La Chivo Wallet pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) -institución pública de carácter autónomo-. La sociedad anónima fundada con fondos públicos se llama Chivo SA de CV desde el 24 de agosto de 2021, aunque el nombre previo a esa fecha era “Inversiones El Salvador No. 1”. Chivo SA de CV nació con una inversión inicial de $60 millones provenientes del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), cantidad destinada exclusivamente para la compra de bitcoins.
Esto significa que Chivo SA de CV es la propietaria de la aplicación para teléfonos con la que los salvadoreños van a poder hacer transacciones con bitcoin: cobros, pagos y recepción de remesas del exterior. También está a cargo de los 50 puntos Chivo que han sido instalados en todo el país y 200 cajeros automáticos Chivo.
Al ser una entidad privada, Chivo SA de CV no está obligada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información. Y la Corte de Cuentas, por tradición, se ha limitado a exigir solo información sobre el reparto de dividendos que reciba, pero no sobre el funcionamiento ordinario de la empresa: salarios, empleados, partidas contables, información financiera, operaciones con partes relacionadas o con proveedores.
La credencial de Junta Directiva de Chivo indica que Óscar Mauricio Figueroa Torres es el administrador único suplente y Raymond Francisco Villalta Alfaro, el administrador único propietario y representante legal. En el Portal de Transparencia, Figueroa Torres aparece como director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo (Setefe) del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Villalta Alfaro es director suplente del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu). La forma de administración de la sociedad es a través de un administrador único, no por junta directiva. Eso significa que una sola persona tiene capacidad legal para decidir todos los asuntos concernientes a la administración de la sociedad, incluso disponer de los bienes (sin ninguna restricción), con facultades tan amplias como para realizar la venta de dichos bienes. Figueroa Torres, de 27 años, y Villalta Alfaro, de 28 años, reportan como profesión 'estudiante'.
El Faro tuvo acceso a un acta oficial del “Fideicomiso Bitcoin”, a documentos de Registro de Comercio de la empresa Chivo y al decreto que autorizó la asignación de fondos públicos para financiar el uso masivo de bitcoin, plan impulsado por el presidente Nayib Bukele y sus hermanos, Karim, Ibrajim y Yusef.
El 1 de septiembre de 2021, el Ministerio de Hacienda depositó $75 millones a las cuentas del “Fideicomiso Bitcoin” en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). El Consejo de Administración, que rige el manejo de los recursos del fideicomiso, aprobó ese día ocupar $60 millones para la adquisición de bitcoin.
El 6 de septiembre, un día antes de que la Ley Bitcoin estuviera vigente, el presidente Bukele dio a conocer la compra a Bitso, una empresa domiciliada en Gibraltar, una jurisdicción bajo dominio británico considerada por el Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network (TJN) como un paraíso fiscal, por ser “una de las jurisdicciones más secretas y menos cooperativas del planeta”. “El Salvador ha comprado sus primeras 200 monedas. Nuestros brokers harán más compras conforme la fecha límite (para la entrada vigencia de Ley Bitcoin) se acerque”, dijo Bukele.
Bitso, según Reuters, trabajará con Silvergate Bank, una entidad financiera en San Diego, California, regulada por el Gobierno de Estados Unidos para el envío de remesas desde Estados Unidos. El contrato, la forma de pago, y el precio de cada bitcoin no está claro ni ha sido transparentado por este Gobierno.
Es la segunda ocasión que la administración Bukele usa recursos de CEL, una empresa estatal que está encargada de la producción de energía eléctrica, para constituir empresas privadas. En octubre de 2020, utilizaron a Perforadora Santa Bárbara -propiedad de La Geo, una subsidiaria de la CEL- para crear Diario El Salvador, el periódico impreso del oficialismo, también financiado por fondos públicos.
Fondos públicos, negocio privado
La empresa que ocuparon para el negocio de las criptomonedas fue constituida el 12 de octubre de 1999. Ese día, el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang, y el representante legal de Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal), José Ernesto Gálvez Orellana, constituyeron Inversiones El Salvador No. 1. El 99.5% de las acciones (199) son de la CEL y el 0.5% corresponden a la empresa estatal Etesal (1 acción).
El 24 de agosto, el director legal y financiero de la Comisión Presidencial de Proyectos Estratégicos, Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz, y el jefe de la Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos, de la CEL, Ludwing Macdonald Valdez Grande se encargaron de los trámites para el cambio de nombre de la sociedad. La empresa Chivo se dedica a la 'compra y venta de toda clase de muebles, inmuebles, derechos, enseres y mercaderías, importación, exportación”, dice la matrícula de la empresa.
