En abril de 2022, una señora recibió un mensaje por Whatsapp en el que le explicaban los pasos a seguir para visitar a un familiar detenido en el penal de Mariona: “Primero pedirle discreción. No comentar en redes y a nadie porque nos exponemos (sic)”. En los siguientes mensajes, a la señora le detallaron que las tarifas van desde los $150 hasta los $500, por 25 minutos de visita regular o por una hora de visita íntima. “Así estamos ayudando”, le escribieron. Esta conversación es uno de los siete casos de corrupción carcelaria que El Faro ha logrado documentar y que van desde el pago de cientos de dólares hasta la entrega de materiales de construcción o bienes de oficina para que autoridades penitenciarias autoricen la visita a ciertos detenidos; y la salida de reos que pagan miles de dólares para ser ingresados en un hospital privado, pese a que no están enfermos.
El Faro tiene el testimonio de dos comerciantes que presentaron evidencia y relataron la corrupción: la primera es Rosa, cuya familia pagó $9,000 por visitar seis veces a dos hijos detenidos en Mariona, durante el último trimestre de 2022; la otra es Mary, quien pagó $1,200 por recibir dos cartas de su esposo desde el penal de Quezaltepeque, entre agosto y octubre de 2023. Aunque aceptaron contar a detalle sus historias y mostrar pruebas, las dos mujeres pidieron no revelar sus nombres completos por miedo a ser capturadas por el régimen de excepción y por represalias legales de las personas involucradas en estos hechos. Este periódico también entrevistó a un reo de Mariona que pagó más de $30,000 para ingresar a un hospital privado, pese a que no padecía ninguna enfermedad. La entrevista fue realizada mientras el reo estaba en el hospital, antes de que volviera a la cárcel.
Otros cuatro casos de corrupción carcelaria fueron documentados gracias a información proporcionada por la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), una organización que asesora a víctimas de violaciones a derechos humanos y que en sus archivos tiene evidencias de “donaciones” al Centro Penal Occidental, conocido como Cutumay Camones, en Santa Ana, a cambio de visitas.
A mediados de 2023, un periodista de este medio visitó a un reo en una habitación del Hospital Bautista. Este reo afirmó que pagó más de $30,000 por salir cuatro días y cuatro noches a ver a su familia, para revisar su estrategia de defensa con sus abogados, ya que hasta la fecha aún no tiene sentencia. El periodista grabó una hora de entrevista con el reo y lo fotografió. También obtuvo una copia de su carta de salida extendida por Ricardo Salguero Ventura, el exdirector de Mariona. El parqueo del hospital privado estaba custodiado por dos agentes con logos de la Dirección General de Centros Penales.
El reo es una figura reconocida en la vida política del país y pidió, para evitar represalias del Centro Penal, que no se publiquen detalles de la fecha y los montos exactos que pagó por su ingreso al hospital. “Si se dan cuenta que he muerto, publiquen todo, hasta el audio y todos los nombres (...) Yo no necesito cirugía, esto (pagar para ser internado) es más para ver a mi familia y mis abogados. Ellos (los custodios y autoridades) te van ahogando, te niegan las visitas… hasta parece que te hacen estudio socioeconómico”, dijo en referencia a que sospecha que los montos para salir o recibir visitas o llamadas dependen del perfil que los custodios hagan en el penal.
Los casos describen una red que funciona mediante intermediarios, ya sea abogados particulares o exreos que tienen contacto con custodios que permiten el acercamiento con autoridades penitenciarias de mayor rango, para luego hacer posibles las visitas, el intercambio de información desde las prisiones. En otros casos, las víctimas reciben un número de teléfono de un intermediario que trabaja en las tiendas que venden paquetes en los alrededores de los centros penales o por medio de familiares de otros detenidos.
Entre los casos documentados por UNIDEHC está una donación de materiales de oficina, valorados en $420, que la madre del defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien también denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) tortura en los centros penales, entregó para visitar a su hijo durante 20 minutos en el penal de Cutumay Camones. Esta donación ocurrió aproximadamente en julio de 2022, cuando Zavala estaba detenido por estafa. Por este hecho, la organización presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de cohecho (recibir sobornos) en contra del viceministro de Justicia y Seguridad, y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y contra el director del penal de Cutumay Camones. A finales de 2022, según la misma organización, desde esa misma cárcel pidieron $1,500 en materiales de construcción a las familias de tres regidores de la Alcaldía de Zacatecoluca para permitir a sus parientes una hora de visita.
La organización también tiene capturas de pantalla de conversaciones en Whatsapp en las que un intermediario ofrece un paquete de tarifas a los familiares de dos detenidos en Mariona. El último caso documentado por UNIDEHC es el pago de $1,500 que la esposa de un prestamista hizo para visitarlo en Mariona. El Faro tiene dos audios en los que la mujer confirma su ingreso al penal y revela algunos detalles del acuerdo “con el muchacho” que facilitó ese beneficio. “No era una broma todo lo que él me dijo”, se escucha en uno de los audios.
La red se aprovecha de la desesperación de familiares que no tienen otra vía legal para visitar a sus parientes. En algunos casos, antes de visitarlos, ni siquiera sabían si estaban vivos o si recibían los paquetes que les enviaban desde afuera. Es tan clandestino lo que ocurre en las cárceles del régimen, que no hay información pública sobre nada, ni siquiera la distribución de los reos, toda petición de información es rechazada y la poca que logra obtenerse y que habla de torturas y muertes al interior de los recintos es gracias a los afortunados que son liberados y cuentan lo que vieron.
