Columnas / Migración

Se busca a jóvenes para deportar a jóvenes


Jueves, 18 de mayo de 2017
Diego Murcia

¿Cuánto ganás al año? ¿Aceptarías un trabajo que, de entrada, te pagará $52,583 dólares y te promete que en cuatro años estarás ganando $97,486? Y esto que no hemos hablado de que tendrás derecho, entre otras cosas, de 13 a 26 días de vacaciones anuales acumuladas por año, 10 festivos nacionales por año, 15 días de licencia de reserva militar, 13 días de licencia por enfermedad acumulados por año y oportunidades de formación remunerada.

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Los estudiantes universitarios se han convertido en un fuerte enemigo a vencer para el Patrullero Fronterizo y para la política antimigrantes de Trump. No se sabe el número exacto de alumnos que han buscado la expulsión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de sus universidades, pero las protestas contra el CBP se están volviendo cada vez más comunes, como una respuesta directa a las medidas antiinmigrantes de la Casa Blanca. Desde luego, las autoridades migratorias no se han quedado con los brazos cruzados y han llegado a deportar a algunos de estos jóvenes incluso en el sitio mismo de las protestas.

Por citar algunos ejemplos, en abril de 2016, la CBP colocó un stand durante una feria de empleo en la Universidad Estatal de California, San Marcos, lo que provocó el miedo y la indignación de un grupo conocido como 'Estar juntos como un sueño', un grupo de defensa de inmigración ilegal.

Un consejero de la facultad del grupo envió una carta abierta a la directora del Centro de Carreras, Pamela Wells, explicando que se alarmó al descubrir un vehículo CBP y tres coches de policía estacionados en el campus de la feria.

Esta no es la única escuela en la que sus estudiantes han rechazado a la Patrulla Fronteriza, tampoco es la única que ha pedido, sin mucho éxito, convertir a su alma mater en un “campus santuario”.

La escena se volvió a repetir en Octubre 2016, en la Universidad de California, en Irvine (UCI).

La petición, dirigida por la alumna Amy Yu y dirigida al Centro de Carreras y Administración de la UCI, exigió que la CBP no fuera invitado a su feria de empleo debido a su efecto negativo sobre los inmigrantes indocumentados y sus aliados. “El hecho de que la UCI haya invitado a una agencia conocida por su discriminación racial, uso de la fuerza y violencia injustificada es un acto de falta de respeto e insensibilidad e ignora las luchas y necesidades de la comunidad de estudiantes indocumentados en el campus”.

El argumento de los estudiantes plantea que llevar la patrulla fronteriza al campus de la UCI podría poner en peligro su “bienestar físico, emocional y mental”, a lo que el Centro de Carreras respondió que los estudiantes indocumentados eran “adultos jóvenes y maduros” como para manejar su propio “bienestar mental y físico”. Al final, la CBP decidió retirarse del evento por su propia cuenta.

Luego, el 29 de marzo de este año, los estudiantes de la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) volvieron a realizar otra protesta. Los manifestantes distribuyeron panfletos que decían: “Dejen de reclutar a estudiantes de la CSUN para deportar a estudiantes de la CSUN”, seguido de una frase en letra pequeña que pedía que la CBP fuera retirada de la feria federal de empleo.

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Esta aberración no es gratuita. Cada año, se estima que 65,000 estudiantes indocumentados se gradúan de la secundaria en los Estados Unidos, pero sólo del 5 a 10 por ciento de ellos continúa sus estudios a nivel universitario, según las estadísticas del Immigration Policy Center. Esto es posible gracias a que amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobada durante la administración Obama, muchos inmigrantes han recibido permisos de residencia temporal y hasta laboral.

Uno de los mayores obstáculos que frecuentemente les impide entrar a la universidad es el hecho de que los estudiantes sin estatus migratorio legal tienen que encontrar una manera de cubrir los gastos de su educación, ya que no califican para ayuda financiera del gobierno federal. Es decir que, o pagas dinero en mano, o no estudias.

Pero eso no significa que no estén ahí, mezclados con otros estudiantes, tratando de salir adelante, de ser mejores que sus padres, de hacer realidad el sueño de sus padres, que lo originó todo.

