Una observación contra la sección de Probidad por un retraso injustificado en la presentación de informes finales de seis investigaciones por enriquecimiento ilícito contra funcionarios ligados -o que estuvieron ligados- al FMLN, Gana y Arena provocó que el jefe de la sección abandonara sus funciones a finales de febrero. El impase entre la sección y los magistrados llevó a la Corte plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a considerar la destitución de Carlos Pineda Melara, en un debate en el que aparecieron cuestionamientos a su desempeño y denuncias por un evidente conflicto de intereses.
La sección de Probidad ha tenido las manos cargadas desde septiembre de 2017, con un puñado de investigaciones casi concluidas por enriquecimiento ilícito en los patrimonios de Óscar Ortiz, vicepresidente de la República y aspirante a candidato presidencial por el FMLN; de Nayib Bukele, alcalde de San Salvador y aspirante presidencial por el movimiento Nuevas Ideas; de Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea y líder del partido Gana; y Ana Vilma de Escobar, la exvicepresidenta del gobierno de Antonio Saca. Los otros dos casos estancados apuntan contra el expresidente de la Asamblea por el FMLN y actual presidente del Organismo Promotor de Exportaciones (Proesa), Sigfrido Reyes; y contra el exsecretario jurídico de la Presidencia de Saca y ex precandidato presidencial del partido Arena, Luis Mario Rodríguez.
En un lapso de siete meses, la sección recopiló pruebas de descargo de los funcionarios investigados y, aunque ha estado lista para elaborar un informe final, a juicio de una comisión de la CSJ, ha retrasado la presentación de los informes finales a esa comisión supervisora integrada por cuatro magistrados, acto que constituye el penúltimo paso antes de que los expedientes lleguen a conocimiento de la Corte plena.
Las investigaciones cuestionan parte de los patrimonios de estos seis funcionarios y sólo necesitan, a juicio de varios magistrados consultados, ser elevados a la Corte plena para que esta determine si reúnen los méritos para pasar a un juicio civil por enriquecimiento ilícito. El problema, plantean, es que este proceso no se ha realizado, sin que haya una razón de peso que lo justifique.
El magistrado que señaló que Probidad estaba retrasando la finalización de los casos es Sidney Blanco, coordinador de la Sección de Ética y Probidad de la CSJ. Esta es una de las distintas comisiones en las que los 15 magistrados están repartidos para atender diferentes áreas de trabajo, y sobre la cual recae la supervisión de las labores de la sección de Probidad.
Blanco aseguró en memorandos internos que en los seis expedientes de los casos ya señalados se vencieron los plazos concedidos a los investigados para presentar pruebas de descargo. Eso quiere decir que los casos están en la etapa de elaboración de 'adenda', un documento en el que Probidad contrasta pruebas de descargo con las irregularidades detectadas. Blanco, a tenor de sus memorandos internos, no se explicaba por qué había atrasos en esta etapa. Y el jefe de Probidad, en respuesta al magistrado, presentó un recuadro en el que sólo confirmó el estancamiento: en su respuesta, Pineda Melara confirma que todos los casos ya recibieron respuesta de los investigados y que lo que falta es terminar de elaborar la adenda respectiva.
En algunos casos, Probidad ha detectado varios millones de dólares sin justificar. El diputado Gallegos, quien declaró un patrimonio de medio millón de dólares, pero a quien se le detectaron 3 millones de dólares injustificados, dijo a El Faro el martes 27 de febrero que había logrado desvanecer buena parte de los 131 señalamientos, aunque no indicó el monto de dinero final por el que estaba siendo cuestionado.
En el expediente del alcalde Bukele, según magistrados consultados por este periódico, se consignan reparos que suman 320 mil dólares por el no pago de impuestos mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad (2012-2015). El Faro buscó la reacción del alcalde a través de un número telefónico con el que había entablado comunicación meses atrás, y a través de una cuenta de correo personal, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En los restantes cuatro expedientes, los magistrados consultados se rehusaron a precisar los montos observados.
El cuestionamiento contra el trabajo del jefe de la sección de Probidad comenzó el 19 de febrero, dos semanas antes de las elecciones municipales y legislativas. Ese día, el magistrado Blanco cuestionó el retraso en el procesamiento de los seis informes mencionados y en la tardanza en su envío a la Corte plena. Blanco envió a la presidencia de la Corte un memorando para solicitar refuerzo de personal para acelerar las investigación en contra del alcalde capitalino, el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, la exvicepresidenta, el presidente de Proesa y el ex secretario jurídico de la Presidencia.
'Me permito hacer de su conocimiento que la Comisión de Ética y Probidad ha decidido que los casos que abajo se identifican, se analicen y presenten los informes correspondientes por los colaboradores Zenayda Alvarenga y Patricio Gómez', escribió. Y luego dijo que el retraso en el procesamiento de casos estaba injustificado. 'Lo anterior obedece a la necesidad de dar mayor celeridad a tales casos, puesto que ya vencieron los plazos concedidos a los investigados, y estos ya presentaron los argumentos en descargo', añadió. 'En vista de que en todos los casos mencionados se han vencido los plazos otorgados para la aportación de elementos en descargo, deberán ser presentados a la brevedad posible ante esta Comisión y luego ante el pleno de la CSJ', concluye el memorando.
