La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un desfalco de 246 millones de dólares que, presuntamente, salieron de Casa Presidencial hacia cuentas y empresas relacionados con el expresidente Antonio Saca y algunos de sus más cercanos colaboradores. Según la Fiscalía, los millonarios desvíos de fondos ocurrieron durante el último quinquenio del partido Arena al frente del Ejecutivo (2004-2009) y continuaron durante los primeros días de la primera gestión presidencial del FMLN, a cargo de Mauricio Funes.
El dinero que salió de las cuentas de Casa Presidencial hacia las cuentas personales y de empresas ligadas a Saca y el resto de los acusados ocurrieron sin que ninguno de los entes contralores del Estado se percatara o dijera algo sobre estos movimientos. Para la Fiscalía es sujeto de investigación el hecho de que algunas de esas transferencias continuaran con un nuevo gobierno ya arribado en el Ejecutivo, pero sobre todo con la pasividad o la probable complicidad con la que actuó la Corte de Cuentas de Hernán Contreras, que incluso entregó finiquitos a Saca por su buena gestión en el manejo de fondos públicos.
La institución en manos del pecenista Hernán Contreras entregó al expresidente Saca dos finiquitos y cada uno de los documentos correspondía a una auditoría. La primera había sido efectuada entre el 1 de junio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, y el finiquito se le entregó a Saca el 28 de mayo de 2009. Y la segunda de auditoría se desarrolló entre el 1 de enero de 2008 al 31 de mayo de 2009, y la solvencia se le entregó el 20 de julio de 2009.
“Según la información que tenemos, había una operación que a lo mejor es irregular, entre la Corte de Cuentas y el Ejecutivo donde le daban como un aval', dijo Meléndez.
Según el Fiscal, este aval luego era utilizado en un mecanismo de borrado permanente de pruebas que permitieran detectar los irregulares movimientos de dinero entre cuentas bancarias. 'Con eso (ese aval) el Ejecutivo destruía toda la información alrededor de las transferencias de fondos incluyendo los de la partida secreta”, añadió.
En una nota publicada por La Prensa Gráfica en aquella época, Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas, dijo que “Las auditorías se hicieron de manera concurrente, es decir, se hacían a la par de la ejecución de fondos”.
Al terminar su mandato, en 2009, Saca fue objeto de críticas y señalamientos del partido que lo había llevado al poder en 2004. Arena lo acusaba de haber malversado 219 millones de dólares, que fue el dinero que diversas instituciones del Estado transfirieron a Casa Presidencial a la partida de “gastos imprevistos”. En diciembre de 2009, Saca salió al paso de dichos señalamientos y mostró los dos finiquitos que la Corte de Cuentas de Hernán Contreras le había entregado.
El arte de desviar $246 millones
Junto a Saca, la Fiscalía ahora acusa del millonario desvío de fondos a su secretario privado Élmer Charlaix Urquilla y a tres empleados del área de tesorería y finanzas de la Casa Presidencial: Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera.
La Fiscalía explicó, durante una conferencia de prensa este lunes 31 de octubre, que los 246 millones de dólares salieron de una cuenta de la Presidencia denominada “cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público de la Presidencia” hacia 14 cuentas privadas del exsecretario Charlaix, del contador Pablo Gómez y de Francisco Rodríguez Arteaga.
De esos 246 millones dólares que salieron de Casa Presidencial de manera irregular, $116 millones fueron cobrados en efectivo por Saca, Charlaix, Pablo Gómez y Rodríguez Arteaga a lo largo de toda la administración Saca. Otros 122 millones fueron malversados a través de transferencias bancarias y depósitos, y 6 millones de dólares presuntamente fueron a parar, después de triangulaciones con otras personas o empresas, a cuentas de Saca y de sus sociedades radiofónicas. Este último procedimiento, la Fiscalía lo describe como un caso de lavado de dinero.
