Columnas / Desigualdad
Fénix, La Labor y el peligro de contar con el favor del Estado
El caso de la hacienda La Labor y el proceso legal contra tres de sus habitantes por defender el acceso al agua son prueba clara de la postura genuflexa de la clase política ante el poder económico.

Fecha inválida
Hugo Díaz

Indiferentemente del partido político que haya administrado el gobierno, la postura genuflexa de una clase política altamente viciada siempre ha sido constante ante el poder económico. El caso de la hacienda La Labor y el proceso legal contra tres de sus habitantes por el simple hecho de defender el acceso al agua son prueba clara de ello. La empresa señalada, inmobiliaria Fénix, además, tiene un precedente infame respecto a la violación de derechos patrimoniales que acabaron en un fallo favorable para ellos.

El sitio arqueológico Tacushcalco junto al Nexapan (río Ceniza), el Sensunapán (río Grande) y la hacienda La Labor han sufrido o están por ser víctimas de ese sometimiento al que plácidamente se entregan la gran mayoría de entidades estatales, en especial aquellas instituciones responsables de la salvaguarda de los bienes comunes de naturaleza cultural y natural, las que simplemente funcionan como herramientas a disposición de la enorme maquinaria extractivista y destructiva. No obstante, las formas de lucha y su sustento jurídico han dado saltos cualitativos a partir de la experiencia generada en la protección de los territorios a partir de incorporar el componente cultural.

Más allá de ser escenarios de conflictos socioambientales pertenecientes al occidente del país, los lugares mencionados constituyen bienes culturales y naturales ubicados en espacios con antecedentes ancestrales, expresados a través de su patrimonio mesoamericano, tanto tangible como intangible, el que se sintetiza principalmente en sus lugares sagrados, de naturaleza arqueológica y simbólica. De la misma manera, en los tres casos ha sido evidente la capacidad de captura corporativa desplegada por las empresas implicadas y el grado de servilismo mostrado por las dependencias gubernamentales cómplices.

Habitantes de la Hacienda La Labor disfrutan de las aguas termales del estanque que abastece a más de diez comunidades que le rodean. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Habitantes de la Hacienda La Labor disfrutan de las aguas termales del estanque que abastece a más de diez comunidades que le rodean. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El área arqueológica Tacushcalco, al ser un antiguo asentamiento ocupado por mayas y nahuas, es implícitamente un espacio sacro para los pueblos indígenas actuales, principalmente para los que viven en la zona occidental del país, dando con ello continuidad a su cosmovisión milenaria mediante el arraigado culto a los ancestros y los lugares ceremoniales, destinados a la conexión con las distintas divinidades que habitan los diferentes niveles del cosmos, ambas expresiones de lo que López Austin denominó núcleo duro mesoamericano.     

Así mismo, en los cantones Sisimitepet como Pushtan, en Nahuizalco, han sido identificados al menos 15 espacios sagrados, entre fosas comunes producto de la matanza de 1932 y sitios que desde sus saberes locales denominan “lugares encantados” o “lugares de paraje”, los que en su mayoría se encuentran sobre o en las riberas del río Sensunapán y se verían seriamente afectados de construirse una nueva represa hidroeléctrica.

El importante esfuerzo de identificación de estos lugares por parte de la comunidad organizada de Sisimitepet y Pushtan, cuya lucha por la defensa del río tiene a la fecha un poco más de 17 años, fue realizado con base en el inciso segundo del art. 105 de la Ley de Cultura y validado por la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura en el 2021, instancia que a solicitud y en coordinación con pobladores y pobladoras de estos cantones levantaron el inventario de lugares sagrados entre los meses de marzo y abril del mencionado año.               

El conflicto en la hacienda La Labor, como es conocido, estalló el mes de noviembre del 2021, entre la misma empresa que destruyó Tacushcalco y la comunidad que se opone a la explotación de los mantos acuíferos del lugar. La gran mayoría de la población salvadoreña aún desconoce la existencia de vestigios arqueológicos en ese lugar, los cuales podrían cambiar el rumbo de la lucha, al integrar la defensa de patrimonio cultural tangible e intangible.

