Las tres principales pandillas de El Salvador han dado un paso hacia la creación de un frente común que incluye el nacimiento de un comité coordinador y de un pacto de no agresión entre ellas, en el que prohíben a sus integrantes invadir el territorio de las otras pandillas y realizar “misiones” de asesinato contra miembros rivales.
La Mara Salvatrucha y las dos facciones -Sureños y Revolucionarios- de la pandilla 18 han conseguido mantener durante más de cinco años espacios en los que sus representantes se reúnen de forma sistemática y toman decisiones conjuntas. Este ejercicio se estrenó en febrero de 2012, cuando el gobierno de Mauricio Funes gestionó un acuerdo entre pandillas que se conoció como la Tregua. Sin embargo, en abril pasado, justo tras la aprobación de una serie de medidas extraordinarias de represión aprobadas por la Asamblea Legislativa, lograron crear un organismo de coordinación y acordaron frenar los asesinatos de pandilleros rivales.
Aunque la Tregua terminó y, con ella, todas las facilidades gubernamentales para que los líderes en prisión se reunieran, las pandillas habían hallado el modo de mantener activos estos espacios de entendimiento, y eso facilitó el paso de abril de 2016. A diferencia de los meses en los que estuvo en vigor la Tregua, la voz cantante la llevan pandilleros en libertad, y ya no necesitan de mediadores que triangulen la comunicación o que les ayuden a dirimir conflictos: se reúnen en persona y toman decisiones que solo consultan con sus respectivos líderes.
El Faro atestiguó varios encuentros entre líderes de las tres pandillas, que tuvieron lugar en una de las sedes de la Iglesia luterana, en San Salvador. Este era el espacio de encuentro para lo que podría entenderse como ejercicio de “relaciones públicas” de las pandillas: los voceros de las tres estructuras se reunían con distintos actores que mantienen la convicción de que el problema de violencia de El Salvador puede solucionarse a través del diálogo y la negociación con estas organizaciones criminales, entre los que destacan miembros de iglesias evangélicas. A las reuniones asistieron, además, el embajador de Alemania, Heinrich Haupt, y una delegación de Cruz Roja Salvadoreña.
'Fui invitado por el obispo (Medardo) Gómez en carácter de testigo a un encuentro en el que se dialogaron soluciones para reducir la violencia, contribuir a la reinserción y construir paz social. En el encuentro había representantes de la Iglesia luterana y de otras iglesias, y se me informó que había voceros de las pandillas', comentó el diplomático alemán. 'Entiendo que a encuentros similares se ha invitado a otras intenciones y organismos nacionales como internacionales, como la Cruz Roja. Entiendo que este tipo de espacios de diálogo deben ser del conocimiento del gobierno, en tanto que el obispo Gómez es miembro del Consejo de Seguridad Pública', añadió.
El obispo luterano, Medardo Gómez, nunca ha escondido su convicción de que la negociación con pandillas es imprescindible para la pacificación de El Salvador. Él forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde ha promovido esta vía sin mucho éxito.
Los pandilleros dejaron de asistir a este espacio de coordinación luego de que fuera asesinado Óscar Salvador Mejía, uno de los voceros de la facción Sureños del Barrio 18. Fue ametrallado la madrugada del 5 de junio, mientras circulaba en el redondel conocido como Fuente Luminosa, en San Salvador. Las tres partes atribuyen el hecho a una supuesta persecución del gobierno contra sus líderes.
Sin embargo, ese espacio no era el único del que disponían los pandilleros para llegar a acuerdos. Representantes de las tres pandillas confirmaron a este periódico que continúan en coordinación para planear acciones conjuntas. Uno de ellos incluso detalló que se trata de un “comité” de 12 personas, conformado por seis miembros de la MS-13 y tres de cada una de las facciones del Barrio 18. Según dijo, de los miembros originales solo quedan dos. El resto han sido encarcelados o asesinados. Esos dos siguen haciendo el trabajo que se les había encomendado.
“Actualmente tenemos un pacto de no agresión entre nosotros. El acuerdo es que se respetan los territorios”, explicó uno de los pandilleros que representan a la facción Sureños de la 18. “Siempre hay problemas que hay que solucionar, no es perfecto, siempre hay alguien que se dispara, pero para eso estamos nosotros”, argumentó.