En cuanto al cobro en efectivo de los 116 millones de dólares desde la cuenta de Casa Presidencial, la Fiscalía lo divide en dos etapas. La primera etapa se dio cuando el dinero salía en forma de cheques para ser depositados en dos cuentas de Charlaix. Estas cuentas, dice la Fiscalía, solo estuvieron vigentes durante 10 meses entre la toma de posesión de Saca, en junio de 2004, hasta abril de 2005. De ahí se cobraba el dinero en efectivo.
En la segunda etapa, con las cuentas de Charlaix cerradas, fueron Pablo Gómez, tesorero de la secretaría privada de la Presidencia, y Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad financiera, quienes abrieron sendas cuentas para continuar el modus operandi. “Es en estas cuentas donde se realiza la mayor cantidad de depósitos de dinero de la cuenta del Tesoro Público institucional”, explicó Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía. “Para apropiarse de estos 116 millones de dólares contaron con la participación y el consentimiento del tesorero institucional Jorge Alberto Herrera que es otra de las personas que está detenida”, añadió Cortez.
Esto coincide con los hallazgos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso del exsecretario Charlaix. Probidad encontró que 15.8 millones de dólares, que habían salido de la “cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público de la Presidencia”, terminaron en dos cuentas de Charlaix. Con la información que brindó este lunes el fiscal general, se sabe que esas dos cuentas se cerraron a los 10 meses de haber sido creadas y que a partir de entonces se utilizaron las cuentas de Gómez y Rodríguez Arteaga.
En cuanto a los 6 millones de dólares que la Fiscalía investiga bajo el delito de lavado de dinero, se trata de dinero que salió de la Presidencia hacia cuentas privadas del expresidente, pasando por intermediarios, como agencias de publicidad. Una triangulación a toda regla.
Para ilustrar esta triangulación, el jefe de la UIF fiscal dijo: “Los fondos salen de la cuenta subsidiaria, estos millones son colocados en América Publicidad, que es una intermediaria junto a otra empresa, y luego, de estas empresas finalmente se transfieren los fondos hacia las seis empresas del expresidente Elías Antonio Saca a las empresas Grupo Samix, 94.1 S.A. de C.V., ABC, Radio Usuluteca y otras”.
Todas las personas que la Fiscalía por ahora señala como responsables de la millonaria sustracción de dinero están detenidas desde el sábado 29 y domingo 30 de octubre en las bartolinas de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (Dan). Por peculado (desvío de fondos), asociaciones ilícitas y lavado de dinero fueron capturados el expresidente Saca, Charlaix y Rodríguez Arteaga, quien era el jefe de la unidad financiera de la Presidencia desde 1994 hasta el día de su detención. Julio Rank, exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, y César Funes, expresidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y exsecretario de la juventud durante la administración Saca, fueron detenidos bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
Pablo Gómez, quien aun se desempeñaba como contador de la secretaría privada de la Presidencia hasta el día de su detención, y Jorge Herrera, quien era el tesorero de la Presidencia hasta el día de su detención, fueron detenidos únicamente por peculado (desvío de fondos) y agrupaciones ilícitas.
Desvíos continuaron en la Presidencia Funes
La investigación de la Fiscalía surgió de las pesquisas conjuntas que dos agentes de la UIF hicieron junto a la Sección de Probidad de la Corte Suprema en el caso del exsecretario de la Presidencia Élmer Charlaix hace tres meses. El informe de Probidad sirvió para enviar a juicio civil por enriquecimiento ilícito, el 13 de octubre de 2016 a Charlaix. “Probidad determinó algunas transacciones en un período corto, pero nosotros hemos ido más allá y tenemos determinadas más personas y más empresas”, dijo Meléndez en conferencia de prensa este lunes 31 de octubre.
