Con 35 días de retraso, todos los partidos políticos mantienen en secreto las evaluaciones y los criterios con los que están negociando la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En las reuniones recientes, la piedra de tropiezo ha sido el nombre de Sonia Cortez de Madriz, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien la bancada de Gana promovió con insistencia para instalarla en la Sala de lo Constitucional. También apoyan su nombramiento Arena, PCN y PDC, pero para magistrada de la Sala de lo Civil.
El proceso de elección ha sido público solo en su primera parte. Los diputados hicieron la convocatoria y crearon una subcomisión que se encargó de las entrevistas, las cuales iniciaron el 12 de junio (hace mes y medio). Luego que agotaron esta etapa y entraron a la selección de los candidatos más fuertes, cada bancada legislativa se limitó a presentar sus nombres favoritos sin justificar los criterios que explican cada uno de los nombres.
Numan Salgado, diputado de Gana que participa en las negociaciones, acepta que las negociaciones están basadas en el reparto de cuotas partidarias dentro de la Corte Suprema. Es más, incluso manifestó que la insistencia en elegir como magistrada a la procuradora Cortez de Madriz es una evidencia. “Aquí no se trata de idoneidad, se trata de cuotas de poder”, dijo, para defender a su candidata.
—¿Por qué no hacen público el baremo o el mecanismo de evaluación que utilizaron para proponer a Sonia de Madriz?
—Desconozco la razón. Pero estamos engañando a la población cuando, en realidad, son cuotas de poder.
—¿Hubo mecanismo de evaluación?
—Sí, con base en su hoja de vida y en su experiencia.
—La procuradora no tiene maestrías, no es constitucionalista, no registra publicaciones académicas reconocidas. Esa hoja de vida que llegó a la Asamblea, ¿hay otra?
—Es que aunque nosotros cambiemos a Sonia de Madriz, Arena y PCN siempre la van a vetar [sic]. El que nosotros elijamos no irá a la Sala de lo Constitucional. Ellos ya tienen a (Ivette) Cardona y a (Aldo) Cáder.
Gana tiene 10 diputados que permiten llegar a la cantidad de votos necesaria, en una de las dos fórmulas posibles, para sumar 56 votos y convertir a Cortez en magistrada. Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la comisión política (que decide sobre cuándo votar por los magistrados) confirma las palabras de Salgado: 'Así como al PCN y Arena se les está dando un espacio dentro de la Sala de lo Constitucional, nosotros pretendemos también tener a nuestra candidata, que es la licenciada Sonia de Madriz, de la cual yo me siento muy orgulloso de que sea nuestra propuesta”, dijo en el congreso que celebró Gana el 19 de agosto pasado.
Sonia Cortez de Madriz no tiene especializaciones, ni maestrías y tampoco ha sido docente. Desde esta perspectiva, tiene menos ventajas respecto de otros candidatos. Madriz tampoco es constitucionalista y, según sus publicaciones, tampoco tiene conocimiento en materia de derechos humanos. Solo ha realizado dos publicaciones de ensayos en materia de derechos de la mujer. La experiencia que resaltan los partidos que la promueven es haber llegado a su cargo como Procuradora.
Según la evaluación que hizo la Fundación para el Debido Proceso, Cortez de Madriz estaba dentro de la lista de las no recomendadas —con una calificación de 5.68— para ocupar el cargo de magistrada. Por ejemplo, el Panel Independiente la excluyó por no poder ratificar la notoriedad de la moralidad de la persona. También la organización de sociedad civil Acción Ciudadana publicó su propio baremo y Sonia de Madriz —nuevamente— salió entre las peores evaluadas con una calificación de 51, de 100 puntos posibles.
El 24 de julio El Faro buscó al diputado pecenista José Antonio Almendáriz, para que compartiera la lista de seleccionados por su bancada. Al cierre de esta nota, todavía estaba Cortez de Madriz como una de las favoritas para la Sala de lo Constitucional. Este medio le pidió al diputado Almendáriz si se podía tener acceso al baremo y aseguró que “lo que importa es el resultado. Eso se manejó de forma transparente con el resto de diputados”.
