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La maquinaria que ordeñó al Estado hasta los últimos días de la gestión Saca

En la presidencia de Antonio Saca se diseñó una maquinaria que sustrajo fondos públicos a través de 14 cuentas bancarias que luego redistribuyeron esas riquezas a las empresas del expresidente, a funcionarios del gobierno, al partido y dirigentes de Arena. Entre otros beneficiarios se encuentran la exprimera dama, una embajada, compañías de viajes y hasta la constructora acusada del fraude en la construcción del bulevar Diego de Holguín.

Nelson Rauda Zablah, Gabriel Labrador y Sergio Arauz / Infografía Andrea Burgos

 
 

El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, es custodiado por miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de la PNC para ser trasladado hacia las bartolinas de la División Anti Narcóticos de la PNC (DAN), al cierre de la primera jornada de la audiencia inicial, celebrada el jueves 3 de noviembre. 03/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, es custodiado por miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de la PNC para ser trasladado hacia las bartolinas de la División Anti Narcóticos de la PNC (DAN), al cierre de la primera jornada de la audiencia inicial, celebrada el jueves 3 de noviembre. 03/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

La agenda pública de Antonio Saca en sus últimas semanas como presidente de El Salvador lo llevó a Guatemala y a Belice, a hablar de integración centroamericana, a España, a almorzar con los reyes, y al Vaticano, a platicar con el papa Benedicto XVI. Aquella fue su agenda pública de despedida, pero el último presidente de derechas tenía otra agenda oculta, diseñada en los pasillos de la casa presidencial desde que arrancó el gobierno, en junio de 2004. Esta otra agenda dibuja al expresidente como el promotor de una maquinaria secreta de desvío de millones de dólares que acabó beneficiando a sus empresas, a sus allegados y al partido Arena. En los días en los que Saca se despedía del mundo en giras presidenciales, los operarios de esa maquinaria esquilmaban, ya con el tiempo en contra, los últimos dólares en un desvío de recursos del Estado que supera los $246 millones. 

Seis días antes de que Saca le traspasara la banda presidencial a Mauricio Funes, el jefe financiero en casa presidencial, Francisco Rodríguez, transfirió 1 millón de dólares a una cuenta secreta que él mismo había creado el 18 de mayo de 2009, cuando Saca seguía en su gira de despedida, visitando al presidente de Nicaragua. Siete meses después, cuando Saca ya había dejado la presidencia, el 98% de aquellos fondos pararon en cuentas ligadas a las empresas del exmandatario. En concreto, 983 mil dólares terminaron en cuentas ligadas al expresidente. Según la Fiscalía, esos desvíos y transferencias fueron instigados por el mismo Saca, y como prueba presentan siete transferencias de la cuenta que recibió el millón de dólares hacia Promotora de Comunicaciones, una compañía que es dueña de algunas de las radios ligadas al expresidente. 

La máquina de saqueo de dinero público que presenta la Fiscalía en la acusación contra el expresidente Saca (2004-2009) y sus más cercanos colaboradores perfila a un grupo de funcionarios cuya misión, desde el primero hasta el último día en que ostentaron sus cargos, parecía ser desfalcar tanto como pudieran los fondos que tenían bajo su supervisión, para después enviarlo a cuentas particulares con la complicidad de los entes que debieron haber impedido el uso irregular de esos recursos. Entre estos la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y la banca nacional. 
 
Ese flujo monetario generó una fuente de la que bebieron el mismo partido Arena, con 400 mil dólares que todavía no tienen explicación. Pero también fueron beneficiarios expresidentes del partido como Antonio Salaverría -que cedió el control del partido al candidato 'Tony' Saca en 2003- o el exdiputado César Reyes Dheming, que para aquellas fechas era asesor de la presidencia en temas de seguridad. 
 
En total, si se suman los montos destinados vía cheques al partido Arena y a funcionarios de gobierno o dirigentes y exdirigentes del partido, la cifra alcanza 9.4 millones de dólares, aunque todavía es prematuro dilucidar si esos montos fueron destinados para funcionamiento de una de las dos fuerzas políticas más poderosas del país, o si quedaron en manos de las personas o empresas que los recibieron. 
 