La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, otro de los entes contralores que buscan combatir el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, había estado dormida hasta cuando en el 2015, la CSJ le devolvió sus facultades y le ordenó que hiciera un trabajo que se había resistido a hacer desde hace más de medio siglo, cuando fue creada. De hecho, es un dato curioso que fuera en el 2005, en el primer año de gestión del gobierno de Antonio Saca, que la CSJ le quitó facultades a Probidad, cuando el entonces jefe de la sección, Eduardo Cáceres, inició una investigación en contra del expresidente Francisco Flores (1999-2004) y una decena de exfuncionarios de gobierno.
Revitalizada la sección de Probidad, en agosto de 2015 se envió a juicio por enriquecimeitno ilícito al primer funcionario del Estado, el diputado pecenista Reynaldo Cardoza; y más de un año después, una alerta de Probidad provoca una investigación con capturas en contra de un expresidente de la República por parte de la Fiscalía.
En este nuevo caso, la Fiscalía asegura haber ido más allá de lo detectado por Probidad, y explica que las pesquizas los llevaron a revisar toda la gestión de Saca, la última semana de su presidencia e incluso el inicio del nuevo gobierno. “Pareciera que hubo una transición del gobierno del presidente Saca hacia el gobierno del presidente Funes. Hemos encontrado que posteriormente, de algunas cuentas siguieron recibiéndose o transfiriéndose fondos públicos”, dijo el fiscal.
Meléndez se excusó de dar más detalles sobre este y otros puntos aduciendo que este martes 1 de noviembre de 2016 la Fiscalía judicializará el caso, es decir, que presentará ante un juez un documento en el que se expondrán los primeros indicios de la investigación y en el que la Fiscalía pedirá un lapso para continuar las indagaciones. Este documento se conoce como requerimiento, y en base a él un juez de Paz decide si los investigados enfrentan toda la etapa de investigación bajo detención, en libertad condicional, o en arresto domiciliar.
En todas las transacciones investigadas por la Fiscalía y por Probidad, los tres empleados de Casa Presidencial en el área de tesorería y finanzas eran piezas claves. El contador de la secretaría privada de la Presidencia, Pablo Gómez; el jefe de la Unidad financiera de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga; y el tesorero de la Presidencia, Jorge Alberto Herrera aun estaban en sus respectivos cargos el día de su detención el fin de semana pasado.
Gómez había llegado al cargo con la administración Saca, mientras que Rodríguez Arteaga y Herrera habían llegado durante la gestión del segundo presidente de Arena, Armando Calderón Sol.
Una pregunta que permanece sin contestar es por qué estos empleados continuaban laborando en Casa Presidencial. Funes, el primer presidente de izquierdas, asumió el poder en junio de 2009 con un discurso anticorrupción, y en su gobierno se recopilaron sendas pruebas para denunciar posibles actos de corrupción en las gestiones anteriores, pero este caso nunca fue detectado por quienes lideraban esas pesquizas.
El expresidente Mauricio Funes reaccionó a través de su cuenta de Twitter en la tarde del lunes 31: “Mi gobierno no transfirió recursos a cuentas privadas del expresidente Saca. Lo único que hicimos fue contratar servicios de publicidad en radios”, escribió el lunes 31 de octubre.
Funes también fue investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema, la cual detectó un posible enriquecimiento ilícito por 300 mil dólares. Funes se encuentra en Nicaragua donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político.
La Fiscalía concluyó diciendo que los 246 millones de dólares que acusa de haber desviado al expresidente y a sus amigos son solo un monto preliminar. “Puede ser algunos de esos fondos se logren justificar”, dijo Meléndez.
Pero el fiscal general también advirtió que las empresas y personas señaladas podrían estar fabricando pruebas para intentar justificar los movimientos de dinero. “Podría ser también que se hayan creado contratos criminalizados con algunos privados o con empresas de algunos de los imputados para justificar fondos… o que en este momento estén haciendo contratos criminalizados para justificarlos”, dijo el fiscal.
