Un video publicado este martes 3 de septiembre por InSight Crime y Univision revela conversaciones en 2013 entre miembros del cártel hondureño Los Cachiros y Carlos Zelaya, cuñado de Xiomara Castro, para ofrecer $650,000 dólares a la campaña presidencial en aquel año de la ahora presidenta de Honduras.
En el video, grabado sigilosamente por un narcotraficante a través de una cámara escondida en un reloj, los traficantes también hablan de sobornos que pagaron en el pasado a Manuel “Mel” Zelaya, el esposo y hombre fuerte de la administración de Castro que en 2011 fundó el actual partido oficialista, Libre. La grabación también muestra a Carlos Zelaya y al cachiro Devis Rivera Maradiaga negociando el alquiler de vehículos para aquella campaña presidencial.
“La mitad que sea para el comandante”, dice Carlos Zelaya durante la discusión sobre el dinero para la campaña, ocupando el apodo común dentro de Libre para su hermano Manuel. “Ya eso sería entre Mel con ustedes”, contesta Rivera. Los que hablan en el video se refieren una y otra vez a “Mel” y “Carlón”, los apodos públicos de los hermanos Zelaya.
Estos reportes dan un contundente respaldo a los múltiples testimonios de narcotraficantes ante el sistema de justicia estadounidense, en los que han acusado a Manuel y Carlos Zelaya de forjar vínculos en el pasado a narcotraficantes en medio de contiendas electorales. En su campaña más reciente en 2021, Castro prometió perseguir a operadores del narcotráfico y dar paso al regreso de la democracia tras años de “narcodictadura”, una referencia a su predecesor caído en desgracia, Juan Orlando Hernández, a quien extraditó en 2022, días después de tomar posesión, a Estados Unidos.
“Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos” dijo Castro en una cadena nacional el martes por la noche, sin mencionar directamente la nueva evidencia contra miembros de su familia, antes de lanzar acusaciones de injerencia extranjera contra la Embajada de Estados Unidos.
“Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo”, continuó la presidenta. “El plan para destruir mi gobierno socialista democrático y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras internas y externas del [golpe de Estado de] 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler”.
Esta acusación no es nueva: desde que la familia Castro y Zelaya volvió a la presidencia en las elecciones de 2021, han tildado de golpistas a sus críticos, a la prensa no afín, a la oposición política y a activistas anticorrupción. “Agentes de la embajada ! Activence (sic) Me dan nauseas !!!”, escribió en X la diputada de Libre Scherly Arriaga el martes por la noche mientras se desataba una guerra de narrativas en las redes sociales del país. “Les garantizamos que no se van a salir con la suya!”
Los grupos de oposición lanzaron sus propios ataques. “Mel tiene razón, JOH [Juan Orlando Hernández] era solo la cabeza”, ironizó Jorge Cálix, precandidato presidencial para el Partido Liberal. Cálix se apartó de Libre este año como resultado de una extendida y rencorosa división dentro de la bancada de Castro en el Congreso. “La narcodictadura sigue aquí y la tenemos que sacar”, agregó.
La esposa del expresidente Hernández, Ana García de Hernández, que ya ha anunciado que competirá por la presidencia en las internas del Partido Nacional el próximo marzo, aprovechó las revelaciones para declarar con dramatismo, y sin dar evidencia alguna de la supuesta inocencia de su esposo, que “hoy el tiempo nos da la razón. Juan Orlando Hernández es inocente. Volverá”.
El juicio en marzo de este año contra Juan Orlando Hernández en Nueva York marcó un punto de inflexión en la historia del país. Al condenarlo a 45 años de cárcel, el juez dijo que el expresidente y líder del Partido Nacional, que dominó la política del país durante casi una década, era un “político hipócrita hambriento de poder”. El juicio también expuso los vínculos al narcotráfico de la clase política entera de Honduras cuando los testigos afirmaron haber pagado sobornos a los tres principales partidos políticos del país, incluyendo a Carlos Zelaya, un operador político cercano a Castro y Manuel Zelaya que, hasta el pasado fin de semana, también era secretario del Congreso.
