La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada mataron a 693 presuntos pandilleros en 20 meses. Más allá de la cifra, surrealista en un país de 6.5 millones de habitantes, la relación con otros parámetros –como las bajas propias o el número de heridos que dejan los supuestos enfrentamientos– refuerza la tesis de que las fuerzas de seguridad de El Salvador están haciendo un uso desproporcionado de sus fusiles de asalto y que cometen ejecuciones extrajudiciales.
Los abusos policiales son objeto de estudio en distintas sociedades, y la comunidad internacional ha consensuado indicadores de alerta. El Salvador los está sobrepasando todos. Un par de ejemplos: en los enfrentamientos ocurridos entre enero y agosto de 2016, tres presuntos mareros fallecieron por cada uno herido; asimismo, la relación en esos intercambios de disparos es de una víctima mortal policial por cada 53 provocadas.
“La incidencia de muertes de civiles a manos de agentes del Estado es muy elevada en El Salvador, incluso en comparación con países con problemas parecidos, como Brasil”, dice el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y reconocido experto en la materia por sus trabajos sobre la violencia policial en las favelas. “Los datos de El Salvador apuntan a un uso abusivo de la fuerza letal y a la presencia de ejecuciones sumarias”, sentencia Cano.
El Faro solicitó a la PNC, vía Ley de Acceso a la Información Pública, el listado de todos los hechos que la institución policial clasificó como “enfrentamientos”, desde enero de 2015 –cuando el gobierno declaró la ‘guerra’ a las pandillas– y el 31 de agosto de 2016. Además de la ubicación temporal y geográfica, se pidió el detalle de los fallecidos y heridos en cada uno de los bandos, así como otras variables como el sexo y la edad de las víctimas.
Confrontadas con estudios similares en Brasil, México y Estados Unidos, la Policía Nacional Civil sale muy mal librada, con patrones de conducta similares a los atribuidos a los cuerpos policiales que operaban antes de los Acuerdos de Paz –como la extinta y temida Guardia Nacional, por ejemplo–, en las antípodas del comportamiento que se presupone a una policía de un estado democrático. “Y el abuso de la fuerza de los agentes del Estado se agravó en 2016”, dice Cano, el experto al que El Faro facilitó los datos para que los analizara e interpretara.
Bajo condición de anonimato, se habló con un oficial de la PNC que tiene a su cargo una subdelegación policial. “Nunca he recibido una orden de un superior para matar o para encubrir”, dice, pero “es evidente que entre los policías ha aumentado el odio hacia los pandilleros, el deseo de venganza, y sí escucho conversaciones de agentes que dicen: a estos hijos de puta hay que matarlos a todos”. Este oficial cree que las unidades especializadas, como el Grupo de Reacción Policial (GRP) y las recién creadas Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT), son las más propensas a cometer ejecuciones sumarias.
Las cifras oficiales, los informes y los testimonios avalan los temores sobre el actuar de la PNC y de la Fuerza Armada expresados ya por organismos como el Departamento de Estado estadounidense, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y distintas oenegés, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
No obstante, el gobierno respalda sin fisuras la labor de las fuerzas de seguridad y niega que estén violando los derechos humanos. “Los enfrentamientos ocurren cuando los delincuentes responden con disparos ante el intento de la Policía de detenerlos... y entonces mueren”, dijo el director general de la PNC, Howard Cotto, el pasado 16 de septiembre en el programa de entrevistas Hechos AM, de Canal 12.
Comparaciones odiosas
El 26 de agosto, el periódico Chicago Tribune publicó una investigación similar referida al Chicago Police Department (CPD) y basada también en solicitudes de acceso a la información.
En los seis años (72 meses) transcurridos entre enero de 2010 y diciembre de 2015, el CPD registró 435 enfrentamientos armados con presuntos delincuentes, con saldo de 92 muertos y 170 heridos, un índice de letalidad de 0.54. Chicago tiene 2.7 millones de habitantes y el CPD lo integran unos 12,000 policías.
En El Salvador, en apenas 20 meses transcurridos entre enero de 2015 y agosto de 2016, la PNC registra 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos, un índice de letalidad de 2.72. El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y la PNC la integran unos 23,000 policías.
El índice de letalidad es un indicador consensuado internacionalmente para evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Establece la relación entre adversarios muertos y heridos en los enfrentamientos contra policías y/o soldados. “En cualquier enfrentamiento armado legítimo, sea policial o militar, es esperable encontrar un mayor número de heridos que de muertos, con lo que el coeficiente debería ser siempre inferior a 1”, dice Ignacio Cano.
