Después de tres años y medio de negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló un crédito de $1,400 millones para El Salvador, un país sin división de poderes y que ha impuesto como norma declarar reservada o secreta mucha de la información pública que antes era accesible. Las negociaciones para llegar a este acuerdo se centraron en tres puntos claves: el FMI se oponía a que el bitcoin se usara como moneda de curso legal; exigía indicadores claros de transparencia; esfuerzos reales para combatir la corrupción y señalaba el debilitamiento del Estado de derecho en El Salvador.
Las condiciones que aceleraron la aprobación del desembolso, y con las que el FMI se dio por satisfecho, ocurrieron en en el último mes: El Salvador cedió a quitarle el reconocimiento de moneda de curso legal al bitcoin el 6 de febrero de 2025, tras una rápida aprobación de la Asamblea Legislativa. La misma Asamblea también aprobó una Ley Anticorrupción que establece la creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac) y el Centro Nacional Anticorrupción (CNA). Según la ley, los funcionarios deben presentar su declaración de patrimonio y de impuestos una vez al año.
El FMI en su comunicado no hace referencia a otros detalles y por tanto no se menciona si se exigirá al país declarar de nuevo como información pública las declaraciones de los funcionarios. Desde enero de 2023, la Corte Suprema controlada por el bukelismo puso candado a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, información que sirvió a la prensa y a la sociedad civil para denunciar actos de corrupción durante las administraciones anteriores a la llegada de Nayib Bukele al poder.
El comunicado dice que los fondos van a impulsar el crecimiento y la resiliencia de El Salvador “mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas, la acumulación de las reservas externas y financieras y la mejora de la gobernanza y la transparencia”. No se hace referencia a la división de poderes ni la independencia judicial y hay antecendetes de que no son exigibles. Por ejemplo, el FMI trabaja con Gobiernos independientemente de su régimen político y ya en ocasiones anteriores ha apoyado a regímenes como el de Nicaragua con la aprobación de $185 millones el 20 de noviembre de 2020. La política del FMI enfatiza que promueve entre sus miembros, la gobernanza fiscal, la regulación fiscal, apoyos a la gobernanza de los bancos centrales, regulación de mercados, Estado de derecho y regulación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El comunicado del FMI no hace referencia a cómo se llevará a cabo en El Salvador la rendición de cuentas de los $1,400 millones, tomando en cuenta que el Gobierno desmanteló el sistema nacional de transparencia desde su llega al poder en 2019. En sus primeros años, el bukelismo colocó como titulares del Instituto de Acceso a la Información a burócratas leales al partido oficial Nuevas Ideas que han reintepretado la Ley para mantener de nuevo bajo secreto las declaraciones de patrimonio, expedientes sobre cómo se gasta el dinero público o información básica como los nombres de los asesores legislativos.
Según un análisis de la unidad Anticorrupción de Cristosal, más que nueva legislación, lo que hace falta es voluntad de combatir la corrupción. 'El proyecto de ley (Anticorrupción), en términos generales, no aporta nada nuevo ni extraordinario. Actualmente, instituciones de control de corrupción tienen facultades suficientes para combatir las prácticas corruptas. El problema es que no lo han hecho. Por ejemplo, existen disposiciones legales vigentes y jurisprudencia sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios, pero han sido anuladas por la CSJ de forma paulatina.', dice el documento.
A la luz de este aval y de distintos comunicados del FMI, lo que parece haber sido el enfasis en las negociaciones es el bitcoin. En el acuerdo se aborda los riesgos del bitcoin de forma más precisa: “El programa hace voluntaria la aceptación de Bitcoin y limita la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin y en transacciones y compras de Bitcoins”. Y agrega que “se ha reforzado la transparencia de la billetera electrónica pública de criptomonedas, y el Gobierno planea reducir gradualmente su participación en la billetera electrónica.”
Para el Fondo Monetario Interncional este crédito sí va a producir mejoras en la gobernanza y en la transparencia. “Se han dado los primeros pasos mediante la promulgación de una nueva legislación anticorrupción y la publicación por la Corte de Cuentas de auditorías de estados financieros de los organismos públicos y de auditorías COVID”, dice el comunicado del FMI, que también adelanta un compromiso que el Gobierno aceptó cumplir con el organismo internacional, la publicación de las auditorías que la Corte de Cuentas hizo a los gastos de la pandemia.
En la comunicación pública de los tres años y medio de negociaciones, no se lee ninguna mención a hechos graves que han derivado en el desmantelamiento del Estado de derecho. El 1 de mayo de 2021, el Gobierno de El Salvador desmanteló el sistema de contrapesos con la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El Gobierno también atacó a las instituciones que combaten a la corrupción con la destitución del fiscal general Raúl Melara y con la imposición de otro titular, Rodolfo Delgado, que deshizo las unidades que investigaron la corrupción en las compras de la pandemia y las negociaciones del Gobierno con grupos criminales.
Entre marzo y diciembre de 2020, el Gobierno de El Salvador recibió más de $3,000 millones de empréstitos para mitigar los efectos de la pandemia y en marzo de ese año se acordó la creación de un comité de veeduría a cómo eran gastados estos fondos. El Gobierno boicoteó el trabajo del comité y bloqueó la información a los representantes de sociedad civil, quienes terminaron renunciando.
Antes del desmantelamiento del Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía (en 2021) y el exilio forzoso de los fiscales que llevaban esas investigaciones, la Fiscalía había abierto una investigación al Ministerio de Agricultura por contratos bajo sospecha de corrupción por $71 millones en las compras de canastas de alimentos, e incluyeron en el expediente al contratista que más contratos obtuvo y que por esas fechas se compró un apartamento en Miami de $1 millón de dólares. Una auditoría de la Corte de Cuentas identificó pagos del MAG por $133 millones por alimentos que no tenían documentación que probara que los productos habían sido recibidos, el 51% del presupuesto del programa de entrega de canastas de alimentos. Esta auditoría pasó a ser conocida en un juicio, cuyo borrador de sentencia solo condenaba a devolver $60 millones a los empleados de más bajo rango del MAG y exoneraba de responsabilidades al entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, a pesar de que los testimonios y los documentos apuntaban a que él seleccionó a los proveedores y él dio las órdenes de realizar los pagos por los productos no recibidos.
El FMI afirma que impulsarán otras medidas para combatir la corrupción, aunque no es preciso si esto tiene que ver con el funcionamiento eficiente de las instituciones que hacen contraloría. “A estas medidas seguirán la mejora de los procesos de contratación pública y rendición de cuentas, así como el refuerzo de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, dice el comunicado del organismo.
El 4 de junio de 2021, Bukele expulsó del país a la Comisión de Investigación de la Corrupción e Impunidad (Cicies), un organismo creado con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando esta entidad presentó los primeros avisos a la Fiscalía por casos de corrupción que involucraron a funcionarios del gabinete de Nayib Bukele.
Los fondos llegan en un momento en el que el Gobierno ha procedido a cerrar 30 escuelas públicas y ha implementado una política de decretos de “retiro voluntario”, una herramienta que usa la edad de los empleados públicos como argumento para depurar instituciones públicas. El pago de capital e intereses de la deuda representa el 13% del Presupuesto de Gastos del Gobierno de El Salvador para 2025: $1,261 millones, es decir, es mayor que el presupuesto del Ministerio de Salud, $1,117 millones y esa partida casi iguala al presupuesto del Ministerio de Educación de $1,540 millones.
