María Elena es la madre de dos campesinos que cultivaban maíz en un terreno pedregoso en las faldas del volcán de Usulután. El terreno está frente a una casa con techo de teja y piso de tierra, que era el hogar de los hermanos Marvin y Medardo. Aquella tierra dejó de producir granos básicos desde el cinco de octubre de 2022, el día en que fueron capturados por el régimen de excepción, agravando al límite del hambre la maltrecha economía familiar, por el costo del paquete que cada mes lleva a sus hijos detenidos en el centro penal de Izalco.
—Como le dije a él, yo estoy conforme con llevarles allá todo lo que ustedes ocupaban, aunque nosotros aquí no comamos, aunque pasemos un tiempo diario porque así nos pasa ahora: comer un tiempo, dice María Elena Lozano Ramírez, de 53 años, quien vivía con sus dos hijos, una hija y su nieta de cinco años.
Medardo, de 24 años, y Marvin, de 23, eran el sostén de la familia: cultivaban la tierra que les heredó su padre que falleció hace seis años y se endeudaron con un préstamo de $2,000 para comprar un picop con el que hacían viajes desde el caserío El Jobo hasta el casco urbano de Santa Elena, unos cinco kilómetros abajo, siguiendo una calle de terracería, lodosa y de difícil acceso en unos tramos durante el invierno.
María Elena recuerda que cada uno de sus hijos le daba $25 semanales para la comida y para el pago de los recibos de agua y luz. El resto del dinero que ganaban lo ocupaban para pagar el préstamo del picop. Eso era antes del régimen de excepción que inició en marzo de 2022, tras el fracaso de la negociación secreta entre el gobierno de Nayib Bukele con las tres pandillas salvadoreñas. Ahora que han pasado dos años de la captura de Medardo y Marvin, la parcela está cubierta de maleza y el viejo picop está estacionado en el patio.
A las once de la mañana del 29 de agosto de 2024 entrevisté por segunda vez a María Elena. Llegó por un estrecho camino que serpenteaba entre frondosos conacastes y matorrales. El sol quemaba. Ella, su hija y su nieta sudaban a chorros porque estaban talando un árbol. “Picando leña”, dijo María Elena. Intentaban convertir aquella madera en unos dólares para llevarle a Medardo un paquete al penal de Izalco.
—Estamos recogiendo leña para venderla. En lo que sale vamos a salir a buscarle venta, tenerla ya solo sacada. Entonces, estamos en picar.
—Me puede explicar qué tan difícil es ese trabajo, ¿a qué hora se levanta, qué esfuerzo tiene que hacer?
—Ah, hay que hacer fuerza bastante, hay que jalarla de dónde esté. Hoy hemos hallado el muchacho que nos ayuda a picar con moto (sierra), para picarla más rápido. Ya tenemos tres días de estar en eso y no hemos podido todavía porque de allá la pasamos al otro lado del huatal y hay que sacarla donde la agarre el carro.
Una decena de tablones, con olor a madera recién cortada, estaban apilados fuera de la casa porque la familia aún no los había logrado vender. María Elena explica que el árbol no era de su propiedad sino que un vecino se lo regaló para aliviar un poco sus penurias económicas. Según sus cálculos, por la tala del árbol iba a ganar $60, que es menos de la mitad de lo que cuesta el paquete para su hijo.
— Normalmente nos dan cien dólares, pero tenemos que pagarle al carro cuarenta dólares.
—¿Aparte de sacar lo del paquete?, le pregunté.
—Si, si, sacar lo del paquete. O sea que totalmente para comida no nos queda nada. Por eso es que muchas personas no van a dejar nada porque no hay dónde agarrar.
—¿Es lo único que puede hacer o hay otras cosas de trabajo? ¿Y el transporte cómo está (por el pick up que tiene)?
—Vaya, el transporte de Santa Elena hasta aquí vale cuatro, cinco dólares, por ahí anda, pero tampoco ahora hay esos viajes porque la gente ha disminuido el trabajo porque no salen ya, no salen a trabajar como antes.