“Se esperaría que en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad, el número de muertos no sobrepasara por mucho al de heridos, y por tanto que el valor del índice no fuera muy superior a uno”, apunta en la misma línea un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad en la ‘guerra’ contra el narco librada en aquel país.
“La guerra de Vietnam tuvo una relación de cuatro heridos por cada muerto durante los años de 1964 a 1973 [índice de letalidad: 0.25], y el conflicto entre Israel y Líbano tuvo un índice de 4.5 heridos por cada muerto en 1982 [índice de letalidad: 0.22]”, ejemplifica el estudio de la UNAM.
En El Salvador, el índice de letalidad de sus fuerzas de seguridad en 2015 fue de 2.3, mientras que en los ocho primeros meses de 2016 saltó a 3.1. Estos números podrían ser más altos, ya que se han calculado sobre una categoría que la PNC etiquetó como ‘Pandilleros lesionados’, que no especifica si la lesión se produjo en el intercambio de disparos o después, en el traslado o en algún interrogatorio.
“Cuando hay agresión armada a nuestros elementos, ellos tampoco se pueden dejar matar”, dijo el director Cotto en la entrevista. “El policía en la actualidad anda en un estado de psicosis, y a veces es natural lo que dicen: mejor disparar primero”, dice el oficial que aceptó conversar con El Faro desde el anonimato.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador es muy precisa cuando determina cómo deben actuar los agentes en una situación de riesgo en la que se vean obligados a utilizar sus armas. El artículo 15 establece que “los miembros de la Policía Nacional Civil utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Los policías están obligados por ley a “reducir al mínimo los daños y lesiones, y a respetar y proteger la vida humana”, así como a “proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas” en un intercambio de disparos.
¿Dónde hay más enfrentamientos?
En 20 meses son 1,074 los episodios catalogados por la PNC como ‘Enfrentamientos de policías o soldados con pandilleros’, lo que supone un promedio de 54 cada mes. Como referencia, el Departamento de Policía de Chicago promedia seis balaceras mensuales entre sus oficiales y presuntos delincuentes.
Cuando se comparan 2015 y 2016, la PNC está siendo mucho más letal con el paso de los meses. En ocho meses de 2016 acumula 373 presuntos pandilleros fallecidos, por los 320 registrados en todo 2015. En 2013 y 2014 hubo 39 y 49; la ‘guerra’ ha multiplicado por diez los presuntos mareros caídos. En cuanto a las bajas en las fuerzas de seguridad, en los enfrentamientos murieron 13 policías y 4 soldados en 2015, 4 y 3 respectivamente hasta el 31 de agosto de 2016.
Otros datos significativos son, por un lado, de género: el 99 % de los presuntos pandilleros son de sexo masculino; por otro lado, de edad: aunque la PNC asegura no haber podido establecer la edad de 330 de las 693 víctimas mortales, entre los identificados hay 63 menores de edad, de donde se puede inferir que cerca de un centenar de los fallecidos son adolescentes menores de 18 años, “niños” según los tratados internacionales suscritos por El Salvador.
En cuanto a la distribución geográfica de los enfrentamientos, los departamentos más afectados –una vez ponderadas las cifras– son La Paz, Cuscatlán y Usulután. En el extremo opuesto, Ahuachapán, Morazán y Chalatenango –en ese orden– son los territorios en los que menos choques armados ha habido entre policías y pandilleros. A escala municipal, lo más reseñable es que pueblos y villas con vocación rural son el escenario predilecto.
Pero de todos los datos, el más preocupante a juicio del experto Ignacio Cano, es la relación entre bajas que tienen los policías-soldados y bajas de los pandilleros. En 2015 fue de 1 a 19.
En México, ni siquiera en los años más duros de la ‘guerra’ contra el narco se tuvieron indicadores tan disparados. La Policía Federal de México cosechó una relación de bajas 1 a 10 en 2012. Y el Ejército, actor clave en ese conflicto, tuvo entre 2011 y 2013 cifras arriba de 1 baja propia por cada 20 provocadas, con un pico de 32 en 2011.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destituyó a finales del agosto al máximo responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, después de que la institución fuera señalada de ejecuciones extrajudiciales.
En 2016, la Policía Nacional Civil salvadoreña tiene una relación entre bajas propias y provocadas de 1 a 53.
“De acuerdo con Paul Chevigny (1991), la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está utilizando más allá de lo necesario”, reza el informe de la UNAM, elaborado por un investigador estadounidense evocado también por Ignacio Cano para concluir que hay “abuso de la fuerza letal por parte de los agentes de la ley en El Salvador”.
