El Departamento de Estado anunció este lunes 20 la inclusión en la Lista Engel de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, con la consecuente retirada inmediata de visas a todos ellos y la prohibición expresa de que entren a territorio estadounidense. A esa lista, denominada oficialmente Sección 353 o Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, se incorporan también la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y su mano derecha, Ángel Pineda.
La sanción contra los magistrados es respuesta a su resolución del pasado 3 de septiembre, en la que autorizaron la reelección presidencial en El Salvador a pesar de estar prohibida por la Constitución. “Estamos reaccionando al deterioro que hemos visto en las últimas semanas”, dijo este lunes a El Faro una fuente en el Gobierno estadounidense, en referencia al acuerdo legislativo del 31 de agosto que supone la purga de un tercio de los jueces del país, y al fallo sobre la reelección: “Vamos a seguir con nuestra política de llamar la atención cuando haya otro deterioro en el marco institucional del país”.
La embajadora interina en El Salvador, Jean Manes, ya se había pronunciado con dureza hace dos semanas sobre el aval a la reelección, que consideró “resultado directo” de la destitución el 1 de mayo de los anteriores integrantes de la Sala de lo Constitucional para “instalar reemplazos leales al Órgano Ejecutivo”.
Aunque dirigidas al poder judicial, estas nuevas sanciones son un golpe al Ejecutivo. Organizaciones de sociedad civil dentro y fuera de El Salvador han denunciado que desde mayo el presidente controla los tres poderes del Estado. Washington también considera que la Sala es en este momento un brazo de la presidencia de la República y entendió la aprobación de la reelección como una maniobra de Nayib Bukele.
El presidente reaccionó en defensa de los magistrados señalados mientras la Corte Suprema de Justicia y los sancionados guardaban silencio, y despreció la Lista Engel: “No somos el “patio trasero de nadie”, tuiteó la tarde del lunes. “Es pura injerencia y política de lo más bajera”, había escrito unas horas antes: “Queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”.
Como ya hizo el pasado julio, cuando la primera versión de la lista incluyó a algunos de los miembros más destacados de su gabinete, Bukele cuestionó que en ella no aparezcan funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que está siendo investigado por narcotráfico en Nueva York. También reclamó que no aparezca, dijo, “nadie de la oposición”, aunque la Lista Engel sí incluye a exfuncionarios del FMLN y exdirigentes de Arena, algunos de ellos vinculados actualmente a su Gobierno, como Walter Araujo o Ezequiel Milla.
La Lista Engel nace de una ley aprobada en enero de este año por el Congreso estadounidense, que obliga al Departamento de Estado a elaborar un listado de individuos -principalmente funcionarios o cargos de elección- responsables de graves actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, o de socavar la democracia en estos países. Además de la retirada de visas, quienes aparecen en ella pueden enfrentar también medidas como el congelamiento de bienes o sanciones a su grupo familiar.
Su principal impacto es, sin embargo, político. En su apartado dedicado a El Salvador, la lista ya incluía al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, acusado de “ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general”. También señaló el pasado julio por actos de corrupción o por debilitar las instituciones democráticas a otros cinco miembros o ex miembros del gabinete actual: la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad, Rogelio Rivas, y Agricultura, Pablo Anliker.
Este lunes, el Departamento de Estado justificó las nuevas sanciones a Elsy Dueñas De Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña afirmando que socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar su cargo como magistrados “en un proceso que parece contravenir la Constitución”; al declarar constitucional su propio nombramiento una vez instalados; y al aprobar “una polémica interpretación de la Constitución autorizando la reelección del Presidente pese a la expresa prohibición en la Constitución”.
Tensión diplomática
Desde que el 9 de febrero de 2020 Nayib Bukele ocupó el palacio legislativo con militares en un amago de autogolpe de Estado, la comunidad internacional ha dudado sobre cómo tomar posición frente a la ruta autoritaria del presidente. En privado, varios diplomáticos afirman que la popularidad de Bukele, reafirmada en el indiscutible respaldo electoral que obtuvo en las legislativas del 28 de febrero de este año, limita el margen de maniobra. Estados Unidos, tras meses de infructuosos intentos de diálogo a puerta cerrada, parece haber decidido volver a la diplomacia pública.
El Secretario de Estado, Antony Blinken, presentó las sanciones como un “respaldo a las aspiraciones democráticas de los pueblos salvadoreño y guatemalteco” sin mención alguna a los gobiernos de ambos países en un momento en el que la Casa Blanca de Joe Biden se está viendo forzada a reevaluar su estrategia en la región -no logra frenar los flujos migratorios y el deterioro democrático del istmo se agrava- y la relación con la administración Bukele está casi rota.