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) consignan que hasta mayo de 2022 el 14% de los salvadoreños se encontraba en fase crítica y de emergencia; es decir que unas 907,000 salvadoreños están a unos pasos de entrar en hambruna . Esta cifra ha aumentado después del régimen de excepción, según organizaciones de derechos humanos. El de María Elena es uno de estos casos.
“Indudablemente, hay gente que estaba en pobreza y ha pasado a extrema pobreza. Hemos documentado casos de familias que han quedado en situación de calle”, dice Ingrid Escobar, directora de socorro Jurídico Humanitario (SJH). Esta organización ha documentado miles de casos de familias a las que el régimen de excepción les ha violado sus derechos humanos. Socorro Jurídico Humanitario tiene un equipo de abogados y trabajadores sociales para analizar cada caso y determinar los casos más graves para darles apoyo legal y, en caso de extrema penuria económica, ayudarle a las víctimas con un paquete básico de alimentos.
“Son 2,700 familias, pero no es posible atenderlas a todas. Tenemos una trabajadora social que evalúa los casos y ahorita tenemos 20 familias en extrema pobreza a las que les damos un paquete de alimentos porque solo para eso nos alcanza. La gente nos dice que no comen los tres tiempos, apenas dos. Lo que hacemos es que a todos los niños, principalmente menores de cinco años, les damos alimentos fortificados. Les hemos dado a cientos”, cuenta Escobar.
Un informe de Cristosal, otra organización de derechos humanos, también concluye que la pobreza y el hambre se ha agravado por el régimen de excepción, afectando principalmente a las mujeres. Esa conclusión es el resultado del análisis de 3,789 denuncias que Cristosal recibió entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2024; es decir, en los primeros dos años del régimen de excepción. La mayoría de denuncias, el 89.1%, 3,304, fueron interpuestas por mujeres.
“Las mujeres se ven obligadas a endeudarse o vender sus pocos bienes (casas o pequeñas propiedades donde viven) y a realizar trabajos extenuantes para obtener recursos para la manutención del grupo familiar. El costo económico para la adquisición de los paquetes de alimentación, vestimenta e higiene que la Dirección de Centros Penales requiere para cada persona privada de libertad rebasa la capacidad económica de la mayoría de familias entrevistadas”, consigna el informe “El silencio no es opción” , publicado el 24 de junio de 2024.
María Elena forma parte del grupo de personas que la compra de un paquete supera su capacidad económica. Ella explica cómo ha logrado sobreponerse a esta carga económica: el año pasado compró dos sacos de frijoles. Y también tiene maíz. Un plato de frijoles con tortillas lo tienen asegurado para hoy y mañana; para la otra y la siguiente semana. Un plato con frijoles y tortillas todos los días, sin variar. El sustento diario, por ahora, es lo que menos le preocupa, lo que le agobia todos los meses es juntar el dinero para el paquete.
—Y como yo le digo: hijo, yo aquí siempre les ando la ropa cuando voy a dejar el paquete con la esperanza que me digan: ¡Vaya, ya está libre, lléveselo! Porque yo ahí se los llevo, yo ahí se los ando, hay le ando la ropa, yinas y todo para Medardo. Y así al otro le tenía todo… Todo le tengo listo, pero…
Durante la entrevista que concedió la mañana del 29 de agosto de 2024, en el rostro moreno y sudoroso de María Elena sobresalía su ojo izquierdo. Estaba rojo, parecía ensangrentado. Además, durante varios tramos de la entrevista padeció de tos y flemas. Le pregunté si había consultado con un médico, pero me respondió que no tenía dinero ni tiempo para su salud.
— Pues, la medicina la hemos dejado hasta para última hora porque va viendo uno lo más importante, pero para comida, pues, los frijoles porque eso si compre dos sacos el año pasado que todavía de eso estamos comiendo. Eso es lo único, más frijoles que otra cosa. Y el maíz que tenemos.
La muerte de Marvin
José Medardo Díaz Lozano estaba descansando en su cama cuando un grupo de policías y soldados preguntó por él. Eran aproximadamente las nueve de la noche del cinco de octubre de 2022. María Elena preguntó por qué buscaban a su hijo y la única respuesta que recibió fue: por el régimen de excepción.
