Bianka Rodríguez ha dedicado los últimos seis años de su vida al activismo pro derechos humanos, primero en favor de la alfabetización para adultos mayores y posteriormente en favor de los derechos de las mujeres trans. Rodríguez es la directora de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), organización dedicada a la defensa de los derechos de las poblaciones LGBTI en El Salvador y sobre todo de las mujeres trans víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado.
Hace casi dos meses recibió el Premio Nansen 2019, entregado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a aquellas personas que destacan en su labor humanitaria con los desplazados forzosos. Desde su organización, Comcavis Trans, Rodríguez ocupa su megáfono para exigir que se visibilice a la población LGBTI y el respeto de sus derechos, que se condenen los crímenes de odio y ha impulsado la gestación de un anteproyecto de Ley de Identidad de Género en la Asamblea Legislativa. Es muy crítica de la gestión de este Gobierno y de las posturas del presidente Bukele.
Con apenas 26 años, sus compañeros de lucha la califican como alguien con facilidad para el debate y la concertación. Habla claro y directo. Es por eso que no teme a etiquetar como retroceso lo que ha sucedido en el Ejecutivo desde que asumió la presidencia Nayib Bukele, quien en su primer Consejo de Ministros decidió eliminar la Dirección de diversidad sexual y la Secretaría de Inclusión Social de la presidencia bajo la cual estaba, así como el decreto ejecutivo N° 56 que ordenaba la erradicación de todo tipo de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.
'Me llena de mucha tristeza que esa postura venga de él, porque, al final, una parte de la población LGBTI le confió el voto a él y lo llevó al triunfo', dice, sobre el silencio del presidente respecto de los crímenes de odio ocurridos en el último mes. Sin embargo, esta no es la primera vez que un político la defrauda. En 2017, el diputado demócrata cristiano, Rodolfo Párker, aseguró a organizaciones LGBTI que él daría iniciativa al anteproyecto de Ley de Identidad de género y, en el calor de la campaña electoral, se echó para atrás. Luego, en 2018, logró que la diputada efemelenista Lorena Peña la presentara y entrara a discusión, pero reclama que el partido de izquierda no hizo lo suficiente por que se discutiera mientras tenían una cantidad representativa de diputados.
En esta entrevista, Rodríguez denuncia que el movimiento LGBTI pasó de tener un interlocutor directo con el Ejecutivo a ser ignorado por los titulares de Cultura, Trabajo y Seguridad. A pesar de eso, descarta por ahora que este Gobierno sea un enemigo, aunque tiene claro que no es amigo ni aliado: 'No sabemos si un aliado, un amigo, un represor, nuestro peor enemigo...'
A finales de 2018, en una entrevista con la agencia EFE, Rodríguez vaticinaba un peligro para los avances de los últimos 10 años en cuanto al reconocimiento de la diversidad sexual en caso de que los candidatos del partido Arena ganaran la presidencia. A casi un año de haber dado esas declaraciones, dice que hubiera preferido que Carlos Calleja fuera el presidente y no Nayib Bukele: 'Por lo menos Calleja habló con la realidad y sabíamos a que nos ateníamos, pero como población LGBTI no sabemos a qué nos estamos enfrentando con Nayib (Bukele)'.
La Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social adscrita a la presidencia existió diez años. ¿Qué ganó la población LGBTI en esa década?
La creación de la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección de diversidad sexual y el decreto ejecutivo N° 56 permitió que se fueran adoptando medidas de prevención de la discriminación en los diversos ministerios del Ejecutivo. Se generaron buenas prácticas en el Ministerio de Trabajo, como la ventanilla LGBTI, se creó el Índice de inclusión en el órgano Ejecutivo, hubo informes respecto a la situación que enfrentaban las personas LGBTI. Se creó la Política de atención a población LGBTI del Ministerio de Justicia, donde todas las instituciones pertenecientes -Policía, centros penales, centros intermedios, Migración y extranjería, Inspectoría, ANSP- estaban trabajando en la inclusión de las personas LGBTI y en cómo deberían garantizar a ellos y ellas sus derechos dentro del actuar de todo su mandato constitucional. Ahora hay un retroceso sustancial en las políticas, no ha habido apertura de las mesas en el Ministerio de Justicia ni de Trabajo. Todo lo que se tenía articulado ha tenido un retroceso o un estancamiento en el seguimiento a las acciones planeadas y planteadas para este año 2019. En el Ministerio de Justicia, imagínate, teníamos una mesa con las organizaciones y el propio ministro se sentaba a hablar con nosotras. Ahora nos mandan al último pelón de los que atienden para que se reúna con nosotros.
