El presidente Nayib Bukele ha logrado lo que ningún mandatario ha logrado los últimos 50 años: llevar al país de un aliado confiable a una situación que raya con la rivalidad geopolítica.
No es solo que Washington esté en desacuerdo con la gestión de Nayib Bukele, sino que lo considera un potencial adversario en la región. En la mente de muchos tomadores de decisiones en EE. UU., Bukele encabeza un gobierno truhán (o rogue en inglés). Es decir que coloca al centro de su política exterior el engaño, la estafa, las bufonadas y prácticas ilegales y antiéticas contra sus aliados. De hecho, las revelaciones periodísticas de que el Estado salvadoreño pudo haber usado programas espías contra diplomáticos y ciudadanos estadounidenses en El Salvador, periodistas y activistas, colocó al gobierno salvadoreño en el radar de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU.
Bukele ha pasado de “socio confiable” –como algunos de los funcionarios de Bukele llaman a EE. UU.– a cuasi adversario de Estados Unidos en menos de dos años. En sus últimas declaraciones como encargada de negocios interina de EE. UU. en El Salvador, Jean Manes perfiló el estado de la relación entre Washington y San Salvador como una en donde no había contraparte para el diálogo, razón por la que a partir del 22 de noviembre de 2021 su país le ponía “una pausa”.
Washington espera lo peor de adversarios como China, Rusia, Irán y Venezuela. Sin embargo, durante 50 años, Washington ha dado un trato preferencial a los gobiernos de El Salvador, y El Salvador ha respondido de la misma forma. Uno puede discutir si estos tratos han convertido al país en una nación dependiente de EE.UU., pero la verdad es que esa dinámica ha establecido una serie de reglas no escritas en la relación no bilateral. Una de ellas es asumir que la cooperación entre ambas naciones es de buena fe y no busca subvertir el sistema político del otro. Como se puede apreciar, esa regla no escrita no es revolucionaria, sino profundamente conservadora. Estas reglas se han vuelto materia de sentido común en la relación con Estados Unidos.
Sin embargo, Bukele –en su esfuerzo por consolidar su poder y la paranoia con la que mira enemigos en todas partes– ha subvertido ese sentido común, sumergiendo al país en una distopía geopolítica, donde el humor de Bukele son el horizonte estratégico.
En estos momentos, Washington cree que El Salvador está en camino a convertirse en otro de sus adversarios, de la misma forma en la que lo hizo Daniel Ortega. A diferencia de Ortega –un autócrata con una visión geopolítica refinada y de largo aliento–, Bukele responde con un instinto cortoplacista. Mientras Ortega se ha alineado con Venezuela, Cuba, Irán y Rusia, Bukele ha coqueteado con China y la nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro. Sin embargo, el mandatario ha preferido refugiarse en la secta Bitcoin.
Hay dos factores clave que han llevado a que Washington reconsidere sus límites con Bukele: la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros y los constantes ataques pagados por el Gobierno salvadoreño contra Manes y un buen grupo de funcionarios y legisladores estadounidenses, entre los que se incluye la representante Norma Torres, el jefe del subcomité de Asuntos Hemisféricos occidentales de la Casa de Representantes, Albio Sires, el asesor de seguridad del presidente Joe Biden, Juan González, entre otros.
El borrador de la Ley de Agentes Extranjeros que se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa no solo es un esfuerzo por criminalizar la cooperación externa, sino también una clara advertencia para la comunidad internacional. De aprobarse esta ley tal y como está planteada, implicaría que El Salvador no considera la buena fe detrás cooperación de los países occidentales, sino que piensa que es subversiva. Otros países han aprobado leyes similares, pero los casos más importantes, como Rusia y Nicaragua, han establecido regulaciones para detener cualquier influencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Para estas dos naciones y sus estrategias geopolíticas, es muy consistente una ley que considera a USAID y a la cooperación alemana y holandesa como peligrosa.
En el caso de El Salvador, que se percibe como aliado de Occidente, una ley como esa significa una declaración de guerra. El impuesto –40 % sobre el monto total– y los costos humanos son graves, pero lo más grave es que esa regulación abriría una época en la que El Salvador pasaría a ser un país adversario de EE. UU. y Occidente. Por años, la izquierda salvadoreña buscó expandir los horizontes de la política exterior para que fuera más allá de EE. UU. y Europa. El FMLN abrió relaciones con China y reforzó sus relaciones con los países del ALBA (Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina).
Sin embargo, pese a los malos augurios de la derecha, mantuvieron como prioridad una relación efectiva con EE. UU. en temas como migración y seguridad. El FMLN buscaba colocarse como un país no alineado, pero con buenas relaciones con EE. UU. y el ALBA al mismo tiempo. Esa era su apuesta, influida por el balance geopolítico que el expresidente Inácio “Lula” Da Silva estableció en Brasil. Bukele –con su política exterior nihilista–no tiene alternativa más que el caos.
El segundo factor es que el Gobierno ha usado todos sus instrumentos para atacar de forma pública a los personeros de Washington, tal como Manes lo expresó en sus últimas declaraciones en el puesto. La congresista Normas Torres, por su parte, ha informado directamente al FBI de los ataques de los seguidores de Bukele que incluyeron vigilancia de sus propiedades en el sur de California.
La salida de Manes y el aviso del posible espionaje político de parte del Estado salvadoreño a periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, y políticos opositores y oficialistas, complejiza la relación con Washington y le va dejando menos margen de maniobra para justificar su cooperación de seguridad y militar. Hasta el momento –por lo ventilado en público– Washington se ha limitado a presionar a San Salvador usando las herramientas que el Congreso le ha permitido ejecutar por medio del Departamento de Estado, como la Lista Engel. También se ha sumado a la investigación de la corrupción regional el Departamento de Justicia, lo que deja clara la desconfianza de EE. UU. con las instituciones de justicia que consideran cooptadas por los poderes Ejecutivo del Norte de Centroamérica. No sería raro que las relaciones en el tema de seguridad y militar sufran a partir de esta clara posición de animadversión y ataque que Bukele ha mostrado.
El mandatario salvadoreño ha hecho historia, ciertamente. Se ha convertido en el presidente con menos apoyo en Estados Unidos –incluidos los presidentes que gobernaron durante la guerra civil–de los últimos 40 años. Y casi, sin duda, el único que ha tenido que alquilar amigos como cabilderos –como el exdiplomático estadounidense Thomas Shannon– para hacer creer que tiene interlocutores en Washington. Como dije en una columna anterior, Washington no quería pleito con Bukele. Ahora no tiene ninguna otra opción que responder a la escalada. Solo que no será solo el Departamento de Estado, sino el de Justicia, el FBI y el NSA. Si Bukele quería la atención de Biden y su gobierno, ahora la tiene.
