Miguel Ángel Gálvez presentó este martes 15 de noviembre de 2022 su renuncia como juez de Mayor Riesgo y anunció su exilio. Abandonó Guatemala el pasado día 4 con planes, según dijo, de regresar para luchar contra la solicitud de antejuicio que la Fundación Contra el Terrorismo, con la complicidad del Ministerio Público y el sistema de justicia de Guatemala, siguen contra él, pero se terminó convenciendo de que es una trampa. El proceso se ha ralentizado en los últimos días a la espera, posiblemente, de que vuelva y poder detenerlo y encarcelarlo cuando esté en suelo guatemalteco. Corruptos y criminales de guerra buscan dar a Gálvez, como antes a Erika Aifán y otros, un castigo ejemplar. No quieren obstáculos en su construcción de un estado de impunidad.
El miércoles 9 de noviembre una Corte de Apelaciones de Guatemala ya otorgó un amparo al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez contra una resolución de Gálvez, quien en mayo decretó la apertura de juicio contra él y otros militares y policías retirados, acusados de integrar un sistema clandestino e ilegal de inteligencia, de 1982 a 1985, y cometer desde ahí casi doscientas desapariciones y ejecuciones de opositores políticos.
El amparo alega que Gálvez, en su resolución sobre el caso conocido como “Diario Militar”, no dio respuesta a todos los alegatos del abogado defensor Eddy Herrera, que pedía el sobreseimiento o cierre provisional del caso, aunque el Ministerio Público (MP) ha presentado abundantes documentos oficiales y testimonios como prueba de los crímenes.
La defensa acusa a Gálvez de no individualizar los presuntos delitos de cada acusado, y asegura que durante las audiencias el juez emitió opinión y valoró medios de prueba, llegando a manifestar, en varias ocasiones, que tenía odio hacía los militares, evidencia, dijeron los abogados, de que está parcializado y tiene ideologías claramente marcadas. Alegan también que el MP confundió a Jacobo Salán con su primo Max Errol González Salán, quien también ocupó cargos en el sistema clandestino e ilegal de inteligencia, y que en el tiempo de los hechos su cliente se encontraba de alta impartiendo cursos en la escuela “kaibil” al norte del país.
En su resolución, los magistrados de la Sala dan la razón al acusado por unanimidad y ordenan al juez que repita las audiencias no solo contra Salán sino contra todos los acusados.
Extraño, porque la fiscalía ha presentado declaraciones testimoniales de personas que pertenecieron a las fuerzas de seguridad del Estado en la época y que identifican, con nombre y apellido, a Jacobo Salán y lo involucran en los hechos, así como de testigos que, sin conocerlo, lo identificaron por sus rasgos físicos y en fotos de la época. El testimonio más relevante es quizá el de su propia prima. Ella señala a Jacobo Esdras y a su hermano Víctor como las personas que allanaron su residencia el 14 de marzo de 1984 en busca de información de su primo en común Silvio Matricardi Salán. Otro testigo declaró haber visto a Matricardi Salán siendo torturado dentro de un centro clandestino e ilegal de inteligencia militar por el hoy amparado.
Los argumentos de que Salán se encontraba fuera de la ciudad de Guatemala en los años en que ocurrieron los crímenes quedaron desvanecidos al momento en que fue identificado por al menos cinco testigos que le vieron operando con las estructuras clandestinas e ilegales que desplegaron los operativos registrados en el “Diario Militar”, un documento de las fuerzas de seguridad de la época. Los testigos a los que el acusado presentó para su defensa son tres kaibiles ya condenados por asesinar a más de 200 personas en el parcelamiento de las “Dos Erres” en 1982.
Además, el mismo Jacobo Salán afirmó en su declaración durante el proceso que Silvio Matricardi Salán había estado en su casa y que lo conoció en persona, mientras que su abogado, en la solicitud de amparo, lo niega. Esa contradicción ya fue observada en las audiencias de primera declaración del caso, en junio de 2021.
El exilio de Gálvez redimensiona el enorme impacto que este amparo tendrá para la búsqueda de justicia en el caso. La corte de apelaciones, con su apoyo a la causa de los acusados, fortalece la impunidad que ha rodeado en Guatemala a estos crímenes políticos desde 1983, cuando se desplegaron los primeros operativos de represión, y deja a un lado distintas sentencias de la Corte Interamericana de DDHH que ordenan al Estado guatemalteco “remover todas las acciones procesales que promuevan impunidad” en el caso.
También se violenta, una vez más, el derecho de las víctimas a obtener acceso a una justicia pronta y cumplida por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto junto a sus familiares.
Es imposible no pensar que este amparo es parte de la ofensiva de ataques desplegada por varios actores contra el juez Miguel Ángel Gálvez, y evidencia de una articulación sistemática de funcionarios clave del sistema de justicia de Guatemala con personas acusadas que aún cuentan con altas cuotas de poder en las distintas estructuras del Estado. Desde la década de los 80, Jacobo Salán Sánchez ha mantenido vínculos con estructuras de inteligencia militar relacionadas con otros “cofrades” como Byron Lima Estrada, Francisco Ortega Menaldo, o Manuel Antonio Callejas y Callejas, entre otros. Desde hace más de 20 años se le ha señalado como integrante de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), y ocupó puestos estratégicos dentro de los recientes gobiernos afines al influyente grupo militar conocido en Guatemala como “La Cofradía”.
Fue durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) que la estructura del “Clan de los Salán” tomó mayor importancia, ya que los tres hermanos Salán Sánchez ocuparon puestos clave en el Estado. En los años siguientes, fueron acusados de corrupción. Jacobo Salán fue vinculado, junto con otros miembros de “La Cofradía”, a la “Red Moreno”, una estructura de contrabando que se formó, según un testigo, durante el gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982) y fue luego fortalecida por otros militares retirados. El testigo señaló que entre los “cofrades” principales vinculados a la red se encontraban los generales Callejas y Callejas, Ortega Menaldo, Marco Antonio González Taracena (acusado también en el caso Diario Militar) y los coroneles Jacobo Salán Sánchez, Julio Fernandez Ligorría, y César Augusto Cabrera Mejía (acusado de crímenes de guerra en el caso CREOMPAZ), entre otros.
Es evidente que el poder de estos personajes sigue vigente en Guatemala. Se detecta en el sistema de justicia de la Guatemala de hoy, pues todos han sido beneficiados o tratados de manera privilegiada por sus nexos con los actuales funcionarios de las distintas instituciones del Estado. Es de conocimiento público que el abogado de Jacobo Salán Sánchez ha tenido reuniones privadas con altos funcionarios, que van desde la presidencia de la República hasta la más alta jefatura del Ministerio Público.
El trabajo de limpieza de su nombre al que asistimos en las redes sociales pretende que puedan regresar a la clandestinidad operativa que les permitió cometer graves violaciones a los derechos humanos en la década de los 1980. Como afirma el abogado del juez Miguel Ángel Gálvez, estos personajes siguen operando como una estructura clandestina e ilegal que mantiene cooptado el sistema de justicia de Guatemala. Gálvez es una más de sus víctimas.
*Jo-Marie Burt enseña en la Universidad George Mason y es investigadora principal en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Ha publicado ampliamente sobre la violencia política, los derechos humanos y la justicia transicional en América Latina. Actualmente es la vicepresidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Paulo Estrada investiga las violaciones de los derechos humanos en tiempos de guerra y es miembro de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son fundadores y codirectores de Verdad y Justicia en Guatemala, que monitorea y reporta sobre los juicios por crímenes de guerra en Guatemala. Están en Twitter @VerdadJusticiaG.
