Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Centroamérica en febrero en su primer viaje oficial al extranjero, el presidente salvadoreño Nayib Bukele le hizo una oferta inusual: El Salvador recibiría y detendría a las personas deportadas desde Estados Unidos, así como a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos. Rubio describió la propuesta de Bukele como un “gesto extraordinario nunca ofrecido por ningún país” y afirmó en X que esto haría más seguro a Estados Unidos.
El pasado 16 de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump aceptó la oferta de Bukele. La Casa Blanca utilizó una oscura ley del siglo XVIII escrita en tiempos de guerra para deportar a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, violando el fallo de un juez federal que ordenaba detener las expulsiones. Según informes, Estados Unidos pagó a El Salvador $6 millones para encarcelar a los migrantes.
El pueblo estadounidense debe ser consciente del sistema penitenciario al que su gobierno está enviando a los migrantes deportados, el cual, en el peor de los casos, podría llegar a albergar también a ciudadanos estadounidenses. Aunque la ley estadounidense prohíbe la deportación de sus propios ciudadanos, la administración Trump ha demostrado una reiterada inclinación a ignorar las reglas y desobedecer órdenes judiciales.
El Salvador y su sistema penitenciario operan bajo lo que se conoce legalmente como un “régimen de excepción”. En 2022, a petición de Bukele, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta declaración suspendió los derechos básicos al debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido al menos a 85,000 personas sin órdenes judiciales, según la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2 % de su población en prisión. La población carcelaria del país ha pasado de unas ya hacinadas 38,000 personas, al inicio de la administración de Bukele en 2019, a un estimado de 120,000 en la actualidad. La mayoría de las personas presas aún no han sido condenados por ningún delito.
Todavía no hay sentencias para las 85,000 personas detenidas sin órdenes judiciales. Si los juicios llegan a materializarse (a fase de sentencia), hay pocas expectativas de que sean justos. Las autoridades salvadoreñas han anunciado que no procesarán a las 85,000 personas de forma individual; en su lugar, han iniciado juicios masivos con más de 900 acusados a la vez. Las reformas legales al sistema judicial aprobadas durante el régimen de excepción permiten a los fiscales salvadoreños solicitar sentencias de entre 20 y 40 años en tribunales presididos por jueces con identidad secreta, es decir, “jueces sin rostro”.
Personas privadas de libertad durante el estado de excepción han contado a Cristosal, la organización de derechos humanos para la que trabajo, que al llegar a las cárceles fueron recibidos por guardias que los golpearon y les advirtieron que no saldrían de allí caminando.
A pesar de los abusos del gobierno de Bukele contra los derechos humanos, ampliamente documentados, la oferta del presidente a Estados Unidos cuenta con el respaldo de una campaña de marketing viral. El gobierno se jacta en línea de su trato severo hacia los presos y de sus altas tasas de encarcelamiento. Ha producido fotos y videos de alta calidad de los detenidos y las prisiones, que son distribuidos a los medios y utilizados en informes de prensa en todo el mundo.
En el centro de la propaganda de Bukele se encuentra la ahora infame megacárcel de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 y con capacidad para albergar hasta 40,000 internos. Actualmente opera a la mitad de su capacidad. Imágenes oficiales y contenido de visitas de prensa coreografiadas a CECOT han aparecido en numerosos titulares sobre el estado de excepción en la prensa internacional. Los prisioneros tienen la cabeza rapada, rostros tatuados y visten uniformes completamente blancos, incluyendo Crocs blancos.
Los periodistas extranjeros que informan sobre el régimen de excepción y se centran en CECOT probablemente están enfocando su atención en los prisioneros equivocados y en la cárcel equivocada. Los rostros de mediana edad y los tatuajes de cuerpo entero que aparecen en las imágenes de la megacárcel sugieren que son pandilleros que probablemente han estado en prisión desde antes de que comenzara el régimen de excepción. (La mayoría de las pandillas salvadoreñas dejaron de tatuarse la cara hace años).
En una muestra de 1,177 personas encarceladas bajo el estado de excepción, los investigadores de Cristosal encontraron que solo 54 tenían tatuajes y solo nueve de ellos estaban vinculados a pandillas. De los cientos de familiares de personas detenidas bajo el estado de excepción que ha entrevistado Cristosal, casi todos han sido informados por las autoridades penitenciarias de que sus parientes no están siendo retenidos en CECOT. Se les instruyó llevar paquetes mensuales de alimentos, medicinas y ropa a cárceles más antiguas en otras partes del país.
