El 30 de mayo de 2009, un día antes de finalizar el mandato del expresidente Antonio Saca, una de sus compañías se convirtió en dueña de una lujosa mansión ubicada en las faldas del volcán de San Salvador. La residencia, del tamaño de una cancha reglamentaria de fútbol, costó 2.1 millones de dólares y tiene a sus pies una panorámica de la ciudad capital. La Fiscalía General de la República (FGR), que acusa al exmandatario de liderar una maquinaria que ordeñó del Estado más de 246 millones de dólares, sospecha que esa mansión fue pagada con dinero de los constribuyentes, a través de un desvío de fondos desde Casa Presidencial hacia dos de las empresas vinculadas con la construcción de la mansión Saca.
Estos detalles constan en el requerimiento que la Fiscalía presentó el martes 1° de noviembre de 2016 al juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Las sospechas del ministerio público surgen de la información bancaria que han recopilado en contra del expresidente y sus más cercanos colaboradores. Saca, su exsecretario privado, Élmer Charlaix, y cuatro exfuncionarios más son acusados por los delitos de lavado de dinero, peculado (desvío de fondos) y asociaciones ilícitas. El sábado 5 de noviembre, la jueza 4° de Paz envió el caso a fase de instrucción y ordenó la detención preventiva para todo el grupo. Saca se convirtió en el segundo expresidente de derechas que en los últimos tres años ha sido recluido en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía.
La Fiscalía ha descubierto que una de las empresas de radio más bonancibles de Saca recibió injustificadamente 983 mil dólares de fondos estatales, desviados a cuentas personales de un empleado de la Presidencia, desde septiembre de 2009 hasta enero de 2010. Esos fondos son parte de 1 millón de dólares sustraidos de Casa Presidencial en los últimos días de la gestión Saca.
'No existe justificación legal para ese traslado de dinero, pues de acuerdo a informe recibido de la Presidencia no se encontró ninguna relación contractual o laboral con la sociedad Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. en el periodo señalado que fue beneficiada con las 7 transferencias antes mencionadas', reza el requerimiento fiscal.
Pero la Fiscalía también ha encontrado en la información bancaria que otra empresa que ayudó a construir la mansión en las faldas del volcán, adonde Saca y su familia se fueron a residir una vez que salió del cargo, recibió de manera irregular 125 mil dólares de fondos que también fueron sustraídos de la Presidencia.
De cómo terminaron 1.1 millones de dólares en dos empresas vinculadas con la construcción de la mansión Saca se explica de una manera: triangulación de fondos. El 18 de mayo de 2009, el Jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, tomó 200 dólares de una cuenta del Estado denominada “cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República” y con ellos abrió otra cuenta a su nombre, con el número 210239860, en el banco Hipotecario, un banco estatal.
Una semana más tarde, el 25 de mayo de 2009, faltando solo seis días para finalizar el mandato presidencial, la cuenta de Rodríguez Arteaga se nutrió con 1 millón 200 dólares provenientes de la misma “cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público”. El dinero había salido en forma de un cheque a nombre de “Gastos operativos de Presidencia”, y Rodríguez Arteaga, el jefe de la UFI, lo depositó en la cuenta del Hipotecario.
Cuatro meses más tarde, el 9 de septiembre de 2009, Promotora de Comunicaciones, la sociedad en la que Saca es accionista y de la que ha sido directivo, comenzó a recibir depósitos de la cuenta abierta por Rodríguez Arteaga. En total fueron siete transferencias que llegaron hasta el 15 de enero de 2010.
El Faro reveló en noviembre de 2013 que Promotora de Comunicaciones pagó 2.1 millones por la residencia en el volcán el 25 de mayo de 2009. La compraventa con una empresa del fallecido empresario Nicolás Salume Barake -inscrita en el Registro de Comercio el 30 de mayo de 2009- indica que para pagar el inmueble, la empresa de Saca prestó 1.2 millones de dólares en el banco HSBC. ¿De dónde sacó Promotora de Comunicaciones el dinero que le faltaba para pagar el inmueble? Los 983 mil dólares que le fueron transferidos desde el Banco Hipotecario calzan con ese faltante.
El lunes 31 de octubre, la Fiscalía allanó la mansión Saca en busca de más pruebas para el caso en contra del expresidente y sus colaboradores. Cuando El Faro preguntó al jefe de la Unidad de Investigación Financiera si había sospechas de que esa mansión fue adquirida con fondos irregulares, el fiscal Jorge Cortez respondió de manera afirmativa. 'La cantidad cuestionada son 246 millones de dólares, y de esos, 116 millones hemos probado que se cobraron en efectivo, lo que quiere decir que tenemos que cubrir todos los indicios que permitan establecer si alguno de los bienes con los que (Saca) cuenta han sido producto de los delitos que le estamos imputando', dijo.
Un año antes de dejar la Presidencia, Antonio Saca y su familia residían en una casa de la colonia Escalón con un valor aproximado de 300 mil dólares. Al finalizar su mandato, en mayo de 2009, se mudaron al lote número 20, de la Finca Linda Vista, una mansión en toda regla.
En noviembre de 2013, cuando El Faro preguntó a Saca por el inmueble, este se limitó a responder: 'Tengo años de vivir ahí'.