Paradójicamente, en el discurso con el que la PNC justifica la matanza de la ‘guerra’ contra las pandillas, se remarca que los presuntos pandilleros están fuertemente armados cuando son abatidos. “Solo en los procedimientos en los ha habido enfrentamientos, son 443 armas incautadas a los pandilleros este año; entre ellas, 18 fusiles AK-47 y 16 fusiles M-16”, dijo el director Cotto.
Presuntos pandilleros
Que en este reportaje las referencias a los muertos provocados por policías y militares sean llamados “presuntos pandilleros” no es una simple formalidad. En julio de 2015 y en febrero de 2016 El Faro reveló cómo agentes de la Policía asesinaron a dos jóvenes que luego la institución presentó como “pandilleros” aunque no formaban parte de estas estructuras.
El joven Dennis Alexander Martínez, por ejemplo, fue ultimado de un balazo en la cabeza por agentes de GRP mientras suplicaba arrodillado por su vida; ocurrió en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015, pero en las estadísticas policiales Dennis aparece como pandillero.
Lo mismo ocurrió con el joven trabajador Armando Díaz, ejecutado el 8 de febrero de 2016 –también por el GRP– en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, cuando tres menores de edad pandilleros que huían de un operativo policial se colaron por el techo de su vivienda; Armando es uno de los 693 pandilleros matados en defensa propia en los reportes oficiales.
Pese a que estos casos son públicos, así como otros revelados por otros medios de comunicación o incluso en informes oficiales de la PDDH, los eventos que la PNC etiqueta como “enfrentamientos” rara vez despiertan el interés de la Fiscalía General de la República, con excepción de los poquísimos enfrentamientos en los que sí hay víctimas entre policías o soldados.
Desde la Fiscalía, se rechaza la idea de que la institución sea benevolente con los abusos policiales. Su director de comunicaciones, Salvador Martínez, asegura que la muerte de un pandillero se procesa “como la de un médico o la de un campesino”. Ante la solicitud de conocer al detalle cuántos policías o soldados han sido procesados por participar en enfrentamientos, la respuesta de Martínez fue: “No es que nosotros no queramos dar la información, sino que tendríamos que analizar los seiscientos y pico de casos, uno por uno, para saber quiénes están siendo procesados”.
Pese al discurso de Martínez, un documento interno de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro evidencia que solo una de las 693 muertes de presuntos pandilleros causadas por las fuerzas de seguridad en 20 meses ha superado la barrera de la audiencia inicial en los tribunales: el joven Dennis Martínez, uno de los ocho fallecidos en la emblemática matanza de la finca San Blas.
En las restantes muertes, el 99.86 %, la Fiscalía hasta la fecha ha dado por válidas las versiones policiales.
PNC y derechos humanos
La PNC es la institución estatal que más denuncias acumula en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Según una encuesta publicada a finales de agosto por LPG Datos, la unidad de investigación social del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el porcentaje de personas que dijeron haber sufrido maltrato policial saltó del 11 % en 2015 al 16 % en 2016.
No obstante, en El Salvador parece haber una mayoría social y política que tolera e incluso que aplaude los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en la ‘guerra’ contra las maras. La misma encuesta revela que los salvadoreños que tienen una opinión buena o muy buena de la PNC pasaron del 52 % al 54 %.
“Algunos policías se han dejado llevar por lo que pide la población”, dice el oficial de la PNC que aceptó hablar bajo condición de anonimato: “En las redes sociales, de cada 60 comentarios, 59 piden la muerte de todos los pandilleros”.
El sábado 10 de septiembre, desde la cuenta oficial de Twitter de la PNC se compartió una imagen de dos policías –un hombre con traje de protección como el que usa la Unidad de Mantenimiento del Orden y una mujer vestida con la camisa blanca oficial–, bajo el eslogan ‘Nuevo tiempos, héroes de El Salvador’. El fotomontaje se acompañó con este mensaje: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.
Al día siguiente, y después de que en las redes sociales se alzaron algunas voces críticas, el tuit fue eliminado y se difundió la misma imagen con un texto más correcto políticamente: “Nuevos tiempos por la seguridad ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos”.
Cuando se analizan al detalle las cifras de muerte que está dejando la ‘guerra’ y se comparan con situaciones similares en países como Brasil y México, la idea expresada en el tuit neutralizado de que “todo está permitido” en el actuar de la PNC parece algo mucho más que un desliz del community manager de la cuenta oficial de Twitter.
