En la comisión especial que busca dirimir la verdad y qué decisiones tomar en el caso Tacuscalco, han desfilado empresarios, abogados, arquéologos y especialistas en medioambiente. Este lunes 9 de julio, la última sesión para recibir invitados, tuvieron derecho a expresarse los vecinos del proyecto Las Victorias Acrópoli Sonsonate, que desde el pasado 16 de abril está suspendido por orden de un juzgado medioambiental. Los residentes de la comunidades aledañas citaron irregularidades en el proceso y las afectaciones directas que se ocasionarían al reanudar el proyecto .
Arely Recinos, también habitante de la zona y concejal por el FMLN en el período 2015-2018, explicó que las irregularidades en el permiso otorgado por la alcaldía de Nahulingo para la construcción han trascendido hasta la Corte de Cuentas, institución que hizo un reparo a la alcaldía por no haber “desarrollado ninguna acción para proteger el patrimonio” en la zona del sitio arqueológico Tacuscalco, conocido como Los Cerritos.
Los vecinos del sitio arqueológico hablan de una posible contaminación del río Ceniza por la descarga que llegaría con las viviendas de Acrópoli Sonsonate. Cartagena Cuéllar, durante uno de los intercambios en la comisión, dijo que aunque él no es experto en medioambiente, sí podía hablar con certeza de que las casas construidas por Fénix traerán mucha contaminación al río Ceniza: “Yo no sé nada de medioambiente, pero es a mí y a mi familia a quienes afectará directamente la contaminación del río que ocupamos para lavar ropa, trastes y donde nuestros hijos se bañan”.
En cambio, miembros del sindicato que representa a los trabajadores del proyecto habitacional contraargumentan que el agua está contaminada desde antes. “Dicen que se va a contaminar el río, pero ese está contaminado desde hace años', resumió Miguel Ángel Ramírez, secretario general del Sindicato Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción.
El paro de obras en Tacuscalco es de carácter indefinido. La jueza del juzgado ambiental de Santa Ana, Norma Elizabeth Lemus, justificó su decisión en abril por la falta de un permiso ambiental renovado para la construcción, que está a cargo de la empresa Inversiones Fénix, del grupo empresarial Salazar Romero.
En sesiones anteriores, la constructora, los alcaldes de Sonsonate y Nahulingo y la Oficina de Desarrollo territorial de Sonsonate (Oduamso) dijeron ante la comisión legislativa que el permiso de Medio Ambiente obtenido por Fénix estaba vigente. Luego, dijeron que por ese motivo habían autorizado desde cada una de sus oficinas el inicio de las obras de terracería. Celina de Monterrosa, directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN explicó, el pasado 4 de julio, que no se trata solo de un permiso de construcción, sino que “no hay fianza (de cumplimiento ambiental) vigente según exige la ley, no se tiene un programa de manejo ambiental aprobado, no hay un diseño interno del proyecto y se cambió el número de lotes de 400 a 643”. Con una urbanización, agregó, la densidad poblacional cambia y, por tanto, varía el impacto medioambiental.
La directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, De Monterrosa, no debe confundirse con la representante legal del proyecto 'Las Victorias', Celina Monterrosa, aunque los nombres por los que son conocidas son muy parecidos.
A la comisión también se hizo presente esta semana Nicolás Sánchez, representante del Movimiento de Reunificación Indígena de Nahuizalco. “Esto es una violación a nuestros derechos, y pedimos, a través de ustedes, se cumpla la Ley', indicó. Sánchez pareció empatizar con el coronel Almendáriz, quien lo saludó con una expresión en náhuat. La pertinencia de que él llegara a declarar en el caso de un bien cultural no fue tan obvia para el diputado de Arena Emilio Coreas, quien llegado el tiempo de las preguntas le cuestionó en qué le afectaba a él este problema entre Nahulingo y Sonsonate, si él no vivía en ninguno de los dos municipios. Sin espacios para rodeos, Sánchez respondió que se sentía ofendido por la destrucción del patrimonio de sus antepasados.
Los vecinos y afectados principales por la construcción de la residencial estuvieron acompañados también por el arqueólogo Federico Paredes, la académica e investigadora Breni Cuenca y la actriz y maestra de teatro Ana Ruth Aragón. Paredes les presentó la tradición escultórica Cabezas de Jaguar, que documenta el hallazgo de los monumentos 16, 50 y 51 en el centro ceremonial de Tacuscalco. “¿Por qué pensar que el desarrollo está solamente atado a la industria de la construcción? La cultura tiene que ser considerada a la hora de definir los usos del suelo y el desarrollo territorial”, insistió.
Cuenca hizo un resumen de los artículos y considerandos de la Ley Especial de Protección al Patrimonio (LEPPCES) y de la Ley de Cultura que se han violentado con la construcción de Fénix y recordó a los diputados que ellos no pueden representar los intereses de ningún particular, más que los del pueblo que los ha escogido. En este sentido, Tacuscalco es un bien cultural, protegido por el Estado.
