Con la muerte de Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil (PNC) desde que el presidente Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, y dos importantes subdirectores policiales, el Gobierno ha perdido tres relevantes sostenes de su programa de seguridad insignia: el régimen de excepción, que ha encarcelado a 81,000 salvadoreños en 29 meses.
Arriaza fue un funcionario leal a Bukele y leal a las acciones menos transparentes de su gobierno. En el papel, debía implementar distintas fases del Plan Control Territorial (PCT) —el único plan de seguridad difundido por el Gobierno, pero del que no se conoce toda la información— pero este plan nunca se ejecutó completamente por las negociaciones secretas del Gobierno con los líderes de pandillas y por el rompimiento de las mismas en marzo de 2022. A falta de un plan real, la PNC de Arriaza se destacó por el abuso de la fuerza en la implementación, incluso, de políticas de salud, como en la contención del Covid-19; y en episodios que marcaron un deterioro democrático, como la toma de la Asamblea Legislativa, junto con el Ejército, el 9 de febrero, cuando el presidente usurpó el primer órgano de Estado y aseguró que tras hablar con Dios había decidido no disolverlo.
El subdirector de investigaciones, Rómulo Pompilio Romero, y el subdirector de áreas especializadas operativas, Douglas Omar García Funes, eran dos de los cargos más importantes de la Policía dirigida por Arriaza. Por encima de ellos solo está el subdirector general —puesto vacante desde 2022—; y, con el mismo nivel de importancia, está la subdirección de seguridad pública, que administra una gran cantidad de personal.
Bukele aseguró que el éxito del régimen de excepción se debía, en parte, a que por años jefes policiales como Romero y García Funes habían identificado a las estructuras criminales, sus miembros, conexiones y modos de criminalidad, pero que no tuvieron las herramientas que el régimen les dio para operar con libertad.
Los tres policías y cinco miembros de la Fuerza Armada fallecieron en un accidente aéreo el domingo 8 de septiembre, en un cerro de San Eduardo, distrito de Pasaquina, en La Unión. La comitiva de funcionarios de seguridad llevaba custodiado a Manuel Coto, principal implicado en un caso de desfalco de la cooperativa financiera COSAVI por el que estaba siendo requerido por la justicia salvadoreña. El helicóptero UH-1H se estrelló cuando trasladaba a San Salvador a Coto, quien había sido capturado en julio en Panamá y que, en extrañas circunstancias que no se han aclarado, apareció en Honduras la semana pasada, cuando fue detenido.
El director leal
Arriaza Chicas fue el policía más antiguo que tuvo la corporación en sus 32 años —su número ONI era el 001—. Pasó por distintas jefaturas, y fue elegido por Bukele para dirigir la institución desde el inicio de su primer mandato en 2019. “Lo que hicimos fue ver quiénes eran los mejores y ponerlos en posiciones más altas, más relevantes”, dijo Bukele, en un discurso el 11 de septiembre, durante el velorio de Arriaza y los subdirectores García Funes y Romero.
Arriaza y García Funes eran, a juicio de expertos, parte de la élite policial que, desde que dejaron el Ejército para incorporarse a la PNC en 1992, lograron mantenerse en puestos decisorios de la institución durante 32 años. Su incorporación a la Policía, sin embargo, fue irregular, porque aún estaban de alta en la Fuerza Armada, según revela el libro Infiltrados (2014) de Héctor Silva Ávalos. Este define aquella incorporación como “el pecado original” de la Policía que violó los Acuerdos de Paz e impidió, en buena medida, que la Policía creciera sin las sombras de corrupción de las fuerzas de seguridad de la guerra.
Verónica Reyna, directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), explica las dimensiones de aquel incumplimiento de los Acuerdos de Paz. “Fue altamente criticado porque se contrariaba la naturaleza y fin último de la creación de la PNC que estaba en surgimiento, porque debía ser una institución civil y se debía evitar mezclar sus funciones con las de la Fuerza Armada”, dijo.
La exposición mediática de Arriaza Chicas llegó, sobre todo, con el régimen de excepción. Cuando las pandillas masacraron a 87 personas en marzo de 2022, tras romper negociaciones con Bukele, y Arriaza fue convocado a dos reuniones de emergencia por el presidente: una a las 2 de la mañana del sábado 26 de marzo, en Casa Presidencial, y otra por la tarde de ese día, en la vivienda del presidente.