Esa maquinaria también benefició a Ana Ligia de Saca, la exprimera dama, cuya tarjeta de crédito fue cancelada con esos fondos. Entre otros beneficiarios también se incluyen perfiles tan abigarrados como COPRECA, la empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas de David Gutiérrez, ministro hasta enero de 2007 y amigo de Saca. A Copreca se le investiga por el desfalco de 7.6 millones de dólares en la construcción del bulevar Diego de Holguín, y aunque quien celebró los contratos irregulares con la compañía fue Gutierrez, la Fiscalía solo mantiene abierta una investigación en contra del segundo ministro de Obras Públicas de Saca, Jorge Nieto. A esa constructora, señalada en otro caso de corrupción, la Fiscalía le ha encontrado abonos a través de la máquina de desvío de fondos por $50,850 sin justificación aparente.
 
En la lista de beneficiarios también aparece la Embajada de China y la Corporación Redes, una empresa de publicidad cuyo propietario es el segundo ministro de Hacienda de la gestión Saca, William Hándal (ministro de abril de 2006 a mayo de 2009). 
 
La cifra que la Fiscalía ha lanzado en conferencias de prensa para describir el desfalco es 246 millones dólares, pero en realidad el monto podría ser más grande. En el requerimiento fiscal, la FGR indica que el monto desviado fue de 251 millones de dólares. Esta cifra corresponde al total de dinero desviado que circuló por las cuentas involucradas. No obstante, la Fiscalía explica las diferencias al señalar que los bancos no le han enviado completa la información de todas esas cuentas investigadas. 
 
De los 246 millones de dólares, la Fiscalía tiene constancia que 116 millones fueron cobrados en efectivo. La cifra se lee fácil pero implica que el presidente, su secretario privado y tres expertos financieros de Casa Presidencial crearon una aspiradora que, en promedio, extrajo 64 mil dólares diarios durante toda la gestión Saca. Ese dinero bastaría para que un empleado gaste ocho mil dólares cada hora durante una jornada laboral o para pagar bonos de $200 a 320 policías o soldados.
 
Los fiscales han encontrado 14 cuentas que fueron creadas en secreto e ignoradas por la Corte de Cuentas, una institución controlada por el partido PCN. En 2009, Hernán Contreras, el presidente del ente contralor, entregó a Saca credenciales de una gestión transparente. Cuatro años más tarde, Saca buscaría a este partido para intentar, sin éxito, ganar por segunda vez la presidencia del país en las presidenciales de 2014. Esas cuentas fueron las carreteras por las que circuló el dinero que era del Estado y fue desviado a manos privadas por los exfuncionarios. Pero además, el requerimiento señala que Saca y compañía llegaron al poder con un reglamento irregular bajo el brazo. Aprobado en su primer día de trabajo, es reglamento les permitió desviar el dinero a un ritmo desenfrenado.
 
El 1° de junio de 2004, un sonriente Saca asumió la presidencia de El Salvador prometiendo “impulsar un gobierno entregado al bienestar de la gente (…) sin un solo minuto de descanso”. La Fiscalía sostiene que si hay algo en lo que el gobierno de Saca no descansó fue en su empeño de sustraer fondos públicos. Ese mismo día, Saca decretó un reglamento para manejo de gastos reservados que ahora la Fiscalía tilda de inconstitucional. El reglamento ordenaba, por ejemplo, la destrucción de los documentos de soporte por el uso de gastos reservados, algo que según el análisis fiscal va en contra de las leyes de administración financiera. Además, el primer reglamento de la administración Saca se sale de los márgenes que la Constitución establece para el uso del presupuesto y el principio de caja única, es decir, que todos los ingresos estatales estén en un solo fondo.
 
De un reglamento irregular en el primer día de gestión hasta un millón de dólares extraído en la última semana. El requerimiento fiscal presentado el martes 1 de noviembre busca probar aquello que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos ya advertía en octubre de 2009 al Departamento de Estado en Washington: que “ Saca construyó una máquina de hacer dinero mientras estuvo en el poder”, de acuerdo con las filtraciones obtenidas por Wikileaks.
 
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Infografía de El Faro sobre el caso Saca: Andrea Burgos

Infografía de El Faro sobre el caso Saca: Andrea Burgos

 
El millonario desvío de fondos comenzó la primera semana de gobierno. 48 horas después del traspaso de mando, el 3 de junio de 2004, Élmer Charlaix, secretario privado de la Presidencia, abrió en el Banco Cuscatlán dos cuentas a su nombre. “La cuenta se abrió con el único objetivo de recibir el dinero proveniente de (cuentas oficiales)”, dice la Fiscalía en su requerimiento.
 
