La Asamblea Legislativa ratificó este 29 de enero una reforma a la Constitución que permite cambiar cualquier artículo de la Constitución de forma exprés, incluidos los que limitan la reelección presidencial. El cambio es la culminación de un proceso que los diputados de Nayib Bukele iniciaron en abril de 2024, en la última plenaria de la legislatura anterior.
La Constitución vigente, aprobada en 1983, establecía un proceso para la reforma constitucional en el que se necesitaba que una legislatura aprobara una reforma y otra distinta, tras la celebración de elecciones, la ratificara. La reforma aprobada habilita a que el cambio se haga “con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos”. Ese número es de 45 diputados. El partido de Bukele tiene 54 votos.
La reforma constitucional ocurre casi un año después de que Bukele se reeligiera inconstitucionalmente como presidente, y de unas elecciones turbias en las que su partido cambió las reglas hasta el último minuto: redujo el número de diputados de 84 a 60, cambió el método de conteo de votos para favorecer al partido mayoritario y los partidos de oposición pidieron la nulidad de las elecciones legislativas.
La Constitución se modificó con dispensa de trámite, el mecanismo favorito de los diputados de Bukele para acelerar el proceso de formación de ley.
El cambio se efectuó como parte de un paquete de reformas legales que buscan cumplir los requisitos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió al país para un acuerdo de 1,400 millones de dólares. En la misma plenaria, la Asamblea eliminó el reconocimiento de Bitcoin como moneda en El Salvador. El presidente Bukele también anunció el mismo día una iniciativa de ley anticorrupción que ingresó a la Asamblea Legislativa a las 3:45 de la tarde, pero que no fue conocida en el pleno de ayer.
En diciembre de 2024, cuando el FMI anunció el acuerdo con El Salvador, dijo que el programa tenía cuatro elementos clave: que el gobierno redujera sus gastos, el incremento de las reservas de liquidez de los bancos, limitar las actividades de bitcoin del gobierno y eliminar su obligatoriedad, e incrementar la transparencia estatal. Los dos últimos puntos se abordaron el 29 de enero, con la reforma a la ley Bitcoin y la ley anticorrupción que ya tiene la Asamblea Legislativa.
El gobierno ha buscado reducir sus gastos desde la formulación del presupuesto 2024, con sendos recortes a los ministerios de Salud y Educación. Pero el programa de recortes ha sido continuo. Por ejemplo, el 14 de enero de 2025, la Asamblea eliminó un fondo para apoyar municipalidades remanente, tras la reducción en 2021 del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), un programa que transfería el 10 % de los ingresos corrientes del Estado a las alcaldías para que ejecutaran obras. La reducción del Fodes había llevado las transferencias del 10 al 1.5%.
Christian Guevara, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, anunció que la primera reforma constitucional que harán con sus nuevos poderes será eliminar el artículo 210 que regula la deuda política, un mecanismo de financiamiento en que el Estado le da dinero a los partidos políticos en proporción a los votos obtenidos durante las elecciones.
“En ocho días, podríamos derogar ya el artículo 210 de la Constitución, y en ocho días ratificar esa derogación del artículo 210, y eliminar de forma permanente la deuda política', dijo Guevara.
El gobierno promocionó la reforma constitucional como si el único objetivo fuera eliminar la deuda política. “Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo”, tuiteó Bukele.
Esa afirmación es falsa. La Asamblea no aprobó la eliminación de la deuda política aún, pero eliminó un candado a la reforma constitucional. “La reforma permite que una legislatura reforme la Constitución en repetidas ocasiones y en cualquier dirección que elija, sin ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de influir en la configuración legislativa”, dice un comunicado que 18 organizaciones de sociedad civil emitieron en abril de 2024.
'Esta acumulación de poder deja a los salvadoreños y salvadoreñas sin defensa ante abusos por parte del Estado y a expensas de las decisiones de un partido político”, agregó el comunicado.
“La mención de la deuda política es solo una simple excusa para alegar que es necesaria la reforma del art. 248 de la Constitución”, escribió en X el abogado constitucionalista Enrique Anaya. “Lo que importa al bukelato es la reforma para formalmente hacer lo que les ronque la gana”, dijo.