Blanco también pidió al presidente de la Corte que instruyera al jefe de Probidad para que pusiera a disposición de los colaboradores 'toda la información relacionada a dichos casos: así mismo, que los otros colaboradores que se han involucrado en los mismos, deberán apoyar a los delegados'. La petición de la comisión dirigida por Blanco fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema, Óscar Armando Pineda.
Dos días después del reclamo, el 21 de febrero, el jefe de Probidad respondió y dijo, por escrito, que se apartaba de su rol de supervisor y máximo responsable de la investigación de los seis expedientes, lo que en la práctica significó dejar acéfala la sección y un abandono de sus funciones. 'Su servidor queda exento de toda responsabilidad del manejo, custodia, supervisión y suscripción de los expedientes, informes y adendas respectivas', dice el memorando que envió al presidente de la CSJ.
Pineda Melara no explicó las razones detrás de su renuncia a conocer los seis casos, cuando hacerlo violenta la Ley Orgánica Judicial en su artículo 114, que dice que es obligación del jefe de Probidad 'informar a la Corte Suprema de Justicia cuando del examen de las declaraciones aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario o empleado público'. Consultado por El Faro el viernes 16 de marzo, Pineda dijo: 'Probidad es un ente técnico operativo. Yo sólo obedezco a los lineamientos del pleno, yo me aparto si dicen que me aparte. Y por decisión de la Corte, así fue'.
A partir de su separación como jefe, los responsables de los seis expedientes en cuestión fueron los colaboradores de Probidad Zenayda Alvarenga y Patricio Gómez.
La acción de Pineda Melara fue discutida en la sesión de Corte plena del jueves 22 de febrero, cuando el punto fue incluido abruptamente en la agenda del día. Entre los magistrados hubo diferencias de criterio sobre lo que habría significado que los expedientes de Probidad pasaran a ser custodiados y administrados por colaboradores de la sección en lugar del jefe de la misma. Algunos eran de la opinión de que el jefe es una figura prescindible porque los magistrados podían entenderse directamente con los colaboradores. Otros, en cambio, razonaban que la custodia y la tramitología de esos documentos dependen exclusivamente del jefe de la sección de Probidad.
Hubo magistrados que también observaron un conflicto de intereses para Pineda Melara, ya que mientras busca alcanzar una magistratura en la CSJ, es al mismo tiempo el responsable de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra diputados que elegirán a los magistrados para el período 2018-2021. Pineda es uno de los abogados preseleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, entidad que propone una lista de 30 aspirantes a magistrados a la Asamblea (15 electos por los abogados de la República y 15 escogidos por el CNJ).
De los 53 diputados reelectos para la nueva legislatura, 37 están en la mira de Probidad. De los 37, hay cuatro en proceso de investigación, y entre ellos está uno de los casos estancados: el de Guillermo Gallegos, el actual presidente de la Asamblea. Están, además, los diputados Silvia Ostorga y Carlos Reyes, ambos de Arena, y José Francisco Merino, del PCN. Otros 33 diputados reelectos están en lista de espera para iniciar el proceso de investigación por enriquecimiento ilícito.
Por este conflicto de intereses, algunos magistrados en la Corte dijeron en las discusiones de Corte plena que Probidad debía pasar a ser dirigida por el subjefe de la sección, Carlos Guillermo Quiteño, para que esta no quedara acéfala.
El Faro conversó con cuatro magistrados y todos confirmaron que, aunque Pineda Melara se había separado en una acción unilateral de su cargo, la Corte plena decidió mantenerlo en el puesto. También definieron que sea él quien tenga el control de los expedientes en investigación. Los magistrados discutieron sobre la posible remoción de Pineda Melara el 22 de febrero pero no llegaron a nigún acuerdo. El martes 27 de febrero no tocaron el punto, y el 1 de marzo finalmente decidieron que se quedaría al frente de la sección y sería el responsable de todos los expedientes, incluyendo los seis casos en mención. Pineda Melara se abstuvo de conocer esos procesos desde el 21 de febrero hasta el 1 de marzo: ocho días.
Parte de las razones por las cuales se le devolvió la jefatura, explicaron los magistrados a este periódico, fue porque el trabajo es de carácter técnico. 'La decisión final y la responsabilidad de la resolución es de Corte plena, no de los colaboradores', dijo uno de los magistrados que participó en las discusiones de la Corte plena. Otro secundó: 'Su trabajo es fiscalizado permanentemete por los miembros de la Comisión de Ética y Probidad y eso, por ejemplo, la razón por la cual el magistrado (Blanco) solicitó refuerzo'. Los cuatro magistrados que conforman la Comisión de Ética y Probidad son Sidney Blanco, Leonardo Rivera Murcia, Belarmino Jaime y Sergio Luis Rivera. Es esta Comisión la que da la última revisión a los expedientes antes de que sean conocidos por Corte plena.