La evidencia de ocupaciones mesoamericanas en la hacienda consiste en el sitio arqueológico homónimo ubicado a 3 km al noreste del casco. De igual forma, según la ficha de registro del lugar, anteriormente este espacio de naturaleza arqueológica era conocido como “Caserío San Lázaro”, el cual estaba compuesto para ese momento por tres montículos localizados en las faldas del cerro de igual nombre (San Lázaro). También se reporta que en una pila de agua que formaba parte del casco de la hacienda se encontraban incrustados “mascarones grabados en piedra”, haciendo referencia a dos esculturas conocidas como “cabezas de jaguar”, que a la fecha siguen empotrados en ese lugar.  Por su naturaleza, está de más mencionar que dicho asentamiento mesoamericano, al igual que Tacushcalco, constituye un lugar sagrado para los pueblos indígenas.        

Es evidente que el patrimonio intangible fluye transversal e inagotablemente en estos conflictos socioambientales, superando una mera y simple perspectiva utilitaria. En todos los casos mencionados la protección del agua es inherente a la salvaguarda de la comunidad misma, replicando con ello el carácter sagrado de este elemento, así como la esencia colectiva de la vida y la visión integral de los ecosistemas, desde la cual la naturaleza se considera un tejido y las personas un hilo más del enorme y diverso entramado. Esto permite plantearse el territorio y su defensa desde una perspectiva biocultural, propia e inseparable de los pueblos indígenas.  

Desde el año 2017 hasta finales de 2021, Inversiones e inmobiliaria Fénix, S.A. de C.V. (Fénix) mostró una capacidad abrumadora de captura corporativa, en respuesta a la resistencia social en torno al desarrollo ilegal de un proyecto urbanístico que destruyó una considerable porción de la zona norte del centro cívico–ceremonial de Tacuschalco, perteneciente a los grupos nahuas del Posclásico (950–1524) y el llamado periodo de Contacto (1524).

Este antecedente ha encendido las alarmas en el caso de la 8ª hidroeléctrica que tiene proyectado instalar la Sensunapán, S.A de C.V. sobre el río Grande (Sensunapán en náhuat) de Sonsonate. Teniendo en cuenta el reiterado incumplimiento por parte del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente de la resolución 01-2021-MC-amb (4) de fecha junio 7 de junio de 2021, emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

Este documento es de suma importancia histórica, ya que es la primera vez que en el país se protegen bienes naturales incorporando a su salvaguarda una perspectiva cultural, al considerar que los daños que puede ocasionar la construcción de una octava represa a los lugares sagrados de los pueblos indígenas, son predecibles e irreversibles. De igual forma, dicha resolución es vital en la protección del Sensunapán, al tener en cuenta que ante el menoscabo que dicho proyecto  generará en los componentes biótico, abiótico, estético y cultural la Cámara ordenó al Ministerio de Medio Ambiente no otorgar el permiso ambiental de ubicación y construcción del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II.

A pesar de todo, el Ministerio de Cultura no ha ejecutado lo ordenado en la resolución citada, en un claro desdén a las exigencias de las comunidades locales. A la fecha se encuentran pendientes las resoluciones que esa institución debe de emitir para la protección y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la cuenca del Sensunapán, así como la actualización de la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador y el otorgamiento de medidas de protección en favor de los sitios sagrados, identificados y reconocidos por la comunidad indígena de Nahuizalco, junto a las demás expresiones culturales de estas poblaciones.

El incoherente actuar del Micultura en el caso Tacushcalco y su displicencia en la salvaguarda del Sensunapán se resumen en dos de las frases más sonadas dentro de la institución durante los últimos dos años y medio, la que de seguro serpentea en las distintas instancias estatales regulatorias: “Las empresas tienen derechos adquiridos” y “son actos en firme”, cuyo eco en el enorme vacío institucional permite escuchar claramente el “Dejar hacer, dejar pasar”.


*Hugo Díaz es arqueólogo independiente. Se desempeñó como jefe del Departamento de arqueología del Ministerio de Cultura, desde donde lideró las excavaciones en Tacuscalco. En 2019 fue removido de su cargo por 'falta de confianza'. Actualmente apoya a comunidades indígenas en la defensa de su patrimonio biocultural.

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