Catalina Martínez es directora regional del Centro de Derechos Reproductivos –con sede en Colombia– que trabaja de la mano con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista en El Salvador. La alianza de estas instituciones ha consistido en hacer un litigio estratégico para lograr que mujeres condenadas hasta 50 años por haber sufrido emergencias obstétricas recuperen su libertad. Esto se ha materializado en solicitar el indulto, la revisión de la sentencia y la conmutación de la pena para 181 mujeres que entre 2000 y 2019 fueron criminalizadas por homicidio agravado. 70 mujeres han recuperado, hasta diciembre de 2022, su libertad.
Han pasado 24 años desde que en 1998 se cerró la puerta a la interrupción del embarazo por causales y 23 desde que en 1999 se ratificó la reforma constitucional que reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Ante un Estado que se rehúsa a reformar sus leyes contra toda recomendación, las organizaciones decidieron elevar sus demandas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nombre de Manuela, una mujer que murió mientras cumplía su condena de 30 años a causa de una enfermedad no diagnosticada a tiempo que influyó en la pérdida de su bebé. La Corte reconoció que Manuela era inocente y condenó a El Salvador por tortura.
En esta entrevista, Catalina Martínez dimensiona las implicaciones que la presión internacional ha tenido en El Salvador. A pesar de que no ha habido cambios a gran escala, como la reforma de leyes o el reconocimiento de responsabilidad que exigió la Corte IDH en el caso de Manuela, sí ha habido cambios sensibles a nivel más técnico, lo que ha permitido, por ejemplo, la liberación de más mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. A la fecha, El Salvador solo ha cumplido con la creación de dos protocolos que, aunque mejorables –opina–, son un primer paso.
En un contexto en el que El Salvador vive la crisis más grande de derechos humanos de la posguerra, Martínez es consciente de que el cambio hacia garantizar los derechos sexuales y reproductivos es lento y cuesta arriba, pero prefiere ser optimista. La sentencia de la Corte IDH, asegura, es la puerta a los primeros cambios. Sobre la posibilidad de que los avances se ralenticen todavía más en 2023 por ser un año preelectoral, confía en que los canales de interlocución que el Estado se ha visto obligado a establecer se mantendrán firmes, en gran parte por aliados técnicos que, en sus palabras, quieren hacer bien las cosas.
Actualmente, El Salvador enfrenta un segundo litigio en la Corte por el caso de Beatriz, una mujer a la cual le fue prohibido el acceso al aborto en 2013, pese a las recomendaciones de sus médicos y una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue presentado a la Corte en enero de 2022. Una segunda condena es previsible.
No ha habido organismo de derechos humanos que haya visitado El Salvador que no haya concluido que encarcelar a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas es tortura. ¿Por qué insistir y urgir a El Salvador para legisle sobre aborto si parece que no cambia nada?
Yo sí pienso que ha habido cambios, así sean pequeños. La grave problemática que El Salvador tiene alrededor de la prohibición absoluta al aborto, además de crear una presión externa en El Salvador, ha logrado que internamente la sociedad civil y el activismo feminista se haya organizado de manera muy robusta y haya posicionado el tema en la opinión pública. Es decir, lo que se hablaba en el año 2000 no es lo mismo que lo que se habla hoy en 2022. Hay mucha más apertura y mucha más conciencia sobre este tema y eso ya para mí es una primera ganancia.
¿Qué evidencias hay de esos cambios?
Primero, después de que la decisión es emitida por parte de la Corte, ha habido una liberación sistemática de mujeres que están en la cárcel por situaciones similares. Esto está impactando la vida de las mujeres que han sido criminalizadas de manera injusta.
La mayoría de estas mujeres, aunque recuperaron su libertad, no fueron declaradas inocentes.
Necesitábamos asegurar la libertad de las mujeres, porque no sabíamos cuánto tiempo más iban a estar ahí, muchas de ellas han estado por más de diez años y por eso se empezó a explorar la conmutación de Sentencia sabiendo que no es la vía jurídica ideal, porque efectivamente es casi como: Ah, bueno, ya estuviste un tiempo suficiente en la cárcel, te la podemos conmutar”, pero no hay un reconocimiento de su inocencia. Pero era la única manera efectiva de sacarlas de la cárcel. También por eso decidimos llevar algunos de estos casos a un tribunal supremo internacional. Hay un caso que está en este momento en la Comisión Interamericana y va a llegar a la Corte pronto, que es de es a favor de ocho mujeres, dentro de las cuales están María Teresa, Teodora, Alba Lorena. Queremos que la Corte revise sus casos y emita una recomendación general y reconozca que estas son ocho de muchísimas otras que vivieron una situación estructural y sistemática de persecución, y en ese sentido le recomiende a El Salvador que abra reparaciones colectivas para aquellas mujeres que sufrieron estas mismas circunstancias y que fueron liberadas a través de procesos de conmutación de pena.
