La Sala de lo Constitucional resolvió el lunes 10 de febrero que el presidente Nayib Bukele puso en riesgo la democracia al haber irrumpido en el Palacio Legislativo acompañado por medio centenar de militares y policías fuertemente armados. La toma por la fuerza de la Asamblea, ocurrida en la tarde del domingo 9, culminó con Bukele pronunciando una amenaza contra los diputados: “ya saben quién tiene el control aquí”, dijo el mandatario, desde la silla que le corresponde a presidente del poder legislativo.
Para la Sala de lo Constitucional existió una injerencia indebida en la separación orgánica de funciones de los tres poderes del Estado. La resolución hace una lectura crítica de lo ocurrido este domingo en la Asamblea Legislativa, que ha provocado un fuerte rechazo a nivel nacional y en la comunidad internacional. Para los magistrados, “la disposición de las armas y la posición de autoridad en que se encuentran los militares en servicio activo son propicias a causar intimidación e influir el ánimo de las personas por razones distintas de sus propias convicciones políticas”.
Según la Sala, “esto supone que el uso de la fuerza armada no puede emplearse con fines políticos, partidistas u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo”.
El fallo de la Sala es una medida cautelar a favor del Legislativo y contra el Ejecutivo dirigido por Bukele, y quedó expresado en una respuesta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los ciudadanos Ruth Eleonora López Alfaro y Luis Ramón Portillo Ayala.
El conflicto entre Bukele y la Asamblea se agravó desde el miércoles 5, cuando Bukele invocó una potestad del Consejo de Ministros contenida en la Constitución para convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, cuyo punto único sería la aprobación de la negociación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. A falta de peticiones de parte, la Sala se había abstenido de dar un pronunciamiento en los días previos al conflicto entre Bukele y la Asamblea, que se negó a esa sesión extraordinaria argumentando una extralimitación del Ejecutivo y un error en la invocación constitucional.
Los abogados López y Ayala presentaron su escrito el sábado 8 por la mañana, mientras el Ejército rodeaba los alrededores de la Asamblea Legislativa. Para entonces, Bukele y algunos funcionarios ya habían invocado a la insurrección en Twitter si la Asamblea no se reunía y no resolvía la petición del Ejecutivo. Según algunos magistrados, la presentación de la demanda no les dio tiempo de actuar con celeridad, y por eso el fallo fue dado a conocer hasta la tarde del lunes 10. Tras la toma de la Asamblea del domingo, Bukele se dirigió a una tarima montada por Casa Presidencial y desde ahí, en su discurso, amenazó de manera tácita con disolver la Asamblea Legislativa. El mandatario, además, amenazó que si en una semana la Asamblea no resolvía a su favor, volvería al palacio legislativo “junto al pueblo”.
El fallo pronunciado por la Sala, ahora, le da un papel de árbitro y frena, de manera obligatoria, las intenciones del Ejecutivo. El fallo, evita además que “se siga poniendo en riesgo la forma de gobierno, sistema político y separación de poderes, mediante el uso de la fuerza armada y pública”.
De forma unánime, el máximo tribunal de justicia admitió la demanda de inconstitucionalidad, cuyos efectos prácticos implican otro golpe a la jugada del gobierno y el mandatario, que ya ha sido condenada por la comunidad internacional. Incluso Estados Unidos, el principal aliado del nuevo Gobierno, se sumó el lunes 10 para condenar el uso de la Fuerza Armada en el acto. El fallo de la Sala es de obligatorio cumplimiento y afecta limita las actuaciones del presidente, de su consejo de ministros y principalmente de su ministro de Defensa y el director de la policía.
Cuatro frenos contra el uso ilegítimo del Ejército y la Policía
El fallo del máximo organismo de justicia del país señala que en la toma de la Asamblea “se puede evidenciar la existencia de acciones que ponen en riesgo el carácter republicano y democrático del gobierno y el sistema pluralista”.
Según la Sala, los hechos propiciados por la Presidencia pusieron “en riesgo la separación orgánica de funciones o división de poderes” y sostiene que hay elementos de “un posible uso ilegítimo de la fuerza militar y policial”.
En su resolución, de 14 páginas, la Sala ordena cuatro medidas cautelares que significan un duro golpe para las actuaciones del presidente. Primero, ordena al Consejo de Ministros que cese en su petición de convocar a sesión plenaria a la Asamblea Legislativa para que esta autorice la negociación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Su segunda orden es “suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria”, es decir, que libera a la Asamblea de la petición del Ejecutivo.
La tercera y más contundente orden es dirigida al mandatario: la Sala ordena a Bukele que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada contrario a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
Al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy; y al Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, les ordena que “no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados”. Es decir, que no atiendan llamados como los del domingo pasado a los que la Sala considera “acciones políticas.”
En su resolución, la Sala establece también que la Policía Nacional Civil “no puede prestarse a ser usado con fines políticos, personales o partidarios, ni con ningún otro que no sea el que legal y constitucionalmente está llamado a conseguir”. Para sostener su argumento aluden al 159 inciso 2 segundo de la constitución, el cual establece que la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista.
Efraín Arévalo, experto constitucionalista, explicó que “la resolución no le impide al presidente hacer otra convocatoria, pero no puede usar a la PNC y a la Fuerza Armada para presionar”. Lo que si ordena la resolución, aclara Arévalo, es que la Fuerza Armada y la Policía dejen de cumplir órdenes del presidente que sean incompatibles con la Constitución. “La Sala les ordena que se abstengan de apoyar acciones que estén orientadas a intimidar a los partidos políticos, con especial énfasis a los diputados”.
Los peticionarios también pidieron a la Sala que declare inconstitucional los llamados a la insurrección realizados por el Presidente desde el viernes 7, a través de Twitter. En el fallo, aunque la Sala responde que “un tuit no puede ser objeto de control constitucional directo en este caso”, sí valoró como descarga de prueba de los peticionarios notas periodísticas en las que se consignaron los llamados públicos a la insurrección lanzados por el presidente. Según la Sala, estos llamados ocurrieron “sin que existieran condiciones para el ejercicio de este derecho, pues la soberanía reside en el pueblo”.
Arévalo explica que cuando el artículo 87 reconoce el derecho a la insurrección -al cual apela el presidente Bukele- lo hace pensando en que la autoridad que está cometiendo graves violaciones a los derechos de los ciudadanos es el presidente, que ha recurrido a acciones que generan cambio en las normas jurídicas que atentan contra la separación de poderes.
Presidencia acatará
Cerca de las 9:00 p.m., la Presidencia respondió a través de un comunicado que, “aunque no compartamos lo resuelto”, acatará la orden de la Sala
“Acataremos la orden emanada de la Sala de lo Constitucional en espera de una interpretación unívoca”, dijo la Presidencia, que mantiene su postura en cuánto arrogarse el derecho a convocar a los diputados a plenaria desde el consejo de ministros.
“Exhortamos a la Sala de lo Constitucional a que al pronunciar la sentencia definitiva que corresponda, tome en consideración los actuales intereses de la república en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a realidades del momento, de maner que no coarte la potestad válida y vigente conferida al Consejo de Ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada”. El comunicado no reconoce ningún error ni intromisión en lo ocurrido el domingo pasado.
Por la tarde, cuando la Sala emitió su comunicado de prensa sobre su resolución, el presidente respondió en su cuenta oficial de twitter a la cuenta oficial de la Corte Suprema: 'El sistema se auto protege. Y así, es como las cosas siguieron igual', escribió.
*Con reportes de María Luz Nóchez