Y como ejemplo señaló el caso de la empresa publicitaria de la familia de César Funes, exfuncionario del gobierno de Saca. “Como por ejemplo, las del señor César Funes, porque también tenemos establecidas que recibió fondos el señor César Funes”, dijo el fiscal. Funes es accionista en Funes y Asociados, una agencia de publicida fundada por sus padres y que ganó contratados con el Ejecutivo en el quinquenio Saca. Funes era uno de los más cercanos colaboradres del Presidente tanto en el gobierno como en el partido Arena, en el que formó parte del Coena. Funes, en el gobierno, fue secretario de Juventud y más tarde presidente de ANDA.
El fiscal general también lanzó advertencias a la banca privada. “Estoy haciendo un llamado a los bancos de nuestro país, que no se vayan a prestar a transferencias de última hora de ninguno de los imputados o de personas vinculadas a los mismos porque si no vamos a tener que proceder”, señaló.
Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, también se llevó una reprimenda del fiscal Meléndez. Bukele escribió un comunicado, el día domingo, en su cuenta de Facebook, en la que decía que Meléndez trabajaba por los intereses de Arena. “Le pido prudencia al alcalde, le pido que respete las investigaciones. Lo veo demasiado nervioso al alcalde, podría ser porque hay contrataciones millonarias a una empresa familiar en instituciones públicas, lo veo demasiado nervioso”, señaló el funcionario.
Allanamiento en HS imports
Mientras el fiscal finalizaba su conferencia por la captura del expresidente Saca, a eso de la una y media de la tarde, la Policía llegó al autolote HS Imports, sobre el bulevar Constitución en San Salvador. Este negocio es propiedad de Herbert Saca, otrora operador político del gobierno de Saca y primo del expresidente de la República.
El operativo era un allanamiento en el que buscaban documentos de compraventa de vehículos que Herbert Saca vendió entre 2010 y 2015 a dos expresidentes: Saca y Mauricio Funes, además del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y el exsecretario privado de Saca, Élmer Charlaix.
El jefe fiscal Andrés Amaya sintetizó la ilegalidad de los casos con una explicación que alude a posible lavado de dinero. 'La irregularidad es que compran a un precio elevado, después lo venden a un precio muy bajo. O compran a un precio y declaran a otro precio. No coincide definitivamente las compras con las ventas', dijo Amaya que se negó a tipificar la información preliminar con el nombre de un delito concreto.
Unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), de Inspecciones Oculares y de la División de Experticias de Vehículos Automotores (DEVA) participaron en la operación. La DEVA se encarga de verificar números serie, chasis y motor, las señales de identidad de los vehículos que se usan para comprobar si se trata de vehículos robados. Herbert Saca estuvo detenido en la década de los noventa por un cargo de falsificación de señas y marcas por el que eventualmente fue absuelto.
El Faro preguntó al jefe anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, si buscaban vehículos robados en el operativo. Amaya dijo que solo se trataba de una 'diligencia rutinaria para verificar si efectivamente hay algo que pueda relacionar a esa información. Pero hasta este momento, la diligencia en sí va enmarcada a los vehículos que están relacionados en la investigación' . Un perito de la DEVA realizó revisiones al azar de varias camionetas del autolote, sin encontrar ninguna irregularidad.
Herbert Saca es miembro fundador del partido GANA, aunque nunca ha ocupado un cargo público. Uno de los empleados de HS Imports de hecho vestía una camiseta polo naranja con el logotipo del partido. Amaya dijo que Saca 'no ha mostrado ninguna resistencia, y ha colaborado con la información que nosotros estamos pidiendo'. El empresario permaneció en su despacho durante todo el procedimiento. El subinspector de la Policía a cargo del operativo informó que no había orden de captura contra Herbert Saca.
Al lugar llegaron los abogados Gerardo Hernández y Samuel Morales, quienes dijeron que habían sido 'contactados por la familia (Saca) para constatar que estaba ocurriendo'.