Uno de los representantes de la facción Revolucionarios ilustró el tipo de debates que han existido dentro del grupo: en su versión, la masacre en la que fueron ejecutadas 11 personas, en el municipio de San Juan Opico, la mañana del 3 de marzo, generó un duro debate entre los pandilleros. La primera reacción del gobierno, en boca del propio presidente de la República, fue culpar a la Mara Salvatrucha del hecho y por lo tanto esa organización fue responsabilizadoa de haber dotado al gobierno de argumentos para recrudecer la persecución contra pandilleros. Pero la MS-13 negó que su gente estuviera involucrada en la masacre. Según el representante de los Revolucionarios, fue sorpresa incluso para él enterarse de que los responsables del hecho pertenecían a su pandilla. Asegura que los asesinos actuaron sin órdenes de los líderes, y que ese espacio de reunión con sus enemigos sirvió para detener una posible cadena de venganzas entre ellos.
“Las letras (MS-13) y el Sur (facción Sureños de la pandilla 18) nos exigieron cobro a nosotros', relata el representante de la facción Revolucionarios. '(Los asesinos) se cagaron en todo, y ahí la Revolución tiene que cobrar. Y el cobro es matarlos porque en esa masacre jamás ni nunca hubo alguien que coordinara, de otros lugares, o los hechores que dijeran (a algún líder): ‘Tenemos a tantos aquí, ¿qué ondas? ¿Los matamos?’, no, jamás ni nunca. Esa masacre fue instantánea, jamás ni nunca hubo coordinación ni con postes ni con nada…”, dice.
El estímulo del gobierno
La MS-13 y el Barrio 18 están en guerra mortal desde 1989. Y la pandilla 18 se dividió en dos facciones en 2005. Cada una de estas estructuras se considera enemiga de las otras dos. Aunque ha habido algunos antecedentes de entendimiento entre ellas, probablemente la relación entre las pandillas enemigas atraviesa en la actualidad su mejor momento.
Durante la Tregua, fue el gobierno anterior el que estimuló la relación entre estas organizaciones y es también el actual gobierno el que estimula hoy que estos grupos se acerquen…a través de mecanismos muy distintos: “A mí la MS no me está invitando a una guerra ahora”, explica un vocero de los Sureños; “a mí quien me invita a una guerra ahora es el gobierno”, concluye.
Seis meses después de su llegada al poder, el segundo gobierno del FMLN decidió descartar cualquier mecanismo de diálogo con las pandillas y condenó el experimento hecho por sus antecesores. Decidió, en cambio, combatir el fenómeno pandilleril a través de una estrategia exclusivamente represiva, donde los protagonistas fueron la Policía y el Ejército. La relajación de los controles operativos de ambos cuerpos dio lugar a que policías y soldados cometieran excesos de fuerza, que se traducen incluso en masacres.
Como respuesta, las pandillas asesinaron en 2015 a 64 policías y 24 soldados, dando lugar a mayor presión -legal e ilegal- que se tradujo en más pandilleros muertos, más arrestos, más requisas indiscriminadas, más torturas...
“Empezamos al revés -justifica el vocero Sureño-, demasiado locos. Cuando uno está bravo, hace y dice estupideces, y nosotros hicimos y dijimos puras estupideces… Contentos no estamos ahora, pero las cosas son distintas: el gobierno va a pagar su factura… pero ya hemos descartado esa mierda, ya nadie está en esa lógica”, afirma.
A lo que este pandillero llama “esa lógica”, convirtió al país en el más violento del continente durante 2015, promediando 18 homicidios cada día y una tasa de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Durante los primeros tres meses de 2016 la violencia incrementó y promediaron 22 asesinatos diarios.
La masacre de San Juan Opico propició el escenario perfecto para que el gobierno consiguiera alinear a todas las fuerzas políticas alrededor de la estrategia gubernamental de represión: menos de un mes después de la masacre cometida por miembros de los 18-Revolucionarios, el gobierno anunció la entrada en vigor de las medidas extraordinarias que fueron aprobadas sin mayor trámite por unanimidad en la Asamblea Legislativa.
Este anuncio aceleró entre las pandillas la conclusión de que debían fortalecer sus debilitados canales de comunicación y crear instancias más sistemáticas para coordinar su reacción frente a la presión del gobierno.
Antes de ser trasladados al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, los mandos medios de la pandilla (los máximos líderes estaban ahí desde abril de 2015) acordaron una nuevo acuerdo entre las organizaciones rivales: era insostenible chocar de frente con las fuerzas del Estado y había que cambiar de estrategia. Eso incluía detener la guerra callejera. Los actuales representantes pandilleros son portavoces de la decisión de esos líderes y su marco de acción tiene la legitimidad de lo decidido por los mandos medios antes de ser recluidos en Zacatecoluca.