Cuatro días después, un lunes, los primeros dólares de la “Cuenta institucional subsidiaria del tesoro público Presidencia de la República” salieron hacia la cuenta de Charlaix, una cuenta irregular porque no había sido autorizada por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tesorería. Ese 7 de junio de 2004, 95 mil 238 dólares fueron sacados en forma de cheques a nombre del expresidente Saca. Pero él no los cobró. Fueron depositados por Charlaix en su propia cuenta del Banco Cuscatlán.
 
Así como ese, hubo otros 59 cheques que se emitieron a nombre del expresidente Saca, entre junio y noviembre de 2004, que sumaron 15.6 millones de dólares. Charlaix, para entonces, ya había abierto una segunda cuenta a su nombre. La abrió en septiembre de 2004, siempre en el Banco Cuscatlán.
 
En ambas cuentas, hasta mayo de 2009, circuló un monto global de 17 millones 808 mil dólares. “(Charlaix) tenía la obligación de administrarlo o custodiar los fondos para destinarlos a un fin público o beneficio del Estado, pero el dinero de la misma lo retiraron por medio de la emisión de cheques girados por el señor Charlaix a terceros beneficiarios, tanto naturales, como jurídicas”, reza la acusación fiscal.
 
Los terceros que se beneficiaron del dinero que llegó a las cuentas de Charlaix fueron cientos de personas o empresas de todo tipo, entre las que abundaban agencias publicitarias, compañías de seguros, políticos del partido Arena, fundaciones e incluso empresas que al finalizar la administración Saca fueron señaladas por corrupción, como COPRECA, que no terminó la construcción del bulevar Diego de Holguín. Lo destinado a estos terceros sumó 15 millones 464 mil dólares.
 
De los 17.8 millones que circularon en las cuentas de Charlaix, 1.5 millones fueron transferidos desde cuentas de otros empleados de Casa Presidencial entre diciembre de 2004 y mayo de 2005. La Fiscalía siguió la pista al dinero y lo que halló debilita un intento de explicación que Charlaix dio a las autoridades cuando fue cuestionado por el manejo de esos fondos.
 
A la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Charlaix juró que todos esos pagos iban para labores de inteligencia que el presidente Saca le encargó desde el día uno de gobierno. Probidad, cuyo trabajo es identificar si los funcionarios y exfuncionarios se han enriquecido ilegalmente, pidió detalles al finalizar el mandato presidencial, en 2009. En julio de ese año, Charlaix escribió una respuesta cuyas palabras no tienen desperdicio: “Dichos fondos nunca permanecieron dentro de mi patrimonio, ni de ningún otro funcionario público que aparecen mencionados en el informe y estos fondos nunca perdieron su naturaleza pública, únicamente fueron operaciones para cumplir con las actividades de inteligencia encomendadas por el presidente, actividades que son reservadas y secretas (...) Mi persona se encuentra imposibilitado a revelar o compartir, por tenerlo legal y constitucionalmente prohibido”.
 
Según la versión Charlaix, los pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama Ana Ligia Mixco, los desembolsos al partido Arena -del cual Saca era presidente-, los pagos a agencias de publicidad que luego depositaron dinero en cuentas ligadas a empresas del expresidente, los depósitos a exfuncionarios como Julio Rank (secretario de Comunicaciones) y los abonos a cuentas de otros empleados de Casa Presidencial vinculados al área de tesorería y finanzas, eran actividades de inteligencia "encomendadas por el presidente".
 
El 13 de septiembre de 2004, con cargo a una de las cuentas de Charlaix salió el cheque 3777316932031276 a nombre de Ana Ligia Sol de Saca, por un monto de 13 mil 366 dólares. “Lo que evidencia un pago personal, que en nada se relaciona con gastos relacionados a la Presidencia o de inteligencia del estado”, dice el requerimiento fiscal. Los investigadores sospechan que hubo más transacciones de este tipo, porque salieron cheques a nombre del Banco Cuscatlán y Tarjetas de Oro, S.A. de C.V. por un monto global de 111 mil 886 dólares.
 