Hubo avances, pero supongo que eso tampoco significaba que todo estaba resuelto.
Las instituciones funcionaban, al menos, en un 25 %, pero ya era avance para nosotras. No íbamos a ocultar el sol con un dedo, de decir que no existía discriminación, pero teníamos esa interlocución: miren, Dirección de diversidad sexual, el duicentro tal no le quiere extender el documento de identidad a nuestra compañera, dice que tiene que desmaquillarse; mire, Dirección de diversidad sexual, la dirección general de migración y extranjería no le quiere extender el pasaporte a nuestra compañera, porque dice que tiene que aparecer con la foto masculina, porque es un hombre. La dirección intervenía en que las instituciones respetaran el decreto ejecutivo N° 56.
¿Y hoy?
Ahora ya no tenemos decreto, se lo pasaron por donde más les convino y ahora vuelven a suceder estos mismos hechos de discriminación y no tenemos una línea donde podamos llamar, ni siquiera un referente público de a quién acudir en estos casos. Ya se van desligando del avance que había en derechos humanos. Las prácticas están retrocediendo. Hablar de un antes y un después es muy marcado en este momento. Estamos conscientes de que no ha pasado ni un año de la elección ni la toma de posesión, pero en los últimos cinco meses el tema de asuntos LGBTI ha tenido retrocesos.
¿La eliminación del decreto 56 tuvo efectos colaterales en instituciones fuera del Ejecutivo?
Las alcaldías, por ejemplo, también estaban en un proceso de transición para integrar el tema de inclusión de la gente LGBTI. En el caso de la Ley de identidad, que se consultó con instituciones de Gobierno, también se consultó con alcaldías, que son quienes emiten partidas de nacimiento. Se planteó un proceso de sensibilización continuo y usábamos como ejemplo el decreto, diciendo que si se había creado para el Ejecutivo, por qué ellos no podían replicarlo para su municipalidad. Pero ahora que no existe, ¿qué ejemplo podemos dar?
Las políticas impulsadas por el FMLN durante sus dos gobiernos les da solvencia para presentarse como un aliado de la población LGBTI, y fueron ellos quienes dieron iniciativa a la Ley de Identidad que se está discutiendo en la Asamblea. ¿Dirías que hicieron todo lo que pudieron o les fallaron en algo?
Presentó la iniciativa Lorena Peña, pero porque ya iba de salida. Principalmente, quien nos iba a dar la iniciativa era Rodolfo Párker, el diputado homofóbico transfóbico, pero como en ese momento venía la coyuntura de la elección política, decidió no arriesgar su pellejo. Nos dejó plantadas el día que íbamos a presentarla y ya no nos respondió ningún teléfono. Luego, con el pasar de las semanas, uno de sus asesores dijo que lo iba a reconsiderar, porque eso le podía traer un costo político. Entonces, el 8 de marzo 2018 fue que Ámbar (Alfaro) y yo hablamos con Lorena Peña y le dijimos que era necesario que hablara con su comisión y que necesitabamos la iniciativa de Ley de Identidad de Género. Y fue cuando se comprometió en el Salvador del mundo y luego se concretizó el mismo mes de marzo.
Suena a que si alguien como Rodolfo Párker estuvo dispuesto en algún momento a darle iniciativa de ley al anteproyecto, no todo está perdido. ¿Cómo se dio ese acercamiento?
