El martes 25 de febrero la Policía y la Fiscalía embistieron a defensores de derechos humanos y a pobladores de la Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, que intentaban detener un proceso de desalojo en contra de unas 250 familias que han habitado ese lugar desde hace 12 años.
El primero de los detenidos fue Fidel Zavala, vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), y quien fue la primera persona en interponer una demanda formal contra autoridades penitenciarias por abusos contra los privados de libertad durante el régimen de excepción decretado por el Gobierno de Nayib Bukele en marzo de 2022, y que aún sigue vigente. Zavala demandó ante la Fiscalía al viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles de Mariona y Cutumay Camones, por tortura, corrupción, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
En febrero de 2022, Zavala fue acusado de estafa y permaneció encarcelado durante 13 meses, hasta que un tribunal lo declaró inocente. El tiempo que permaneció detenido coincidió con el inicio del régimen de excepción y con uno de los momentos en los que se efectuaban capturas masivas a diario, por lo que fue testigo de las condiciones y el trato que recibían los internos. Tras su liberación, Zavala denunció públicamente haber sido testigo directo de brutales torturas, privación de alimentos y medicinas y también dijo haber visto salir de las cárceles un gran número de cadáveres “en bolsas negras”. Luego de interponer la demanda contra los funcionarios de Centros Penales, retó a Osiris Luna y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a que se encararan con él en un tribunal.
Luego del arresto de Zavala, la Policía allanó su casa, las oficinas de UNIDEHC y la casa de su directora, Ivania Cruz, quien se encontraba fuera del país desde hacía varios días. Según Cruz, las autoridades se llevaron todos los expedientes que la organización había elaborado alrededor del caso de desalojo de la Hacienda La Floresta. Esa misma tarde también fueron capturados dos pobladores que habían interpuesto una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La Policía también detuvo, en un operativo nocturno que se prolongó hasta las 2 de la madrugada, a una veintena de líderes comunitarios que formaban parte del movimiento contra el desalojo. Según una vecina de la comunidad La Floresta, que pidió el anonimato por temor a ser arrestada, la Policía se presentó a las 9 de la noche y, durante varias horas, fue sacando a personas de sus casas.
“Se llevaron a 21 personas detenidas, no nos quisieron decir por qué, se llevaron a una mujer embarazada que el mes que viene le toca dar a luz, y a otra que también estaba embarazada la empujaron… tenemos pánico de que nos vengan a sacar de noche. Están logrando lo que querían: aquí la gente tiene miedo ya de hablar”, dijo esta mujer.
La Fiscalía los acusa de intentar comercializar terrenos que no eran de su propiedad y también de agrupaciones ilícitas. A Zavala también lo acusa de hacerse pasar por abogado y a UNIDEHC la señalan por ofrecer servicios de asistencia y acompañamiento a comunidades sin haber conseguido inscribirse formalmente como una ONG.
Desde España, la abogada Ivania Cruz, directora de UNIDEHC, se muestra preocupada por la seguridad del vocero de la organización: “Fidel corre riesgo total. Mi principal preocupación ahora es por su seguridad”, dijo. Cruz no sabe si la Fiscalía tiene contra ella y contra el abogado Rudy Joya (quien era el asesor legal de la comunidad La Floresta) órdenes de captura y dijo que esperará a entender su situación legal antes de regresar al país. “Me temo que van a lograr lo que querían, que la comunidad quede deshabitada por el temor que tiene la gente. No quiero abandonar esta lucha”, dijo.
Desde que el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, fue impuesto por el bukelismo en mayo de 2021, esa institución no ofrece detalles sobre ningún caso que tenga impacto mediático o que se relacione con el régimen de excepcion.
Cronología de los hechos
Hace 12 años se estableció un asentamiento humano en la Hacienda La Floresta. Según una de las personas que se estableció allí en aquel momento, aquellas eran tierras que tenían cerca de 30 años de estar abandonadas. “Éramos gente que no tenía donde vivir, algunos alquilábamos una champa, otros vivían arrimados en casas ajenas”, explica. En mayo de 2024, unas personas que alegaban ser los propietarios intentaron desalojar por la fuerza a las 250 familias que habitaban esas tierras e incluso destruyeron algunas viviendas con máquinas excavadoras. La comunidad se organizó para evitar el desalojo y recibió el apoyo legal de UNIDEHC. Juntos intentaban alegar que el derecho de propiedad había prescrito por abandono y buscaban regularizar su situación alegando que habían habitado el lugar de forma ininterrumpida durante más de una década.
El 9 de febrero de 2025, la Policía arrestó a dos líderes comunitarios: Medardo Martínez y su compañera de vida, Alejandra Jeannette Cañas. En aquella ocasión, según los pobladores, la Policía se presentó diciendo que un fiscal quería reunirse con ellos y se llevaron por la fuerza a cinco personas. Las otras tres quedaron en libertad y la pareja fue acusada de “comercio ilegal de parcelas”.
Según Ivania Cruz, las autoridades acusaron a los detenidos de estar cobrando a los pobladores por terrenos que no les pertenecían, pero explica que los directivos estaban recaudando dinero para pagar por la medición del terreno (que sería útil en la causa que peleaban) y para costear los gastos notariales en los que incurrirían para elaborar poderes de representación, ya que UNIDEHC no cuenta con notarios. “Íbamos a dar $10 para pagar a los notarios y $20 para las mediciones”, confirma la pobladora que pidió el anonimato.
Ante estas capturas, UNIDEHC interpuso, el 13 de febrero, un aviso penal en la Fiscalía contra los agentes que capturaron a los dos líderes comunitarios, y el 25 de ese mes se presentaron ante la PDDH para poner una denuncia por la vulneración de los derechos humanos de los dos líderes. En ambos casos, fue Zavala quien dio declaraciones a la prensa explicando los recursos legales que se habían interpuesto. Cuando acudieron a la PDDH, Zavala fue acompañado por dos habitantes de la Hacienda La Floresta: José Alberto Pérez Ramírez y María Margarita Flamenco. Ese mismo día por la tarde fueron arrestados los tres, fue allanada la vivienda de Zavala, las oficinas de UNIDEHC y la casa de su directora. Por la noche, la Policía realizó el resto de capturas.
En redes sociales, la Fiscalía presentó un día después de las capturas una fotografía en la que aparecen 20 personas detenidas, en uniforme blanco, entre las que se encuentra Fidel Zavala y los dos pobladores que lo acompañaron a interponer la denuncia ante la PDDH, y los presentó como una “red de estafadores”.
“Esta estructura estaba conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro, inexistentes, que promovían la invasión de propiedades y prometían a las víctimas acreditarse como dueñas legítimas de estos terrenos, por lo que les exigían una cuota mensual”, dice la Fiscalía en su publicación.
En la acusación que la Fiscalía leyó a Fidel Zavala al momento de su arresto, aparecen dos personas como víctimas, quienes reclaman la propiedad del terreno en el que se asentó la comunidad hace 12 años: Óscar Armando Góchez López y Lourdes Góchez. Este periódico no consiguió localizarlos para consignar su versión.