La dueña de la mansión, Promotora de Comunicaciones y otras cuatro empresas de radio ligadas al expresidente Saca, incrementaron hasta por 16 sus ganancias y su valor patrimonial mientras él estuvo en el gobierno.
125 mil dólares para empresa tramitadora
La construcción de la mansión Saca duró casi dos años, entre 2007 y 2009, y fue tramitada por una empresa denominada Garantía en Dirección Empresarial (GDE, S.A. de C.V.), cuyo representante legal era un empresario de nombre Enrique Guatemala*. Entre Guatemala y Saca no existía ninguna relación aparente, pero una familia de notarios los vinculó con el desarrollo del proyecto de la mansión desde el tercer año de gestión del exmandatario.
En el requerimiento también aparece una vinculación entre la empresa GDE, la que compró el terreno de la mansión en enero de 2007, y Casa Presidencial. GDE recibió en algún momento no detallado, entre junio de 2004 y mayo de 2009, 125 mil 303 dólares de una de las cuentas creadas por los empleados de Casa Presidencial para desviar el dinero de la cuenta del Tesoro.
La Fiscalía sostiene que ese dinero provino de la “cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público de la Presidencia” bajo el mismo esquema de triangulaciones a través de cheques o transferencias a particulares o empresas. El dinero salía de Casa Presidencial a nombre de 'Gastos operativos de presidencia', y luego era depositado en alguna de las 12 cuentas creadas por los técnicos Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la UFI; Pablo Gómez, contador de la secretaría privada a cargo de Élmer Charlaix; y Jorge Herrera, tesorero institucional. La Fiscalía ubica más de 100 beneficiarios de esos fondos, entre personas particulares, empresas, fundaciones e instituciones. En esa lista aparece GDE, la empresa que compró en enero de 2007 el terreno donde se construyó la mansión.
GDE fue fundada en agosto de 2006 bajo los oficios del notario Rosalío Tóchez, expresidente de la Corte de Cuentas. GDE, S.A. de C.V., una firma que dice dedicarse a la administración de libros contables, compró el inmueble rústico en las faldas del volcán por 460,000 dólares. Para noviembre de 2007, GDE ya había adquirido los permisos de construcción de la mansión a través de la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (Opamss).
Entre enero de 2007 y mayo de 2009, el inmueble cambió de dueño en tres ocasiones. En todas las transacciones notarios de la familia Tóchez aparecían en las escrituras de compraventa o de constitución de las sociedades que adquirían el mismo inmueble. Estos mismos notarios fueron los que más tarde vincularon a la empresa que terminó vendiendo el inmueble -relacionada con la familia Salume- a Promotora de Comunicaciones, una de la empresas de Saca.
En agosto de 2008, la propiedad pasó a manos de Multipropiedades S.A. de C.V., una empresa del fallecido empresario Nicolás Salume Barake, padre de Nicolás Salume Babún, el presidente de la CEL en el gobierno de Saca. Mientras el inmueble se construía, Multipropiedades entregó un poder general judicial a un sobrino de Rosalío Tóchez (Irving Pavel Tóchez), en octubre de 2008. Bajo la conducción de Pavel Tóchez, Multipropiedades terminó vendiendo a Promotora de Comunicaciones la mansión del volcán.
Irving Pavel Tóchez, además, es fundador de la compañía auditora Tóchez Fernández Limitada, que entre 2004 y 2009 -cuando Saca fue presidente de la República- auditaba sus compañías de radio. Irving Pavel Tóchez también era socio del otro auditor de las empresas del expresidente Saca, Miltón Avilés, en una empresa denominada Intercorp S.A. de C.V., dedicada a la compra de cartera e inversión financiera.
La Fiscalía también investiga la compra de dos vehículos realizada entre junio y julio de 2010. El secretario privado de Saca, Élmer Charlaix, compró a Kerim Eduardo Salume Babún, quien fuera administrador propietario de Multipropiedades, una camioneta Toyota Lexus GX460, año 2010, por 55 mil dólares. El otro vehículo, comprado en 70 mil dólares, fue una camioneta Toyota Lexus GX570, año 2010. Según la Fiscalía se desconoce 'la procedencia de la inversión en dichos vehículos”.
En la madrugada del 2 de noviembre, cuando El Faro preguntó si las empresas y dueñas de las empresas relacionadas con la compra del terreno y la construcción de la mansión serían investigadas, el fiscal Cortez respondió: 'Ahora mismo estamos con personas naturales pero la investigación denota que posiblemente hayan participado otro tipo de personas naturales y jurídicas, y eso es lo que estamos realizando con todos estos allanamientos'.
Mientras el caso termina de robustecerse en la fase de instrucción, la jueza 4° de Paz decretó el sábado 5 de noviembre que todas las propiedades y cuentas del expresidente fueran embargadas. Sobre esa misma propiedad, la Corte Suprema de Justicia ya había ordenado un congelamiento en marzo pasado, cuando decidió enviar a juicio por un enriquecimiento ilícito de 4.5 millones de dólares al exmandatario.
*En la versión original de este texto se consignaba otro nombre de pila, que no era el correcto. Aclaramos que el nombre correcto de la persona es Enrique.
