Faltaban pocos minutos para las 5 de la tarde. La comisión de Medio Ambiente, igual que en la sesión anterior, avanzaba este martes pasado en medio de reclamos, frases airadas y 'dime, que te diré' entre diputados e invitados. La intención original era avanzar en una ley sobre el agua.
—Yo le he pedido la palabra —dijo Margarita Posada, de la Alianza contra la Privatización del Agua.
—Pero no había una pregunta específica —replicó Martha Batres, diputada por Arena y presidenta de la referida comisión de Medio Ambiente.
—Es que no voy a hacer una pregunta. Voy a hacer un comentario
—¿Va a hacer una propuesta? Tiene la palabra —concedió la diputada.
Cuatro mujeres, entre ellas Posada, llegaron en representación de la Alianza Contra la Privatización del Agua. En la misma línea que otras organizaciones que acudieron a la comisión, la Alianza solicita retomar la discusión con la ley general de aguas como base, en lugar de la ley integral de aguas, propuesta por el exdiputado de Arena, Johnny Wright. Al final, los miembros de la comisión han decidido tener cuatro propuestas de ley como base, en lugar de una sola.
Desde un inicio, el encuentro fue tenso. “Venimos este día, no para agradecerles que nos hayan invitado... Porque si ustedes han cedido en recibirnos en este día ha sido por la presión social”, sentenció Carolina Amaya, de la Alianza. Cerca de ella, el diputado de Arena, Gustavo Escalante, la miraba sorprendido mientras hacía una negativa con la cabeza. Escalante y Ricardo Godoy Peñate, también de Arena, han sido los únicos dos diputados que no han dicho ni una palabra desde que se instaló la comisión. Si se ausentaran, nadie se daría cuenta.
“Ya basta de seguirle dando largas, de seguir con discursos que lo que disfrazan es el interés de los que financian sus partidos políticos, como ‘lo es’ (sic) la industria cañera”, exclamó Posada. Esta frase pareció molestar especialmente de la diputada Batres, quien calificó esa aseveración como “acusaciones infundadas que atentan contra la independencia de los partidos políticos”. Desde la cabecera de la mesa, Batres pidió “educación” a las invitadas, que se atrevían a seguir hablando sin su autorización. A partir de ese momento, el espacio de diálogo se convirtió en una franca pelea de diputados versus invitados. Los funcionarios exigían desmontar el espectáculo y que, además, los respetaran.
—No ha habido preguntas, sino intervenciones. El tiempo se nos ha agotado, porque hemos intentado ser lo más correctos con el tiempo, así que perdone —respondió la presidenta de la comisión a una de las representantes que pedía nuevamente la palabra.
Pero la interlocutora tomó el micrófono y siguió: “somos las comunidades, la gente, los que nos vamos a quedar sin agua. La diferencia es que ustedes tienen pisto para poder resolver el problema y la gente (de las comunidades), no”.
Estas últimas palabras detonaron una reacción en la diputada Batres, quien se levantó para intentar despachar a los invitados. Otros miembros de la comisión siguieron su ejemplo. Al ver que las invitadas no se iban, y que más bien seguían hablando, la presidenta giró su cabeza hacia dos hombres que estaban cerca de ella. En ese instante, uno de ellos, vestido con saco, —El Faro confirmó que es su jefe de prensa— apagó la electricidad, y el otro, con camisa rosada, le apagó el micrófono a la invitada que seguía hablando. Segundos después, la señal también se dejó de transmitir en el canal legislativo de televisión. El Faro buscó a la diputada Batres para preguntarle por el suceso, pero hasta el momento no ha respondido a la petición.
Ante los planteamientos de las mujeres representantes de la Alianza contra la Privatización del Agua, #CMedioAmbiente apaga micrófonos y luces.
— arpassv (@arpassv) 17 de julio de 2018
'Más falta de respeto es entregar el agua a la empresa privada', afirmaron las orgs.
Informa: @Krissgirlpower #ArpasPrensa pic.twitter.com/sUR72702Ya
Después de la protesta en contra de la privatización que protagonizó Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador (UES), frente a la entrada de la Asamblea Legislativa, los diputados se han prestado al juego de quién jala la pita más fuerte. Por ejemplo, el diputado de Arena, Emilio Corea, que ni siquiera es miembro de la comisión, reclamó al rector de la UES por haberlo llamado “hijo espurio” de la institución.
Ocho instituciones han pasado en la comisión desde que sus miembros aceptaron dar entrada a todos aquellos que quieren contribuir con la preparación de la ley de aguas. Los primeros en ser invitados fueron La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el Arzobispado de San Salvador, el Foro del Agua, la Mesa Contra la Minería Metálica y la UES, el martes 10 de julio. En una jornada que duró ocho horas, a las 8 de la noche algunos de los diputados más veteranos se quedaban dormidos de pie, otros simplemente se marcharon.
Durante su intervención, el especialista de agua de la UCA, Andrés Mckinley dijo que como expertos reconocen “el papel de la mediana, pequeña y gran empresa, pero su principal trabajo no es defender los derechos de la ciudadanía: ese es trabajo del Estado”.
En esa sesión, el diputado Francis Zablah de Gana ocupó su espacio para reclamarle a Mckinley porque según él, lo tildó de “ridículo” en un programa de El Faro Radio. Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN, les reclamó por la publicación de su editoriales y cuestionó un posible interés de ellos detrás del tema. A esto último, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, respondió: “El pueblo no va a esperar que le digan. Aquí el temor del pueblo es que, sin decir nada, se dé la privatización.”
La comisión se planteó tener aprobada la ley en septiembre de este año, a más tardar, para evitar que coincida con las campañas de la elección presidencial de 2019. Pero los avances parecen comenzar a diluirse. Tanto Beltrán Bonilla como Zablah han puesto en duda la posibilidad de que se apruebe una ley en esta legislatura, o al menos, en los plazos que se han fijado. Si las propuestas regresan otra vez al mismo punto muerto, entonces serán 16 años de discusiones vacías sobre un marco legal nuevo para el agua.
