En la Escuela Oficial Rural Mixta Las Peñas, en la aldea del mismo nombre, en Esquipulas, Chiquimula, a dos pasos de Honduras, y a 266 kilómetros de la capital guatemalteca, el director Horacio Fernández lleva tres cuentas en mente: cuántos estudiantes perdió porque migraron a Estados Unidos, cuántos se quedaron, y cuántos nuevos recibió.
Para agosto han cerrado inscripciones, en un año escolar que era maleable desde antes de la pandemia de la Covid-19. El año escolar empieza en enero, pero reciben nuevos estudiantes en marzo: los hijos de trabajadores estacionales agrícolas que regresan a Esquipulas ese mes. También, mientras algunos recién deportados se reintegran a la escuela, otros se van: migran por cuenta propia, con los padres, o estos los envían a Estados Unidos con un conocido o familiar.
En febrero, por ejemplo, la escuela recibió a B, de 13 años. Estaba recién deportada junto a su mamá. Las habían devuelto desde Kansas, que a 4,075 kilómetros de distancia es casi una sucursal de Las Peñas, y aldeas vecinas, porque casi todos los 128 estudiantes de la escuela tienen al menos un familiar migrante en ese estado.
Sólo entre enero y agosto del año pasado, en promedio, Estados Unidos deportó a siete menores de edad por día a Guatemala (casi una tercera parte que en 2019). Fueron un total de 1,811 menores de edad deportados, de acuerdo con los más recientes datos desagregados que ha divulgado el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Eran niños y adolescentes que prácticamente ya estaban fuera del sistema educativo antes de emigrar. En 2020, la meta del Ministerio de Educación (Mineduc) era matricular a “62,000 estudiantes menos” y gastar Q171.4 millones (US$22.8 millones) menos en nivel básico, que en 2019, según cifras oficiales que analizó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Era el primer año de la pandemia y del Gobierno de Alejandro Giammattei.
En 2021, las prioridades de la “Reactivación Económica y Social” del presupuesto otorgan a educación sólo un 3%, mientras que infraestructura y carreteras recibe un 63%. Es decir, los niños y adolescentes que han emigrado por falta de acceso a educación siguen sin razones para quedarse.
El director Fernández dice que en la escuela de Las Peñas emigran más los estudiantes de secundaria, aunque con donaciones privadas y la adquisición de computadoras tablet (para clases a distancia durante la pandemia) aumentó el número de estudiantes en ese nivel de 27 en 2019 a 41 este año, y les retienen al menos hasta tercero básico.
La escuela no tiene diversificado (los grados que siguen a tercero básico), y los de primaria usan guías impresas de aprendizaje a distancia, que los profesores revisan y entregan una vez a la semana.
Para el director Fernández, el gancho para seguir y cursar secundaria son las tablets (aunque las usen fuera de línea porque la mayoría no tiene internet residencial) y que reciben inglés, ambas, herramientas que les ayudarían si viajan a EE.UU. El director explica que perdían un promedio de seis estudiantes de grados básicos anualmente por migración, antes de la pandemia. Ahora, el promedio anual que migra es de tres.
En otras escuelas, donde no hay educación secundaria, los niños migran antes. “Donde los niños llegan a sexto grado y no hallan qué hacer, se van”, dice el director Fernández. La cobertura de secundaria a nivel nacional, según datos del Mineduc, es del 49%. Fernández, también miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG), afirma que en las zonas rurales el porcentaje se reduce a 15%.
Sin embargo, la migración también ocurre en lugares donde hay acceso a secundaria, porque cursar básicos no les garantiza a los estudiantes acceso a diversificado, cuya cobertura es del 24% a nivel nacional. Tampoco garantiza acceso a empleo, ni a un empleo bien remunerado. Si la escuela secundaria es por cooperativa, los padres deben pagar parte del salario de los maestros (y el resto lo paga el Estado y la municipalidad). Entonces, algunos padres o estudiantes no encuentran sentido en pagar ni Q100 al mes (US$12 dólares) si después no tendrán acceso a diversificado. Peor aún, si luego sólo encuentran trabajo de campo.
María D., una estudiante de segundo básico en Las Peñas dice que su hermano, que tiene 20 años, se fue a Estados Unidos en 2018. “Decidió irse para allá, para hacerse de sus cosas y ya no quiso seguir estudiando; se quedó en quinto de primaria, iba a entrar a sexto”, dice. “Mi mamá quería que él estudiara mecánica, o lo que a él le gustara, pero ya no se interesó y decidió irse. Ahora está trabajando en construcción en Kansas”.
B también migró sin acabar la primaria, hace seis años. Regresó hablando inglés, y volvió a primero básico en febrero. Otro estudiante, que se iba a incorporar en marzo, emigró ese mismo mes. “Iba a empezar en la escuela, aquí en Las Peñas, pero por falta de recursos ya no siguió”, recuerda María D. “Su mamá pasaba enferma, en cama, y casi no podía salir, y el papá trabajaba en albañilería, y apenas llevaba alimentos a la casa, entonces, el muchacho decidió irse, y ahora está con unos recursos mejores”.
