Las derechas —en sus vertientes empresariales, políticas e intelectuales— han mantenido una intensa campaña hablando del peligro que representa una Sala de lo Constitucional controlada por magistrados “formal o materialmente” ligados a partidos políticos, lo que rápidamente deriva en que quien busca tener a su lado a esa instancia del Estado es el FMLN. Todo acompañado de la peregrina afirmación —y no digo idea porque no creo que lo crean— de que la no pertenencia a un partido político es en sí mismo garantía de independencia, cuando los amarres de una persona tienen la posibilidad de surgir de otras múltiples relaciones —empresariales, religiosas, gremiales, etc— que no pocas veces son aún más fuertes que las partidarias.
Es evidente que la Sala de lo Constitucional es en cierta medida el organismo político con mayor poder en el Estado, dada la imposibilidad de apelar sus sentencias. Lo que deciden o hacen la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo, las instancias del Ministerio Público y todos los demás organismos del Estado, puede ser controlado por los cinco magistrados que la componen, mientras que sus decisiones no tienen más control que el buen juicio y la honestidad que ellos tengan al aplicar o interpretar la Constitución Política. En sus sentencias pueden —y esta Sala lo ha hecho en más de una ocasión— romper los acuerdos políticos que sostienen el articulado de la Carta Magna y alterar el sentido explícito de su texto, a partir de la escuela de interpretación constitucional que abracen sus integrantes. Pueden, también, invadir las funciones de otros órganos del Estado.
Una Sala con autonomía institucional, conformada con personas honestas, con capacidad jurídica, con formación política y conciencia del papel político que juegan como funcionarios del Estado, es lo que necesita el país. Dado que el derecho es siempre una decisión política expresada jurídicamente, no es aceptable que personas que se escudan en el supuesto carácter exclusivamente técnico de sus decisiones —que si bien deben tener base técnica tienen también siempre, no obstante, un contenido político puesto que se refieren a asuntos de Estado— asuman la conducción de lo que señalamos como un organismo del Estado de tan gran poder.
No es nueva la búsqueda del control de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en su conjunto. En épocas recientes, al menos entre 2000 y 2009, el más alto tribunal de justicia del país respondía casi mecánicamente a las demandas de Casa Presidencial, igual que lo hacían la Corte de Cuentas de la República o la Fiscalía General de la República, por ejemplo. La misma Asamblea Legislativa —salvo en un limitado paréntesis— tomaba sus decisiones más importantes siguiendo instrucciones de la Presidencia de la República.
Esas condiciones de control de las distintas instancias del Estado por parte del órgano Ejecutivo explican eventos como el sucedido en una sesión plenaria realizada en aquel período: ante el señalamiento de un diputado del CDU sobre la inconstitucionalidad de una decisión legislativa, un abogado, diputado de ARENA, le respondió fuera de su turno de palabra algo como: “Sí, es inconstitucional, ¿y qué?; conseguite una Sala que te lo declare.” Yo fui personalmente testigo, siendo diputado entre 2003 y 2009, de lo que significaba el control que ejercían las derechas sobre los tres órganos del Estado.
En 2009, la alternancia en la Presidencia del Ejecutivo abrió la posibilidad de un avance en la institucionalidad democrática del país, obstaculizada hasta entonces por el control de las derechas y su forma de ejercerlo. Ese mismo año, la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos de la Sala de lo Constitucional, fue uno de los primeros retos del nuevo escenario político. Dado el entrampamiento legislativo que se dio, fue en CAPRES donde se realizaron intensas negociaciones que dieron como fruto la actual Sala. Dos de los electos fueron propuestos por el FMLN, dos por ARENA (hubo que solicitar la inclusión de estos en la lista de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, en la que no estaban sus nombres), y uno por “los otros partidos” (lo que quería decir, entonces, básicamente el PCN).
El respeto a la autonomía de la Corte, y por supuesto a la sala de lo Constitucional, fue uno de los compromisos tomados. Una realidad casi desconocida comenzó a hacerse presente en el país.
Las críticas a la Sala no deben interpretarse como negación de su autonomía, pese a la estridencia y falta de sustento que a veces tienen. Disentir de las opiniones o decisiones de los funcionarios públicos es un derecho y en ciertos casos un deber de los ciudadanos. No es aceptable que ejercer la crítica al Presidente de la República sea considerado expresión de democracia, y disentir con la Sala de lo Constitucional sea visto como ataque a la institucionalidad. Yo mismo soy un defensor de la autonomía de los órganos del Estado y he defendido en público, en más de una ocasión, a los “cuatro magistrados”. Pero a la vez soy muy crítico con algunas de sus sentencias, que considero que violentan las disposiciones constitucionales o invaden las atribuciones de otras instancias del Estado. El respeto a una institución no se prueba en el silencio sino en el acatamiento de sus resoluciones, y hasta ahora todas las sentencias de la Sala han sido acatadas pese al desacuerdo que pueda existir sobre su fundamentación.
En las elecciones de este domingo 4 de marzo se dice que está en juego la autonomía de la Sala, pues la Asamblea Legislativa que resulte debe elegir a cuatro de sus magistrados el próximo mes de junio. Las organizaciones de derecha que se atribuyen la representación de la sociedad civil han realizado una campaña en la que, por todos los medios, se descalifica a cualquier persona que tenga alguna relación con el FMLN o con el gobierno, y aun a quienes tienen una ideología progresista. Hay quien parece afirmar que solo los buenos abogados de derecha reúnen requisitos de independencia, y que por tanto elegir este domingo diputados de izquierda es ponerla en peligro.
Por el contrario, el FMLN —asumiendo que siga siendo la izquierda— no tiene ninguna posibilidad de alcanzar los dos tercios de la Asamblea que lepermitan elegir magistrados a su gusto e imponer una línea a sus sentencias. A lo más que puede aspirar en las elecciones del domingo es a obtener al menos 29 diputados —más de un tercio— y así impedir que la derecha pueda elegir a los nuevos magistrados sin pasar por una negociación. Es decir, lograr la misma situación en la que fue posible la Sala de lo Constitucional actual.
Esto es más importante todavía dada la posibilidad —aún no la probabilidad— de que la derecha tome en sus manos en 2019 el Órgano Ejecutivo, en cuyo caso se podría volver al control absoluto de los órganos del Estado por parte de las distintas expresiones de la derecha. No discuto que al FMLN pueda interesarle el control de la Sala, tener algo que sólo la derecha ha tenido; como tampoco puede ignorarse que las derechas buscan también tener el control férreo, al menos ideológico, de esa importantísima institución.
Y una nota más: se achaca a la Asamblea Legislativa la responsabilidad única de elegir buenos magistrados, y de ser la sola responsable de exigir el cumplimiento de los requisitos que estos deben cumplir. La verdad es que los diputados tienen sólo parte de la culpa de lo sucedido o lo que pueda suceder. El próximo día 10 de marzo los abogados elegirán quince candidatos, y otros tantos serán escogidos próximamente por el Consejo Nacional de la Judicatura, que hará llegar al Órgano Legislativo una nómina de 30 candidatos de acuerdo al procedimiento constitucional.
Es de esperar que las personas de la lista cumplan los requisitos de capacidad, honestidad e independencia, dados los filtros por lo que han pasado. Ojalá no sea ésta una afirmación que no corresponda a la realidad y se ponga a la Asamblea en la dificultad de elegir magistrados idóneos a partir de una lista en la que escaseen quienes cumplen tales requisitos.