Ante la inacción del Estado, parece que los fallos de la Corte IDH son los que van lograr cambiar la situación en El Salvador.
La presión internacional ha contribuido a cambiar la situación de las mujeres en El Salvador. La máxima expresión es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela contra El Salvador por las recomendaciones específicas que le da a El Salvador. Tras el fallo, el Estado también se ha comprometido en sacar ciertos protocolos de atención a emergencias obstétricas y a regular el secreto profesional médico. No son perfectos, evidentemente, pero es muestra de cómo poco a poco vamos avanzando. Han pasado muchas cosas y no se da como lo que uno espera, que es el gol inmediato que se despenalice el aborto, pero que han sido muy importantes.
Uno de los mandatos de la sentencia era, precisamente, el reconocimiento de la inocencia de Manuela y de la responsabilidad del Estado salvadoreño en su muerte. El plazo para cumplir esto era de seis meses; a más de un año, aún no ha sucedido.
Sí, han pasado lento, pero se están moviendo cosas que para mí son muy importantes. Lo primero es que el fallo de Manuela ha permitido que órganos del Estado le recuerden a las autoridades judiciales que los casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas se encierran en un contexto sistemático de violencia. Y eso ha influenciado de alguna forma la liberación de las mujeres que han salido de la cárcel después de la decisión de Manuela. Son siete mujeres. Ahora bien, la deuda grande, pero grandísima que tiene en este momento El Salvador con el caso de Manuela es la reparación individual para la familia. Y, por supuesto, la falta de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Si bien hay gente que dice “Bueno, ¿pero que se hace con un reconocimiento de responsabilidad?” Se hace mucho, porque le estás dando un mensaje político al Estado y a tu sociedad de que esto estuvo mal, lo reconocemos y lo vamos a mejorar.
Lo de los protocolos es, sin duda un paso importante. Pero han tenido que pasar 24 años para lograr apenas eso: protocolos, no reformas a las leyes.
Estos protocolos, si bien hay cosas que queremos que se mejoren y estamos trabajando junto a la Colectiva Feminista en eso, son una muestra de voluntad de querer avanzar con este tema. Particularmente el de atención de emergencias obstétricas, porque es en el marco de las emergencias obstétricas que las mujeres terminan siendo denunciadas y criminalizadas.
¿Por qué creés que ha tomado tanto tiempo?
En El Salvador hay unas particularidades por las cuales esto ha sido lento, pero quisiera señalar que no es que en otros Estados haya sido muy rápido o que haya sido producto solo de una iniciativa del Estado. En Argentina, por ejemplo, toda la discusión sobre aborto también surge porque Argentina es demandada ante el Comité de la Cedaw y eso terminó empujando de alguna manera la primera legislación que hubo sobre causales. Fue de hecho una decisión de la Corte IDH y, posteriormente, todo el movimiento feminista logró la victoria en el Congreso. En Colombia ni siquiera nos podemos plantear llegar al Congreso porque sabríamos que ahí no tendríamos ningún tipo de oportunidad y lo que se hizo fue explorar la Corte. En Perú existía el aborto terapéutico, pero no fue sino hasta que fue demandado internacionalmente ante el comité de Derechos Humanos que se creó el protocolo de aborto terapéutico. Lo que quiero decir es que sí estamos en un contexto muy restrictivo en la región y que los avances se han dado también porque las activistas feministas y de derechos humanos hemos enmarcado la lucha del aborto como una lucha de derechos humanos y hemos hecho que órganos derechos humanos intervengan para ayudarnos a avanzar en los marcos legales. Dicho esto, en El Salvador, y particularmente en Centroamérica, hay un discurso por parte de la iglesia que ha sido particularmente negacionista frente a los derechos reproductivos y creo que no podemos negar que eso de alguna manera ha influido en crear este imaginario social frente a que el aborto es “malo”.
Precisamente por ese contexto es que me llama la atención que digás que hay instituciones que están aplicando el mandato de la Corte IDH. ¿Podrías ampliar sobre eso?
Tenemos aliados dentro del Gobierno y en Naciones Unidas, que está acompañando de cerca estos casos por medio de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos.
¿Cómo se ha construido esa relación con un gobierno que ha dejado claro que este tipo de temas es, si acaso, lo último en su lista de prioridades?
Bueno, hay dos cosas. Primero que en el marco de la implementación de la sentencia del caso de Manuela, le guste o no le guste, que lo quiera hacer o no tenga la voluntad, está obligado a abrir un canal de comunicación. El estado ha abierto un canal de comunicación frente a esta implementación que no ha sido el mejor, que no ha sido el más fluido, pero existe.
¿Y ese canal se ha abierto a través de qué instituciones?
El Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la misión de El Salvador ante la OEA; todas estas organizaciones que trabajan juntas en la esfera de justicia internacional. Pero por otra parte, en todo gobierno sea conservador, sea de izquierda, sea lo que sea, siempre hay técnicos y técnicas que hacen parte de los equipos que, de alguna manera, quieren que las cosas avancen y que tienen el compromiso y el corazón puesto donde es. Si bien no tienen la fuerza política, pues son personas que están ahí trabajando, están luchando también desde adentro y con esas personas uno muchas veces puede avanzar más de lo que de lo que se creería. Creo que las personas siempre están esperando el gran compromiso de las figuras públicas, pero cuando uno está trabajando casos de implementación de sentencias internacionales o inclusive la creación de una política pública, muchas veces esos aliados técnicos son muy valiosos y ayudan a que pasen muchas cosas.
2023 será un año preelectoral y en El Salvador es más popular oponerse al aborto que a la prohibición absoluta. ¿Qué previsiones tienen ustedes de que los avances hasta el momento no se vayan a estancar?
Entiendo que es un contexto preelectoral, pero sí o sí el tema del aborto va a ser un tema que no va a poder escapar de la agenda. Viene el caso de Beatriz contra El Salvador en la Corte Interamericana. Aunque se quiera escapar del tema, el tema va a estar ahí porque El Salvador va a estar siendo revisado por la Corte Interamericana y va a tener un segundo fallo, posiblemente en contra, el próximo año. Un fallo que además va a ser determinante porque, a diferencia del de Manuela, es un caso de falta acceso al aborto. Un caso muy complejo y que efectivamente sí le va a requerir a la Corte pronunciarse de manera de fondo sobre el aborto. Lo segundo que va a tener que decir la Corte es que le va a tener que recomendar a El Salvador de manera expresa liberalizar su ley de aborto. Esto no pasó en el caso de Manuela.
Entiendo tu punto, pero de la misma forma en que el Estado no ha reconocido su responsabilidad en el caso de Manuela, un fallo a favor de Beatriz no implica reformas automáticas al Código Penal. Da la impresión de que si nadie los obliga, no tienen por qué hacer algo al respecto.
Quiero decir que sí están obligados, lo que pasa es que los efectos prácticos de esa obligación son muy difíciles de ver, porque finalmente si no lo hacen no hay ningún tipo de sanción económica, etcétera, que hiciera que de alguna manera los Estados se sientan presionados de cumplir con celeridad Pero eso no quita que no exista la obligación. Puede que este gobierno la desestime, que diga “Yo no voy a cumplir”. Pero el siguiente va a tener la misma obligación porque es una obligación del Estado y el siguiente va a tener la misma obligación, entonces obligación va a persistir y va a persistir hasta que algún gobierno la va a cumplir. Esta recomendación no se va se va a disolver con el tiempo o después de tres años va a prescribir. Va a estar ahí hasta que el Estado cumpla y la Corte va a hacer seguimiento y va a sacar resoluciones de seguimiento o de incumplimiento. Entonces, si bien es cierto que los efectos prácticos son muy disolubles y por eso entiendo que haya poca credibilidad frente a la fuerza obligatoria, sí es importante saber que igual es obligación y que va a persistir ahí por lo largo de los años.
La medida más popular del Gobierno al día de hoy está atada a la violación sistemática de derechos humanos. ¿Es realista pensar que este mismo Gobierno va a abrir camino a derechos que se eliminaron hace más de 20 años?
Sin lugar a dudas hay un tema de gobierno que supera la figura del Estado que puede dificultar de alguna manera eso. Estamos frente a un gobierno restrictivo que restringe libertades individuales, y ahí entran los derechos sexuales y reproductivos. Es en realidad muy preocupante que esto esté pasando. Pero yo creo que hay tantas cosas que se están moviendo hacia adelante en el reconocimiento de los derechos que efectivamente en algún momento El Salvador va a quedar completamente anacrónico dentro de esa ola. Va a llegar un momento en el que en el que vamos a lograr el cambio por el que hemos estado luchando durante tantos. Yo quiero seguir siendo optimista.
Es difícil ser optimista cuando ahora mismo somos la fantasía de los grupos conservadores y el cuento de terror de los países progresistas, en varios frentes, pero específicamente en el de los derechos sexuales y reproductivos.
Creo que hay muchísimos desafíos, pero pero no podemos perder el optimismo porque estamos trabajando mucho desde todos los frentes. Entre más sigamos construyendo el discurso público entre más, digamos a la sociedad, entre más pedagogía hagamos, entre más personas se unan a la lucha, más estaremos contribuyendo a la despenalización social del aborto. Si bien no está en la ley, es demasiado importante, porque cada vez más gente habla de esto y se da cuenta de la injusticia, y yo creo que eso es muy importante para que El Salvador deje de ser el cuento de terror.
