En 2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 6 de la Ley del presupuesto que hasta ese momento le había permitido a la Presidencia disponer de cantidades millonarias para trasladarlas a la partida de gastos imprevistos.
Conocida como 'partida secreta', la Sala dijo en su sentencia que 'las denominadas ‘partidas secretas’, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional”. La Sala manifestó, además, que “la transparencia y la rendición de cuentas presupuestarias son necesarias para prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino de todos los fondos públicos, y son imprescindibles para fortalecer el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.
Aunque esta declaratoria de inconstitucionalidad surgió casi un año después de finalizado el periodo presidencial de Antonio Saca, dejó al descubierto el atino jurídico de la Sala, por fin convertida en un contrapeso del abuso y uso discrecional de los fondos públicos desde la Presidencia a lo largo de varios años, destacando entre esos gastos el tema de los sobresueldos.
Con las publicaciones de El Faro y Revista Factum, en las que se narran las declaraciones emitidas por exfuncionarios de la administración Saca sobre el 'complemento salarial' que recibieron desde casa presidencial, queda reconfirmado que el pago de sobresueldos fue real. Estas revelaciones, sumadas a las confesiones que en los últimos años han brindado algunos funcionarios y exfuncionarios, retratan una costumbre que no ha sido exclusiva del período del expresidente Saca. El uso discrecional y tan indignante de fondos públicos se heredó de otros periodos presidenciales, y continuó durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, tal y como lo confirmó la doctora María Isabel Rodríguez, exministra de Salud de ese gobierno en el programa de radio Pencho y Aída.
Los sobresueldos son una práctica que por miedo, cobardía o “astucia” no lo aceptan públicamente algunos funcionarios o exfuncionarios, porque saben que han cometido no solo graves faltas éticas, sino también han defraudado al Estado evadiendo impuestos; a la ciudadanía e incluso a sí mismos y sus familias, por no anteponer sus principios y profesionalismo sobre los intereses políticos y partidarios.
El Salvador sigue siendo un país al que los discursos inspiradores de lucha contra la corrupción y de transparencia le llueven a montones, pero que en la realidad las instituciones contraloras (Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, Sección de Probidad, entre otras) continúan manteniendo una deuda en el cumplimiento efectivo de sus funciones. Por el mal uso de fondos públicos, la ciudadanía salvadoreña pierde oportunidades de desarrollo. Basta escuchar el cálculo que hace Mario Machado, abogado defensor de Antonio Saca y Élmer Charlaix, que suma alrededor de 50 millones de dólares en pagos de sobresueldos con fondos de la partida secreta para cerca de 280 funcionarios y servidores públicos entre 2004 y 2009. De ser cierta esta versión, con la que la defensa quiere justificar el uso indebido de fondos públicos, invariablemente mantendríamos esta conclusión: con ese dinero y en ese período pudieron haberse levantado viviendas dignas no solo para las familias de la comunidad El Espino, que actualmente están siendo desalojadas, sino también haberse realizado mejoras de escuelas para la niñez salvadoreña, equipamiento y medicamentos en hospitales para un servicio de salud justo para la población.
Indignante todo lo que nos roba la corrupción, pero igual de indignante es que el uso discrecional de los fondos millonarios era de conocimiento entre los mismos funcionarios, pero ninguno se atrevió a denunciar esas conductas y prácticas antiéticas e ilegales. Los ciudadanos también merecemos un llamado de atención: debemos exigir funcionarias y funcionarios idóneos en lo académico, pero también que posean integridad, honradez, una verdadera vocación de servicio; y que sean responsables en la mayordomía que se les encomienda, porque el erario público pertenece a la ciudadanía y no es -ni debe ser- la caja chica de ningún servidor público.
Con estas declaraciones que hoy son de notoriedad pública, buena tarea tiene por delante la Sección de probidad y la Corte plena de la Corte Suprema de Justicia. Deben aplicar su mandato constitucional de seguir administrando la justicia de manera objetiva y a través de la Ley de enriquecimiento ilícito, que se aplicó efectivamente a partir del año 2015. Los exfuncionarios de la administración Saca han admitido haber recibido dinero del presupuesto de la nación de manera irregular y eso los obliga, a todas luces, investigar un posible enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 7 de la referida ley, a través de las respectivas investigaciones y auditorías a sus declaraciones patrimoniales.
La Corte plena y Probidad deben de tomar acciones inmediatas y urgentes para impedir más impunidad en la lucha contra la corrupción. El tiempo apremia para evitar la prescripción de la cual habla el artículo 8 de la misma ley: 'Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado público haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento'.