La ruptura del diálogo secreto —que Bukele ha negado siempre— entre líderes de pandillas y el Gobierno provocó un baño de sangre que las autoridades decidieron contener con la nueva estrategia de capturas masivas. Se trataba, según explicó Bukele con posterioridad, de un apresuramiento de las fases del PCT que incluiría en algún momento las redadas y capturas. Bukele dijo que seguir con los plazos originales del PCT habría sido un error. “No podemos esperar otros dos años, otros tres años y mientras tanto que nuestro pueblo se siga desangrando”, dijo Bukele el 4 de abril de 2022, en un discurso donde graduó a policías. En aquellas reuniones en su casa y en Casa Presidencial, según Bukele, se tomó la decisión de “acelerar” las fases del PCT.
En el momento de la masacre de 87 personas, el plan estaba en la fase 4, que implicaba el aumento del personal militar. La fase 5, anunciada oficialmente en noviembre de 2022, era la llamada “Extracción”, que iba a consistir en la colocación de cercos militares y policiales y en las redadas de presuntos pandilleros. Pero en aquellos días, esta fase solo estaba en papel.
Bukele, según dijo en ese discurso del 4 de abril de 2022, había mostrado dudas sobre la capacidad de la PNC de detener masivamente a pandilleros, y se las comunicó a Arriaza Chicas, quien parecía el único confiado, junto con el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, en que la Policía sí podía hacerlo. En los primeros nueve días del régimen, la Policía de Arriaza Chicas capturó a 6,000 personas, casi 600 diarias, un ritmo que Bukele creía imposible. “A pesar de que hablamos con el director Arriaza Chicas de estos números que estamos viendo ahorita, como parte de una estrategia, yo sinceramente lo sentí imposible porque capturar 6,000 pandilleros en nueve días… A mí, de verdad, me sorprendieron, gratamente, porque una cosa es decirlo, diseñar una estrategia, y otra muy diferente es ir y hacerlo”, dijo aquel 4 de abril de 2022.
Miles de detenciones, sin embargo, fueron arbitrarias y se simulaban que habían sido en flagrancia cuando en realidad ocurrían con engaños o en las casas de los detenidos. Cientos de capturas fueron realizadas bajo argumentos tan débiles como que el capturado había mostrado “nerviosismo”. También hubo revelaciones de que la Policía tenía cuotas de capturas diarias impuestas por las jefaturas y remuneraciones extras a quienes cumplieran la meta.
Desde antes del régimen, Bukele premió la lealtad de Arriaza Chicas con protección y ascensos. El 12 de octubre de 2020, la Fiscalía abrió una investigación contra la Policía por desobedecer la orden de desalojar sindicalistas cercanos al ministro de Trabajo de Bukele, Rolando Castro. Bukele respondió protegiendo con fuero al director policial, nombrándolo viceministro de Seguridad.
Meses más tarde, cuando Bukele aún no controlaba ese órgano de Estado, la Asamblea Legislativa ordenó a la PNC llevar bajo apremio a funcionarios que habían ignorado los citatorios para rendir cuentas sobre usos de fondos para la contención del Covid, y la Policía nuevamente desobedeció. Arriaza, esa vez, fue procesado en tribunales: aunque fue absuelto, el juez le hizo ver que su desdén a las leyes lo estaba metiendo en problemas. “Ustedes como funcionarios tienen que someterse a las leyes. Estamos ante el gobierno de las leyes, no ante un gobierno de los hombres. No estamos en una monarquía”, dijo el juez Salomón Landaverde, que lo absolvió porque la Asamblea, al incumplir requisitos de forma en los citatorios, emitió órdenes ilegales que la PNC no debía cumplir.
En mayo de 2023, después de 14 meses en el régimen de excepción, Bukele volvió a premiar a Arriaza y lo ascendió al grado de comisionado general, un nivel que ningún policía había ostentado antes, en parte, por lo estricto de algunos requisitos en la Ley de la Carrera Policial que fueron eliminados unos meses antes del ascenso de Arriaza.
El día de su velorio, Bukele dijo que “la guerra contra las pandillas” fue exitosa gracias a Arriaza Chicas y que su muerte era como si al Estado le hubieran quitado “un brazo”. “La guerra contra las pandillas y el PCT está tan avanzado que, aun sin brazo, vamos a poder terminarlo. Si [Arriaza, García Funes y Romero] nos hubieran hecho falta hace un año, no sé si estuviera diciendo lo mismo”, dijo Bukele. “Esta mesa se quedó sin una pata. No sé cómo vamos a reemplazarlos en la institución”, agregó.
Arriaza tuvo un perfil operativo durante el régimen. Cuando se lanzó el plan en marzo de 2022, había funcionarios encargados de ir a los sets de televisión y explicar la nueva estrategia. Arriaza Chicas, en paralelo, cumplía una función comunicacional distinta: era el rostro del gabinete de seguridad en el terreno, en las calles, dirigiendo los operativos.