— Solo por el régimen y a uno solo dicen que lo tiene que acompañar, según uno lo va acompañar ahí nomasito, pero no, se los llevan rápido. Porque a mí así me dijeron cuando me llevaron a Medardo, solo nos tiene que acompañar don José, le dijo. Y él solo se me quedó viendo, le dije que sí, que fuera obediente en eso y ya no me lo soltaron.
La Policía registró la casa. Luego llevaron a Medardo hacia un puente, le pidieron su teléfono y los agentes llamaron a su hermano menor: Marvin Alexis Díaz Lozano, quien en ese momento regresaba en el picop con un viaje desde Santa Elena hacia el caserío Los Jobos, en el cantón Cerro El Nanzal.
Los hermanos Díaz Lozano fueron encarcelados en el penal de Izalco. Y desde entonces se agravó la historia de penurias económicas y de maltrato estatal contra esa familia. El sufrimiento por el régimen de excepción se ha llevado de encuentro, incluso, a la niña de cinco años que aún no va a la escuela, pero que inevitablemente ha ido todos los meses al penal de Izalco.
—Ha sufrido porque aún enferma le ha tocado salir (hacia el penal). A veces enferma del estómago, a veces cuando ha andado con calentura, así nos la hemos llevado porque hay que ir. Toca llevarla así como anda.
La vida de María Elena, su hija y su nieta, transcurría en las faldas del volcán. No conocían Izalco y menos el lugar exacto donde está el penal. Ahora, cada vez que deben ir a entregar el paquete, el viaje comienza a las dos de la madrugada y regresan a las 10:30 de la noche. Así lo cuenta la hermana de los detenidos:
—A las dos salimos, para salir, nosotros nos levantamos a la una de la mañana.
—Se levantan a la una. ¿Desde la primera vez así fue?
Las primeras veces veníamos… a las 10:30 estábamos aquí de la noche porque como perdido, porque la primera vez que fuimos allá a Izalco no conocíamos. Y como salimos de Ilopango para allá, venimos a las 10:30 de la noche. Ya veníamos bien noche y como a pie y con la niña dormida, costaba más avanzar.
—¿Desde Santa Elena caminando hasta acá?
Porque el carro llegaba hasta Santa Elena y de ahí para acá había que caminar. Y ya la niña venía dormida ¿cómo la iba despertar? Tocaba traerla chineada. Entonces las primeras veces así nos tocó.
En el caserío El Jobal, la Policía capturó a los hermanos Díaz Lozano y a otros tres jóvenes que también se dedicaban a sembrar maíz. Con el paso de los meses, las familias de esos detenidos y de otros capturados en los alrededores se han organizado intuitivamente para paliar el sufrimiento de llevar el paquete al penal.
Hay un grupo de familiares que viaja en picop desde un día antes. Duermen en las afueras del penal y así aseguran los primeros puestos en la fila para entregar el paquete a los custodios. Al final de la tarde, el picop los recoge y, alrededor de las siete de la noche, los regresa a Santa Elena y sus alrededores. Pregunté a una familiar de los hermanos Díaz Lozano por qué no viajaban en ese picop para evitar levantarse temprano.
—No, por la niña.
—¿Muy complicado?
La niña anda pidiendo hacer sus necesidades y hay que andar en la calle, no se puede. Es sacrificar más a la niña.
María Elena, su hija y su nieta viajan al penal el mismo día. Un día antes, preparan la mitad del paquete y la otra parte la compran cuando llegan a Izalco, en unos negocios que están cerca del penal. El día del viaje se levantan a la una de la mañana. Bajan unos 400 metros por un camino oscuro hasta llegar a la calle principal del caserío y abordan un picop que las lleva cinco kilómetros abajo, hacia la entrada principal del pueblo. La gente se reúne bajo un letrero que dice: “Bienvenidos a Santa Elena”. Ahí llegará otro picop que las lleva hasta el penal. Llegan a Izalco casi a las 6:30 de la mañana y a veces tienen un poco de suerte.