Si los cuerpos de las 85,000 personas detenidas sin órdenes judiciales tienen alguna marca, es más probable que sean de sarna y tortura en lugar de tatuajes. Testimonios recopilados por Cristosal de exreclusos describen un hacinamiento extremo, enfermedades y la negación sistemática de alimentos, ropa, medicinas e higiene básica en las prisiones más antiguas de El Salvador.
Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos han documentado pruebas de agresiones sexuales y violaciones contra mujeres y personas menores de edad detenidas bajo el estado de excepción. La combinación de condiciones inhumanas y tortura sistemática ha causado la muerte de al menos 367 personas, según pruebas documentales, fotográficas y forenses recopiladas por los investigadores de Cristosal. Las autoridades salvadoreñas niegan que haya tortura y asesinatos en las cárceles del país.
En la mayoría de esos casos, nuestros investigadores encontraron que los detenidos no tenían antecedentes penales ni evidencia de tatuajes de pandillas. Ninguno había sido condenado por un delito al momento de su muerte. Según testimonios de personas que conocían a los fallecidos, la mayoría no tenía vínculos con pandillas, más allá de haber sido víctimas de violencia pandilleril. En cambio, eran personas pobres que sobrevivían en los márgenes de la economía—muchas en zonas de control de pandillas que se convirtieron en puntos focales de las redadas masivas del gobierno. Eran agricultores, sindicalistas, jornaleros y comerciantes informales; cuatro eran bebés recién nacidos en prisión de madres que estaban embarazadas cuando fueron arrestadas.
La evidencia testimonial de Cristosal indica que el número real de muertes en prisión durante el estado de excepción probablemente es mucho mayor que 367. Pero la falta de información pública y transparencia dentro del sistema penal salvadoreño dificulta un monitoreo más sistemático. La mayoría de los familiares de los prisioneros no saben si sus seres queridos están vivos o muertos.
Las cárceles de El Salvador se han convertido en un foco de criminalidad y corrupción en el que están implicados miembros del gabinete de seguridad de Bukele. Osiris Luna, director de prisiones y leal a Bukele, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2021 por liderar reuniones secretas con pandillas en las cárceles, en las que el gobierno de Bukele ofreció incentivos financieros y protección contra la extradición a cambio de mantener bajos los índices de violencia.
En 2021, la administración de Bukele liberó a un alto líder pandillero de una prisión de máxima seguridad, a pesar de que enfrentaba solicitudes de extradición de EE. UU. por cargos de terrorismo en un tribunal federal de Nueva York.
El Departamento del Tesoro también acusó a Osiris Luna de conspirar con su madre “en un esquema para robar y revender productos básicos adquiridos por el gobierno, originalmente destinados a la ayuda por la pandemia de COVID-19”. Según una investigación de El Faro, Luna utilizó mano de obra penitenciaria para reempaquetar la ayuda robada.
Pese a las sanciones internacionales y las denuncias de corrupción, tortura, violaciones y asesinatos en las prisiones bajo su control, Luna sigue impune. Su autoridad sobre las cárceles salvadoreñas no tiene restricciones judiciales.
Cristosal ha presentado múltiples solicitudes ante los tribunales salvadoreños para que ordenen alternativas a la detención preventiva para personas con discapacidades físicas y mentales, enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. En los pocos casos en que los tribunales ordenan la liberación de un preso, las autoridades penitenciarias a menudo impiden que regresen con sus familias. Sus familiares temen que esto se deba a que los prisioneros ya no están con vida.
Los familiares han aprendido, dolorosamente, que las instituciones gubernamentales encargadas de protegerlos ahora responden a los intereses del presidente, no a la ley.
En El Salvador, suele recaer en las madres, hermanas y esposas de los miles de personas encarceladas injustamente la tarea de tocar las puertas de las prisiones, los tribunales o la oficina del defensor público para exigir su libertad. A cambio, las familias son amenazadas con ser encarceladas ellas mismas. El año pasado, una coalición de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción realizó una marcha de dos días desde sus comunidades costeras hasta la casa de Bukele en la capital para exigir el derecho a visitar a sus seres queridos en prisión. Solo querían saber si aún estaban vivos, dijeron a los medios.
Durante el régimen de excepción, las cárceles de El Salvador se han convertido en un sistema donde se exilian a los no deseados, siguiendo el modelo de las colonias penales que han sido históricamente preferidas por imperios y autócratas. Ahora que Trump ha aceptado la “generosa oferta” de Bukele –como la llamó Rubio– los estadounidenses y las familias de los migrantes que esperaban llamar a Estados Unidos su hogar deberían prepararse para unirse a sus homólogos salvadoreños en el engañoso trueque de seguridad a cambio de derechos.
*Una versión de este artículo fue publicada en inglés en la revista Foreign Policy