Ocho cheques que suman 400 mil dólares “sin ninguna justificación” fueron girados a nombre del partido de Saca. Se cobraron el mismo día en que fueron emitidos, el 24 de noviembre de 2004, cinco meses después de iniciado el periodo presidencial. El tesorero del partido en ese momento era Elías Jorge Bahaia, quien a la vez era el primer designado de la presidencia, nombrado por Saca.
 
Otros 243 mil dólares fueron a parar a la Embajada de la República de China, 116 mil 955 dólares a la Editorial Altamirano Madriz, propietaria del periódico El Diario de Hoy. Canal 2 de Televisión, cuyo propietario es el empresario televisivo Boris Eserski, también recibió 350 mil dólares. Eserski fue uno de los grandes padrinos de Saca, y en las últimas semanas de la gestión, esas en los que se planificó el desvío del último millón de dólares, Eserski fue condecorado por Saca con la Orden del libertador de los esclavos, José Simeón Cañas, en el grado de gran cruz. 
 
En la audiencia celebrada el jueves 3 de noviembre, la fiscal Telma Flores argumentó ante la Jueza que Élmer Charlaix le ocultó a Probidad la cuenta que abrió a tres días de tomar posesión y la que abrió en septiembre de 2004 como secretario privado Saca. “No declaró en su declaración jurada de patrimonio la apertura de dos cuentas en el Banco Cuscatlán a la que ingresaron 60 cheques que endosó al expresidente Saca”, dijo la fiscal ante la jueza.
 
Estas dos cuentas tuvieron una cortísima vida, apenas 10 meses, pero desde su nacimiento fueron irregulares. La Ley de la administración financiera sentencia que esas cuentas nunca tuvieron que tener nombres de personas: “Cada entidad o institución del sector público que se financie con recursos del Tesoro Público deberá abrir y mantener una cuenta corriente subsidiaria institucional en el sistema financiero a nombre de la institución…”, dice el artículo 116 del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
 
Los engranajes de la maquinaria
 

El expresidente Antonio Saca, César Funes y Elmer Charlaix, conversan durante el receso, en la audiencia inicial, del juzgado 4° de paz. 03/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

El expresidente Antonio Saca, César Funes y Elmer Charlaix, conversan durante el receso, en la audiencia inicial, del juzgado 4° de paz. 03/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Dos engranajes clave de la maquinaria de desfalco de Saca que la Fiscalía describe han estado en la Unidad Financiera de todos los presidentes, de Arena y el FMLN, desde que el expresidente Armando Calderón Sol (1994-1999) los nombró en octubre de 1994. Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Entre ambos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
 
El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.
 
El modus operandi de la maquinaria cambió levemente el 19 de noviembre de 2004, cinco meses después de que el expresidente entró al Ejecutivo. Los cheques que hasta ese momento se habían estado emitiendo a nombre de Saca, con cargo a la cuenta subsidiaria institucional, comenzaron a librarse a nombre de lo que parecía una partida contable, “Gastos operativos Presidencia”. Estos cheques luego eran depositados en cuentas de los mismos tres empleados de casa presidencial.
 
Los fondos comenzaron a destinarse a 10 cuentas que para ese efecto abrió el jefe de la UFI de la Presidencia, Rodríguez Arteaga. Otras dos cuentas fueron abiertas por Pablo Gómez, el contador asistente de Charlaix en la secretaría privada. Fueron 12 cuentas en total. Todas incluían el nombre del respectivo empleado pero también la leyenda “Gastos operativos Presidencia de la República”. La Fiscalía asegura que a estas cuentas se destinaron 251 millones de dólares provenientes de la cuenta subsidiaria institucional.

La Fiscalía también detectó que algunos cheques eran cobrados en efectivo de manera inmediata cuando eran puestos a nombre de “Gastos operativos Presidencia”. El 21 de septiembre de 2005, un cheque por 897 mil dólares y otro por 400 mil dólares fueron cobrados de manera exprés, aunque la FGR no pudo identificar a la persona que los cambió.

A juzgar por la cantidad de dinero que movilizaron en las 12 cuentas y por el tiempo que estas se mantuvieron activas, cualquiera podría pensar que Rodríguez Arteaga y Gómez eran los hombres más fuertes de la red. Movieron más de 220 millones de dólares entre 2004 y mayo de 2009 (Charlaix movió 17.8 millones solo en 2004). Pero en realidad ellos solo obedecían órdenes, eran subalternos de Saca y de Charlaix. En el caso de Rodríguez Arteaga, la Fiscalía dice: “...era empleado público que carecía de poder decisión en relación al señor Saca y Charlaix, y en ese carácter actuó por delegación del funcionario superior jerárquico”.
 
