Cada año que pasa, el Gobierno de El Salvador aumenta su nivel de agresividad contra la prensa. El país que se promueve como uno de los más seguros del hemisferio occidental es el mismo en el que policías y militares han normalizado retener, de forma arbitraria, a periodistas para requisar sus teléfonos o a fotoperiodistas para que borren sus imágenes.
En 2024, en El Salvador se revisó y confiscó computadoras y teléfonos de periodistas sin respetar debido proceso ni transparentar la orden judicial; otros colegas fueron perseguidos después de una cobertura en una fosa clandestina; y, en el centro de San Salvador, policías retuvieron y hostigaron a dos colegas para obligarles a borrar información de sus cámaras fotográficas y grabadoras.
El país, también promotor de las causas libertarias, puede perder uno los mayores candados que protegen el oficio de periodista: la Fiscalía está presionando por averiguar la identidad de la fuente de una nota en particular y, si lo logra, será un precedente legal (leguleyo) con el que se viola el derecho profesional de proteger las fuentes, que la Constitución y el Código Penal de El Salvador salvaguarda y que también tiene protección internacional según el principio 8 de la declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH, de la que El Salvador es parte.
Otro pisoteo más, otro retroceso y otro derecho perdido. Los tres primeros párrafos de este artículo son un resumen para retratar el 2024 y revisar los datos del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (link de informe).
Es preocupante y son acciones que parecen parte de un plan mayor, ya que también la Asamblea Legislativa aprobó, de forma exprés y sin diálogo con expertos, mecanismos para que cualquier persona ofendida por una investigación periodística, independientemente de si es político cuestionado o Persona Políticamente Expuesta, pueda ampararse en el “derecho al olvido”. Esto también significa que desde el Estado se podrán iniciar procesos para eliminar información de relevancia pública sobre hechos de corrupción denunciados por la prensa.
Se abrió también el camino para indagar en las fuentes de información de investigaciones de la prensa al aprobar la figura de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que podrá dirimir peticiones de distinto tipo para que medios abran sus datasets y fuentes a terceros.
Según datos recopilados por el Centro de Monitoreo, desde el Gobierno de El Salvador se ha promovido una actitud antiprensa generalizada, que está contagiando de miedo (fundado) a todas las redacciones de todos los medios del país.
En 2024, el Centro de Monitoreo de la APES registró 466 denuncias de agresiones contra periodistas y trabajadores de la información, y el principal protagonista proviene de la esfera pública, ya que los “funcionarios públicos” y las “entidades estatales” han sido los principales agresores denunciados, con 131 y 128 incidentes respectivamente, es decir, más de la mitad de los incidentes (259).
En comparación con años anteriores, se registran 155 agresiones más que en 2023 (311 agresiones); y 279 más que en 2022, cuando se registraron 187.
Las agresiones más repetidas de 2024 son: restricción al ejercicio periodístico (113 agresiones en total: 93 restricciones por bloqueos en redes sociales de parte de funcionarios e instituciones públicas y 20 restricciones en espacios físicos); bloqueo de acceso a la información (93 agresiones); acoso digital (62 agresiones); declaraciones estigmatizantes (58 agresiones) y difamación (21 agresiones).
De esas 466 agresiones, los agresores denunciados que más se repiten son: funcionario público (131 agresiones); institución pública (128 agresiones); usuario de redes sociales (65 agresiones); agentes de la PNC (31 agresiones) y desconocidos (23 agresiones).
La actitud antiprensa puede ser una vulneración menor, según el político que lo lea, pero el ambiente hostil empezará a convertirse en más violencia y más arbitrariedad, algo de lo que ya no se podrá presumir dentro de la propaganda que habla de un país seguro. ¿A qué me refiero? Sin prensa independiente, de investigación, no alineada o arrodillada al poder, El Salvador solo podrá presumir ser tan seguro como Nicaragua, Cuba o Corea del Norte. Países “seguros” de cara al turismo, pero sin libertad de prensa ni de expresión.
Aunque no son mayoría, los casos de abuso e intimidación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y los militares son particularmente preocupantes, ya que ha sido unos de los rubros más creciente de denuncias. Las 38 agresiones documentadas en este ámbito revelan un patrón de abuso de autoridad que no solo busca silenciar a los periodistas, sino que también atenta contra la seguridad de sus familias.