El 4 de mayo, la agencia de cooperación estadounidense, USAID, anunció el corte de ayuda a instituciones públicas como la Corte Suprema, la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General, y la reorientación de esos fondos a organizaciones o iniciativas de la sociedad civil. La administración Biden ha presumido durante los últimos meses de tener interlocutores no gubernamentales en El Salvador, y pretende reforzar esa interacción, aunque sabe que eso tensará aún más su relación con la administración Bukele. “Lo que nos preocupa es que puede que la sociedad salvadoreña no sepa el daño que está haciendo este Gobierno a la relación entre nuestros países”, dice una fuente del Gobierno estadounidense.
El pasado día 13, la embajadora interina Manes tuiteó una cita de la antropóloga Margaret Mead: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho solo eso puede lograrlo”. Fue interpretado como un mensaje de aliento a la protesta ciudadana convocada para dos días después, que en plena celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica logró concentrar en las calles de la capital a miles de personas en condena al rumbo del gobierno.
En un evento de gala la noche del miércoles 15, rodeado de militares en formación y frente al cuerpo diplomático, incluida Manes, el presidente Bukele pronunció un discurso que debió ser de conmemoración del bicentenario, pero se centró principalmente en sus promesas de gestión y la descalificación a sus críticos. “Lamentablemente son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional”, dijo de los miles de manifestantes de esa mañana. “Digo algunos porque no son todos. Pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando una oposición perversa”.
Mensaje a Guatemala
La actualización de la Lista Engel también alcanza a Guatemala, con una demoledora sanción contra la vigente Fiscal General, Consuelo Porras, a quien Estados Unidos acusa oficialmente de obstruir la investigación de actos de corrupción, y a Angel Arnoldo Pineda, actual Secretario General del Ministerio Público y número dos de Porras, a quien Estados Unidos acusa incluso de “haber alertado a personas objeto de investigación sobre los casos que se estaban trabajando contra ellos”.
“El patrón de obstrucción de Porras incluye ordenar a fiscales del Ministerio Público que ignoren ciertos casos por consideraciones políticas, y socavar activamente investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), incluyendo el despido de su Fiscal Jefe, Juan Francisco Sandoval”, dice el Departamento de Estado en su anuncio.
Desde su exilio en Washington, Sandoval reaccionó al anuncio: “denota que las autoridades de este país han advertido la persistente labor de Consuelo Porras para obstruir investigaciones de gran corrupción y encubrir a altas autoridades que pueden aparecer involucradas en esos hechos”, dijo el que durante los últimos años fue el principal fiscal anticorrupción de Guatemala. “Esperaría que en algún momento las sanciones lleguen también a otros funcionarios, o a las personas que sostienen y dan fortaleza a las acciones que ha emprendido el Gobierno.”
Sandoval tuvo que salir de su país en secreto a finales de julio, después de ser destituido por la Fiscal Porras, que a inicios de septiembre emitió una orden de captura contra él. Tras llegar a Estados Unidos, ha acusado públicamente a la Fiscal General de obstaculizar el trabajo de la FECI cuando ésta comenzó a recibir indicios del posible involucramiento del Presidente Alejandro Giammattei en estructuras de corrupción.
“Si tenemos como parámetro los antecedentes, las autoridades de Guatemala han desoído cualquier llamamiento a que circunscriban sus acciones al marco legal”, dice Sandoval sobre el posible impacto de estas sanciones. Aun así, dice tener la expectativa de que “hagan saber al presidente Giammattei que estas consecuencias se pueden elevar a otros funcionarios o aún al propio gobierno si continúa en su obstinada labor de operadores de Justicia independientes.”
En su primera versión, lanzada en Julio, la Lista Engel incluyó a 19 guatemaltecos, entre ellos el expresidente de la República Álvaro Colom y los operadores legislativos Gustavo Alejos, Felipe Alejos y Alejandro Sinibaldi. Algunos de ellos están acusados de manipular el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. El último pulso político por el control del máximo tribunal del país terminó en abril con la salida de Guatemala de la expresidenta de la Corte, Gloria Porras, que como Sandoval, y como hicieron años antes la jueza Claudia Escobar o las exfiscales Claudia Paz y Paz o Thelma Aldana, ante la amenaza de persecución judicial por motivos políticos ha buscado protección temporal en Washington.
Aunque en esta actualización no ha incorporado nuevos nombres de Honduras, la Lista Engel se ha convertido en boceto en tiempo real de la relación de estructuras de corrupción y narcotráfico con la alta clase política del norte de Centroamérica. Su primera versión incluyó al expresidente Pepe Lobo, a quien Estados Unidos acusa de haber recibido sobornos del grupo de narcotráfico “Los Cachiros”, y a su esposa Rosa Elena Bonilla, condenada en Honduras a 58 años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos aunque posteriormente la sentencia fue anulada. También señaló a 18 miembros o exmiembros del Congreso hondureño.
