, la sentencia habilita perseguir a los jefes máximos del Ejército y de la guerrilla si ordenaron o no impidieron la violación de derechos humanos fundamentales. Pensar en juicios para funcionarios actuales es incómodo para el Frente. Surgen nombres como el del presidente Sánchez Cerén, el vicepresidente Óscar Ortiz (señalado en el caso del asesinato de Antonio Rodríguez Porth), o de Manuel Melgar, a quien el FBI tiene por autor intelectual de la masacre de la Zona Rosa, en 1985.
Al diputado Calixto Mejía se le preguntó si hay preocupación en el FMLN por los funcionarios que se mencionan en el informe de la Comisión de la Verdad.
—Yo trato de plantear un panorama como el que creo que requiere el país actualmente. Requiere mucha sensatez, madurez de periodistas como tú, jóvenes, porque tenemos que construir un país distinto. Te soy muy franco, yo que soy padre de un hijo... ¿qué edad tenés tú?
—25
—Mi hijo tiene 27 años, nació durante el conflicto. Tengo dos hijas, una de 15 y otra de 11, y yo no quisiera que mis hijos tengan que pasar momentos como el que yo tuve que pasar.
Los dirigentes del Frente consultados recurrieron a argumentos como la vuelta a la guerra civil o una conspiración para un golpe de Estado, para evitar pronunciarse sobre procesos judiciales que garanticen verdad y justicia, pero que eventualmente puedan salpicar a algunos de sus compañeros. El diputado Carlos ‘Diablito’ Ruiz, exalcalde de Soyapango, se mostró convencido que la decisión de la Sala tiene como blanco principal al presidente Sánchez Cerén.
—Lo que están planteando es que se puedan ir preparando las condiciones hasta para enjuiciar al presidente. Eso ya es un comentario.
—¿Por la Ley de Amnistía?
—Exactamente.
—Pero la derogación de la Ley de Amnistía es un reclamo histórico del FMLN.
—¿Y quién dijo que nosotros hemos dicho que no? Pero, ¿eso es lo que demanda este momento histórico, este momento tan delicado que está viviendo el país? ¿Eso es lo fundamental?
—¿No es prioridad?
—No es ninguna prioridad. La prioridad ahorita es garantizar que se construya un país en seguridad, un país productivo, que le dé futuro a las nuevas generaciones. Inestabilicémoslo más, a ver dónde lo van a llevar.
—¿Y cuándo sería un buen momento para reparar...?
—¿Es que usted quiere reparar a los que ya cayeron?
—Conocer la verdad, resarcir...
—¿Los quiere usted reparar? Construya mejores condiciones para las nuevas generaciones. Ya no permita que resurjan esas condiciones.
—Yo se lo pregunto porque hace 10 años el hoy presidente Sánchez Cerén decía sin matices que la Ley de Amnistía violaba el derecho a la justicia.
—Por eso le estoy diciendo, pero ¿adónde está hoy usted? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Por qué despiertan eso ahora, cuando el país se encamina a un mejor momento? Es decir, ¿qué buscan? ¿Quieren que regresemos al pasado, que nos empecemos a matar otra vez? ¿Eso es lo que quieren?
Hace 15 años, Sánchez Cerén –el hombre al que el diputado Ruiz defiende con tanta intensidad– pensaba que la ruta de El Salvador para construir mejores condiciones tenía como parada obligatoria la no impunidad. “Yo creo que mientras exista la necesidad de que la sociedad salvadoreña requiera de reconciliación, no tiene validez argumentar que se van a poner en peligro el proceso democrático y la paz. Tal como lo decían los Acuerdos de Paz, tiene que haber reconciliación, y muy difícilmente hay reconciliación si aquellos que cometieron grandes daños a la sociedad no son sometidos a la justicia”, dijo el hoy presidente en entrevista publicada en El Faro en agosto de 2001. “Muy difícilmente puede hablarse de democracia si estas cosas quedan impunes, y la impunidad no va con la democracia. Lo que va con la democracia es la verdad y la justicia”, agregó.
Sánchez Cerén también ha cambiado de parecer ahora que tiene las riendas del Ejecutivo. 'Estas sentencias ignoran o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente', dijo el presidente en un mensaje transmitido en cadena nacional la noche del viernes 15 de julio. El mandatario se refería al conjunto de resoluciones que dio a conocer la Sala el miércoles.
Misael Mejía, diputado de la Comisión de Seguridad, también cree que la eliminación de la Ley de Amnistía es inoportuna y que puede sumarse a “la situación de inestabilidad del país”. Y está convencido de que esa posición es congruente con “ponerse del lado de las víctimas y que se conozca la verdad”. Para hablar de impunidad, Mejía también le echa la culpa a la Sala de lo Constitucional de un problema que atañe no solo a los cinco magistrados de la Sala, sino a los 15 de toda la Corte Suprema: la depuración judicial.
—El sistema de justicia no funciona, y hay un problema de impunidad porque tenemos jueces corruptos que no resuelven los problemas de delincuencia a pesar de los niveles de investigación, de inteligencia, de coordinación entre Policía y Fiscalía; no se está resolviendo porque hay un montón de jueces corruptos. Bien haría la Sala, en lugar de bloquear recursos importantes, con resolver el problema de corrupción en el Órgano Judicial, que sí es un problema fundamental y vinculado a lo que usted está planteando de la impunidad.
—Con todo respeto, ¿sí o no la impunidad histórica es uno de los principales problemas ahora?
—¿No le estoy diciendo que ahorita la impunidad es una responsabilidad de los cuatro magistrados, y que en este momento la depuración judicial que es una obligación que tienen no la cumplen pues? Entonces, sí es un problema y es un problema de ellos y no lo quieren hacer. Se meten a hacer otro tipo de cosas.
Por ahora, el FMLN parece haber convencido a un sector de sus bases de que aquello que reclamaron por tanto tiempo hoy es menos urgente, menos prioritario. “Siempre hemos pedido (la eliminación) de la amnistía, pero ahora lo están haciendo para dejar aquí a los militares (acusados por el caso ‘Jesuitas’). Aquí la justicia está amañada. Es bueno, pero cuando la justicia esté depurada”, dijo Adelaida Palacios, de 44 años, artista cómica de San Vicente, a un costado de la plaza
Desde el 13 de julio, la Ley de Amnistía ya no es un impedimento para juzgar crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil. Y eso, más que ser un motivo de felicitación, al partido FMLN parece haberle incomodado. En un segundo o tercer plano quedan los dramas personales de sus militantes más veteranos.
La diputada Díaz dijo que ella aún necesita 'saber dónde están los huesos del papá de mi hijo y darle cristiana sepultura'.
O Graciela de García, doctora en ciencias de la educación que llegó al mitin con sombrero, tacones y un vestido rojo. “No le quiero ni hablar de las torturas porque no puedo”, dijo tras unos minutos de conversación: “A mí el Batallón Atlacatl me capturó el 28 de agosto de 1984. Delante de mí mataron a 56 niños, 34 mujeres y cuatro ancianos. No se trata de venganza, sino de verdad, justicia y reconciliación”. En esa improvisada y sentida revelación de su intimidad, García dijo sin decir que sus heridas no están cerradas.