Asamblea dejó de reconocer Bitcoin como moneda en 12 minutos
El Salvador dejó de reconocer bitcoin como moneda, tras una reforma a la Ley Bitcoin que además prohíbe al gobierno aceptar pagos de impuestos en el criptoactivo. Los diputados también derogaron dos artículos que obligaban al gobierno a proveer alternativas a los ciudadanos para hacer transacciones en Bitcoin, los que permitieron la creación de la billetera electrónica Chivo Wallet.
El primer artículo de la ley decía que el objeto de la ley es “la regulación del bitcoin como moneda de curso legal”. La reforma eliminó la palabra “moneda”. El artículo cinco decía que “los intercambios en bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal”. La reforma eliminó la última frase: “moneda de curso legal”.
Reconocer Bitcoin como moneda fue una acción inédita en el mundo cuando la ley se aprobó en junio de 2021. También fue una de las principales objeciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con quien El Salvador buscaba un acuerdo desde 2021. Ese acuerdo se anunció en diciembre de 2024. El FMI impuso como requisito que “la aceptación de Bitcoin de parte del sector privado fuera voluntaria” y “limitar la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin”.
Las reformas cumplen a cabalidad con las peticiones del FMI. El artículo cuatro decía que “todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin”. Fue derogado. El artículo siete regía la obligatoriedad. Decía que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago”. El artículo reformado dice que solo las personas naturales o las empresas privadas “podrán aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido”. El artículo tres decía que todo precio podrá ser expresado en bitcoin. La reforma dice que todo precio podrá ser “convertido” en bitcoin.
Todo el trámite duró 12 minutos y medio. El diputado Guevara pidió una modificación de agenda, la diputada Elisa Rosales leyó el decreto, nadie pidió la palabra para debatir y la reforma se aprobó con 55 votos a favor y dos votos en contra. Como se hizo con dispensa de trámite, la reforma ni siquiera llegó a una comisión legislativa. Este proceso fue aún más rápida que la aprobación de la Ley Bitcoin, que duró cinco horas en junio de 2021.
Pero el proceso no pudo ser más distinto. Hace cuatro años, Bukele anunció la ley en una conferencia en Miami, con fanfarria. Tres días después, la ministra de Economía llevó el proyecto a la Asamblea, y los diputados oficialistas intervinieron anunciando todos los cambios y beneficios que el bitcoin traería al país. La promesa gubernamental fue abaratar las remesas, hacer inclusión financiera de la gente que no tiene cuentas de bancos, y atraer inversión extranjera para hacer crecer la economía.
Nada de eso ocurrió. Solo el 1.3 % de las remesas se enviaron en criptobilleteras entre septiembre de 2021 y junio de 2024, según cifras del Banco Central de Reserva. La mayoría de salvadoreños no usó bitcoin para hacer transacciones y más del 70 % respondieron que no benefició su economía en una encuesta. El gobierno nunca ha publicado cifras sobre la generación de empleos gracias a Bitcoin. Un estudio de la organización Cristosal dice que el Estado gastó 329 millones de dólares en los primeros dos años de la implementación de la ley. La aplicación Chivo Wallet, y la instalación de 200 cajeros automáticos en casetas por todo el país, fue un desastre que causó 'una hemorragia de dinero público', según un desarrollador de la billetera.
Esta vez, la ministra de Economía no solo no llegó a la Asamblea, sino que la iniciativa de ley fue presentada por la ministra de Turismo, actuando como encargada del despacho de Economía. La Asamblea anunció la reforma con un solo tuit, a las 5:39 de la tarde: 'Con 55 votos a favor, reformamos la Ley Bitcoin para mejorar su aplicabilidad'.
Esta reforma deja a Bukele lejos de aquel que, en enero de 2022, respondía con memes a las declaraciones del FMI que ya entonces pedía que Bitcoin no fuera una moneda de curso legal en el país.
La economista Lorena Valle dijo a El Faro que, con la reforma, el gobierno acepta el “sentido común económico” que la academia y la sociedad civil avisaron desde la aprobación de la ley. Valle explicó que el dinero cumple cuatro funciones sociales: es una unidad de cuenta para expresar precios; un medio de intercambio, un medio de pagos y un depósito de valor.
“Bitcoin es un activo financiero que permite preservar riqueza que eventualmente se convierte a dólares o a otras monedas. El dinero es un fenómeno social y requiere un acuerdo social amplio que permita que las personas utilicen una moneda como el colón o el dólar estadounidense. Eso no se puede hacer solo por decreto”, dijo Valle.