—Siempre hemos ido con ella, vamos las tres porque me llevo a la niña porque no tengo con quién dejarla, yo me la llevo. Ese día, bueno, a veces cuando quieren lo pasan a uno por la niña, pero cuando no, nos toca hacer la gran fila. Y se hacen unas filas grandes, si uno no madruga viene tarde.
Desde finales de 2023, Marvin estuvo en la celda 45. A su hermana eso le pareció raro porque a Medardo, su otro hermano, lo movían de la celda 19 a la 31, de la 31 a la 41. Ella preguntó a los custodios por qué, pero no le dieron respuesta. A principios de 2024, la hermana escuchó la conversación entre dos custodios que explicaban aquella situación y que encendió la alarma de que algo malo estaba pasando con Marvin. Aunque no sabían con exactitud el qué.
—Hubo una vez que dijo por pura casualidad, dio… quiero ver, en marzo, abril, dijo: ponele que anda por el hospital. Y me quedé yo, ¿cómo?, le dije yo. ¿Y Marvin por qué anda en el hospital? No, me dijo, son cosas de rutina, que se llevan no más a exámenes de rutina, lo más seguro es que venga más tarde. Eso fue todo lo que me dijeron.
Desde el primer trimestre de 2024, María Elena comenzó a buscar a su hijo en los hospitales, pero no le dieron ninguna información. Así lo cuenta ella.
—A mí nunca me dejaron entrar. Yo supliqué que me dejaran entrar aunque sea un minuto a ver a mi hijo, y me dijeron de que no. Y cerraban todas las puertas, nos tiraban los portones porque eso es lo que hacen ellos ahí: tirarle el portón a la gente que llega así, porque no solamente yo he llegado, han llegado más personas porque ahí hay más.
El siete de junio de 2024, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) difundió en redes sociales fotografías de Marvin postrado en una camilla del Hospital Rosales. Su cuerpo esquelético estaba esposado a la camilla, pese al tratamiento por cáncer linfático, anemia, tuberculosis y diarrea. El 19 de junio de 2024, Marvin regresó a su casa con libertad condicional, beneficio que obtuvo gracias a la presión de las redes sociales.
Nunca se recuperó. María Elena dice que su hijo no podía caminar, le costaba hablar y los medicamentos no paliaban la diarrea. Marvin falleció el 28 de julio de 2024 durante uno de los tratamientos contra el cáncer en el hospital Rosales.
“Peor que en la guerra”
La audiencia contra los hermanos Díaz Lozano estaba programada para el 26 de agosto de 2024. Para esa fecha, Marvin ya tenía casi un mes de muerto, pero la familia esperó con ansias ese día para tener alguna noticia sobre Medardo. María Elena sigue sin saber nada sobre su hijo porque el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel suspendió la audiencia y la reprogramó hasta el 2025.
Han pasado 24 meses de la captura de Medardo y la familia no sabe con exactitud de qué lo acusan, cuáles son las pruebas contra él. María Elena ha hecho esas preguntas a las autoridades directamente y también por medio de una abogada, pero el sistema ignora sus peticiones. Ella dice que ha presentado constancia oficial que sus hijos no tienen antecedentes penales y ha ofrecido tres testigos de su comunidad para demostrar que no tienen vínculos con pandillas.
El Faro buscó en los Guacamaya Leaks algún antecedente delincuencial de Medardo y Marvin. La filtración Guacamaya Leaks comprende 10 millones de correos electrónicos de la Policía y 250,000 de la Fuerza Armada. En esa base de datos no se encontró nada sobre Marvin; y sobre Medardo apenas hay un acta policial que menciona su nombre circunstancialmente, sin reprocharle algún delito.
El 2 de marzo de 2020, dos años antes de la aprobación del régimen de excepción, el investigador Martínez Torres envió un informe al entonces jefe de la Subdelegación de la PNC en Santa Elena, el subcomisionado Raúl Arturo Arana Viscarra, en el que le informa sobre una denuncia por el robo de un celular en contra de Carlos Zelaya, conocido en la zona como Cherenkeka.