Con la mesa permanente por una Ley de Identidad de Género hicimos un proceso de cabildeo de esta ley y de divulgación dentro de la Asamblea Legislativa, y nos reunimos con diferentes diputados y diputadas. Llegamos a tocarle la puerta a Rodolfo Parker, porque sabíamos que él es un diputado muy conservador y que teníamos que ver cómo lo tomaba y si íbamos a tener el apoyo de él. Nos concedió una reunión y nos dijo que no estaba totalmente en contra de las poblaciones LGBTI, que lo único en lo que sí estaba totalmente en contra era en temas de matrimonios del mismo sexo, porque reñía con sus creencias religiosas. Pero que si la ley no abordaba esto, que él con mucho gusto acompañaba esta iniciativa, y que cabildeáramos con otros diputados y diputadas la necesidad de respaldar esta Ley de Identidad de Género porque él la iba a promover dentro de la Asamblea Legislativa. Él la estudió, tuvimos reuniones con los asesores, cambiamos algunos términos. La ley para nosotros es muy importante, pero nos pedían que cambiáramos ciertas cosas.
Aparte de garantizar que el matrimonio igualitario no estuviera incluido en esa ley, ¿con qué otras cosas no estaba de acuerdo?
Nos pidió que no abarcara a menores de 18 años, porque estaba la Lepina e iba a ser un conflicto, y que se estableciera que quienes se quisieran cambiar el nombre fueran mayores de edad, que tuvieran una expresión de género definida por alrededor de tres-cuatro años. Nosotras accedimos. Creo que falta voluntad política. Es cosa de ir sondeando y de ir cabildeando qué diputados y qué fracciones estarían a favor. Por el momento, este anteproyecto ha pasado más de un año en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.Nos reúnen solo para tomarnos la foto y decir que la están estudiando, pero al momento de someterlo a estudio lo eliminan de la agenda. Ya ha pasado en un par de sesiones de la comisión que eliminan el punto específico de la Ley de Identidad.
¿Les quedó debiendo el FMLN en acciones concretas en favor de la población LGBTI, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo?
La Dirección de diversidad sexual no podía hacer mucho, porque su mandato era para sensibilizar. Pero cuando llegó Sánchez Cerén, considero que era necesario reformular ese mandato para que, desde la Secretaría de Inclusión Social y la Dirección de diversidad sexual, se promovieran políticas legales que fueran vinculantes, no solo para el Ejecutivo, sino para toda la esfera del Estado. Por ejemplo, que acuerpara la Ley de Identidad o que fueran ellos mismos quienes presentaran el anteproyecto en coordinación con las organizaciones de sociedad civil. Les faltó mucho. Parte del movimiento LGBTI se enojó con el partido, porque cuando tuvieron la oportunidad de aprobar el anteproyecto de Ley de identidad no lo hicieron. Eso desconcertó a parte del movimiento, en especial a mujeres y hombres trans, que pensábamos que íbamos a conquistar la lucha de poder cambiarnos el nombre, de que nuestra identidad sí concordara con nuestros documentos de identificación personal, pero todavía había esa resistencia en los diputados, entre sus valores políticos, sus valores personales y sus creencias religiosas, que imposibilitaron el avance de este anteproyecto dentro de la Asamblea.
Me imagino que eso, entre otras cosas fuera de la esfera del respeto a sus derechos, fue lo que alimentó que parte de la población LGBTI terminara apoyando a Nayib Bukele.
Es triste escuchar al presidente que eligió una parte de la población LGBTI decir que todos los homicidios son iguales, naturalizando la violencia que enfrentamos las personas LGBTI, en especial las mujeres trans. Y me llena de mucha tristeza que esa postura venga de él, porque al final, una parte de la población LGBTI le confió el voto a él, y lo llevó al triunfo. En este contexto, que él naturalice la violencia con que son asesinadas las mujeres trans me parece preocupante, porque los homicidios tienen lujo de barbarie, torturas, violación sexual. Y yo nunca he visto que a un heterosexual lo vayan a sacar de su casa y los restos de sus sesos queden regados por la calle donde fue arrastrada y estaba desnuda. No dejan a ninguna persona heterosexual de esa forma en la vía pública. Me parece muy muy triste su postura.