Lo que dicen las cifras
No hay datos que revelen cuántos migrantes salen de Guatemala por departamento. La única referencia son las cifras de deportaciones por departamento y municipio del IGM. Las más recientes que ha divulgado, de enero a agosto de 2020, revelan que Chiquimula ocupa el lugar 12 con más deportados entre los 22 departamentos del país. Es un departamento donde seis de cada diez niños de edad escolar están en la escuela, según el Mineduc. El dato a nivel país es de siete de cada diez niños.
Un incremento en la migración de personas desde el nororiente del país, a raíz del impacto de las tormentas Eta e Iota del año pasado, fue confirmado por el sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala, quien ha notado el cambio en los albergues. “Realmente muchas personas están saliendo de Alta y Baja Verapaz, Izabal y el oriente del país; es una realidad que se está dando, pero no tenemos conocimiento de la cantidad de personas”, dice Verzeletti.
La pobreza a nivel nacional alcanza un 60%, pero se incrementó en los departamentos más golpeados por las tormentas y la pandemia. En junio pasado, durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris a Guatemala, Verzeletti dijo que la vicemandataria tenía razón al señalar que, sin el acceso a servicios básicos, la migración continuará.
En el primer semestre de 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró la deportación de 2,623 menores de edad desde México y Estados Unidos, de los cuales el 60% pertenece a uno de los 22 pueblos mayas del país. Tradicionalmente, los principales departamentos que son origen de la migración indocumentada son Huehuetenango, San Marcos y Quiché, donde la mayoría de la población es indígena y pobre.
El año pasado, entre enero y agosto, el IGM contabilizó 2,789 migrantes deportados de Huehuetenango (el departamento con el número más alto) contra 408 de Chiquimula. El contraste muestra la diferencia entre un departamento con una tradición generacional de migrar, contra otro donde el fenómeno de migrar es más reciente, como señala Verzeletti. Sin embargo, estas cifras no están escritas en piedra.
“Yo tengo algunas dudas (…) respecto a los registros del IGM de los retornados, los que reportan en su página”, afirma Julia González Deras, coordinadora ejecutiva en la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig). “Cuando [los retornados] dicen el lugar desde donde migraron, los lugares expulsores, documentan el lugar a donde el migrante va a regresar en el momento de la deportación. Yo he estado ahí adentro [en la Fuerza Aérea] y ‘¿A dónde se va a ir?’ es la pregunta que les hacen, o les preguntan cuál es su lugar de origen. Entonces, asumen que el lugar de origen es el lugar expulsor, invisibilizando migración interna económica o desplazamiento forzado interno. Claro, a veces regresan a su lugar de origen si todavía tienen redes familiares de apoyo”.
Las cifras tampoco revelan las razones para migrar. Del total de deportados de Huehuetenango, 8.9 % eran menores de edad, esto en un departamento donde cifras del Mineduc señalan que la tasa bruta de la cobertura (independientemente de la edad de los alumnos matriculados) en primaria es del 98 %; en secundaria, del 34 %, y en diversificado, del 18%. Mientras tanto, en Chiquimula, del total de deportados, 13% eran menores de edad, donde el Mineduc asegura que ha una tasa bruta 108 % de cobertura en primari (supera el 100 % porque incluye edades fuera del rango usual para grados de primaria, que es de 7 a 12 años); 49 % en secundaria, y 27 % en diversificado. Esto, en un departamento donde algunas escuelas han debido cerrar durante la pandemia porque no tienen agua potable, ni baño, y sólo hay un salón para todos los grados, que impide hacer actividades con distanciamiento social.
En las cifras desagregadas del IGM, la cabecera de Chiquimula aparece como el municipio de origen de la mayoría de deportados del departamento, pero según las cifras sólo de los menores de edad, Esquipulas registra el mayor número de deportados menores de 18 años en el departamento. Los niños y adolescentes son la tercera parte de los deportados en ese municipio.
El director Fernández atribuye la migración de menores de edad a la falta de acceso a educación secundaria y diversificado. En el Icefi, el analista Ricardo Barrientos subraya que esa falta de acceso ha sido política de Estado desde por lo menos 2016, cuando el gobierno de entonces se fijó como meta cubrir a menos estudiantes. El presupuesto aumentó, pero para cumplir las metas educativas, redujeron la cobertura.
El analista del Icefi reveló que, según cifras oficiales del Mineduc, el gobierno de Otto Pérez Molina matriculó a casi 88,000 estudiantes más en 2015 que en 2016, primer año del gobierno de Jimmy Morales. La tendencia continuó en los años siguientes. Desde entonces, Guatemala tuvo las peores cifras de Centroamérica, en matrícula por nivel educativo, según datos que el Icefi tabuló. Le sigue de cerca Honduras.
