Es sumamente importante desmontar las falacias, las medias verdades, los recursos y las estrategias que están utilizando quienes defienden nuevas formas de privatizar los bienes públicos. Sí, digámoslo con todas sus letras: es una privatización del agua lo que se pretende. Intentar justificar que no lo es, porque en ninguna parte de los varios y nunca socializados anteproyectos de ley aparece la palabra privatizar, es precisamente el primer gran recurso falaz que están utilizando para deslegitimar la lucha contra la privatización del agua.
Hay falacias en el plano jurídico que se pueden detallar. Número uno: nos dicen que no se puede privatizar el agua porque es un derecho humano reconocido por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Además, porque en el proyecto de ley que discuten se establece que es un derecho humano y también que es un bien público. Y sí, también porque en dichos anteproyectos no se menciona en ninguna parte la palabra privatizar.
Veamos esto. ARENA nunca dio los votos para que nuestra Constitución estableciera expresamente el derecho humano al agua. Sí, sus señorías, allí está la primera falacia: el criterio de que el derecho al agua es un derecho de rango constitucional, y que por lo tanto no se puede privatizar, está expresado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, puede perfectamente variarse, matizarse o hasta revertirse con el criterio de una próxima Sala. Y será precisamente este año que se elegirán nuevos miembros de dicha Sala.
Segunda falacia. Nos dicen que reconocen que el agua es un bien público y que nadie la quiere privatizar (¡Somos unos paranoicos los que decimos eso!). Según ellos, sólo tratan de hacer más eficiente el servicio. Aquí hay dos mentirillas implícitas. La primera es aparejar la eficiencia y la transparencia como sinónimos de administración privada, a contrario sensu, que la administración pública es corrupta e ineficiente per se. A quienes nos quieren hacer creer eso habría que recordarles que la última gran crisis del capitalismo mundial se desató como consecuencia de la trama de corrupción en Lehman Brothers.
La otra mentirilla es que juren sobre la esencia pública de algo pero que no vean ninguna contradicción en que entes privados lo comercialicen y administren. Un ejemplo paradigmático es el espacio radioeléctrico, pues si bien se reconoce como público, la ley que lo regula establece la subasta como única forma de acceder al espacio radioeléctrico. Donde, en resumen, sólo puede acceder quien tiene la plata para ganar la subasta.
Valga decir que la subasta pública como único mecanismo de acceso fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en el año 2014, ordenando a la Asamblea establecer otros mecanismos para acceder al espacio radioeléctrico. Algo que hasta ahora siguen sin desarrollar los legisladores, quizá a la espera de que salga la actual Sala. Mientras tanto, en el papel, el espacio radioeléctrico continúa siendo un bien público al que en realidad sólo unos pocos -con grandes sumas de dinero- pueden acceder ¡Esa es una lógica y una ruta que pueden seguir con el agua!
Tercera falacia. Nos dicen que en los benditos cinco artículos discutidos y acordados hasta ahora en la Comisión Legislativa adscriben a la Autoridad Nacional de Agua (ANA) al Ministerio de Medio Ambiente (MARN) y que en ninguna parte se menciona a la ANEP. Aquí hay varias mentirillas también. La primera es que en esos dichosos cinco artículos aún no se define por quiénes estará conformada la junta directiva de la ANA. Dos, nos dicen que hay cuatro proyectos de ley en discusión, pero no publican ninguno de ellos para que los conozcamos. Además, en realidad han adoptado un proyecto en específico para llevar la discusión en la Comisión y ese proyecto es el que precisamente establece que la Junta Directiva de la ANA, máximo ente que tomará decisiones en esta autoridad, tendrá a dos representantes de la ANEP.
La página web oficial de la Asamblea reconoce que la discusión en la Comisión tiene como base la 'Ley Integral de Aguas', proyecto que incluye el artículo donde se asigna a ANEP dos representantes de cinco en la junta directiva de la ANA. En tal sentido, importa un sorbete que la ANA esté adscrita al MARN, porque eso no implicaría nada en términos de autoridad. Será precisamente esa Junta Directiva, con un 40 % de miembros de la ANEP, quien tomará decisiones estratégicas, según el proyecto de ley que están discutiendo actualmente.
Falacias de tipo comunicacional. Primera media verdad: nos insisten en la desastrosa administración de ANDA. Y ciertamente lo es, nadie está defendiendo ni pretendiendo perpetuar ese mal servicio. Ahora bien, eso no implica que automáticamente le entreguemos la administración del vital líquido a una gremial empresarial. Podemos cambiar las injusticias y la deficiencia sin necesidad de privatizar.