En una entrevista publicada en El Faro en febrero, otro testigo clave del juicio, Fabio Lobo, acusó a Carlos Zelaya de haber operado, antes de 2010, una pista de aterrizaje para el narcotráfico. Desde el estrado también dio testimonio impávido en contra de su propio padre, el expresidente Pepe Lobo. Otro testigo contra Hernández afirmó en un juicio previo que él también había sobornado a Manuel Zelaya en la campaña electoral de este último en 2005.
Tratado de extradición
Las revelaciones de este martes agudizan la relevancia política del anuncio de Castro, el pasado 28 de agosto, de que su Gobierno buscará anular el convenio de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Según InSight Crime, la administración hondureña hizo este anuncio después de que los reporteros se contactaron con una de las personas que asistió a la reunión grabada en 2013.
“El narcotráfico es un factor sumamente esencial para poder llegar a cargos de elección popular porque es el narcotráfico quien está colocando el dinero sobre la mesa”, dice a El Faro el abogado constitucionalista Joaquín Mejía. “Y no solamente para las campañas electorales, sino también, una vez en el Congreso Nacional, para comprar votos y colocar personas en puestos importantes que son de interés para las personas vinculadas al narcotráfico”.
“Hasta el momento no ha sido extraditado ningún alto cargo de las Fuerzas Armadas. Solamente han sido policías, políticos, funcionarios y empresarios”, agrega Mejía. “En vez de desmilitarizar la sociedad y el Estado, como había prometido, la presidenta Castro ha dado más poder a los militares, sin un proceso de depuración, sin rendición de cuentas por sus crímenes del pasado y sus vínculos con el narcotráfico. No se puede descartar que los sectores golpistas están vivos, porque no han sido castigados y siguen en la impunidad, pero [también] se ha revelado que miembros del partido [de Castro], de su familia, han tenido o tienen algún tipo de supuesto vínculo con el narcotráfico”.
En otro esfuerzo por adelantarse a la publicación de los videos, Carlos Zelaya y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, el sobrino de Castro, renunciaron a sus cargos el 31 de agosto. Carlos Zelaya dijo que se sometería a una investigación penal en Honduras por una reunión con narcotraficantes en 2013 para “hablar sobre una oferta de una aportación a la campaña”, pero negó haber recibido dinero alguno y afirmó que actuó unilateralmente, sin el “aval ni el acompañamiento” de Castro.
El Gobierno hondureño dice haber denunciado el tratado de extradición tras la crítica de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, a una reunión sostenida entre el ministro de defensa hondureño y su contraparte venezolano, Vladimir Padrino, quien fue acusado ante una corte de Estados Unidos en 2020 bajo cargos de narcotráfico. En los dos años y medio de su Gobierno, esta es la acusación más severa que hace Castro contra la administración Biden por supuestas violaciones a la soberanía hondureña.
Si bien en los días iniciales ambos Gobiernos procuraron tener una relación cercana, la soberanía se ha convertido en un eje central en la retórica de su política exterior, haciendo eco de otros gobiernos centroamericanos como los de El Salvador o Nicaragua o la fiscalía guatemalteca.
Sin embargo, la presidenta Castro no explicó qué tiene que ver la relación diplomática con Venezuela —Honduras se unió a Cuba al afirmar que Nicolás Maduro había ganado la elección mientras las autoridades electorales se negaban a publicar las actas— con las extradiciones a Estados Unidos. Bajo la ley vigente, las extradiciones se solicitan a través de la Cancillería hondureña.
“No permitiré que se instrumentalice el tratado de extradición con Estados Unidos para desarticular las fuerzas armadas, derrocar mi gobierno y destruir las elecciones”, dijo Castro en la cadena nacional.