Saca y Charlaix también tuvieron una etapa, en los primeros meses de la administración, en la que actuaron con mayor ahínco en el desvío de dinero. Pero hacia finales de 2004, dieron paso a un mayor protagonismo de los tres empleados de casa presidencial. Rodriguez Arteaga era el empleado más importante de ellos pues estaba sobre el Jefe del Departamento de Presupuesto, el jefe del Departamento de Tesorería y el jefe del Departamento de Contabilidad.
 
Este relevo de protagonismos también fue advertido por la Fiscalía. “A partir del 19 de noviembre de 2004, el señor Saca adquiere un papel de instigador dado que de manera dolosa determinó a que otros cometieran el delito”, reza el requerimiento, en la página 63. Más adelante, la Fiscalía agrega: “En esa fecha, Saca dejó de tener carácter de administrador o custodio de esos valores, pues ya no fueron librados más cheques a su nombre, lo que no significa que deja de tener participación en el delito”.
 
La Fiscalía solo tiene información de siete de esas 12 cuentas. La fiscal Flores también denunció que no tuvieron la colaboración de los bancos para analizar cinco cuentas personales del tesorero de la presidencia, Jorge Alberto Herrera, ni del jefe de la unidad financiera, Rodríguez Arteaga.
 
Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, agrega la Fiscalía, actuaron “de acuerdo al plan previo que ya se había acordado con la emisión del Reglamento interno de gastos reservados y secretos”. Según los fiscales, la aprobación de ese reglamento revela que desde que inició el período presidencial la estructura de funcionarios sabía cómo desviar el dinero.

Pero el plan falló en el procedimiento que usaron para abrir las cuentas en la banca privada a nombre de los empleados. “Es de recordar que para la apertura de cuentas institucionales se requiere la autorización de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, autorización sin la cual no puede contratarse la misma”, reza el requerimiento. La Fiscalía sostiene que todas esas cuentas abiertas por Rodríguez Arteaga, Herrera y Gómez se crearon al margen de las normas que regulan la administración pública: la Ley Orgánica de la Administración del Estado (AFI), su reglamento, y el Manual técnico del sistema de administración financiera (SAFI)

En abril de 2006, el primer ministro de Hacienda de Saca, Guillermo López Suárez, renunció intempestivamente y obligó al mandatario a buscar un sustituto. Entonces William Jacobo Hándal, economista y representante legal de la agencia de publicidad Corporación Redes S.A. de C.V., fue juramentado en el cargo.

Corporación Redes es una de las empresas a las que la cascada de dinero de Casa Presidencial bañó en algún momento entre junio de 2004 y mayo de 2009. El requerimiento fiscal solo detalla que, efectivamente, fue una de las sociedades a las que Pablo Gómez y Francisco Rodríguez entregaron 209 mil 394 dólares de dinero proveniente de la cuenta subsidiaria institucional del tesoro.
 
El chorro de dinero que Saca, Charlaix y los tres empleados de Casa Presidencial abrieron solo tres días después de comenzada la administración se mantuvo vigente durante todo el quinquenio. Hasta las últimas semanas, y los últimos días.
 
Por ejemplo, el 18 de mayo de 2009, Rodríguez Arteaga sentó las bases para el último desfalco. Creó una cuenta en el Banco Hipotecario –No.210239860– con 200 dólares sacados de la cuenta subsidiaria institucional. Esa cuenta en el Hipotecario recibió casi un millón de dólares (983 mil dólares) una semana después, el 25 de mayo de 2009. Faltaban seis días para que terminara la administración Saca y casualmente, por esos días, una de las empresas del expresidente, Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V., acababa de comprar una lujosa mansión en las faldas del volcán de San Salvador por 2.1 millones de dólares.
 
¿Qué pasó con aquellos 983 mil dólares en la cuenta del banco Hipotecario? Salieron poco a poco, en siete transacciones, hacia una empresa del expresidente. La primera transferencia ocurrió el 9 de septiembre de 2009, cuando Mauricio Funes tenía tres meses de ser presidente, aunque sería un error decir que fue el gobierno de Funes el que efectuó aquella transacción pues el dinero ya había sido privatizado, estaba en una cuenta privada de Rodríguez Arteaga.
 
