Lidia María Elena Fermán fue nombrada miembro del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a pesar de que la ley lo prohíbe de forma explícita. Fermán permaneció menos de una semana en el puesto y lo dejó después de que El Faro hiciera preguntas sobre su nombramiento.
De 54 años, Fermán es abogada penalista y se casó el 27 de febrero de 2009 con Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, según las partidas de nacimiento de ambos extendida por las alcaldías de San Salvador y Jocoro (Morazán) a las que El Faro tuvo acceso. La Ley de Ética Gubernamental prohíbe que los cónyuges de magistrados de la CSJ sean miembros del Tribunal de Ética.
“No podrán ser electos o designados como miembros del Pleno [del TEG]:.. c) El cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, con el Presidente o Vicepresidente de la República, los Diputados de la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia…”, reza el artículo 14 de la Ley de Ética Gubernamental. El objetivo de la Ley es procurar la mayor independencia a la hora de investigar a los funcionarios.
Fermán sustituyó a Marcos Campos Rosales, representante de la Corte de Cuentas en el TEG que culminó su período el 24 de septiembre de 2022, después de 15 meses en el cargo. La fecha exacta de cuando Fermán fue nombrada por la Corte de Cuentas de la República en el pleno del TEG es incierta, pero hay fotografías de ella en actividades de dicha institución desde el 20 de octubre. El TEG está conformado por cinco titulares designados por distintas instituciones, entre ellas la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, y la Procuraduría General para la República.
Hasta el viernes 28 de octubre, Fermán aparecía en la página web del TEG como autoridad miembro del pleno. Una fotografía de ella junto con el resto de los miembros del TEG fue publicada en la cuenta oficial de Twitter de la institución el 20 de octubre , durante una actividad del TEG en el marco de “La semana de la ética”.
El Faro contactó a la Corte de Cuentas para pedir una explicación del nombramiento de Fermán el jueves 27 por la tarde. El responsable de comunicaciones de la institución se comprometió vía WhatsApp a trasladar la consulta y a entregar una respuesta. Pero no hubo tal respuesta y, por el contrario, lo que ocurrió es que la información sobre el cargo de Fermán en el TEG desapareció de la página web. Y la Corte de Cuentas publicó en su Twitter, el viernes 28, una convocatoria pública en la que invita a cualquier persona a participar en el proceso de selección de su representante en el TEG. “Ella estuvo solo unos días en el cargo”, dijo a El Faro una fuente interna del TEG que habló con El Faro y que solicitó que su nombre no fuera publicado por no estar autorizada a brindar declaraciones al respecto. El TEG, hasta el cierre de esta nota, no había respondido a una solicitud de comentarios oficiales que se le hizo el sábado 28 por la tarde. Tampoco Fermán respondió el correo que se le envió a la dirección que aparecía en la página del TEG.
Antes de su breve aparición en Twitter como miembro del tribunal, Fermán no había sido funcionaria. Fue autorizada como abogada en 2001, fue agente auxiliar en la Fiscalía, llegó a ser directiva de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y luego trabajó como abogada en “Durel y Fermán”, despacho creado junto con su actual esposo, el magistrado Flores Durel.
Más recientemente, en 2020, Fermán obtuvo un contrato por libre gestión (no hubo licitación ni competencia), como asesora jurídica en el Ministerio de Trabajo, por el cual cobró, después de tres meses de asesoría, un total de 4,761 dólares. El contrato llama la atención porque los tres meses que duró coinciden en tiempo con una cruzada mediática y legal que Rolando Castro, el Ministro de Trabajo, impulsó entre octubre y diciembre de 2020 contra el exdirigente de oposición (Arena) y exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para quien, meses después, Fermán pidió la detención provisional en calidad de querellante durante el juicio contra del ex alcalde.
En esas fechas, el Ministro de Trabajo pidió al Tribunal Supremo Electoral que anulara la candidatura de Muyshondt a la reelección , y pidió a la Fiscalía investigar a Muyshondt por varios delitos, entre ellos, homicidio y retención de cuotas laborales . Luego, en mayo de 2021, Fermán fue la abogada particular que pidió la detención provisional de Ernesto Muyshondt utilizando la figura de querellante. Muyshondt había enfrentado en libertad un proceso judicial por fraude electoral, pero eso cambió cuando Fermán pidió su detención, cinco meses después de que se le terminó su contrato con el Ministerio de Trabajo.
El esposo de Fermán, el magistrado Flores Durel, reconoció en una entrevista en junio de 2021 que la petición para que detuvieran a Muyshondt la pidió él y su equipo de abogados porque defendía los derechos de la clase trabajadora. Se refería a los intereses del sindicato ASTRAM, al que pertenecía Castro antes de ser ministro y al que pertenecían las víctimas del caso de retención de cuotas laborales de Muyshondt.
Flores Durel fue designado magistrado de la CSJ en un proceso irregular en junio de 2021. Desde su cargo en la CSJ, Flores Durel y el resto de magistrados promovieron una extensa depuración de jueces de todo el país que comenzó el 26 de septiembre de 2021 .
Los nuevos jueces han promovido sentencias que le hubieran favorecido a Flores Durel si él se hubiera mantenido en la práctica de litigante. Por ejemplo, la nueva Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador anuló la libertad condicional en la que se encontraba Muyshondt y ordenó su captura en octubre de 2021 , después que el juzgado que conoció el caso de retención de cuotas ordenara su arresto domiciliar.
Otro cliente de Fermán y su esposo el magistrado Flores Durel fue Ana Ligia Mixco Sol de Saca, exprimera dama de la República que fue condenada en junio de 2021 a 10 años por el lavado del dinero público malversado durante el quinquenio 2004-2009. También ella y otros protagonistas del caso salieron favorecidos recientemente con resoluciones emitidas por los jueces nuevos colocados tras la depuración promovida por la CSJ. Hace unos días, el miércoles 26 de octubre, la nueva Cámara Primera de lo Penal anuló la condena de 10 años contra la exprimera dama y ahora el juicio deberá repetirse.
El TEG está obligado por ley a supervisar la ética de los funcionarios públicos, haciendo valer la Ley de Ética. Esa tarea parece rebasar sus capacidades pues, por ejemplo, los grandes casos de corrupción de las administraciones presidenciales que gobernaron entre 2004 y 2019 ocurrieron ya con la Ley vigente. En los primeros cinco años de existencia, el TEG no tenía capacidad ni siquiera de multar a funcionarios a quienes se les comprobara violaciones éticas. Desde 2012, el TEG puede imponer multas pero ha habido casos en los que ha decidido no hacerlo. Por ejemplo, cuando la Asamblea aprobó 93 mil dólares para comprar relojes y pulseras para los diputados y 13 mil dólares en licor, en 2012.
También decidió absolver al diputado Guillermo Gallegos, dirigente del partido G ANA, cuando se demostró que la Asamblea había contratado a 11 parientes suyos, y decidió abrir un proceso sancionatorio solo para dos casos, aunque a día de hoy permanecen estancados. Según la propia institución la mayoría de los casos que investigan están relacionados con el mal uso de vehículos propiedad del Estado. En todo caso, las multas impuestas no son un escarmiento contundente: Raquel Caballero de Guevara , actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) acaba de ser nombrada en el puesto pese a que el TEG la condenó dos veces por nepotismo. La funcionaria pagó sus multas 21 días antes de la entrevista que le harían los diputados de la Asamblea para ver si ella tenía idoneidad para el cargo.
