El instante congeló nuestra política: el presidente habló a miles de sus seguidores y entró al Salón Azul; con la cabeza inclinada y las manos sobre la cara, guardó silencio, mientras oraba rodeado por un grupo de uniformados que portaba armas largas. Ese domingo 9 de febrero, el pasado autoritario apareció vigoroso y sugerente, arrollando a la joven democracia salvadoreña. De esa manera dramática se manifestó la crisis actual de la política salvadoreña.
El domingo 9 de febrero hizo saltar un instante del pasado con imágenes del autoritarismo. Este ha sido cultural e ideológico; también político e institucional. Y sigue vivo en todos esos campos. A lo largo del siglo XX, la presidencia mostró el ejercicio autoritario como su tendencia dominante: le importaba el dictado de la autoridad, no el imperio de la ley. En el altar de la formalidad legal estaba la Constitución; en la realidad cruda y dura dominaba, en general, la autoridad presidencial amparada en el despliegue de las fuerzas militares. Los otros poderes ejecutaban las funciones que les correspondían, siempre que no contrariaran las decisiones del Ejecutivo. La separación de poderes era una ilusión, porque al final de cuentas la voluntad presidencial definía el curso de todo el Gobierno.
Cuando nuestra República está por cumplir los 200 años, una agrupación militar ocupó el salón legislativo. El político más popular de la posguerra se sentó frente a un grupo de diputados, rodeado por un dispositivo militar de ocupación. Aquello habría asombrado a los diputados fundadores; los hombres de la Asamblea de 1823, quienes aspiraban a una Centroamérica unida, federal, republicana y laica.
Los instantes del domingo 9 de febrero mostraron los sustratos culturales e ideológicos del autoritarismo, tan llenos de vigor que hicieron ofertas para el futuro. La intromisión de los uniformados con armas largas y chalecos en el salón legislativo fue un irrespeto a la institucionalidad. Nada en la ley, por ningún lado, les da derecho a ocupar los espacios políticos de la República. Los jefes militares deberían revisar sus textos de Historia y de su nueva doctrina; con esa base podrían analizar la operación del domingo y presentar conclusiones razonables. Dice un historiador que los militares forman una de las profesiones que estudia las derrotas. ¡Y aquel domingo no hubo victorias!
En nuestra sociedad, el autoritarismo goza de mucho aprecio. Por esa razón representa un peligro para una democracia constitucional reciente. El autoritarismo tiene en el primer lugar de sus querencias a la autoridad, en el segundo a la letra de la ley, no a su vigencia; y entre sus prioridades no están los derechos de la ciudadanía. Desde antes del calendario comenzó la política del siglo XX, en El Salvador. En 1898, Tomás Regalado conspiró contra sus colegas liberales, los derrocó y se puso al frente del nuevo gobierno. Llamó al orden, abandonó políticas emblemáticas de su partido, como un proyecto de unión centroamericana en marcha, pactó con representantes de un liberalismo repudiado por su generación y encabezó la reorganización del Ejército. Regalado, el presidente más joven en todo el siglo, lideró un bloque de poder en torno a los intereses cafetaleros, terminó su periodo provisional, inició otro, el propio, y se negó a continuar. Formó las bases del autoritarismo moderno, logró estabilidad con la posición dominante del Ejército, que permitió las sucesiones presidenciales pacíficas hasta la dictadura, en la cuarta década. Si el autoritarismo admitió la existencia formal de la oposición, la dictadura proclamó su autosuficiencia.
Durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez nada era ilegal, porque él encarnaba la ley; si una norma lo contrariaba, había que cambiar la norma. Cuando la Constitución vigente impedía sus planes, entonces, cambió la Constitución. ¡Y se acabó el problema normativo con el aplauso de sus seguidores! La organización ciudadana derrotó a la dictadura, pero no a su espíritu, que se prolongó en la remodelación siguiente del autoritarismo.
Los instantes del domingo dejaron detalles superficiales, así como algunos profundos e inquietantes, porque parecen calcos del esplendor autoritario. Los líderes de aquel tiempo, en las coyunturas cruciales, tendían a invocar el principio de autoridad con citas constitucionales. Cuando Óscar Osorio, el líder de un movimiento que se proclamó revolucionario, decidió una gran operación represiva, invocó a la Constitución de 1950 que apenas tenía unos meses de edad. Así transitó de una promesa democrática y del viraje constitucional hacia la instalación del segundo período del autoritarismo. Y desde entonces, ese régimen político no paró de crecer. Fue posdictatorial, represivo y, al inicio, laico. Las mujeres y los hombres que derrotaron a la dictadura y quienes participaron en las formulaciones constitucionales de 1950 debatieron con las invocaciones religiosas y defendieron la educación pública laica. Sus ánimos no tienen nada que ver con el afán contemporáneo de decir oraciones en cualquier evento gubernamental.