“La denuncia contra el tratado de extradición con Estados Unidos no tiene nada que ver con la soberanía nacional”, dice Mejía. “Ahora el Gobierno está usando los mismos argumentos que Juan Orlando Hernández, en el sentido de que esto es una persecución política de Estados Unidos, cuando pareciera que quieren ignorar la división de poderes: que el Departamento de Justicia es una cosa y el Departamento de Estado es otra”.
“Esto muestra la necesidad de un profundo cambio estructural en Honduras”, puntualiza. “Lo que vimos en el juicio en Nueva York [de Hernández] era solo la punta del iceberg”.
“El partido en el poder percibe que podrían perder las elecciones y les conviene generar inestabilidad, porque la inestabilidad debilita las instituciones, infunde miedo en la población y produce polarización”, dice sobre el escándalo de las extradiciones Lester Ramírez, coordinador para a Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). “Esto es parte de una estrategia para generar caos, un caos que ellos controlan. Juan Orlando lo hizo y este gobierno lo está haciendo, también.”
En la última semana y meses recientes, El Faro ha pedido una entrevista con el canciller hondureño Enrique Reina, uno de los principales voceros de la administración, pero no la ha concedido.
Elecciones de 2025
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos permitió que Juan Orlando Hernández fuera removido a Nueva York en febrero de 2022, en los primeros días de la administración Castro. Fue tanto una clara señal de la intención de cooperación bilateral como un guiño implícito a la debilidad de las cortes y la fiscalía de Honduras.
El titular del Ministerio Público de Honduras ahora es el fiscal general Johel Zelaya, un excandidato municipal en 2021 con el partido Libre. Fue confirmado tras momentos de violencia política y meses de atasco en el Congreso, a pesar de que la ley hondureña prohíbe que candidatos a fiscal general tengan cualquier afiliación reciente a partidos políticos.
El Departamento de Estado, por su parte, ha dicho que el tratado sigue vigente en términos legales pero insta a Castro a que se retracte bajo el argumento de que esta decisión “perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la Justicia”.
“Tengo pocas dudas de que Mel y otros hayan tenido esto [el tratado de extradición] en el fondo de su mente desde hace algún tiempo”, dice a El Faro una fuente diplomática en Tegucigalpa que pidió anonimato citando las restricciones diplomáticas para con la prensa y la amenaza de represalias por parte del Gobierno. “Durante años Libre ha despotricado contra la ‘narcodictadura’”, agregó. “El público no perderá de vista esa ironía. Creo que asestará un duro golpe a sus posibilidades electorales.”
Para sustituir a su sobrino frente a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Castro ha nombrado como ministra de defensa a la principal precandidata presidencial de su partido, Rixi Moncada, quien horas antes había declarado formalmente su campaña. La Sedena supervisa a las Fuerzas Armadas, las únicas en América Latina con el mandato de garantizar las elecciones nacionales, que tendrán lugar el 30 de noviembre de 2025, incluyendo el custodio de las actas.
“Ella [Moncada] tiene mucho carácter y temperamento y está en el círculo de confianza de Mel Zelaya. Con los rumores de un golpe de Estado, es necesario tener a alguien de mucha confianza y mucho carácter al frente”, dice Mejía. “Aunque jurídicamente ella no tiene ningún impedimento para participar [en las elecciones], en términos éticos y políticos genera mucha suspicacia. Obviamente hay una situación de ventaja que coloca en plena desigualdad a candidatos de otros partidos políticos e incluso de su propio partido.
“Esto resta credibilidad al proceso electoral y sistema electoral de Honduras”, concluye. “El sistema ha sido incapaz de evitar que los enemigos de la democracia, como narcos, corruptos, violadores de la Constitución y de los derechos humanos o golpistas, puedan acceder a cargos públicos. Esto es lo que ha sucedido a lo claro de todos estos años en el país”.
La fuente diplomática afirma que el nombramiento de Moncada “es muy preocupante” y señala hacia el futuro: “La ley la obligaría a apartarse antes de mayo de 2025, seis meses antes de la elección de noviembre. Si no lo hace, esto sería el inicio de una crisis”.