La sociedad ha sido pensada para construir un conglomerado transnacional para circular dinero, con el propósito de servir como canal para el envío de remesas. “La sociedad podrá ejercer sus actividades y establecer representaciones, sucursales, agencias o establecimientos en cualquier lugar, dentro o fuera del país”, dice el testimonio del 24 de agosto ante los oficios de la notaría Any Cristy Argumedo Campo.
Raymond Villalta fue subgerente de Participación Ciudadana de la Alcaldía de San Salvador cuando Nayib Bukele era alcalde y desistió de competir en la planilla del FMLN como concejal cuando Jackeline Rivera fue designada como candidata a alcalde por ese municipio. Es miembro del partido Nuevas Ideas y ha participado en actividades de organización del territorio en San Ana con miembros del clan Bukele.
Hace dos semanas, el 24 de agosto de 2021, la Junta General de Accionistas acordó que la empresa va a estar domiciliada en Nuevo Cuscatlán. Aunque la primera semana de septiembre, El Faro comprobó que Chivo SA de CV comenzó a adecuar el piso 8 del edificio Century Tower, en la Zona Rosa, San Salvador, para albergar un aproximado de 80 personas y esas oficinas van a funcionar como el hub -centro financiero- de la compañía. En ese edificio despachan otros funcionarios del Ejecutivo como la ministra de Economía, María Luis Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez y el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Peter Dumas.
Durante el primer trimestre de la pandemia, ese edificio fue el lugar de reunión de Sara Hanna y de un grupo de asesores venezolanos -la mayoría vinculados a Leopoldo López, a Juan Guaidó y a Voluntad Popular- que conforman un gabinete oculto que tomó las principales decisiones para la mitigación de la pandemia. Desde julio de este año, Hanna, el técnico Lorenzo Rey y la empresa Ulter Llc lideran el proyecto bitcoin y la “Chivo Wallet”.
Chivo, la lotería de Bandesal
El 31 de agosto de 2021, la Asamblea bukelista aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2021 con la que asignaron $203.3 millones para financiar medidas para la adopción del bitcoin como moneda de curso legal. En el decreto, los recursos son programados como transferencias desde el Ministerio de Hacienda para que las ejecute el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Entre los destino están $23,3 millones para financiar el “Proyecto Cripto Friendly”, medidas no descritas en el decreto, y dirigidas a apoyar la implementación de la Ley Bitcoin. También incluye $30 millones para un “bono” o “incentivo” que será otorgado a través de la billetera Chivo, que parece hacer referencia a los $30 que el Gobierno ofrece a los potenciales usuarios de la app a cambio de comenzar a usarla. La partida más grande es de $150 millones destinados a la creación del “Fideicomiso para Operativizar la Circulación de Moneda Digital Bitcoin”. El propósito es contar con recursos para que los usuarios de Chivo puedan usar la “convertibilidad automática e instantánea” de bitcoin a dólar.
El 1 de septiembre de 2021, en la sede de Bandesal, hubo una reunión de los miembros del Consejo de Administración del Fideicomiso Bitcoin. El director presidente, en representación del Ministerio de Hacienda, es Josías Natanael Lozano Martínez, y su suplente es Douglas Alexi Cruz González; el director propietario, por el Ministerio de Economía, es Huberto Josué Merlos Escobar, y su suplente, Rodolfo Javier Varela Velasco; y como director propietario, por la Secretaría de Comercio e Inversiones, José Mateo Cabrera Escalón y su suplente, José Ernesto Cruz Alfaro. En esa reunión también participaron los representantes de Bandesal Raúl Beltrhan y Marlon Argueta.
El punto único que discutieron fue la compra de bitcoins para que el fideicomiso cumpla con su finalidad: 'Aprobar la primera compra de bitcoins por parte del Fideicomiso por el monto de hasta $60 millones con la finalidad de iniciar el funcionamiento del Fideicomiso. Es entendido que esta compra podrá realizarse en una o varias transacciones'. Lozano Martínez, Merlos Escobar y Cabrera Escalón aprobaron la compra.
El bitcoin es un activo intangible y muy volátil, que puede ganar o perder valor de manera abrupta en cuestión de horas. El lunes 6 de septiembre, cuando Bukele anunció la compra de 550 coins, cada bitcoin valía $46,313. El valor de la criptomoneda se desplomó y cayó a $42,921 por cada bitcoin, según una publicación de Steve Hanke, de John Hopkins University.
