Si usted, estimada lectora, tuvo un embarazo ectópico (fuera del útero) y fue intervenida antes que su trompa de falopio explotara; o si estuvo embarazada de un feto que lastimosamente tenía una malformación congénita que lo hacía incompatible con la vida, y tuvo la posibilidad de interrumpir su embarazo en cuanto se confirmó la anomalía; o si su médico de cabecera le dio la opción de terminar el embarazo para conservar su vida frente a una enfermedad crónica o potencialmente mortal; o si tuvo un aborto espontáneo y la decisión de su médico fue hacerle un legrado y luego enviarla a su casa a descansar y ser consolada por sus seres queridos, entonces usted, querida lectora, es de las afortunadas en nuestro país que pudo pagar servicios de salud privados.
En el sistema público y social, ese que usan todas las otras mujeres que no pueden costearse médicos y hospitales privados, su historia habría terminado bastante diferente. Muy probablemente el cuerpo médico hubiera esperado hasta que su trompa de Falopio explotara para intervenirla; se habría visto obligada a llevar a término un embarazo con un pequeño cuerpo dentro suyo sin ninguna posibilidad de poder vivir; hubiera sido forzada a seguir embarazada aunque eso al final le costara la vida; y si hubiera tenido la necesidad de atención médica por un problema obstétrico o un aborto espontáneo, es muy probable que alguien del personal médico la denunciara por sospechosa de haberse provocado de alguna manera la pérdida de su hijo. Entonces quizá usted, en lugar de haber ido a su casa a ser consolada, habría sido acusada de abortar y estaría presa. O, como le ha pasado a las 17, habría sido procesada por homicidio agravado y, pese a falta de pruebas y todo tipo de irregularidades en el proceso, condenada a 30 o 40 años de prisión.
Las posibilidades anteriores no son solo ejemplos hipotéticos. De cada una, en el sistema público y en el privado, conozco al menos un caso. Esta manera radicalmente desigual en que son tratadas dos mujeres de distinta clase social, pero en situaciones de embarazo parecidas, es una realidad cotidiana de nuestro país, un hecho fáctico producido por la penalización absoluta del aborto.
Hasta 1998 en El Salvador una mujer estaba legalmente habilitada para decidir la interrupción del embarazo por tres razones: cuando ella estaba en riesgo de muerte, cuando el embarazo era producto de una violación o incesto y cuando el feto padecía una malformación congénita grave. Esto significaba que también el cuerpo médico estaba legalmente habilitado para atender este tipo de casos. Estos derechos desaparecieron ese mismo año, cuando el código penal fue modificado y en el artículo 133 se estableció la criminalización de todo tipo de interrupción del embarazo. Las penas de cárcel acordadas fueron para las mujeres de 2 a 8 años y para los médicos que llevaran a cabo abortos de 6 a 12. Unos meses después, en la Constitución quedó reconocida “la persona humana” desde el preciso momento en que un espermatozoide entra en un óvulo. Esta ley, nuestra ley, no define en ningún artículo el aborto, tampoco establece excepciones, ni tiene herramientas para proceder cuando la vida de la madre y el no nacido están en riesgo (a veces ese no nacido es un cigoto no viable atravesado en una trompa de Falopio).
Estos vacíos y las distintas interpretaciones a la hora de ponerla en práctica se han ensañado con mujeres de escasos recursos económicos que ocupan el sistema público de salud. Las cifras muestran que entre el 2000 y 2011 al menos 129 mujeres han sido procesadas y, durante 2011 y 2012, lo fueron 24 menores de edad. Como ha sido documentado, muchas llegaron buscando asistencia médica por problemas obstétricos que les provocaron abortos espontáneos o partos prematuros. Sin embargo, cada una de ellas fue detenida por aborto y procesada por este delito o por homicidio agravado. A todas estas mujeres las denunciaron desde centros de salud públicos. Por su parte los médicos, en varios documentos de Amnistía Internacional, han denunciado cómo la ley, y la posibilidad de pagar 12 anos de cárcel, los ata de manos. Por una parte se creen obligados a violar el secreto profesional y denunciar a cualquier mujer que pueda ser considerada sospechosa de aborto y, por otra, no pueden cumplir con su deber ético general de proteger la vida de las paciente. Aun ante casos de evidente riesgo para la vida de la madre, el procedimiento común consiste en limitarse a esperar hasta que la situación de la mujer llega casi al punto de muerte para realizar cualquier acción que intente preservarle la vida. Un estudio de la OMS de 2012 mostró que, entre 1995 y 2008, en los países con leyes más restrictivas el número de abortos inseguros no se redujo. Las muertes maternas relacionadas con abortos tampoco lo hicieron. En ambas estadísticas las mujeres pobres fueron las protagonistas. En El Salvador, según el Ministerio de Salud, para el 2014 la mortalidad de mujeres embarazadas aumentó y en el 60% de los casos el deceso fue catalogado como prevenible. Trastornos hipertensos, enfermedades crónicas, infecciones y hemorragias fueron las causas más comunes de muerte.
Pese a este panorama de desprotección, en la asamblea legislativa se discutirán unas reformas a los artículos que penalizan el aborto. La propuesta fue hecha por un diputado de ARENA casi desconocido, Ricardo Velásquez Parker. Lejos de proponer una ley menos restrictiva y más clara, este señor está pidiendo exclusivamente un aumento de las penas. Quiere que las mujeres encontradas culpables del delito de aborto y los médicos que las ayuden sean enviados a la cárcel de 30 a 50 años. Tal y como hasta ahora ha sido aplicada la ley, no es difícil prever quiénes serán las mujeres sospechosas y condenadas a pasar media vida presas, a quiénes no atenderán oportunamente en las clínicas y hospitales, quiénes serán obligadas a arriesgar su vida o a perderla en el intento de llevar a término un embarazo.
Señor presidente de la República, señora presidenta de la Asamblea, señora secretaria de Inclusión, diputadas, ministra de Salud: ¡pronúnciense! En un país tan desigual como el nuestro, no solo en término económicos sino de acceso a derechos básicos como la salud y la justicia, la propuesta de este hombre es una vergüenza. Su intento no es contra el aborto, es contra los derechos humanos y los derechos fundamentales que nuestra Constitución dice proteger. Es en definitiva ahondar el atropello que nuestro estado de derecho viene arrastrando desde 1998.
