Las elecciones de medio término que se realizan este 8 de noviembre en Estados Unidos podrían ser determinantes para los salvadoreños viviendo en ese país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). El gobierno de Bukele, que dice a través de su propaganda que trabaja para ellos y hasta aprobó una Ley de Voto en el Exterior para garantizar su participación en los comicios de 2024, no ha luchado por preservar y expandir los beneficios migratorios como sí lo ha hecho por limpiar su imagen de autoritario y vender la idea de la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal como su jugada maestra. Los tepesianos temen en este momento que el fracaso diplomático de Bukele termine en su repatriación definitiva hacia un país que algunos ni siquiera conocen, sobre todo si los Republicanos ganan terreno en el Congreso, lo que enterraría cualquier reforma migratoria.
Entre reparar la poca credibilidad de Bukele en Washington y viajar por el mundo promoviendo una supuesta adopción masiva de Bitcoin, la embajadora de El Salvador en Washington Milena Mayorga ha vuelto secundario lo que por muchas décadas fue central para la diplomacia salvadoreña: la ampliación del TPS. En cambio, en el último año, la embajadora se ha embriagado del elixir de la criptomoneda, cuyo único impacto fue una efímera victoria de relaciones públicas para Bukele.
Este fracaso diplomático amenaza con erosionar el apoyo de Bukele en la diáspora salvadoreña que parece central en sus planes de reelección. Por más amor que muchos migrantes le prodigan a Bukele en redes sociales, el presidente salvadoreño perdería por goleada si los migrantes con TPS tienen que escoger entre su reelección o su estabilidad migratoria. Ellos no quieren volver a El Salvador, quieren permanecer en Estados Unidos. El Salvador de Bukele les ofrece muy poco.
Tras un año de la adopción del Bitcoin, El Salvador sigue siendo el país que menos inversión extranjera recibe en Centroamérica y que no puede detener la hemorragia de inmigrantes que huyen a la frontera sur de Estados Unidos.
Pero Mayorga no es la única responsable de esta debacle diplomática. Después de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump cancelara el TPS para salvadoreños en enero de 2018, Bukele, entonces alcalde de San Salvador, calificó el hecho como una de las “peores noticias que hemos recibido en las últimas dos décadas” y acusó al gobierno del FMLN de tratar de engañar a la población al minimizar el impacto de la cancelación. Durante su campaña presidencial, prometió mejorar las relaciones con Estados Unidos para, supuestamente, ayudar a los salvadoreños del TPS.
Sin embargo, ya en el poder, la administración Bukele dio por hecho la eventual repatriación de los migrantes. En octubre de 2019, la canciller salvadoreña Alexandra Hill y personeros del gobierno de Trump firmaron un acuerdo en el que se anunciaba dar “tiempo adicional para la repatriación de salvadoreños” con TPS. Un mes antes, Hill había firmado otro acuerdo con Estados Unidos que designaba a El Salvador como “país seguro” para recibir solicitantes de refugio de terceros países. A pesar de ello, se arrogaron el hecho de que los beneficios del TPS permanecieron intactos después de que, a finales de 2018, Crista Ramos, una beneficiaria del programa, interpusiera una demanda en una corte federal de Estados Unidos. Desde entonces, la administración Biden intenta que la demanda sea retirada. La suerte del proceso judicial puede ser decidida en los próximos meses por el noveno circuito de apelaciones de Estados Unidos, que anteriormente dictaminó provisionalmente que la cancelación de Trump era constitucional y no discriminatoria.
Durante más de un año, Mayorga, Hill y Bukele han intentado mantener el tema debajo de su alfombra diplomática, quizá a la espera de que desaparezca mágicamente o de que Biden haga el trabajo que ellos tuvieron que haber realizado. Mientras tanto, la administración Bukele sentaba las bases de su sueño colonialista, en el que caben –principalmente– inversionistas cripto: personas blancas, ricas y genuflexas.
Ahora, Mayorga, Hill y Bukele se enfrentan a la realidad de que los cripto inversionistas son poco rentables, y el futuro de El Salvador sigue dependiendo del dinero producido por el trabajo duro de muchos migrantes en Estados Unidos. A lo mejor, dentro del gobierno de Bukele se han dado cuenta de que los migrantes salvadoreños en Estados Unidos son más valiosos para sostener la economía que la millonaria inversión en Bitcoin. La historia de la adopción cripto en El Salvador inició con los planes de Jack Maller de quedarse con parte de los $4 mil millones en remesas que llegan a El Salvador anualmente, pero ha terminado con el hecho de que los cripto influencers, incluyendo Bukele, viven de lo que cocineros, trabajadores de la construcción, amas de llaves, meseras y otros trabajadores de la diáspora envían en concepto de remesas.
*Ricardo Valencia es profesor asistente de Comunicaciones en la Universidad Estatal de California Fullerton. Síguelo en Twitter como @ricardovalp.
