Columnas / Política
Bukele, el evangelista de una religión en crisis
Lejos de instalar una revolución financiera, Bukele ha aproximado al país al impago de su deuda externa mientras intenta convertir a la religión del Bitcoin a decenas de miles de ciudadanos.

Fecha inválida
Ricardo Valencia

La noticia más importante que el presidente de El Salvador Nayib Bukele le ha dado al mundo no es haber hecho del Bitcoin una moneda de curso legal, sino instalar la lógica de las compañías cripto en un Estado soberano. El problema detrás de la implementación de esta lógica es que mientras las criptomonedas se deprecian, las fortunas de los cripto fanáticos desaparecen, los clientes de estas empresas pierden millones y compañías se acercan a la bancarrota, el gobierno de Bukele replica este fracaso. Lejos de instalar una revolución financiera, Bukele ha aproximado al país al impago de su deuda externa mientras intenta, con muy poco éxito, convertir a la religión del Bitcoin a decenas de miles de ciudadanos. El mandatario salvadoreño –como buen evangelista– organiza su religión secular bajos los mismos parámetros de las compañías cripto del norte global que necesitan sangre fresca para ofrendar ante el altar de las criptomonedas.

A esa mimetización de las lógicas cripto en el Gobierno yo la llamo gobernanza cripto. Al centro está Bukele como supuesto disruptor del sistema. La gobernanza cripto mira a sus ciudadanos como presas que necesitan consumir constantemente este activo. Prometen que la vida de los pobres cambiará de la noche a la mañana como la de un millonario de película. La realidad es que el país, lejos de convertirse en uno próspero con la adopción del Bitcoin, está cada vez más endeudado, y afuera los organismos multinacionales se lo piensan antes de darle más dinero. Bukele ha pasado de ser un predicador descarado que pedía a sus seguidores que revisaran su Chivo Wallet cuando los precios del Bitcoin iban en una curva ascendente a pedir paciencia ahora que el valor está cayendo en picada. 

El entusiasmo del jefe de Estado salvadoreño ha provocado que los mismos nombres que estuvieron involucrados en la adopción del Bitcoin en El Salvador ahora busquen expandir su influencia a otras naciones de Latinoamérica. Samson Mow, uno de los arquitectos de bonos Bitcoin de El Salvador –cuyo lanzamiento ha sido retrasado indefinidamente–, cree que México podría apostarle a las criptomonedas. La empresa de intercambio Binance, que en El Salvador ha contratado a al menos siete empleados para –según la empresa– “remediar la actividad de pandillas”, ha abierto un centro regional en Brasil. 

Desde el anuncio de la implementación de la Ley Bitcoin han proliferado las academias para que fanáticos locales y estadounidenses eduquen a estudiantes de bachillerato y a otros entusiastas. Al mismo tiempo, el Gobierno ha prometido invertir al menos $3 millones para capacitar jóvenes de barrios pobres de San Salvador en el trading de criptomonedas.

El discurso de la inclusión financiera se ha expandido de tal manera que esta práctica se ha empezado a replicar también con las poblaciones empobrecidas del norte global, como la del mercado más grande de criptomonedas del mundo: Estados Unidos. El rapero estadounidense Jay Z y el ex CEO de Twitter Jack Dorsey, por ejemplo, han abierto una academia Bitcoin en un barrio pobre de Nueva York, a pesar de que sus habitantes son escépticos y calificaron la movida como algo fuera de tono. Cajeros automáticos de criptomonedas han sido colocados en supermercados latinos en Estados Unidos. Algunas familias de barrios pobres también han empezado a invertir en cripto en lugar de ahorrar para la educación superior de sus hijos. Muchas comunidades de color en Estados Unidos creen que el sistema de las criptomonedas es una alternativa al inalcanzable sistema financiero tradicional que no le brinda créditos ni oportunidad de movilidad social.