La Ley Bitcoin es un instrumento con el que el presidente Nayib Bukele se ha promocionado en todo el mundo, propulsado por los aficionados de las criptomonedas. Su discurso habló de Bitcoin como una alternativa al sistema financiero internacional, e incluso exploró la posibilidad de financiar al país a través de bonos bitcoin, para evadir una negociación con el FMI. “Es completamente posible que El Salvador pague completamente su deuda y que erradique su deuda externa en 10 años con uno o dos bonos de bitcoin”, dijo en 2022 Samsom Mow, un canadiense que apareció con Bukele en la fiesta donde anunció el lanzamiento de los bonos bitcoin para financiar la construcción de Bitcoin City. Los bonos nunca salieron a la venta. El gobierno no ha informado de qué ocurrirá con el proyecto Bitcoin City.
Un día después de que la Asamblea eliminara el reconocimiento de Bitcoin como moneda para cumplir con las exigencias del FMI, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, inauguró la conferencia cripto Plan B con un mensaje: “Bienvenidos al país del Bitcoin”. En el evento, aseguró que el presidente Bukele “tiene la personalidad para desafiar a las instituciones como el FMI”, aunque su gobierno acaba de ceder a sus condiciones para asegurar un préstamo.
La contradictoria promesa de reforzar la transparencia
A las 8.30 de la noche, cuando la plenaria ya había terminado, Bukele anunció un proyecto de ley anticorrupción “para reforzar la transparencia y probidad de los funcionarios”. Una de las tres exigencias que el FMI hizo al Gobierno de El Salvador en el comunicado del 18 de diciembre de 2024 en el que confirmó un “acuerdo técnico” sujeto a aprobación por el directorio del FMI.
Según lo anunciado por Bukele, su ley anticorrupción va a “obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta, todos los años (esta declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano).” y se va a crear una nueva categoría de delito, sancionado con prisión, para castigar el testaferrato (uso de prestanombres). También promete establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, para perseguir a los corruptos desde las auditorías.
Según el proyecto de ley de 21 artículos, se creará un 'Sistema Nacional Integrado Anticorrupción', compuesto por la Fiscalía General de la República; el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. c) La Policía Nacional Civil; la Corte de Cuentas de la República; el Órgano Judicial; Ministerio de Hacienda; La Superintendencia del Sistema Financiero; la Comisión Nacional de Activos Digitales; el Centro Nacional de Registros; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte por medio del Registro Público de Vehículos; el Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
El nuevo esquema no hace alusión al papel de instancias ya existentes. Ya hay una ley de enriquecimiento ilícito de 1959 y una normativa que obliga a transparentar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. También ya existe una Sección de Probidad que documentó el enriquecimiento ilícito de la mayoría de presidentes de la posguerra y un archivo de casos que están estancados en la Corte Suprema de Justicia nombrada por el oficialismo.
La promesa de este proyecto de ley se contradice con prácticas y hechos que ya forman parte de la forma de gobernar de los últimos años. En su primera y segunda administración, el Gobierno Bukele se ha caracterizado por cerrar todos los accesos a la información pública. En septiembre de 2024, una investigación de Redacción Regional demostró que en un año sociedades controladas por Bukele, sus tres hermanos, su esposa y su madre adquirieron por más de nueve millones de dólares 361 hectáreas de tierra, el 92 % de las tierras que ese clan familiar posee actualmente. La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró bajó reserva los informes de probidad del quinquenio 2019-2024 de Bukele. La Corte Suprema de Justicia también declaró como reservadas las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales del presidente.
Hay más antecedentes, la Corte de Cuentas nombrada por Nuevas Ideas responsabilizó a seis técnicos del Ministerio de Agricultura por los productos alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria no recibidos durante la pandemia y los condenada a devolver $60 millones de dólares, aunque exonera de responsabilidad al exministro Pablo Anliker, a pesar de que los testimonios y documentos del juicio apuntaban a que él eligió a los proveedores y dio las órdenes al personal técnico a través del director de la oficina de compras.
A esto se suma que en el Gabinete aún permanecen tres funcionarios calificados como “actores corruptos” por el Departamento de Estado de Estados Unidos: su jefa de Gabinete Carolina Recinos, el director general de Centro Penales, Osiris Luna Meza y el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
