La Universidad de El Salvador prestará de nuevo sus instalaciones para ser utilizadas como dormitorios, esta vez para alojar a supuestos periodistas nacionales y extranjeros entre la última semana de mayo y la primera de junio, según confirmó a El Faro el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla.
La solicitud de préstamo fue realizada el 8 de abril por el ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, y no brinda ninguna explicación sobre el evento al que darán cobertura esos periodistas, ni por qué razones el Gobierno debe procurar alojamiento para ellos en las instalaciones del campus universitario, construidas para albergar a estudiantes de escasos recursos provenientes del interior del país. Las fechas del préstamo coinciden con la toma de posesión inconstitucional del segundo mandato de Nayib Bukele, el próximo 1 de junio.
Desde su llegada al poder, en junio de 2019, Bukele y sus funcionarios han apostado a promover a creadores de contenido de redes sociales para la difusión de publicaciones favorables a su administración: desde entrevistas de youtubers con Bukele, pasando por visitas guiadas a la megacárcel construida durante el régimen de excepción, hasta credenciales para cubrir las sesiones plenarias legislativas.
El préstamo de las instalaciones, avalado por el rector Quintanilla, ocurre en medio de una profunda crisis económica, sin precedentes cercanos, que sufre la única universidad pública de El Salvador debido a la deuda acumulada por el Ejecutivo que asciende a $51.3 millones. Esa deuda ha puesto en riesgo el pago a proveedores, a quienes la institución educativa debe $14.8 millones, y el pago de servicios básicos para el funcionamiento de las instalaciones. El impago del Ejecutivo también pone en riesgo el desembolso de fondos de becas para alrededor de 1,200 estudiantes provenientes de sectores económicos vulnerables.
Sectores de la comunidad estudiantil, docentes y gremios profesionales no docentes han denunciado la “ocupación abusiva de las instalaciones de la UES por parte del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES) y otras entidades de Gobierno” y el incumplimiento del Ministerio de Obras Públicas en la devolución y readecuación de cuatro edificios que afectan a las facultades de Ciencias y Humanidades, Ciencias Naturales y Matemáticas e Ingeniería, que mantienen al 41% de los estudiantes recibiendo clases virtuales.
Pese a la inconformidad de varios sectores dentro de la estructura de gobierno interna de la UES, el rector Quintanilla asegura que los beneficios del préstamo de las instalaciones tienen un carácter diplomático. “Por supuesto que acercarte al ministro de Obras Públicas, un funcionario de primer nivel, te lleva a la posibilidad que se convierta en un interlocutor con el funcionario principal [...] de tal manera que se convierte en un aliado político para interactuar en la lógica del requerimiento de esta institución”, dijo.
Los datos más recientes del Ministerio de Educación indican que hay 39 instituciones de educación superior en el país, 24 de las cuales son universidades y aglutinan un total de 185,935 personas. En 2022 la UES reportó 60,415 estudiantes inscritos. Es decir, uno de cada tres estudiantes está matriculado en la universidad pública.
A la crisis financiera de la universidad le acompaña la incertidumbre del nuevo anteproyecto de ley de educación superior propuesto por el oficialismo el pasado 13 de mayo, que plantea que la partida presupuestaria de la UES dependa de la disponibilidad de fondos estatales.
La Ley de Educación Superior vigente establece en el artículo 27 que “se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al sostenimiento de las universidades estatales”. En cambio, la propuesta de reforma compromete la asignación con la “disponibilidad de recursos”.
La asignación de fondos para universidades públicas también está contemplada en el artículo 61 de la Constitución, el cual establece que en el presupuesto de la nación deben consignarse partidas para universidades estatales. Por lo tanto, para aprobar la nueva ley, la Asamblea Legislativa debería reformar la Constitución. Esa potestad está ya en manos de la Asamblea Legislativa controlada por Bukele, que recientemente hizo reformas para adjudicarse el poder de cambiar la Carta Magna a placer.
Quintanilla dijo a El Faro que la UES recurrió a tocar puertas con el Ministerio de Educación y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, para lograr una audiencia con el ministro de Hacienda, Jerson Posada, que justificó la deuda a la Universidad de El Salvador en el “problema fiscal” que enfrenta el Gobierno, según relató el rector. Quintanilla asegura que, tras la reunión con Posada, llegaron al acuerdo de abonar $1 millón a la semana para paliar la deuda que el Gobierno acumula con la Universidad.
El pasado 7 de marzo, la comisión especial “La UES se niega a morir” de la Asamblea General Universitaria (AGU) presentó al Consejo Superior Universitario -la máxima autoridad en funciones administrativas- la petición de desistir a la aprobación de préstamos del campus universitario. Everardo Mejía, delegado de la AGU, señaló que la comunidad estudiantil no recibirá ningún tipo de beneficio en el último préstamo de la Villa Universitaria aprobado por el rector de la UES. “El Ministerio de Obras Públicas debería de enfocar sus esfuerzos en devolver los edificios que deben para que el siguiente ciclo académico se desarrolle presencialmente”, exigió.
Cuatro facultades de la Universidad de El Salvador, que atienden a 22,396 estudiantes, no asisten a clases presenciales desde 2020, cuando la pandemia por COVID-19 obligó a las instituciones educativas de todos los niveles a trasladar sus actividades a espacios virtuales. Cuatro años después hay una generación de estudiantes en la UES que está cerca de culminar su carrera sin haber tenido una vida universitaria regular. El edificio que albergaba las carreras de idiomas y filosofía y el de periodismo están vacíos, con trabajadores del MOP aún trabajando en ellos; y las aulas H, uno de los edificios adeudados a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en el que los estudiantes de antropología, entre otros, deberían recibir sus clases, sirve como un botadero de ripio, pupitres carcomidos, computadoras y aires acondicionados apilados como basura.
Las autoridades universitarias prestaron las instalaciones en el año 2023 para la realización de los Juego Centroamericanos y del Caribe. Según el convenio que la Universidad firmó con el Instituto Nacional de los Deportes, la UES debería recibir de sus instalaciones remozadas una vez que terminara el evento deportivo, en julio de ese año, pero eso no ocurrió. El Gobierno solicitó una prórroga para entregar las obras terminadas en diciembre, pero eso tampoco ocurrió. Al día de la publicación de este artículo, las obras siguen inconclusas. El convenio no establece ninguna sanción por el incumplimiento del convenio de préstamo.