La educación no funciona como un ancla para los migrantes potenciales en Guatemala, según Barrientos, por “la política educativa de contraer la cobertura educativa, por la (baja) calidad educativa, y el valor de la educación en el mercado laboral”. En las áreas rurales principalmente, como en Las Peñas, cursar primaria y secundaria no garantiza a los estudiantes un empleo que les permita sostenerse.
No obstante, el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del Mineduc incluye el fortalecimiento del nivel medio para “atender a la población dentro y fuera del sistema escolar”, y una gestión educativa “para lograr una comunidad educativa dinámica, en un proceso que promueve la gestión a favor de la población y el mejoramiento de los indicadores de eficiencia interna: matrícula, retención y promoción”.
El pasado 20 de agosto se consultó por mensaje de texto a la encargada de prensa del Mineduc, Julieta Méndez, si algún funcionario en el ministerio podía hablar acerca de los desafíos para ampliar la cobertura de la educación secundaria y diversificado, y de la migración por falta de acceso a la educación. Sin embargo, al cierre de esta nota no había enviado una respuesta.
Otra región, fenómeno similar
La investigadora y psicóloga Mónica Salazar llegó a la conclusión de que los estudiantes no ven la migración como un problema, sino como una solución, durante una investigación en contextos expulsores (de migrantes), que realiza para la organización educativa Fe y Alegría. La investigadora condujo el estudio en escuelas de alta movilidad humana (con cobertura de básicos 57-60%, y de diversificado 16-29%), en las aldeas Tamagas Creek, en Livingston, Izabal; Lagunitas y El Naranjo, en La Libertad, y en San Andrés, Petén.
En Tamagas Creek, la migración no ha sido tan histórica como en otras aldeas. “Se dio mucho con el boom del paso de niños y adolescentes [no acompañados], exacerbado con la pandemia”, dice Salazar. “Casi todos los patojos (los diez evaluados) tenían familiares en Estados Unidos”. La mayoría, en básicos, quiere migrar por falta de oportunidades. “Dicen, ‘Mi tío y mis primos se fueron, y están mejor”, señala Salazar.
San Andrés, municipio y cabecera, está en una ruta migrante y tienen redes más estables de migrantes, y muchos extranjeros de paso, turistas. “Allí se preguntan, ‘¿Por qué a nosotros nos discriminan en Estados Unidos? ¿Cuál es el problema, si nuestros familiares están en Estados Unidos hace mucho tiempo?”, agrega.
En las escuelas Fe y Alegría, el nivel de vida es diferente. Hay mucha cobertura educativa en la zona, pero eso no frena los deseos de migrar. “Aquí, quisieran emigrar porque las universidades son mejores en Estados Unidos”, afirma. “No es a ir a sobrevivir, es ‘allá está toda la familia; puedo migrar para ir a estudiar allá’”.
En Lagunitas, que es más rural, y El Naranjo, más urbano, también está instalado el concepto de migración, y la gran mayoría tiene familiares en Estados Unidos, pero la dinámica es otra. “Casi todos los patojos tienen familiares en redes de narco y/o coyotaje, especialmente en El Naranjo”, dice Salazar. “Es parte de la estructura económica”. El derecho de cruzar la frontera (incluso hacia México) es histórico porque hacen vida laboral y comercial en ambos lados. Es una forma de vida.
Una diferencia es que la migración de los padres hace que los hijos se sientan responsables de estudiar, porque el padre se sacrifica para pagar los estudios. “Aquí está el enlace con la educación media”, explica Salazar. “El padre dice, ‘Emigro para pagar diversificado y universidad (de mis hijos), porque no hay establecimientos públicos accesibles’, y esa es más motivación para que los hijos sigan estudiando”.
Destino: Kansas
En Las Peñas, Esquipulas, Aracely Erazo vive con sus dos hijas, una de 13 años en sexto de primaria y una de siete años en primero de primaria. Es madre soltera. Tiene otros cuatro hijos adultos en Estados Unidos. Uno no estudió; otro cursó hasta quinto de primaria, y los demás, hasta sexto. Dos de ellos trabajan en construcción y le envían al mes unos $150; todavía están pagando por el viaje del último que emigró.
Erazo no trabaja porque los únicos empleos disponibles en Las Peñas son en el campo. “Uno, con los años, ya no aguanta”, admite. El director Fernández dice que, en Kansas, los migrantes también hacen trabajo de campo, pero mejor remunerado, y las mujeres se emplean en limpieza de casas o en restaurantes de comida rápida. Y la lista de migrantes sigue creciendo.
El 19 de agosto pasado, el director Fernández esperaba a la mamá de B para un trámite escolar, pero en su lugar llegó un tío de la niña. Le preguntó si había sucedido algo. “La mamá no se halló (en Guatemala) y se regresaron”, dijo el tío. Habían migrado otra vez a Kansas, donde vivieron seis años antes de la deportación. Entonces, el director regresó a su libreta mental, a repasar la cuenta y restar una estudiante.
