Nuestro sistema democrático representativo establece, al menos en el papel, que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y administradores para que representen nuestros intereses y encuentren soluciones a nuestros problemas. La democracia, pues, pertenece a los ciudadanos.
Los grandes partidos políticos salvadoreños, y varios de los pequeños, han olvidado esto desde hace tiempo. Han hecho del clientelismo una forma de vida que les permite no rendir cuentas ni depurar sus propios listados de candidatos que, en su visión de la política, mejor representan los intereses de su partido, no de los ciudadanos; hacen pactos para protegerse y miran hacia otro lado cuando revientan escándalos de corrupción o malversación.
Pero son los ciudadanos quienes tienen, al fin y al cabo, la posibilidad de elegir o no a esos candidatos seleccionados por sus partidos. Sin el concurso de los votantes, esos políticos no tendrían ningún poder. La democracia, para funcionar debidamente, requiere de ciudadanos políticamente responsables.
La reciente publicación de El Faro, en la que hacemos apenas un pequeño repaso por las declaraciones de Probidad de los actuales diputados a la Asamblea Legislativa, da cuenta de un parlamento en el que junto, a diputados que han cumplido con los mínimos requisitos de Probidad conviven otros que no han sido rigurosos a la hora de transparentar sus ingresos; y otros con irregularidades de tales tamaños que no pueden sino ser consideradas como actos de corrupción.
La mayoría de estos diputados, actualmente bajo investigación, se han postulado para la reelección. Lo único que necesitan para continuar en la impunidad es el voto de los ciudadanos, porque ya pasaron los filtros internos y reciben el aplauso de sus respectivos partidos políticos, cómplices de sus fechorías.
¿De qué otra manera se explica que el partido GANA lleve como candidato a un diputado que ha desviado fondos públicos a una ONG fantasma de su esposa, que se ha embolsado viáticos, que no ha podido explicar un súbito enriquecimiento millonario y que hoy para ganar el voto de ciudadanos desesperados propone la pena de muerte, sabiendo que es inaplicable por un sistema judicial corrupto?
¿Cómo, sino, se explica que el PCN lleve de candidato a un diputado con más de dos décadas en la Asamblea, que adquirió irregularmente propiedades destinadas a campesinos y que ha aumentado de manera inexplicable su capital personal, que ya fue destituido de la Corte de Cuentas por no contar con honradez notoria y que en estado de ebriedad baleó a una mujer policía? ¿Cómo se explica que el mismo partido lleve a un diputado vinculado al Cartel de Texis?
¿Cómo se explica que el FMLN lleve de candidato a un exministro que ofreció cientos de miles de dólares a las pandillas a cambio de apoyo electoral? ¿Cómo que el mismo partido lleve de candidato a un viceministro que ni siquiera tuvo la mínima consideración de renunciar a su cargo en los tiempos establecidos por la ley y que ahora amenaza a la Corte Suprema contra resolver que ha violado la Constitución?
¿Cómo se explica que Arena lleve de candidato a alcalde por San Salvador a uno de sus directivos que ofreció a pandilleros incluso que aprobaran el nombramiento del ministro de seguridad de un eventual gobierno de Arena? ¿Cómo que Arena pida el voto a la Asamblea para una presentadora de televisión sin ninguna formación política ni de administración pública, cuya intervención política más destacada ha sido rendir homenaje al responsable de la masacre de mil campesinos, la mayor parte de ellos mujeres, ancianos y menores de edad? ¿Cómo se explica que Arena lleve de candidato a un ex presentador de noticias que fue asesor de un alcalde condenado y preso por agrupaciones ilícitas?
La lista de personas con escasa idoneidad para los cargos a los que aspiran es demasiado larga como para mencionarlos a todos.
Con sus candidaturas, los partidos políticos demuestran que no están a la altura ni de los ciudadanos ni de las necesidades del país. Les interesa apenas mantener el poder. En no pocos casos para beneficio personal de los funcionarios públicos.
Pero sería una falsedad asegurar que todos los diputados son corruptos o que no están interesados en encontrar soluciones a nuestros problemas. No es cierto que todos son candidatos con el fin de aumentar su riqueza personal o hacer negocios o imponer los criterios de su dirigencia. No, no todos son deshonestos.
El 80 por ciento de los actuales diputados son candidatos a la reelección. Los ciudadanos, pues, los conocen. En las manos de los electores está el futuro de la Asamblea. Por ello es necesario que se despojen de sus fanatismos ideológicos y ejerzan el voto de manera responsable. Es decir, que ahora que nuestro sistema permite votar por individuos y no solo por partidos elijan a aquellos candidatos que no han cometido irregularidades y que, como lo establece el artículo 126 de la Constitución, cuenten con una “honradez notoria” y capacidad para ejercer el cargo al que aspiran. Lo mismo vale para elegir alcaldes, cuyas comunidades los conocen muy bien.
El Salvador ha entrado en una nueva etapa de su vida política, en la que los ciudadanos desconfían de sus partidos y parecen menos dispuestos a entregar su voto con los fanatismos de las décadas anteriores. Las elecciones del 4 de marzo, idealmente, deberían servir de plataforma para esas expresiones ciudadanas. Solo así los partidos políticos se verán obligados a depurar mucho más sus candidaturas y la democracia comenzará a funcionar para beneficio de los ciudadanos, y no de los políticos. Para que los políticos corruptos decidan nuestras vidas, o para que actúen en contra de nuestros propios intereses o se roben el dinero de un país con necesidades, lo único que necesitan es el voto. Y eso es justamente lo que los ciudadanos pueden negarles este 4 de marzo. No se trata de anular el voto, sino de anular las posibilidades de los corruptos, eligiendo a quienes no lo son. Se trata de votar con responsabilidad. Ese es el derecho de los ciudadanos, y también su deber.