Su participación en conferencias de prensa, comparado con otros funcionarios, era breve. La tarde del 30 de marzo de 2022, tres días después de aprobado el régimen, Arriaza visitó la Asamblea junto con otros funcionarios, para pedir reformas que aumentaban penas a niños y creaban los jueces sin rostro. Arriaza dijo esa vez que apenas en 72 horas del régimen ya habían detenido a 2,500 personas, y agradeció a la Asamblea por ello. “Estas iniciativas nos van a dar mejores herramientas y así poder extraer y sacar de esas comunidades a personas que no creen que el camino de la paz y el respeto a la familia es el camino correcto”, dijo.
Aquella tarde, mientras el resto de funcionarios se quedó en el Salón Azul para escuchar la discusión legislativa, Arriaza se retiró porque dijo que debía seguir trabajando. Esta semana, durante la capilla ardiente en su honor, Bukele dijo que, por años, a policías como Arriaza “no los dejaron actuar”.
Vitales para el régimen
Además del director Arriaza, Rómulo Pompilio Romero, subdirector de investigaciones, y Douglas García Funes, subdirector de áreas especializadas operativas, fueron ejecutores clave de los planes del régimen de excepción.
Romero ingresó a la Policía después de graduarse como ingeniero agrónomo en la Universidad de El Salvador en 1993. Entró a la PNC en octubre de 1994 y su primer cargo, después de estudiar el curso de formación básica y de seguridad para el nivel ejecutivo, fue el de jefe de la subdelegación de Ilobasco, en el departamento de Cabañas. En los siguientes años, durante los gobiernos de Arena y con el crecimiento de las pandillas, pasó a delegaciones más grandes, fue jefe de investigaciones de la División Antinarcóticos (DAN) y de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), y llegó a ser jefe de la División de Protección al Transporte (DPT) y luego jefe de la División Antinarcóticos.
Con el gobierno del FMLN, “Fabián” —como le conocían por su indicativo— ocupó cargos de menor relevancia hasta que en diciembre de 2020, cuando se supo que Arriaza Chicas iba a ser procesado e investigado en tribunales por desobediencia a los mandatos de la Asamblea, fue nombrado jefe de la subdirección de investigaciones, un área que coordina enteramente su trabajo con la Fiscalía General de la República (FGR). Para ese momento, Bukele no controlaba la Fiscalía, y colocar a Romero como jefe de la unidad policial que coordina su trabajo con los fiscales parecía una maniobra para protegerse de cualquier pesquisa.
Ese nombramiento no fue el único con el que Arriaza maniobró. También colocó a otro comisionado de su entera confianza, Héctor Mendoza Cordero, como nuevo jefe de la subdirección de seguridad pública urbana, de la que dependen las Divisiones de Emergencia 911, Control Migratorio y las unidades que se despliegan para patrullajes.
Como jefe de investigaciones, el comisionado Romero era el que solía aparecer en las conferencias de prensa explicando las redes criminales. “Era el maestro de los comisionados, el de la estrategia, el de la técnica, el de la estructura”, dijo Bukele en el velorio. “Había mapas de tatuajes, de estructuras, investigaciones sobre quién responde a quién, qué clica responde a la otra, quiénes tienen pleito, dónde están las líneas, todo en su mayoría estaba dirigido por el comisionado Romero”, agregó.
También brindaba declaraciones para explicar los sucesivos cargos atribuidos a personajes de la oposición procesados, como Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y exdirigente de un partido de oposición.
El comisionado Douglas García Funes, por su parte, tuvo jefaturas claves que lo acercaron a comprender el mundo de las pandillas. Fue jefe de investigaciones de la PNC, fue el responsable del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y el Grupo Especial Antiterrorista (GEAT). “Carabinero”, como era su indicativo policial, entró a la Policía después de formarse como cadete en el Ejército, en 1984. Al igual que el director Arriaza Chicas y el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, García Funes se entrenó en la Escuela de Carabineros de Chile, y luego regresó a El Salvador para incorporarse a la Fuerza Armada, donde estuvo hasta la negociación de los Acuerdos de Paz.
También al igual que Arriaza, García Funes entró a la Policía a través de un procedimiento anómalo, pues el expresidente Alfredo Cristiani, según el libro Infiltrados, hizo creer a la misión de pacificación de las Naciones Unidas (Onusal) “que los primeros oficiales trasladados desde los antiguos cuerpos de seguridad, quienes a la postre ocuparían los puestos clave de mando, se habían dado de baja del Ejército, tal como lo estipulaban los Acuerdos de Paz. No fue así: 25 oficiales (…) no se dieron de baja hasta el 12 de mayo de 1994, cuando ya habían afianzado su poder en la PNC”.