Su silencio va en concordancia con la decisión de eliminar, el 2 de junio, la Secretaría de Inclusión Social, que dejó en el limbo a la dirección. Fue hasta que Nicolás Rodríguez le puso un tuit preguntándole qué iba a pasar con ella que él respondió que iba a pasar al Ministerio de Cultura. ¿Qué significó para ustedes esa primera decisión que los afectaba directamente?
Para nosotras como organizaciones que pertenecemos a la Federación fue un retroceso, porque ni siquiera tuvo la delicadeza de consultarle a la sociedad civil si se podía disolver y las consecuencias o impacto que esto tendría. Al final, no solo nos afectó a nosotras como población LGBTI, sino también a los adultos mayores, a los jóvenes, las mujeres... Todas las instituciones quedaron regadas, fue un solo desorden, empezaron los despidos masivos. Nosotras lo recibimos como una mala noticia, sin embargo, no nos pronunciamos en ese momento.
¿Por qué decidieron no hacerlo?
Queríamos saber qué iba a pasar. Cuando Nicolás le consultó, él dijo que tuviéramos paciencia, que las cosas se hacen bien y no corriendo. Pero nos enteramos que designó la dirección al Ministerio de Cultura porque la ministra Suecy Callejas lo pidió, no porque a saber dónde estaríamos. Ni siquiera los objetivos estratégicos del Ministerio de Cultura se apegan a lo que tendría que hacer la Dirección de diversidad sexual, y lo más triste es que la dirección desapareció. Ahora se llama Unidad de género y diversidad sexual, que esas por mandato tienen que existir en todas las instituciones. Quieren tapar la realidad del retroceso. Esta unidad tiene veintitantos artículos y nosotros somos los tres últimos.
Entiendo el sentido de prudencia, pero ¿hubo alguna reunión en estos primeros meses?
Nos hemos reunido con la directora de la Unidad de género y diversidad sexual, Kenny Rodríguez, y con la jefa de gabinete, María Lilian López. Pero en esa reunión lo que nos dijeron es que no nos podían decir en qué iban a trabajar exactamente, porque apenas la semana anterior a nuestra reunión (con fecha 25 de octubre) les habían llevado los archivos de la dirección de diversidad sexual por el tema en el que se vio involucrada la SIS. Entonces, ellos nos dijeron la Fiscalía había tenido esos documentos y que ahorita están haciendo una consultoría para definir qué temas LGBTI van a apoyar.
¿Y esa consultoría la está haciendo quién?
No nos quisieron decir, solo que la están desarrollando. También le preguntamos a ella que a quién podíamos llamar en caso de alguna emergencia, y ni siquiera los números de ellas nos dieron.
Y antes de eso, ¿hubo al menos un mensaje vía Twitter con la ministra?
La ministra incluso a veces obvia nuestros mensajes, como en estos casos de crímenes por odio. Se le etiqueta a ella en Facebook, Twitter... Imagínate que dice que condena los homicidios hacia grupos vulnerables, invisibilizando a la población LGBTI, porque grupos vulnerables, como te decía, son muchos: adultos mayores, mujeres, niñez. Ni siquiera tiene la delicadeza de nombrarnos.
¿El trabajo se paralizó antes de que ellos asumieran o a partir de junio?
La última vez que nos reunimos fue en los primeros días de mayo, de ahí ya no, todo en silencio. Nos costaba a nosotras, por el trabajo que tenemos en centros penitenciarios, que nos otorgaran los permisos. Nos dijeron que no podían autorizar algo a lo que no sabían si le iban a dar cumplimiento.
La eliminación del decreto implica perder los avances que se habían dado en la década anterior. ¿Pero qué más quedó en el limbo una vez que asumió esta nueva administración?