Dos días después el diputado Julio Fabián —subjefe de fracción de Arena— participó en la firma de coalición de las derechas para las elecciones presidenciales: Arena, PCN, PDC y DS. Durante el evento, Fabián dijo a este medio que el uso de los baremos era para manejo interno del partido y que podían facilitar el formulario, mas no los resultados de sus evaluaciones.
En la última sesión de la comisión política del 27 de julio, solo un candidato logró reunir los 56 votos. Después, en la discusión del 13 de agosto, hubo cinco candidatos que lograron la intención de voto de la mayoría calificada que exige este tipo de elección. Las cartas favoritas son Carlos Sánchez, Sergio Avilés, Ivette Cardona —la única que recoge los 84 votos—, Aldo Cáder y Sonia Cortez de Madriz, el obstáculo para cerrar el proceso de elección.
Los bloques de izquierda y de derecha se unen para darle el apoyo a Madriz como la cuarta magistrada para la Sala Constitucional. El FMLN y Gana insisten en asignarla al máximo tribunal de la Corte. Mientras que Arena, PDC y —desde el 26 de agosto— PCN recogen 49 votos, pero su propuesta es para que Cortez ocupe la Sala de lo Civil.
Fuentes cercanas a la negociación sugieren que los partidos buscan asegurarse que la Corte Plena, constituida por 15 magistrados, no tenga la correlación necesaria para seguir evaluando casos de enriquecimiento ilícito. Las decisiones que salen de Corte Plena se pueden respaldar con ocho votos de los 15. En este sentido, según la base de datos de PoderEs, 38 diputados de los que fueron reelectos para esta legislatura están bajo la mira de la sección de Probidad. El caso que Probidad inició al diputado Gallegos, por ejemplo, está a punto de entrar a la ronda de votaciones de Corte Plena.
Así, Arena y PDC proponen a Aldo Cáder como el cuarto magistrado de la Sala Constitucional. Cáder trabajó en la Sala de lo Constitucional desde el 2000. Luego fue secretario de esa misma sala y pronto ascendió como colaborador jurídico, de 2001 a 2006. Desde ahí siguió escalando hasta el cargo de coordinador del área de inconstitucionalidades. Desde 2009, trabaja en la Superintendencia de Competencia. Tiene experiencia en derecho de competencia y ha sido consultor para la elaboración del Código Procesal Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, en el período de 2000 a 2006.
Carlos Sánchez y Sergio Avilés, ambos con 83 votos, se mantienen en la nueva lista. Según el informe publicado el 16 de junio por la Fundación para el Debido Proceso, de los cinco nombres que ahora alcanzan los votos para ser magistrados, solo Carlos Sánchez y Sergio Avilés fueron los sugeridos para optar al cargo de magistrados.
Para el caso de Sánchez, el único voto del pleno que aún le falta para entrar por unanimidad es el voto de Cambio Democrático. Sánchez tiene maestría en derecho penal y ha sido docente en esa área de especialización. Pese a su larga trayectoria en los tribunales, no tiene conocimiento sobre derecho constitucional.
En tanto, Avilés necesita el voto del diputado independiente para llegar también por unanimidad a la corte. Avilés es experto en derecho constitucional y ha sido magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. También tiene conocimiento acumulado en materia de niñez y adolescencia. Como parte de su perfil, Avilés indicó que está cursando una Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz en la Universidad de El Salvador.
Ivette Cardona es la única que, hasta el momento, recoge los 84 votos de la Asamblea. Al inicio no se encontraba dentro de las favoritas de los diputados. Pasó de tener 42 votos en a que contar con la anuencia de todos los partidos políticos. Cardona registra dos expedientes en la Fiscalía General por actos arbitrarios y falsedad documental, según el perfil que se entregó a la subcomisión. Fue colaboradora y coordinadora del área de Amparos en la Sala de lo Constitucional de 1990 a 2011. Además, trabajó en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, de 2011 a 2016.