Es imposible en este momento saber a ciencia cierta en qué se ocupó todo el dinero debido a que la Fiscalía no consiguió que los bancos enviaran los datos de las cuentas implicadas. Mario Machado, uno de los defensores de Saca y su equipo, sostiene que en el requerimiento no existe ningún reporte de operaciones sospechosas de los bancos y en ese sentido, sostuvo, se explica que estos movimientos millonarios estaban justificados. “No existen testigos ni reporte de operaciones sospechosas”, argumentó Machado.
 
Consultados sobre si iban a investigar a los presidentes de los bancos por los que circuló el dinero, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, explicó el lunes 1 de noviembre que ese tipo de indagaciones estaban contempladas. "Ese es parte del análisis investigativo y la compilación de evidencias que nos van a llevar a establecer si han incurrido en responsabilidad penal o algún otro tipo de responsabilidad a la que pueden estar involucrados (sic)", dijo Cortez.
 
Uno de los bancos por el que pasó la mayoría de estos fondos, el Banco Cuscatlán, era presidido por Mauricio Samayoa (ya fallecido) y a quien la Fiscalía había señalado por ocultar desvío de donativos de Taiwán por el que estaba siendo enjuiciado el expresidente Francisco Flores. La mayoría de las operaciones denunciadas por la Fiscalía ocurrieron mientras Samayoa era presidente del Banco Cuscatlán.

Luis Palencia, abogado defensor del expresidente Saca, observa el esquema para argumentar su exposición frente a la jueza 4° de paz, durante la audiencia inicial contra el exmandatario y sus más cercanos colaboradores. 03/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Luis Palencia, abogado defensor del expresidente Saca, observa el esquema para argumentar su exposición frente a la jueza 4° de paz, durante la audiencia inicial contra el exmandatario y sus más cercanos colaboradores. 03/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

De las agencias publicitarias a Saca

Otro de los delitos por los que están siendo investigados el exmandatario y su secretario privado es el de lavado de dinero, un crimen que consiste en depositar, retirar, convertir o transformar bienes o dinero que proceden de actividades delictivas.

La Fiscalía ha dividido la investigación de este delito en dos partes. La primera etapa tiene que ver con el tiempo en el que Charlaix tenía abiertas dos cuentas personales en los primeros seis meses de gobierno, en el año 2004. Estas cuentas le servían a Charlaix para recibir el dinero de la cuenta madre, la de fondos del Estado.

En esa primera etapa, a Saca le fueron emitidos 60 cheques que él posteriormente endosó a Charlaix. Charlaix, como se ha dicho, repartió el dinero que estaba depositado en sus dos cuentas bancarias a empresas y personas naturales. Dos de las sociedades a las que entregó fondos fueron las agencias de publicidad América Publicidad y ANLE S.A. de C.V. las cuales, según la Fiscalía, posteriormente giraron cheques a favor de las empresas radiofónicas del expresidente Saca: Grupo Samix, S.A de C.V., Promotora de Comunicaciones, S.A de C.V., Radio Difusión Usuluteca S.A de C.V., Radiodifusión de El Salvador, S.A de C.V., y Stereo 94.1 FM, S.A de C.V.

De las cuentas de Charlaix salieron pagos a América Publicidad por 515 mil dólares durante el año 2004. Posteriormente, según la Fiscalía, a cinco empresas de Saca retornaron 482 mil 400 dólares. No hay fechas concretas de esas transacciones, pero la FGR indica que los bancos reportaron que ocurrieron en el año 2004.

La segunda etapa del lavado de dinero que investiga la Fiscalía está relacionada con el inicio de operaciones de las 12 cuentas abiertas a nombre de los empleados Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez. Cerradas las dos cuentas de Élmer Charlaix, las cuentas de los empleados técnicos de la Presidencia eran las únicas que recibían los fondos provenientes de la cuenta subsidiaria institucional.