Todo el plan de trabajo y ferias de empleo para personas LGBTI, todo eso se cayó, el ministro Rolando Castro ni siquiera ha tenido la delicadeza de reunirse con el movimiento; el ministro de Justicia nos delegó a Henry Flores para una reunión. No hay claridad de en qué es que van a seguir trabajando. Solamente decir que antes existía una Dirección de diversidad sexual en una Secretaría de la presidencia, que ahora es una unidad de género, ya es un retroceso. Y el Estado, el 4 de noviembre, fue a pavonearse diciendo que tenía la Secretaría de Inclusión y la Dirección, y eran funcionarios de este nuevo gobierno. Pero no dijeron que las habían eliminado. Eso fue en Ginebra, el 4 de noviembre, para el examen periódico universal.
¿Qué expectativas tenían como Federación de la eventual presidencia de Nayib Bukele, alguien que no cumplió con su promesa de ciudad inclusiva cuando fue alcalde de San Salvador, ni se presentó en la marcha del orgullo como se los prometió y que ha dicho públicamente que está en contra del matrimonio igualitario?
Hicimos una reflexión entre varios líderes LGBTI, no de toda la Federación, y la verdad hubiésemos preferido a Calleja que a Nayib.
¿Por qué?
Por lo menos Calleja habló con la realidad y sabíamos a qué nos ateníamos, pero como población LGBTI no sabemos a qué nos estamos enfrentando con Nayib.
Doy por descontado que no se esperaban que se eliminara la SIS ni la dirección…
Claro, nosotras todas confiadas que aunque había eliminado la Secretaría le íbamos a dar la oportunidad a ver con qué se reivindicaba. Pero hasta el momento nada. Ya pasaron cinco meses y nada. Para este Gobierno las personas LGBTI no existimos, solo habla de Control territorial. Para nosotras es alarmante que para el presidente todo sea violencia y represión.
Entiendo que le estaban dando el beneficio de la duda, pero tuvo que estallar esta oleada de crímenes de odio para que empezaran a pedirle, al menos vía Twitter, que hiciera algo para visibilizarlos. ¿A qué se debió el silencio?
La Federación está compuesta por organizaciones. Nuestra labor va a ser siempre hacer contraloría social. Lo que no queremos es confrontar, sino tratar de articular y es lo que estamos buscando. Es por eso que a veces reservamos el momento de pronunciarnos, pero en el caso de las muertes violentas no. A Nayib y a este Gobierno le importa lo que diga la comunidad internacional y es con la comunidad internacional con la que lo vamos a llevar al cerco para que trabaje con la población LGBTI. Así como la ex Procuradora se vio presionada por los organismos internacionales, así va a ser con Nayib. No nos vamos a callar.
Es curioso que mencionés a Raquel de Guevara porque una vez que nació la Federación, no pasó mucho tiempo para que la declararan enemiga de la población LGBTI. ¿Este gobierno es amigo, aliado o enemigo?
No sabemos si un aliado, un amigo, un represor, nuestro peor enemigo...
Un amigo, si se entera de que mataron a alguien que querés, al menos te llama para darte el pésame.
Por lo menos Funes se pronunció por los crímenes de odio, Sánchez Cerén, muerto; este, más que muerto. Ni siquiera se ha pronunciado por los asesinatos.
Vaya, amigo no es. Un aliado te ofrece acompañamiento o seguridad, que es lo que podría ofrecer el Gobierno. Pero eso tampoco ha sucedido.
Nada...
¿Es enemigo?
Tampoco lo sabemos. El enemigo te mete la daga por detrás, pero te lo dice. Pero aquí ni siquiera sabemos.
Decís que, ante el silencio, la presión internacional será su nueva manera de actuar. ¿Qué viene ahora?
La ONU ya se pronunció por los crímenes de odio. Ahora sabemos que vamos a presentar estos casos ante los organismos con los cuales hemos firmado tratados internacionales para exigir una debida investigación al Estado. La CIDH viene de visita en los primeros días de diciembre y ya enviamos un pequeño informe de qué es lo que debería de abordar con todos los órganos de Estado en materia de derechos LGBTI. Esperamos que luego de la visita in loco se emita una recomendación, que esa sí es vinculante para el Estado, y que empiecen a trabajar.
Las organizaciones tienen más de 25 años de llevar su propio registro de crímenes de odio contra la población LGBTI. ¿Cómo calificás el trabajo de otras instituciones, como la Fiscalía, por ejemplo?