Gracias a las políticas establecidas por la administración del expresidente Obama, la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduana (ICE) no puede realizar redadas dentro de sitios sensibles como escuelas, universidades o iglesias. Sin embargo, esto puede cambiar ahora que entre en vigencia la ley anti ciudades santuarios (SB4). Esta medida legal permite a sus oficiales preguntar el estatus migratorio de las personas que arrestan o detienen, incluso durante las paradas de tráfico de rutina.

Las universidades tienen oficiales de policía. Forman parte del gran entramado de la fuerza del orden que suele cohabitar en ciudades como El Paso, donde hay más de 30 agencias de aplicación de la ley. No solo hay agentes federales, también estatales, municipales, estudiantiles, oficiales de paz, alguaciles, rangers, patrulleros estatales, policías militares, etc. Al darle autoridad migratoria a estas entidades, muchos defensores de los derechos del migrante creen que se desatarán sendas cacerías de brujas basadas en tu aspecto, color de piel o edad.

Y si a eso sumamos el historial de abuso de autoridad y fuerza mortal, ejercidos por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza -en especial contra los jóvenes-, la preocupación es justificada. El más controversial ejemplo es el caso de Adrián Hernández Huereca, un joven estudiante de 14 años asesinado por un agente ciclista de la Patrulla Fronteriza de El Paso. El hecho (un disparo de muerte) ocurrió el 7 de junio del 2011, cuando presumiblemente la víctima y otros jovencitos arrojaban piedras a los agentes desde el lado del río perteneciente a Ciudad Juárez.

Aun cuando no se formularon cargos penales en contra del agente, los magistrados de un tribunal dieron luz verde para que la familia interpusiera una demanda civil en contra de la Patrulla Fronteriza y del mismo agente.

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Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia principal de la Patrulla Fronteriza y la oficina que supervisa a los funcionarios de aduanas, están contra reloj. El Presidente Donald Trump ordenó, bajo su plan para reforzar seguridad de frontera, que se contratara a 10,000 agentes más para ICE y 5 ,000 más para la Patrulla Fronteriza, y 10,000 oficiales más de la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE) para que cuiden el “hermoso y alto muro” que se construirá en la frontera.

La última vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió una gran infusión de nuevos empleados, los casos de corrupción y mala conducta aumentaron en la agencia . Después de la oleada de contratación por parte de la Patrulla Fronteriza, entre 2006 y 2009, “el número de empleados arrestados por mala conducta, como violaciones de derechos civiles o crímenes fuera de servicio como la violencia doméstica, creció cada año entre 2007 y 2012, llegando a sumar un total 336 casos reportados, un aumento de 44%”, de acuerdo con Josiah Heyman, director del Centro de Estudios Interamericanos y de la Frontera de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Ante la presión de la Casa Blanca y el rechazo que ha tenido en los campus universitarios, los agentes fronterizos y funcionarios de aduanas han tenido que montar un esfuerzo agresivo de reclutamiento para buscar posibles empleados, yendo incluso a festivales de cervezas, rodeos de toros, torneos deportivos, ferias de empleo y festivales de música country para reclutar a nuevos prospectos.

Las futuras contrataciones tienen que trasladarse a lugares remotos como la pequeña ciudad de Ajo, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y la ciudad de Harlingen, en el sur de Texas. Ante la desesperación por llenar esas vacantes ahora hasta se está considerando obviar parte del proceso de investigación exhaustivo que implica pasar una prueba de detección de mentiras que se pide a los solicitantes.

En las universidades, mientras los estudiantes intentan que la política antimigrantes de Trump no se cuele en sus campus, la CBP le promete a cientos de posibles reclutas jóvenes que, como agentes de la Patrulla Fronteriza , su trabajo no sólo será emocionante, sino que –también- gratificante. Les dicen que tendrán la estabilidad de un trabajo federal, así como varios beneficios que sólo están disponibles para los puestos de aplicación de la ley, como la cobertura de jubilación. “Trabajar como agente de la Patrulla Fronteriza te prepara para el largo plazo”, dice la CBP. Y vos, ¿te animás?

*Diego Murcia es escritor y periodista salvadoreño. Escribió para El Faro y La Prensa Gráfica. Posee una Maestría de Bellas Artes en Escritura Creativa por The University of Texas at El Paso y una licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Vive en la frontera de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

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