La Corte Suprema de Justicia concedió al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, 90 días para que intente desvanecer 103 irregularidades detectadas al analizar sus declaraciones de patrimonio, un plazo que no tuvieron una decena de funcionarios o exfuncionarios que ya afrontan juicio por enriquecimiento ilícito después de tener, a lo sumo, 10 días hábiles para justificar los aumentos en su patrimonio.
Gallegos, que este martes 18 de julio votó en favor de una serie de reformas que socavan la Ley de Extinción de Dominio, argumentó ante los magistrados una gran carga de trabajo derivada de su puesto en la Asamblea Legislativa, y que los hallazgos de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia involucran activos de varios parientes de él, incluidos algunos que están radicados en el extranjero.
'Es por ello, y por las razones expuestas, que me veo competido a solicitarles se me conceda, de manera prudencial, un plazo de noventa días, adicionales a los diez que se me ha conferido por parte de la Sección de Probidad de este máximo Tribunal de Justicia', solicitó el diputado del partido Gana a la Corte Suprema. La Corte resolvió por mayoría, el jueves 13 de julio, concederle el plazo pedido.
Las presuntas inconsistencias detectadas por Probidad superan los 3 millones de dólares y le fueron notificadas el 5 de julio pasado. Según reseña el mismo legislador en su petición del 7 de julio, el centenar de irregularidades que le atribuyen están relacionadas con depósitos y retiros de dinero de cuentas bancarias, transacciones con vehículos y bienes raíces. 'Informarles que el número de irregularidades que de forma preliminar se me atribuyen suman un total de ciento tres, para todo mi grupo familiar', menciona. Luego detalla que una hija suya reside en los Estados Unidos y un hermano en Canadá.
Probidad revisó el efectivo, 32 cuentas bancarias, los bienes muebles e inmuebles, deudas, ingresos y egresos del diputado y su grupo familiar desde el año 2006, y determinó que los documentos presentados por el expolítico del partido Arena no pudo justificar un monto superior a 3 millones de dólares de la fortuna familiar.
La comisión de ética y probidad integrada por cuatro magistrados de la Corte, recibió el informe de 230 páginas el pasado 16 de junio. Esta comisión debe elaborar un informe que presenta al pleno, que es el que toma la decisión de enviar a juicio un caso o no.
Gallegos sostiene que 'la sección de Probidad ha tenido un plazo de tiempo sumamente considerable para elaborar el informe preliminar' y, en cambio, a él se le otorga un plazo muy breve. 'No es de justicia que solo se me conceda hasta un plazo máximo de quince días hábiles, incluyendo la posible prórroga, para poder ejercitar mi derecho de defensa'.
El presidente de la Asamblea sostiene que su agenda lo obliga a 'presidir comisiones importantes del Órgano Legislativo, atender invitaciones de diferentes países, recibir diplomáticos de países acreditados en El Salvador y además comparecer en actos oficiales emanados de los diferentes órganos de Estado de nuestro país, aunado a multiplicidad de labores administrativas propias del cargo'.
Entre 2009 y 2015, cuando el diputado Gallegos había desempeñado sus primeras dos legislaturas como directivo de la Asamblea, sumó honorarios extras a su salario por un monto superior a los 400 mil dólares. En sus declaraciones de patrimonio a la sección de Probidad expuso que a partir de 2009, cuando fue elegido secretario de la junta directiva de la Asamblea, tuvo ingresos extra por 72 mil dólares anuales en concepto de 'sobresueldos, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones, pensiones, etc.'. Entre 2012 y 2015, ya convertido en vicepresidente, reportó por el mismo concepto ingresos adicionales anuales de 81 mil dólares.
La concesión a Gallegos establece un precedente, pues una decena de funcionarios o exfuncionarios que ahora enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito, contaron con un máximo de 10 días para desvanecer los señalamientos. Así sucedió, por ejemplo, con el diputado Reynaldo Cardoza y con los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes.
Los juicios por enriquecimiento ilícito están contemplados en la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, vigente desde hace más de medio siglo, pero que nunca se había aplicado, sino hasta 2015, con el legislador Cardoza. La Constitución de la República establece que toda incremento patrimonial detectado por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se presumirá como enriquecimiento ilícito, y el máximo tribunal en un plazo de poco más de un año instruyó juicio contra una decena de personas. En todo lo que va de 2017, sin embargo, la Corte no ha enviado ningún caso a juicio. Entre otros, están esperando resolución informes de Probidad sobre la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, sobre el magistrado y expresidente de la Corte Suprema Belarmino Jaime, y sobre el ex secretario jurídico de la presidencia Luis Mario Rodríguez.
El Faro conversó con el magistrado de Corte Sidney Blanco, quien detalló la votación sobre la petición de Gallegos. Explicó que en realidad hubo dos votaciones. La primera, para decidir si se concedía un plazo extra al presidente de la Asamblea. 13 de los 15 magistrados votaron en favor. Quienes no apoyaron fueron Blanco y el magistrado Ovidio Bonilla. Una vez concedido ampliarle el plazo para desvanecer señalamientos, se votó por el tiempo que se le daría. En este caso, dijo Blanco, hubo 11 votos favorables y no respaldaron ni él ni los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González ni la suplente de Berlarmino Jaime.
Blanco dijo que él no apoyó la concesión del plazo adicional 'porque se desnaturaliza un proceso' que ha tenido desde el inicio un período de 10 días hábiles para desvanecimiento de señalamientos. Además, porque esto generará que otros investigados pidan prórrogas similares para tratar de justificar su crecimiento patrimonial, y también porque la depuración de los casos en la Corte Suprema se volverá más lenta.
El partido de Gallegos fue clave para que la Asamblea Legislativa reformara el martes la Ley de Extinción de Dominio en una sesión convocada explícitamente para hacer esas modificaciones y para lanzar un salvavidas al sistema previsional que evitará que a partir de agosto el gobierno se vea imposibilitado de pagar pensiones a los jubilados.
Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio se hicieron ante la objeción de la Fiscalía General y de las Naciones Unidas, y ante las advertencias del gobierno estadounidense, que calificó las enmiendas como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. 'Se podría estar lavando bienes producto de la corrupción. Creo que se está dando una tregua a los corruptos', dijo este miércoles 19 de julio el fiscal general, Douglas Meléndez.
Las reformas dificultarán que las personas involucradas en actividades ilegales como narctráfico, extorsión o corrupción, pierdan el dominio sobre activos obtenidos a partir de dichas actividades ilícitas.
Dentro del grupo familiar de Gallegos destaca su esposa, quien hace algunos años fundó una asociación que obtuvo fondos públicos por 550 mil dólares para hacer trabajo de prevención de violencia en un puñado de municipios salvadoreños. Tanto el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como las alcaldías de los siete municipios que presuntamente se habían beneficiado por los trabajos de prevención, dijeron a El Faro que no tenían conocimiento de ninguna obra ejecutada por Apdemes, la asociación fundada por la esposa del político.
El Faro pidió el martes al asistente del diputado Gallegos que le informara que este periódico le solicitaba una entrevista para hablar del informe de Probidad. El asistente respondió que iba a informar a su jefe sobre esta petición. Este miércoles, al no haber respuesta, El Faro escribió un mensaje electrónico directamente a Gallegos para insistirle en la solicitud, pero al cierre de esta nota el presidente de la Asamblea Legislativa no había respondido.
