Caracas, VENEZUELA. Nueve muertos, choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ataques a centros electorales y bloqueos marcaron la violenta jornada de votación de la Asamblea Constituyente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que según la oposición pone en jaque la democracia del país.
Entre las víctimas hay dos adolescentes, de 17 y 13 años, y un militar que murieron en el occidental estado de Táchira, fronterizo con Colombia; otros tres hombres en Mérida y uno en Lara (ambos al noroeste del país), en protestas entre sábado y domingo, en el marco de la elección.
Aunque la Fiscalía no los vinculó aún con móviles políticos, un candidato a asambleísta murió la noche del sábado en Ciudad Bolívar (sureste), y un dirigente juvenil opositor de un disparo en la costera Cumaná, durante la madrugada del domingo.
Siete policías resultaron heridos en la explosión de un artefacto en el este de Caracas, la capital. Militares y policías se enfrentaron en una batalla campal en Caracas y otros puntos del país con un cruce de bombas lacrimógenas, perdigones, piedras y cócteles molotov.
Con carros blindados y lanzando bombas lacrimógenas, militares irrumpieron violentamente en los barrios El Paraíso y Montalbán (oeste de Caracas), en Maracaibo (oeste) y en Puerto Ordaz (sureste) buscando manifestantes que bloquearon calles con barricadas.
Según las cuentas de la Fiscalía, la jornada de elecciones provocó que el conteo de muertos sobrepase las 120 personas, durante los más de cuatro meses de protestas que exigen la salida del presidente Nicolás Maduro. Aunque, tras las elecciones de la Constituyente, la palabra de la Fiscalía puede quedar sin validez.
La Constituyente será un 'suprapoder' por encima de todos los poderes constituidos, incluido el Parlamento de mayoría opositora y la mismísima presidencia. 'Puede regenerarlo todo, crearlo todo, es el poder de poderes', sostiene Maduro. El presidente y su Constituyente cuentan con apoyo de los poderes judicial, electoral y militar. Pero asfixiados por la escasez de alimentos y medicinas, y una brutal inflación, un 80% de venezolanos rechaza su gestión y 72% su proyecto, según la encuestadora Datanálisis.
Los asambleístas tendrán la potestad de decidir por cuánto tiempo sesionarán y, de cumplir las amenazas de dirigentes oficialistas, cómo disolver el Parlamento o la Fiscalía. De hecho, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y vocero del chavismo se refirió a la fiscal general Luisa Ortega como “la futura exfiscal” durante una rueda de prensa en la tarde de este domingo, según reportó el medio Efecto Cocuyo.
“Ella ya es pasado. Esa señora lo que ha hecho es incentivar el odio. No ha habido ni un solo fallecimiento por causa del evento electoral”, dijo Rodríguez, de acuerdo con Efecto Cocuyo. La fiscal Ortega es chavista pero rompió con Maduro e intentó frenar la Constituyente con recursos rechazados por la Corte Suprema, acusada de servir al gobierno. Ortega ya advirtió que podría instaurarse 'un sistema totalitario'.
Una de las rectoras del poder electoral, Socorro Hernández, dijo que los comicios de gobernadores -que debieron hacerse en 2016 pero fueron pospuestos para diciembre de 2017- dependerán de 'las decisiones' de los asambleístas. La oposición alerta que también quedan en el limbo las presidenciales de 2018.
La presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, aseguró que 'solo hubo focos de problemas' en algunos lugares y que la afluencia de votantes era nutrida, por lo que el cierre de urnas se postergó hasta las siete de la noche, hora local. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, dijo que más de 100 máquinas de votación fueron destruidas en actos de violencia alentados por 'factores políticos'.
Maduro fue el primero en depositar lo que llamó un 'voto por la paz' en un colegio de Caracas. Pero el “carnet de la patria” -creado por el gobierno venezolano para acreditar a los beneficiarios de sus programas sociales - le jugó una mala pasada: el carné sería usado para vigilar el voto en la Constituyente, pero el de Maduro no fue reconocido por el lector de verificación. 'La persona no existe o el carné fue anulado'. La imagen fue captada por una cámara de la televisión gubernamental y se viralizó en redes sociales.
Los siguientes pasos
La Constituyente fue convocada sin consulta previa en las urnas. Ese fue uno de los motivos por los que la oposición se marginó del proceso. Los opositores también alegaron que el sistema comicial fue hecho para que el gobierno controle la Asamblea y redacte una Carta Magna que instaure una dictadura comunista. Ante denuncias de que el sistema de elección fue un 'fraude' para instalar una 'dictadura', el oficialismo sostiene que abre paso a 'la democracia directa'.
Maduro aseguró que la nueva Carta Magna, que sustituirá a la que promulgó en 1999 el fallecido expresidente Hugo Chávez, se someterá a referendo. Aunque 'ya eso es lo de menos', señala la analista Colette Capriles, subrayando que de antemano la Constituyente tomará decisiones ejecutivas y legislativas, según adelantaron Maduro y altos funcionarios.
La Constituyente se instalará el próximo miércoles en el Palacio Legislativo, donde sesionará paralelamente el Parlamento. La nueva Constitución será redactada por 545 constituyentes, 364 elegidos por territorios y 181 por sectores sociales. Debido al método de elección mixto -voto por territorios y sectores sociales-, 62 % de los 19,8 millones de electores podrán votar dos veces, lo que dificulta el cálculo de participación, según el experto electoral Eugenio Martínez.
Según analistas, para tener legitimidad Maduro debe obtener al menos 7,6 millones de votos que la MUD asegura logró en su plebiscito simbólico del 16 de julio contra esa iniciativa.
Colombia, Panamá, Perú y Argentina anunciaron que desconocerán la Constituyente, y Estados Unidos que ya sancionó a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, amenazó con más sanciones.
El presidente Maduro sostiene que la Constituyente traerá estabilidad frente al colapso económico, pero se desconocen las medidas para lograrlo. Según la consultora Ecoanalítica, si las protestas siguen hasta fin de año, el PIB se contraería 9% en 2017 frente a una previsión original de -4,3%, encadenando cuatro años de caída. 'Con incremento de la conflictividad, desinversión y sanciones (internacionales), la crisis que hemos visto es el piquito del iceberg', considera Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
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