Entre los magistrados no hubo unanimidad sobre el conflicto de intereses del jefe de Probidad. De hecho, al menos un magistrado expresó en la sesión del jueves 1 de marzo que lo ideal sería que asumiera el subjefe de la sección. Sin embargo, su postura no tuvo eco entre los demás jueces, y Pineda se mantuvo en el cargo.
Casi un mes después de que el magistrado Sidney Blanco pidiera que se reforzara el trabajo de Probidad, hay dos magistrados optimistas que aseguran que la presión rindió frutos. Ellos esperan que en la sesión de Corte plena de este martes 20 de marzo se comience a estudiar dos de los seis expedientes: los del alcalde Bukele y el exsecretario jurídico Luis Mario Rodríguez.
La defensa del jefe de Probidad
A la exhortación del magistrado Sidney Blanco para reforzar el trabajo de Probidad, Pineda Melara también respondió con un cuadro en el que indicaba el estado de cada una de las seis investigaciones cuestionadas por tener un retraso injustificado. El llamado de Blanco iba en el sentido de que una vez los funcionarios entregaban sus pruebas de descargo -los documentos denominados 'adendas' y elaborados por Probidad-, estos no debían demorarse mucho tiempo para pasar al conocimiento de Corte plena.
Según el cuadro presentado por Pineda Melara, los seis expedientes tienen entre dos y siete meses de estar en la última etapa de la investigación. La última etapa corresponde a la elaboración, por parte de Probidad, del documento conocido como 'adenda'. En ella, la Sección enlista las irregularidades que se mantienen firmes una vez contrastadas con las pruebas de descargo presentadas por los funcionarios. Luego este informe es enviado a la Comisión de Ética y Probidad por el jefe de la sección, y luego es elevado a la Corte plena.
El caso más atrasado es el del exsecretario jurídico Luis Mario Rodríguez, funcionario de la administración de Elías Antonio Saca González (2004-2009). El cuadro detalla que la adenda en el expediente de Rodríguez fue entregada a la Comisión de Ética y Probidad el 6 de julio de 2017 y que, tres meses después, el 7 de agosto de 2017, la adenda se actualizó. Desde entonces, el caso está en la sección de Probidad y, según el memorando del magistrado Blanco, es uno de los casos que no tiene justificación para su retraso.
La adenda para el caso del diputado Guillermo Gallegos, a quien Probidad le detectó en sus cuentas 3 millones de dólares injustificados, está en un 70 % de avance, según Pineda Melara. La Sección sigue trabajando con las pruebas de descargo presentadas por Gallegos y está preparando la adenda que será enviada para revisión por parte de la Comisión. El primer informe sobre el presidente de la Asamblea estuvo listo el 16 de junio de 2017, luego Gallegos pidió tres meses de gracia para entregar sus pruebas de descargo, aunque terminó entregándolas el 29 de noviembre de 2017. Según Probidad, Gallegos entregó un documento de 1 mil 998 páginas con las cuales ha intentado desvanecer 103 observaciones.
Otro expediente que está al 70 %, según el jefe de la sección, es el del exdiputado del FMLN y ahora director del Organismo promotor de exportaciones e inversiones (Proesa), Sigfrido Reyes. El funcionario también pidió tiempo de gracia para presentar pruebas de descargo, el cual se le venció el 7 de febrero de 2018. Reyes presentó sus pruebas cinco días antes, el 2 de febrero.
Otro de los casos con mayor retraso es el del alcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele, cuya adenda fue presentada a la Comisión el 6 de julio de 2017, con una actualización el 26 de octubre de 2017, según el jefe de Probidad. Magistrados consultados indicaron que a Bukele se le han señalado 320 mil dólares que no pagó en impuestos cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Bukele está buscando la presidencia de la República para 2019 con el movimiento político denominado Nuevas Ideas.
Según el magistrado Sidney Blanco, la investigación en contra de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma Albanés de Escobar (2004-2009) también está lista para la 'adenda'. Sin embargo, a juicio de Pineda Melara, De Escobar todavía debe entregar información adicional a su expediente en investigación. Pineda Melara asegura que esto obedece a que una primera adenda fue enviada a la Comisión el 24 de enero de 2018, pero fue la misma comisión la que solicitó información adicional que todavía no ha sido presentada por la funcionaria.
En cuanto al vicepresidente de la República Óscar Ortiz, según Pineda Melara, la adenda se envió a la comisión el 24 de noviembre de 2017 y la sección de Probidad hizo presentaciones a la Comisión de Ética y Probidad al respecto los días 14 y 18 de diciembre de 2017. En el reclamo de la comisión que coordina el magistado Blanco esa 'adenda' todavía no ha llegado.
* Con reportes de Arysbell Arismendi