La Fiscalía recopiló información bancaria que indica que, entre 2004 y 2009, América Publicidad y ANLE S.A. de C.V. remesaron a las cinco empresas radiofónicas de Saca 5 millones 313 mil 270 dólares. La Fiscalía presume que, antes, ambas compañías habían recibido dinero estatal. No obstante, en el requerimiento solo consta el dinero que recibió una de las dos agencias publicitarias. Entre el 30 de julio de 2004 y el 21 de diciembre de 2017, América Publicidad recibió 2.5 millones de dólares.

“Incurren en el delito de lavado cuando la cuentas que estaban abiertas a nombre de (Rodríguez Arteaga, Gómez y Charlaix) hacen supuestos pagos a las sociedades América Publicidad y ANLE, las cuales posteriormente emiten cheques a las sociedades vinculadas a Saca González”, reza el requerimiento en su página 123.

Las cinco empresas del expresidente Saca multiplicaron sus ganancias durante el quinquenio presidencial 2004 - 2009, si se le compara con el promedio de los cinco años anteriores. En 2013, El Faro publicó un reportaje en el que se explicaba que el crecimiento había sido hasta de 1,600%. Y a pesar de que la Fiscalía también confirma en su investigación que las compañías de Saca sufrieron un incremento en sus ganancias, sostiene que el promedio anual de ganancias de las empresas de Saca, en los cinco años de la presidencia, fue de 1 millón 753 mil 200 dólares, mientras que en el período 2002-2003 fue solo de 89 mil dólares.

El reportaje de El Faro también daba cuenta de que, en promedio, las empresas de Saca habían aumentado hasta 16 veces su valor patrimonial. En los estados financieros y los balances de resultados inscritos en el Registro de Comercio salvadoreño, la explicación que dan las empresas es que vendieron más servicios de publicidad.

Pero la Fiscalía existieron operaciones trianguladas, es decir, transacciones de dinero en las que las empresas América Publicidad y ANLE fungieron como intermediarias entre el Estado y las empresas de Saca. El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo el lunes 1 de noviembre que algunas compañías de publicidad podrían estar fabricando pruebas para intentar justificar los movimientos de dinero. “Podría ser también que se hayan creado contratos criminalizados con algunos privados o con empresas de algunos de los imputados para justificar fondos… o que en este momento estén haciendo contratos criminalizados para justificarlos”, dijo.

Charlaix, Rodríguez Arteaga y Gómez también están siendo acusados de lavar dinero. En particular, la Fiscalía los acusa de autoblanquear fondos. Esto quiere decir que cobraron cheques librados a su nombre, cheques que estaban cargados a las cuentas privadas que ellos mismos habían abierto para recibir los fondos estatales.

En el caso de Charlaix, la Fiscalía señala que autoblanqueó 6 millones de dólares sacándolos de las cuentas que él mismo abrió. Rodríguez Arteaga, dice la FGR, cobró 450 mil dólares de sus propias cuentas; y Pablo Gómez -de lejos la cifra más alta- retiró o cobró 73 millones de dólares.

Al cobrarlos, dice la Fiscalía, estaban tratando de ocultar porque “hasta la fecha no hay registro o huella de qué hicieron con dichos valores y es aquí donde inicia el delito de lavado de dinero”, dice el requerimiento.
 
Charlaix ha dicho que el destino de ese dinero no lo puede revelar porque se trató de operaciones para el bien del país, como parte de las funciones de inteligencia que le había conferido su jefe, el último presidente de Arena, Elías Antonio Saca González.
 
El viernes 4, en la segunda jornada de la audiencia inicial, el expresidente Saca habló a los medios. Él también sostiene el mismo argumento que Charlaix: "Hemos manejado de acuerdo a la ley los fondos de la partida reservada que están en el presupuesto general de la nación que son aprobadas por la Asamblea y son verificados por la Corte de Cuentas", dijo Saca. "No hemos manejado fondos fuera del presupuesto. Yo cumplí la ley mientras ocupé el cargo. Me siento con la conciencia tranquila", añadió.
 

Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador, busca su asiento antes de iniciar el seguimiento de la audiencia inicial en su contra, que da seguimiento el juzgado 4 de paz. El exmandatario es acusado de peculado, lavado de dinero y asociaciones ilíctas. La audiencia se desarrolla en la sala 3D, del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. 04/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador, busca su asiento antes de iniciar el seguimiento de la audiencia inicial en su contra, que da seguimiento el juzgado 4 de paz. El exmandatario es acusado de peculado, lavado de dinero y asociaciones ilíctas. La audiencia se desarrolla en la sala 3D, del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. 04/11/2016./ Foto El Faro: Víctor Peña


Arena… Otra vez
 
En la versión de Saca y Charlaix, el Caso Saca es, entonces, una trama en la que fondos de los salvadoreños salían de la Presidencia para gastos secretos o reservados con fines de inteligencia. Pero lo cierto es que, según ha comprobado la Fiscalía, parte del dinero quedaba en las manos de quienes lo trasladaban. Otra parte del dinero se iba hacia empresas de Saca. Pero también el dinero creó una nueva lista de destinatarios, para usar el término que Francisco Flores -otro expresidente arenero- popularizó cuando intentó explicar a quiénes había destinado 10 millones de dólares provenientes de una donación de la República de Taiwán. 
 
En 2004, dos cuentas personales de Charlaix recibieron depósitos por 17.8 millones de dólares de la cuenta del Tesoro Público, en una violación a las leyes de manejo de cuentas del Estado. De esas cuentas, la Fiscalía presentó una selección de beneficiarios y, al menos, ocho de ellos tienen un denominador común: el partido Arena.
 
Arena es el partido que llevó a Saca al poder, que lo expulsó en 2009 bajo acusaciones de intentar dividir al partido y que lo acusó de malversar alrededor de 219 millones de dólares. Arena ha intentado borrar de su historia a Saca por considerarlo un traidor. Y a pesar de todo esto, también se benefició de la fuente de saqueo que creó su hijo bastardo.
 
De los cheques de fondos públicos a nombre de Tony Saca que se depositaron en cuentas de Élmer Charlaix, $400 mil dólares terminaron en el partido Arena, para lo cual se utilizaron ocho cheques que fueron cobrados en un solo día. La Fiscalía pidió al banco Cuscatlán la información de quién cobró esos cheques, porque al reverso de ellos no se encuentra la razón de la persona que los cobró. El banco respondió que no cuenta con los documentos de respaldo que permitan conocer a las personas que cobraron los cheques. La Fiscalía cree que esto prueba “la falta de debida diligencia” de un banco que ya ha sido cuestionado por encubrir a Arena.
 
Funes y Asociados, la empresa publicitaria de la familia de César Funes -presidente de Anda y en aquellas fechas vicepresidente de Organización del partido- también recibió 375 mil dólares desde los fondos estatales. Otras empresas de publicidad que recibieron recursos fueron Campaña y Receptor. Estas compañías trabajaron para Arena durante la campaña presidencial que llevó a Saca al Ejecutivo. Estas agencias recibieron 1.7 millones de dólares y 119 mil dólares, respectivamente. En esa misma lista, hay 11 cheques para Julio Rank, que totaliza casi medio millón de dólares. De ellos, 68 mil 491 dólares fueron cobrados en efectivo. Rank fue coordinador de campaña de Rodrigo Samayoa, cuando compitió por la alcaldía de San Salvador en 2006. 
 
Otros cuatro cheques, que en total sumaron 87 mil 571 dólares, se giraron a nombre de César René Reyes Dheming, quien fue asesor de la presidencia de Saca y diputado de Arena por San Miguel entre 2009 y 2012. Alejandro Armas Reyes, director suplente de la Junta Directiva de Fonavipo desde el gobierno de Alfredo Cristiani hasta el primer año del gobierno de Saca también recibió 15 mil dólares.
 
En la lista de personas y empresas que recibieron parte de los dineros sustraídos de la cuenta subsidiaria institucional también aparecen personas como Carlos Alemán, quien durante la administración de Saca fue secretario de Juventud, y antes había sido síndico en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán de Milagro Navas (gobernada por Arena). Según la lista, Alemán recibió 828 mil dólares entre 2004 y 2009 desde la presidencia. En 2008, El Faro reveló cómo Alemán había pagado hasta 40 veces por encima del precio de mercado por artículos de promoción para la Cumbre de Juventud, celebrada ese año en San Salvador.
 
En total, 9.4 millones millones de dólares terminaron vinculados al partido Arena a través de algunos de sus miembros o empresas ligadas a sus dirigentes, según la investigación fiscal.
 
*Fe de errata: En la versión inicial de este artículo se cometió un error al citar al tesorero de Arena y primer designado a la Presidencia. El nombre correcto es Elías Jorge Bahaia. 

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