La Policía recibió información que Cherenkeka robó un celular frente a la cantina El Buey y luego se dirigió a un costado del mercado municipal para contratar un picop para huir hacia el caserío El Jobo. Los policías alcanzaron el vehículo, identificaron a Medardo como el conductor, revisaron a Cherenkeka y en la bolsa derecha del pantalón le encontraron el celular robado, un Motorola de color gris. Cherenkeka fue capturado por robo, mientras que el nombre de Medardo solo quedó consignado de manera circunstancial en el caso US-0689-2020.
Además de la búsqueda en la filtración Guacamaya Leaks, El Faro buscó datos de los hermanos Díaz Lozano en las instituciones a cargo del caso. Las múltiples gestiones se han hecho desde el siete de agosto de 2022 a la Fiscalía, la Corte Suprema y juzgados contra el crimen organizado, instituciones a cargo de los procesos iniciados en el marco del régimen de excepción. Hasta la fecha, ninguna de estas instituciones ha respondido a solicitudes de los casos puntuales abordados por este medio.
El caso contra los hermanos Díaz Lozano es uno de los miles que las autoridades manejan en secreto. Al igual que otros cientos de procesos judiciales, la Fiscalía ha pedido la reserva total, argumentan que revelar cualquier detalle puede “provocar pánico en la población”. Esa reserva les ha permitido ocultar capturas arbitrarias, o amparadas en fichas policiales falsas y miles de detenciones basados en criterios ambiguos como parecer sospechoso o nervioso.
Y el régimen de excepción continuará en los siguientes días. El cuatro de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la trigésima primera prórroga del régimen. Según un comunicado de esa institución la última cifra oficial de capturas es “más de 82 mil”. La información oficial omite referirse a otras estadísticas como la cantidad de muertos en Centros Penales, algunos por falta de atención médica y otros con evidentes signos de tortura. Hasta el 16 de octubre de 2024, Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 322 muertes en Centros Penales, cuatro de estos casos eran bebés encarcelados junto a sus madres.
En el marco del régimen de excepción también se han aprobado una serie de reformas legales que han extendido indefinidamente los plazos de detención. Antes del régimen, el sistema tenía un plazo de dos años para enjuiciar a un procesado; ahora hay detenidos que llevan más de dos años y, sin mayor explicación, a las familias se les ha informado que la audiencia contra ellos se realizará hasta el 2025 por la sobrecarga de trabajo de los juzgados. El caso de Medardo, capturado en octubre de 2022, es uno de los que se resolverá hasta 2025, es decir, tres años después. Esto ha provocado que El Salvador tenga una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo: 1,728 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes. El 2.5% de la población adulta de El Salvador está encarcelada, según el informe que organizaciones de derechos humanos presentaron el 4 de abril de 2024 .
María Elena dice que nunca había vivido tanto atropello del Estado. Ella recuerda que durante la guerra civil (1980-1992) tuvo que huír varias veces del caserío por los bombardeos en el volcán de Usulután. Para ella, el régimen de excepción ha sido más doloroso que aquello que sufrió durante el conflicto, época en que los salvadoreños sufrieron el conflicto entre la guerrilla y el ejército.
—A nosotros no nos hacían nada, nosotros pasábamos en medio de ellos (ejército y guerrilla), nunca nos dijeron: dennos comida, ni dennos una gallina, nada. Pero nunca nos pasó nada. Lo único que era es que como venían y tiraban bombas, pues nosotros… yo todavía vivía con mi papá y nos íbamos para el pueblo para estar allá con la familia. Mi suegra vivía ahí, se tuvo que bajar también para el pueblo, por eso, por los bombazos, pero ahora quizás es pior porque imagínense tener que perder uno de sus hijos.
¿Usted cree que lo que vivió en aquella época peor a lo que se está viviendo?
Es peor, peor todavía.
¿Por qué lo cree así?
Porque nosotros trabajábamos, nosotros no perdíamos el trabajo, siempre lo hallábamos y aunque nos fuerámos de aquí. Dejábamos todo y ahora pues imagínese no hay trabajo, los hijos los están quitando del todo. ¿Y qué esperanza hay? Y uno tiene a sus hijos para que a uno lo mantengan cuando uno está viejo, pero ¿y ahora? ¿Para qué quiero vivir sin mis hijos? Yo esta vida no la quiero...