Como recurso para apoyar esta media verdad nos muestran un recibo de agua de Mecafé, empresario ligado a la presidencia de Funes, donde puede verse que pagaba menos de 3 dólares en un mes por el agua para su residencia en una zona exclusiva del país. Nuevamente, concordamos en que eso es injusto respecto a tanta gente pobre que paga más y casi ni recibe agua en su casa. Pero nuevamente, esa injusticia no justifica ni fundamenta que sea racional asignarle por ley a ANEP el 40 % del ente que administrará el agua.
Otra falacia. Nos preguntan cuál es el problema con darle dos representantes a la ANEP en la Junta Directiva de la ANA, si es la supuestamente única gremial empresarial bien estructurada del país. Primera falacia: el sector privado y empresarial es mucho más amplio que sólo la ANEP. Segundo, si lo que queremos es una entidad con representación de la sociedad, la empresa privada es sólo una de entre muchas otras fuerzas vivas que componen la pluralidad de la sociedad salvadoreña.
Si lo que queremos es representatividad de la sociedad, podríamos perfectamente seguir el modelo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero no asumir que ANEP representa a todo el espectro privado y empresarial del país, y que mucho menos es representativo de la diversidad de la sociedad salvadoreña. En este punto es importante traer a colación la reflexión que hacía el ambientalista Rodrigo Samayoa Valiente en su cuenta personal de Twitter:
“Piensen un poco si quieren en la junta directiva a dos representantes de ANEP ¿Qué tal si los representantes son textileros? ¿Velarán por los intereses de los cañeros? ¿O los intereses de los productores de alimentos y bebidas? NO LES CONVIENE. PIÉNSENLO”.
Otra media verdad. Dicen que queremos desinformar porque la discusión en la comisión legislativa aún no ha llegado a esa parte del articulado donde se asigna la junta directiva, pero son incapaces de reconocer que el anteproyecto que han tomado como base eventualmente llegará a la Junta Directiva en la que se asigna el 40 % a la ANEP, en el artículo 16.
Por otra parte, nos dicen que hacemos fake news al llamar privatización a su intentona. Quieren que no usemos la palabra privatizar porque ellos –muy astuta y perversamente- no la incluyen en su discurso ni en el proyecto de ley. Pero claro que no quieren que lo usemos. El término privatizar implica una historia bien conocida para los salvadoreños, en donde las mayorías se han sentido víctimas y perdedoras. Privatización es un término que implica unas políticas y una forma de hacer política que ya fueron derrotadas electoralmente y a la que buena parte de la población -aunque también esté cansada del estilo y las políticas del FMLN- no quiere volver.
No quieren que le llamemos privatización a esta nueva forma que tienen de hacer lo que ya hacían antes: patrimonializar el Estado a favor de unos reducidos grupos de poder; cooptarlo para los intereses corporativos de unos minúsculos grupos económicos. Además, no quieren que usemos dicho término porque esa es esencialmente su misma propuesta y receta económica si vuelven al Ejecutivo en 2019. Miren que apenas tienen un mes y medio de haber recuperado el control de la Asamblea Legislativa y ya van sobre el agua. Qué no harían si también ganan la presidencia de nuevo.
La última gran falacia: repiten que esta es una discusión técnica. Sin duda que hay un amplio margen para la discusión técnica en este tema. Pero primero y antes que nada es una decisión sobre quién y bajo qué lógica se manejará este recurso, por lo que las grandes líneas de esta discusión son esencialmente políticas. Darle o no dos miembros a ANEP en la Junta Directiva de ANA no es una discusión técnica, sino esencialmente política. Se trata de quiénes tendrán el poder para decidir, de las lógicas con las que se administrará el recurso y de los intereses que serán representados en dichas decisiones.
Finalmente, todos debemos involucrarnos en este tema y no permitir que siga el despilfarro ni la histórica mala gestión de ANDA, así como exigir la más amplia publicidad y transparencia en la discusión de esta nueva ley. Sin duda alguna necesitamos una ley de agua que supere los actuales vacíos y taras en su administración y servicio, pero una que no deje resquicio alguno para la mercantilización de este recurso. Sin duda, más personas y organizaciones debemos involucrarnos y movilizarnos en este tema, porque esencialmente se trata de un tema de viabilidad o inviabilidad de la vida humana. Lo importante es que dicha discusión y la movilización sean pacíficas y creativas.