Por su parte, Aragón leyó un comunicado a nombre de los artistas independientes de El Salvador, en el que también se hace un llamado a los legisladores a priorizar el cumplimiento de la LEPPCES y su reglamento por sobre los intereses de la empresa: “En lugar de centrar el debate en la seguridad jurídica, puede sentarse un precedente que devuelva la confianza en los diputados”.
Los legisladores intentaron aplacar la desconfianza manifiesta de los expositores asegurándoles que la comisión se había creado precisamente para dirimir quién tenía la verdad en este caso y que posterior a su disertación, después de escuchar a todos los involucrados, emitirían un informe que, en todo caso, no es vinculante con el trabajo de la Fiscalía General de la República.
El tono retador del comunicado que leyó Aragón, sin embargo, no agradó a todos los funcionarios. Llegada la hora de preguntas, Jorge Mazariego, del PDC, resumió su malestar: “Yo creí que ustedes iban a aportar contenido nuevo, pero aquí se ha hablado de recuperar la confianza en los diputados y lo que han presentado es información de la que ya nos estamos nutriendo con los expertos”.
Javier Valdez, del FMLN, se disculpó por la actitud de sus compañeros ante los invitados e insistió en lo que ya ha dicho en dos de las sesiones anteriores: “yo creo que el panorama está cada vez más claro”. Valdez también les pidió que confiaran en que la resolución que tomarían estaría orientada a los intereses de los habitantes de la zona y la protección del patrimonio.
Las intervenciones de Juan José Martel, de Cambio Democrático, y Antonio Almendáriz, del PCN, siguieron ese tono. Martel destacó lo revelador que había sido para él el trabajo que realizan arqueólogos e historiadores, mientras que Almendáriz lo resumió en una nueva lección: “nosotros hacemos la leyes. Nosotros tenemos que hacer que se cumplan”.
Sindicato alega que hay amenazas
Para concluir con las audiencias de los invitados, los diputados recibieron al Sindicato Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción, a quienes los diputados han intentado defender en las sesiones anteriores al preguntar a los invitados, técnicos sobre todo, sobre la pérdida de empleo que el paro de la obra significaba.
El argumento de los trabajadores es una réplica del que maneja la empresa, que Las Victorias no es Tacuscalco y que, por tanto, no es cierto que ahí se hayan encontrado restos arqueológicos. “Nosotros estuvimos pendientes, pozo por pozo, de que ahí no había nada”, explicó Miguel Ángel Ramírez, secretario general del sindicato. La proclama es la misma que hace un poco más de un mes, el 4 de junio, estuvieron vociferando fuera de la cámara de lo contencioso administrativo, en donde el Ministerio de Cultura enfrenta un proceso por “actos arbitrarios”.
Celina Monterrosa, apoderada legal del sindicato, explicó que desconocen los argumentos utilizados por el ministerio para paralizar el proyecto y que no es cierto que ahí, donde ellos construyeron, exista un sitio arqueológico. Lo que sí ha habido, dijo, han sido amenazas a trabajadores que ella representa y que ya han interpuesto las demandas correspondientes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los representantes pidieron a los diputados que se levantara el paro porque ha generado pérdida de ingresos a quienes estaban trabajando en la construcción de las viviendas. Aceptaron, sin embargo, que no se les adeuda nada, porque la modalidad de pago ha sido siempre sobre día trabajado.
Una vez que se retiraron los invitados, los legisladores concluyeron en que ya habían escuchado todos los argumentos necesarios y que el último paso antes de emitir su informe sería visitar el sitio arqueológico acompañados de todos los que han declarado en la comisión. La visita quedó programada para el viernes 20 de julio en la mañana y pretenden que sea la última apuntillada para determinar la verdad en este caso y decidir cómo resolverlo.
Para el final de esta sesión, las conclusiones de algunos diputados habían empezado a cambiar. A Almendáriz, por ejemplo, si bien le parece lamentable la pérdida de empleo para los constructores, también cree que lo más importante es que se cumpla la ley.
-¿Cómo se va a conciliar la violación a los derechos que los trabajadores expusieron hoy con las violaciones a la Ley de Cultura y la Ley de Patrimonio?, preguntó El Faro.
-Esa es la visión de esta comisión. Usted ha escuchado la versión de cada una de las personas de acuerdo a sus intereses. Nosotros solo recibimos eso. ¿Qué vamos a hacer? Cuando vayamos al lugar con toda la documentación que hemos pedido, entonces vamos a dirimir la veracidad de los documentos como versiones.
-Si se descubre con la visita al sitio que sí hubo destrucción y que hay restos arqueológicos ahí, ¿qué es lo que pesa al fin y al cabo?
-Nosotros tenemos que ver la legalidad. No tenemos que inclinarnos ni a que la empresa está perdiendo, ni a que los trabajadores no están trabajando, ni que hay que proteger el patrimonio cultural... Todo eso lo que hay que sacar es que se esté cumpliendo la legalidad del caso.
-¿En este caso el cumplimiento de la Ley de Protección al Patrimonio?
-Por supuesto, cuando digo legalidad, es ley.