Es que ese es el problema, que la Fiscalía tampoco tiene las capacidades para investigar estos delitos. Se crearon las reformas, pero la Asamblea no la ha dotado de recursos para que especialice a sus fiscales en la investigación de crímenes por odio. Lo poco que hacemos las organizaciones es por el trabajo articulado que se tiene con Fiscalía. Se ha creado una política de persecución penal, pero el Fiscal todavía está cuestionándose si es necesario aprobarla o no. A él le cuesta dar su visto bueno para que esto empiece a operativizarse. Se ha creado un protocolo de atención a población LGBTI, víctimas de delito, que también vendría a ayudar a las investigaciones y a los fiscales de los diversos delitos de los cuales son sujetas las personas LGBTI. Tiene los instrumentos ya creados, han sido consultados con la sociedad civil, han sido consultados con víctimas, pero no los aprueban. ¿Qué está esperando? Esto no se trata de valores éticos, religiosos o de valores personales. Se trata de hacer cumplir la ley y esa es una de las recomendaciones que ha recibido el Estado, la de adoptar medidas para investigar y sancionar los delitos cometidos por odio hacia personas LGBTI.
¿Y eso fue con el Fiscal anterior?
No, con este. Los documentos los tiene ahora en su despacho, no sabemos por qué razón no le da seguimiento para su aprobación.
¿Hay alguna diferencia entre este Fiscal y el anterior?
Los dos han trabajado. Este continuó la labor que el otro estaba haciendo, no la detuvo. Tanto Raúl Melara como Douglas Meléndez se han pronunciado en temas LGBTI, pero en el momento de la judicialización es el problema. Todo lo asocian como que fue por estructuras delincuenciales o crimen pasional, pero nunca aplican la reforma al Código penal. Raúl Melara no ha sacado un pronunciamiento tan contundente, pero sí dijo que ningún delito se iba a quedar sin judicializar. Fue muy escueto, pero por lo menos se pronunció en el caso de Anahy. En el caso de Sujey, hace la atribución de un delito, pero no informa que es un delito leve, y toda la gente empieza a criminalizarla y a decir que porque es ladrona, delincuente y que a saber a quién mató. Y no dice que Sujey estaba detenida por una pelea. Quiérase o no desinforma y genera mucho más estigma hacia las mujeres trans. Porque no dicen Sujey, dicen las mujeres trans son peligrosas, ladronas, cuchilleras, drogadictas.
Hay muchos comentarios en redes sociales que justifican los crímenes diciendo que 'en algo malo andan' y personas que creen que no se deberían de levantar alertas por sus desapariciones. ¿Qué es lo que la población no alcanza a dimensionar respecto de la importancia de activar las alertas y la búsqueda?
Voy a tomar como ejemplo el caso de Sujey. Ella vive con una amiga con la que además trabajan juntas y se ven todos los días. Las dos estaban en la zona de comercio sexual y Sujey se subió a una camioneta blanca y desde entonces (sábado) estaba desaparecida. Y eso es lo que yo cuestiono a la Fiscalía y a la Policía: ¿le dieron la posibilidad de que le avisara a su amiga, a su mamá, que estaba detenida? ¿Por qué tenemos que levantar una alerta, si se supone que todas las personas tienen derecho a una llamada telefónica? Para nosotras estaba desaparecida porque estaba incomunicada totalmente y no había llegado dos días a su casa. ¿Qué te vas a imaginar? Esa es la única información que obtuvimos. Por lo tanto, lo que nos corresponde es levantar la alerta. A nosotras la Policía no nos da información. Quiérase o no, me llena un poco de enojo que la Fiscalía haya hecho esa publicación, de que estaba detenida por la comisión de un delito. Y alguien me puso: 'ya ve que estaba detenida por delincuente'. Y no es por delincuente, es porque se peleó. Si usted va por la vía pública y se pelea con otra persona también a usted la van a detener y eso no significa que sea delincuente.