Es grave que nuestro Centro de Monitoreo haya tenido que registrar, por primera vez, un allanamiento a la casa de una periodista, nuestra colega Mónica Rodríguez, a la que en un operativo con fiscales encapuchados le arrebataron sus teléfonos personales y de trabajo y sus computadoras. Un procedimiento más que opaco, ya que Mónica no fue informada en detalle y no pudo ver formalmente la orden judicial. Hasta el momento no se ha dado mayor explicación, pese a que nuestros abogados de la APES han intentado que la Fiscalía respete el debido proceso.
La intromisión en la vida privada de periodistas es una violación grave que no puede ser tolerada en una sociedad que promueve libertades. Y en este punto vale la pena repasar otros hechos graves ocurridos en 2024.
La madre de un periodista y editor freelance fue víctima de intimidación y acoso policial en su vivienda, tras la publicación de una investigación periodística, de la que su hijo fue editor. La investigación revelaba la existencia de una red de policías vinculados con el asesinato de cientos de personas. La denuncia registra que agentes de la PNC se estacionaron frente a la casa de su madre durante tres días consecutivos y que el 30 de octubre un grupo de elementos del cuerpo de seguridad se acercó a la vivienda alegando que respondía a una denuncia de violencia intrafamiliar e interrogaron a la madre del editor sobre el nombre de todos sus hijos, mostrando especial interés en los hijos varones. También le tomaron fotografías a los Documentos Únicos de Identidad (DUI) de otros familiares que se encontraban en la vivienda.
Otro procedimiento protagonizado por cuerpos de seguridad ocurrió el 23 de agosto de 2024, cuando agentes de la PNC amenazaron a una periodista y un fotoperiodista que se encontraban reportando la detención de una persona que limpiaba parabrisas de vehículos que circulaban frente al Parque Cuscatlán, en San Salvador. Los periodistas se acercaron a la escena para documentar la situación, identificados debidamente como prensa, pero una de las agentes les prohibió tomar fotografías del suceso, a pesar de que se encontraban en la vía pública. También les advirtió que si publicaban las fotografías “ya sabían” a qué medio pertenecían”.
En un país seguro, no se debería temer en escenas resguardadas por policías, ya que la prensa siempre ha cubierto escenas de crimen. El 4 de octubre de 2024, mientras hacían cobertura a la excavación de una fosa clandestina en la colonia Cumbres de San Bartolo, en Tonacatepeque, tres periodistas fueron retenidos arbitrariamente por agentes de la PNC. Un agente los grabó con su celular y tomó fotografías a la placa del vehículo en el que los periodistas se movilizaban. Según el relato del periodista, la misma patrulla los siguió por un buen rato mientras salían de la colonia en dirección a la capital.
A estos 38 casos, se suman 13 agresiones relacionadas con situaciones de miedo y persecución hacia periodistas en las que se teme a cuerpos de seguridad del Estado, esto sugiere que el clima de inseguridad no solo es real, sino que está en aumento. Las denuncias de vigilancia y el seguimiento por parte de agentes de la PNC y sujetos desconocidos no son meras coincidencias; sobre todo si van en aumento y generan un estado de alerta constante y desconfianza entre quienes se dedican a informar.
En este contexto, 2025 no augura un buen año para la prensa. Es fundamental que la ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos y los propios medios de comunicación se unan para exigir un cese inmediato de estas agresiones y para demandar un ambiente seguro que permita el ejercicio libre y responsable del periodismo. En un país seguro no es normal un ambiente lleno de miedo.
No podemos permitir que el miedo y la represión silencien a quienes solo quieren iluminar zonas grises u oscuras de la realidad. La defensa de la prensa es, en última instancia, la defensa del derecho a saber. Si 2025 es un año en el que la situación de los periodistas no mejora, estaremos dando un paso más hacia un futuro más oscuro, donde la información de calidad y crítica sea un lujo inalcanzable.
Este es el contexto hostil de 2024. Más hostil que 2023 y mucho más que 2022. Este 2025 empezó con tempestades, pero seguiremos haciendo el registro.