Bukele dijo que nunca pensó en un sustituto para el cargo de director, pero que de haber tenido que nombrar uno ese habría sido el subdirector García Funes. “Habría sido el sucesor natural”, dijo el 11 de septiembre.
Continuidad y represión
Con el fallecimiento de los ejecutores del régimen de excepción, sin embargo, esta y otras estrategias punitivistas no desaparecerán porque, según expertos y voces internas en la Policía, las unidades policiales ya están trabajando “en automático”, impulsando la política más popular y aceptada de la administración Bukele.
Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) dice: “Las unidades policiales, del área de investigación y las áreas especializadas operativas, funcionan básicamente en automático; quien llegue a dirigirlas solo va a llegar a sentarse a la silla, a retomar el trabajo que ya se realiza, porque es el personal básico quien mueve estas unidades”.
Verónica Reyna, del SPASS, sostiene que hay un fenómeno de militarización creciente. “La remilitarización que hubo desde 2009 hasta la fecha ha llevado a que la Fuerza Armada tenga igual o mayor poder que la PNC en los temas de seguridad en el país, y tengan una cantidad similar de efectivos ahora”, dice.
Según Reyna, durante la última administración del FMLN (2014-2019) y las de Bukele, la PNC ha sufrido una desnaturalización compleja “donde ha perdido su visión inicial de ser una institución civil, precisamente por esta permeabilidad de la Fuerza Armada en su funcionamiento operativo pero también estratégico, incluso en su filosofía de funcionamiento”. Recordó que algunos pasos en esa dirección se dieron desde la administración de Mauricio Funes (2009-2014) pues también nombró a militares en puestos que deberían ser ostentados por civiles.
Reyna señaló que el tamaño del Ejército ha crecido desde 2010 a la fecha, pero principalmente desde 2019: pasó de 6,891 en ese año a 20,237 en 2022, según un informe del SSPAS sobre uso de la fuerza pública, publicado en 2024.
“No creo que vaya a cambiar el enfoque (de seguridad), es probable que mantengan este lineamiento represivo y que ha sido fuertemente documentado por las violaciones sistemáticas a derechos humanos. Se abre una oportunidad para cambiar de rumbo y reconstruir la PNC, volver a sus orígenes formulados en los Acuerdos de Paz, pero no tengo muchas esperanzas al respecto”, dice la especialista.
Por ahora, según Marvin Reyes, del MTP, la dirección la ostenta temporalmente el comisionado César Flores Murillo, quien desde el inicio de la administración Bukele fue nombrado director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), donde se forman los agentes policiales.
“Si lo dejan a él (Flores), seguimos en la misma línea, porque venía trabajando a ese nivel y no se perdería mucho tiempo”, dice Reyes, quien dibuja a Flores Murillo como alguien que seguiría la línea de trabajo de Arriaza Chicas.
Flores Murillo también se incorporó a la PNC en sus inicios a través del mismo acuerdo presidencial de Cristiani, que hizo ingresar a la Policía a antiguos miembros del Ejército. Era el acuerdo número 221 y, según el libro de Silva Ávalos, nueve de los 25 oficiales mencionados en ese documento fueron investigados por la Inspectoría General de la PNC por faltas administrativas graves o menos graves, en el transcurso de los años. Entre ellos, García Funes y Pedro González, que aún tiene puesto en una subdirección.
Arriaza Chicas y Flores Murillo aparecen en el acuerdo 221, pero no fueron investigados por la Inspectoría, sino que tuvieron procesos distintos. Arriaza fue expulsado de la Policía en el año 2000, por una investigación por fraude procesal, pero la Corte Suprema de Justicia anuló esa sanción y ordenó su reinstalo. La sanción que debió acatar Arriaza en esa ocasión fue una suspensión sin goce de sueldo durante seis meses.
Flores Murillo llegó a tribunales en 1995, acusado de formar parte de un grupo de exterminio conocido como Sombra Negra, que operaba en San Miguel. “El oficial fue exonerado poco menos de un año después de su arresto y desde entonces ha ocupado puestos importantes en la PNC”, dice el libro Infiltrados, publicado en 2014.
Arriaza Chicas también fue director de unidades de fuerzas de áreas especializadas entre 2017 y 2019. Unidades como la FES, los Jaguares, o el GRP estuvieron vinculados a ejecuciones extrajudiciales entre 2014 y 2019. En 2019, según Reyna, hubo 48 casos de ejecuciones extrajudiciales, y 119 víctimas en total.
