Solo tres días después de haber sido declarado inocente de enriquecimiento ilícito, el diputado Reynaldo Cardoza se enfrenta a la posibilidad de perder 12 inmuebles, valorados en 230 mil dólares, y $105 mil que él y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez, tienen depositados en cinco cuentas bancarias.
El motivo es un juicio de extinción de dominio, que es independiente del juicio civil por el que Cardoza fue absuelto el pasado 3 de marzo. Alexis Ayala, jefe de la unidad fiscal de extinción de dominio, explicó vía telefónica a El Faro las dos principales diferencias del proceso civil con este nuevo procedimiento.
El pasado 24 de febrero, la Fiscalía decretó las medidas cautelares sobre los bienes de Cardoza, que el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ratificó un día después. 'Lo que hemos hecho nada más es decretarle medida cautelar para asegurar las resultas [sic] del juicio. No vamos a hacer un juicio en contra de bienes si ya no tenemos bienes', dijo el jefe fiscal Ayala.
Según Ayala, una de las diferencias entre el juicio civil por enriquecimiento ilícito y este nuevo proceso radica en el origen de la investigación en contra de Cardoza. 'Aquel proceso (civil) tuvo como objeto determinar si hubo un enriquecimiento ilícito como funcionario. En cambio, este proceso está enfocado a determinar si los bienes tienen un origen lícito o no', dijo Ayala. 'Si se determina que los bienes se producen de una fuente lícita o producto de un trabajo, no hay ningún problema', agregó.
La segunda diferencia en este otro proceso es el alcance de la investigación. Las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil examinaron a Cardoza durante sus primeros dos periodos como diputado, entre 2009 y 2015. Ayala explicó que ellos no tienen ese límite temporal, por lo que pueden ampliar las pesquisas.
La ley de extinción de dominio, aprobada en noviembre de 2013, establece que se puede extinguir el dominio sobre algunos inmuebles para que pasen a ser del Estado 'sin condena penal previa', como es el caso de Cardoza. La Fiscalía sustenta su investigación en un incremento patrimonial no justificado, por la 'probable actividad ilícita de corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito”. Esta investigación comparte origen en el informe de Probidad que también dio inicio al juicio civil, pero según Ayala también tiene actos de investigación propios de la Fiscalía.
Cinco de las 12 propiedades embargadas este 6 de marzo están en Chalatenango, departamento del cuál Cardoza es diputado. Cuatro de esas cinco están en el municipio de Dulce Nombre de María, y una más en El Paraíso. Otras cuatro propiedades están en San Salvador: una casa en la lotificación Quintas del Bosque, en los planes de Renderos; un lote en el cantón San Jerónimo, de Guazapa; otro lote en el barrio San Jacinto; y uno más en el cantón Joya Grande, Apopa, que está a nombre de la esposa del diputado. También hay dos inmuebles en La Libertad: uno en el barrio Walter Thilo Deininger, en Antiguo Cuscatlán; y un lote de la hacienda Cuyagualo, en Colón. La última propiedad decomisada temporalmente está en Planes de la Laguna, un cantón aledaño al lago de Coatepeque en Santa Ana.
En cuanto a las cuentas bancarias, tres pertenecen a Yaneth Gutiérrez y dos al diputado.
A partir de esta intervención, la Fiscalía tiene tres meses para presentar una solicitud de extinción de dominio al tribunal especializado.