En medio de un mar de autoritarismo y de pequeñas islas de fundación democrática, los instantes del domingo se vieron como un florecimiento de las raíces de la sociedad. El autoritarismo ha dominado coyunturas cruciales con espejismos de prepotencia. Los comandantes que dirigieron el ataque de la Fuerza Armada a Honduras creyeron que la victoria estaba después de Nueva Ocotepeque y Nacaome; con una mayoría abrumadora de la sociedad aplaudiéndoles, ordenaron el ataque. Y cayeron en uno de los errores más caros del autoritarismo: sobrestimaron los recursos nacionales y subestimaron los de Honduras; cuando el error fue ineludible, prometieron un viraje reformista y, por eso mismo, adoptaron el enfoque de la seguridad nacional, terminando con una corta apertura electoral. Volvieron al fraude, decretaron la clausura de la Universidad de El Salvador, aumentaron la represión y cancelaron un proyecto de reforma agraria. Bajo esas condiciones, se edificó la antesala de la guerra por la errática conducción autoritaria.
La conducción autoritaria del Estado nos instaló en la guerra civil. La sobreestimación de sus fuerzas fue un error recurrente del bloque del autoritarismo, en el que participaba el mando de la Fuerza Armada como grupo dirigente, un núcleo intelectual y la cúpula de los titulares de la agroexportación. El espejismo de 1969 se extendió más allá del bloque dominante. Las mujeres y los hombres trabajadores, empleados y comerciantes clamaron por la guerra. El periodismo, sin sentido crítico y con vocación sumisa, fue vocero multiplicador de los fervores nacionalistas. Aquel fue un desatino del bloque dominante que contó con el aplauso de la mayoría de la población y la actitud sumisa del periodismo.
Y desde aquel error nos fue como en feria. Tuvimos operaciones de exterminio dirigidas por oficiales forjados en la contrainsurgencia, dictada por los Estados Unidos, que nos llevaron a una cita con el horror; también los revolucionarios asumieron el derecho a emitir sentencias inapelables de muerte. Después vivimos una década con la guerra más larga, destructiva y mortífera de toda nuestra historia.
A pesar de su secuela desastrosa, el autoritarismo sigue vivo, da señales de renovación y parece vigoroso. Las imágenes del domingo 9 de febrero fueron tan reveladoras que muestran al autoritarismo clásico proponiendo una fórmula en la que el poder presidencial podría subordinar a los otros órganos de gobierno. Más inquietantes resultan las imágenes si se agregan otras: las correspondientes a los aniversarios de la Independencia y los Acuerdos de Paz. El primero fue de ostentación militarista; el segundo, de silencio. ¿Cómo podemos entender esos mensajes simbólicos? Tal vez con el discurso de la seguridad: los argumentos que reiteran nuestra intranquilidad cotidiana y proponen el despliegue militar permanente, acompañado de los símbolos viriles del autoritarismo.
Sí, vivimos acosados por la inseguridad. De los Estados Unidos llegaron las pandillas y se multiplicaron en los estanques de la cultura autoritaria. Otra vez, nuestra sociedad fue la matriz de fenómenos explosivos que se extendieron desde la marginalidad. Cuando comenzaban a ejecutarse los Acuerdos de Paz, las pandillas extendieron sus poderes hasta configurar una guerra nueva. Y los gobiernos, uno tras otro, con sus recursos materiales y simbólicos, caracterizaron como terroristas a los jóvenes delincuentes e impulsaron estrategias policial militares en su contra, mientras buscaban ventajas políticas con ellos bajo la mesa. Ahora, la seguridad está en el corazón de la estrategia de poder, la cual renueva símbolos y, al mismo tiempo, conserva figuras seculares del autoritarismo, buscando la reestructuración de alianzas y bloques. Esta coyuntura es de tránsitos y cambios, destacando el descrédito de los grandes partidos de la posguerra, la cólera de la ciudadanía por los casos de corrupción y la popularidad del presidente Bukele; también están surgiendo tendencias nuevas, entre ellas una que reclama por la democracia.
El domingo 9 de febrero, el presidente de la República, joven, arrollador y popular, pareció que tomaba el rol de comandante viejo y autoritario: se puso la ropa del pasado. Irrumpió en el salón legislativo, se sentó en el lugar del presidente, oró y salió a pedirle paciencia a sus seguidores para definir la suerte de la Asamblea. Ese desenfado autoritario ha sido el artífice de la actual coyuntura crítica; y, para complicar más las cosas, ha subordinado a los comandantes de la Fuerza Armada y a los jefes de la PNC en la configuración de un inconfundible despliegue militar que desafía la institucionalidad. Del simbolismo represivo a la acción material, quizá, todavía quedan un par de pasos.