El 26 de marzo de 2016 las pandillas anunciaron su acuerdo, presentado en un comunicado público como la decisión de prohibir a sus miembros los asesinatos. Cinco días después, el 1 de abril, la Asamblea Legislativa aprobaba 14 medidas extraordinarias solicitadas por el gobierno, que habían iniciado pocos días atrás con el traslado de los mandos medios de las pandillas a la cárcel de máxima seguridad y con la activación del protocolo de emergencia en las cárceles, que obliga a los reos a estar dentro de sus celdas las 24 horas del día. Asimismo, se suspendieron todas las visitas a los reos y se eliminó los plazos procesales para que los delitos no prescriban. Estas medidas fueron aprobadas con una vigencia de un año.
Desde ese momento los asesinatos disminuyeron casi a la mitad. De los 22 asesinatos diarios del primer trimestre del año, se pasó a 11 en el segundo. Al ser anunciadas de forma simultánea, tanto las medidas extraordinarias del gobierno, como el acuerdo pandillero, ambos se atribuyen el mérito de haber reducido la cifra de muertes.
El vocero de la Mara Salvatrucha –pandilla mucho más esquiva y huraña con la prensa que sus pares de la 18– es seco a la hora de hacer afirmaciones: “Si has visto la reducción de homicidios es porque las tres partes no se están atacando”. Desde luego, el gobierno, a través del vicepresidente Óscar Ortiz y demás voceros del Gabinete de Seguridad, reivindica la reducción de asesinatos como un éxito oficial.
Por lo pronto, la cercanía entre los líderes pandilleros ha producido frutos curiosos: voceros de la MS-13 denunciando atropellos contra presos del Barrio 18; miembros de las facciones de la pandilla 18 hablando a nombre de la Mara Salvatrucha para explicar los acuerdos conjuntos; líderes Revolucionarios promocionando una marcha por el derecho de los privados de libertad de la facción contraria… El cambio es radical si se hace notar que incluso en la actualidad, entre los pandilleros comunes, es una falta que puede ser penada con golpiza pronunciar siquiera el nombre de alguna pandilla rival.
Sin embargo, hay algunos signos de que el acuerdo comienza a permear incluso a las bases de las pandillas: el viernes 1 de julio, periodistas de El Faro asistieron al velorio de Jeremías Ezequiel González, en la casa comunal de la colonia Valle del Sol, del municipio de Apopa. En la zona ejerce un enorme control la facción Revolucionarios del Barrio 18. González era miembro de esta pandilla y, luego de haber enfermado dentro del penal de Quezaltepeque, falleció supuestamente mientras era trasladado a un hospital. Los familiares denunciaron que sus padecimientos eran tratables y que murió por la indolencia de las autoridades penitenciarias… y aprovecharon para denunciar también un caso similar padecido por un pandillero de la facción Sureños. Estos pequeños gestos de solidaridad con un pandillero “contrario” eran difíciles de concebir hace apenas un año.
El vocero Sureño intenta matizar su afirmación de que “el gobierno va a pagar su factura”. Dice que no se trata de entrar en una guerra directa, sino de usar mecanismos más sutiles: “Si agarro a un diputado y lo pedaceo se va a armar Sodoma y Gomorra. Ya aprendimos cómo se cobra al gobierno, y eso es en las elecciones”.
El 18 de abril, las tres pandillas hicieron circular un comunicado en el que decían haber sido “traicionados” por el FMLN y anunciaban que boicotearían cualquier actividad proselitista y organizativa de ese partido y de su aliado, el pardido Gana. “Nuestras comunidades nunca jamás volverán a ser canchas para que el FMLN o Gana busquen votos y organización partidaria. Por eso hemos dado instrucciones a nuestros territorios de no permitir actividades partidarias del FMLN y Gana, ni el uso de sus distintivos, como banderas, camisetas, gorras, etc”, decía el documento, que remataba la advertencia con letras resaltadas: “Quienes nos han declarado la guerra no pueden esperar que los recibamos en nuestros territorios”.
A lo largo de 2016, este periódico ha hecho público dos vídeos en los que aparecen, por separado, dirigentes del FMLN y Arena negociando el favor electoral de las pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014. De parte de Arena fue el actual diputado Ernesto Muyshondt (en aquel momento vicepresidente de ideología del partido) y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. De parte del Frente, el emisario designado por el partido fue Arístides Valencia, actual ministro de Gobernación.
Tal como ocurrió durante la Tregua, aunque los asesinatos han disminuido, no ha ocurrido lo mismo con la extorsión. Uno de los voceros de pandillas es tajante al respecto. “La extorsión no ha variado y no va a variar. En todo caso podría duplicarse o triplicarse si la decisión cambia y nos ponemos en una lógica de guerra, porque las balas y las armas hay que pagarlas”, razonó.