Por su naturaleza cercana a las compañías multinivel, el sistema cripto necesita nuevos “inversionistas” que sufraguen un esquema piramidal en el que los beneficios de los viejos usuarios sean pagados por los nuevos cliente. En la parte superior de la pirámide están los pocos se han vuelto ricos en este inmenso casino y en la parte inferior, los que aspiran a enriquecerse o han sido obligados –como el caso de los salvadoreños– a ser presas de empresas cripto. En general, los únicos que ganan son los de arriba, mientras los de abajo colapsan endeudados. A este tipo de estrategia de entender a comunidades pobres como presas de productos financieros riesgosos se le llama inclusión depredadora. Este idea –hilvanada en los Estados Unidos por el académico afroamericano Keeanga Yamahtta Taylor– parece explicar cómo un presidente autoritario del tercer mundo como Bukele imita estas prácticas depredadoras.

La opacidad, una práctica extendida en el gobierno de Bukele, es otra parte del modelo de negocios de las criptomonedas. Compañías como Tether, Celsius y Terra han construido castillos de naipes en un terreno poco regulado por los gobiernos. Castillos que en la actualidad se desmoronan. Celsius suspendió las transacciones de centenares de sus clientes, Tether –compañía socia de Bukele en los retrasados bonos Volcán–- se niega a ser auditada para saber si sus tokens están respaldados por dinero real. Esta oscuridad se disfraza en un manto de supuesta horizontalidad. Los mandamases de las criptomonedas llaman comunidad a sus clientes. Pero en tiempos de crisis, como los actuales, la comunidad se convierte en un agujero negro en el que las ganancias de los clientes desaparecen. 

Bukele usó el modelo de hoyo negro financiero de las cripto a través de Chivo Wallet, una empresa privada con fondos públicos. Para poder realizar sus contorsiones financieras, el Gobierno impidió el acceso a la información sobre el proyecto y contrató a empresas extranjeras que firmaron acuerdos de confidencialidad. El experto en seguridad digital, Domingo Flores, asegura que la cultura de las empresas cripto no busca brindar seguridad y un buen producto a sus clientes, sino ganar dinero lo más rápido posible.  “La Chivo Wallet tenía demasiados problemas de seguridad desde el principio, pero no se intentó solucionarlos porque la meta era que la mayor parte de la gente tuviera la aplicación sin importar el riesgo para ellos,” me aseguró Flores. 

En El Salvador, la opacidad cripto necesita de un fuerte dispositivo de seguridad e inteligencia que incluye la construcción de gigantescas cárceles para generar confianza entre los inversionistas extranjeros. Las filtraciones de información a través de la prensa o de voces incidentes despiertan reacciones violentas por parte del régimen. En septiembre de 2021, el tecnólogo y crítico de la Ley Bitcoin Mario Gómez fue detenido ilegalmente por la Policía y su teléfono fue requisado. La policía salvadoreña nunca tuvo una orden de arresto de parte de la Fiscalía, pero igual la realizó.

La gobernanza cripto tampoco es amigable con el medio ambiente. Para minar los casi dos millones de bitcoins que faltan producir, los mineros de la criptomoneda consumen el equivalente del consumo energético de un país con 45 millones de personas como Argentina. El estado de Nueva York ha aprobado una Ley para limitar el minado de cripto y establecer una veda para nuevos permisos de dos años. China también la ha prohibido por su excesivo consumo de energía. 

El gobierno de El Salvador, en cambio, ha continuado con la tradición extractiva y depredadora de las criptomonedas. Bukele prometió convertir al país en el paraíso para el minado, pese a que El Salvador importa buena parte de su energía. Esto, según varias estimaciones realizadas por Fusades, impactaría la capacidad del país de proveer de energía eléctrica a su población. El ministerio de Medio Ambiente advirtió el 25 de octubre de 2021 que la construcción del aeropuerto de La Unión (donde se anunció la construcción de Bitcoin City) tendría un alto impacto ambiental en la zona.

La adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal es apenas la punta del iceberg de una gobernanza que amenaza en convertir el país en una gigantesca empresa start up –pagada con fondos públicos sin fiscalización– en el que su autoritario líder silencia y vigila a sus “empleados” incómodos y depreda el dinero de un país pobre. Lastimosamente, El Salvador solo es una pequeña pieza para una industria que mira a los ciudadanos latinoamericanos como presas que le ayuden a compensar la hemorragia de clientes del norte global.


*Ricardo Valencia es profesor asistente de Comunicaciones en Fullerton, la universidad estatal de California.
Twitter: @ricardovalp.

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