Por otro lado, también existen personas que creen que no debería de hablarse de crímenes de odio, si los hombres heterosexuales son los que más sufren de violencia homicida, y todos somos iguales antes la ley. ¿Por qué es importante calificar estos homicidios como crímenes de odio?
El tema está en que las compañeras no han muerto de la misma manera que muere el hombre cisgénero (personas cuya identidad de género es concordante con su género biológico) . Un día de estos una persona en Twitter me cuestionaba '¿Por qué tratan de visibilizar cuando ustedes son las que cometen los delitos? Por ladronas es que les pasa'. Primero deberían de entender el contexto en que vivimos las personas trans antes de juzgar. Las mismas oportunidades que tú tienes como cisgénero no las tengo yo. Sufrimos violencia desde nuestros hogares. Somos excluidas, nos marginan, vamos a las zonas de comercio sexual para sobrevivir, porque el Estado nos falló en la educación, nos rechaza. Y si vamos al sistema laboral, también nos rechaza. Estamos excluidas de todas las oportunidades que nos permitirían a nosotras desarrollarnos como ciudadanas o ciudadanos de este país. Nos toca subsistir del comercio sexual. También somos extorsionadas. Imagínense para nosotras qué difícil es que un pandillero te cobre la renta y te diga que tenés que cometer un ilícito, porque si no te va a asesinar o no te podés poner trabajar o que tenés que irte de la cuadra. ¿Qué vas a decidir? Cuando decido no cometer el ilícito sufro una persecución por parte de la pandilla: amedrentamiento, golpizas, violaciones; y cuando lo cometo, también sufro lo mismo. Porque para ellos siempre tenemos que estar listas para cuando el pandillero, drogado, llega a la cuadra y te dice 'quiero sexo y lo quiero ahora'. Te lleva, te agarra, te sube al carro, tiene la relación sexual sin protección, porque es lo que él te impone. Eso no lo ven, pero para ellos está justificado. Y eso sucede a diario.
Ahorita me has hablado de la esfera familiar y la de los pandilleros, que son quienes gobiernan las calles. Pero las mujeres trans también son víctimas de sus mismos clientes.
Correcto. Y esto se tergiversa. Porque cuando ha sido un cliente lo desvinculan de que haya sido por odio. Cuando llegan clientes y te levantan, hay mujeres trans que son golpeadas, no les pagan. Algunas sobreviven, otras se les van huyendo y otras lamentablemente son asesinadas, y esos son los que llaman crímenes 'pasionales' y no queremos que nos llamen crímenes pasionales, porque al final estamos ahí haciendo una tarea impuesta por el Estado, porque tendría que apoyarnos a nosotras para desarrollarnos de una manera más integral y no lo hace.
¿Y, en esta Policía, ha habido cambios con la entrada de la nueva administración? Los agentes de la corporación policial que administraba el FMLN no eran precisamente lo más amigables con la población LGBTI.
Es triste porque también el Estado trata de liberar a los policías, de minimizar que fue un homicidio por la orientación sexual, por la identidad de género, y lo tratan de hacer ver como accidentes. Quiérase o no, también el Estado está contribuyendo, porque la defensa de los policías la está pagando el Estado. No hay una diferencia ni antes ni después. Antes de que sucediera el cambio de gobierno, el gobierno del FMLN también tenía esta política de la defensa para sus funcionarios público.
En 2016, el mismo día de la marcha del orgullo, unos policías golpearon a Aldo y ya existían capacitaciones para la corporación policial. Y por el asesinato de Camila, ocurrido en enero de este año, hay tres policías procesados en espera de juicio. ¿Confían ustedes en la Policía?
Eso es lo que cuestionan, que por qué no denunciamos. Y lo veíamos en el caso de crímenes por odio. No denuncian porque no tienen confianza en la Policía, porque son los principales agresores, porque están también vinculados con pandillas. Existe poca credibilidad de parte de la población LGBTI para la institución policial y no la podemos disminuir. No podemos obligar a alguien a que confíe en la Policía, cuando sabemos que no tienen las medias idóneas para proteger su identidad ni para resguardarla.