La mañana del lunes 24 de marzo de 2025, El Faro llamó al director de Comunicaciones de Centros Penales y le solicitó por escrito en una aplicación de mensajería electrónica una entrevista con algún funcionario, para hablar sobre las visitas irregulares en las cárceles, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta. En los últimos tres años, el silencio ha sido la estrategia gubernamental ante múltiples denuncias de corrupción.
Tres semanas después de que Bukele asumió la Presidencia en su primer mandato, en junio de 2019, ordenó a través de la red social X que los directores de todos los penales suspendieran de forma indefinida las visitas a los reclusos debido al aumento de homicidios. Este periódico constató en ese momento que al menos cuatro jueces de vigilancia penitenciaria no avalaron esa medida. Sin embargo, con la llegada de la covid-19, las visitas fueron suspendidas .
Antes del régimen de excepción, 22 cárceles del país, con capacidad para 27,000 reclusos, registraban 37,000 reos. Para marzo de 2024, la cifra ascendió a aproximadamente 109,000, según el World Prisons Brief (WPB). Esto posicionó a El Salvador como el país con la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo, con 1,659 prisioneros por cada 100,000 habitantes. Con casi tres años de régimen de excepción, más de 87,000 personas han sido detenidas, y la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 375 muertes dentro de las prisiones. La Fiscalía archivó 142 de esos casos y no se ha pronunciado sobre el resto.
La corrupción penitenciaria llega hasta el director de Penales, según investigaciones oficiales. La Fiscalía descubrió, a través de escuchas telefónicas, que empleados de Centros Penales, facilitaron la salida de dos procesados por narcotráfico de Mariona al hospital Bautista, a pesar que no tenían ningún padecimiento, como reveló este periódico . Investigaciones anteriores señalaron a Luna Meza y su madre en un esquema de saqueo de bienes públicos durante la pandemia, vendiendo productos destinados a los afectados por la crisis. Además, se les vincula a un esquema de plazas fantasmas.
Bajo la dirección de Luna Meza, las cárceles salvadoreñas fueron escenario del pacto entre el Gobierno y pandillas, lo que llevó a sanciones por parte de las autoridades estadounidenses: en julio de 2021, Estados Unidos le retiró la visa y le prohibió el ingreso a su territorio porque el Departamento de Estado lo incluyó en la Lista Engel, que sanciona a actores corruptos y antidemocráticos. Luego, en diciembre del mismo año, el Departamento del Tesoro aplicó a Luna Meza la Ley Magnitsky , que implica el bloqueo de todos los activos y bienes que pueda tener en Estados Unidos y prohíbe a personas o empresas estadounidenses cualquier transacción con él. En 2021, también se liberó en secreto e ilegalmente a un líder de la MS-13, Élmer Canales, quien fue detenido en 2023 en México y extraditado a Estados Unidos.
Las tarifas de Mariona: de $150 a $1,500
Rosa dice que la desesperación la llevó a confiar en una abogada que se identificó como Maritza Beatriz Ayala Larrama, quien facilitó su ingreso a Mariona siete meses después de iniciado el régimen de excepción decretado por el Gobierno Bukele . “La desesperación me hizo tomar esa decisión, y lo reconozco, porque yo no le debo nada a nadie. Ni mis hijos ni mi esposo”, dijo Rosa a El Faro en una conversación el 15 de enero de 2025. Su nombre completo se oculta por acuerdo con ella y para evitar represalias gubernamentales.
Rosa no entiende bien cómo funcionan los procesos judiciales. Desconoce los nombres de los juzgados y no tiene copias de los documentos relacionados con los casos de sus familiares. Su educación formal terminó en cuarto grado, donde aprendió a leer y escribir. Desde entonces ha vendido en las calles hasta convertirse en comerciante formal.
Los dos hijos y el esposo de Rosa fueron capturados entre agosto y octubre de 2022, acusados de agrupaciones ilícitas, en el contexto del régimen de excepción. Los hijos permanecen en la prisión de Mariona, y el esposo está recluido en el penal de Izalco, Sonsonate. El Faro confirmó que ninguno tiene antecedentes penales por pandillas.
Rosa no recuerda la fecha. Solo sabe que fue un miércoles del mes de octubre de 2022, a las 11:00 de la mañana, cuando llegó al portón principal del penal de Mariona. Tocó y un custodio se asomó por una pequeña ventana. Rosa le dijo que llegaba a visitar a sus hijos. Después de esperar media hora, la dejaron pasar. Caminó una pequeña cuesta hasta llegar al puesto de verificación, donde otro oficial comprobó los nombres de los detenidos. Ninguno hizo preguntas. “Ellos ya sabían lo que iban a hacer”, aseguró Rosa.
Dos agentes la dirigieron hacia el “cuarto de visitas”, un cuarto que ella recuerda pintado de blanco, ocupado por un hombre que visitaba a un reo. Un guardia permanecía de pie vigilando a los dos hombres –el visitante y el reo– sentados en sillas plásticas blancas, separados por una mesa. No había paneles ni rejas que impidieran el contacto físico. Rosa se acomodó en una silla vacía. Mientras esperaba, vio cerca un taller mecánico.
Un custodio apareció con sus hijos, vestidos con camisa, short blanco y sus manos esposadas. “Nos abrazamos, hablamos un poco, me dijeron que estaban bien”, relató Rosa. Después de la hora, el custodio le dijo que había terminado la visita.
Esa fue la última vez que Rosa vio a sus hijos. Sus nueras, en cambio, los visitaron cinco ocasiones más. Rosa no tiene videos, fotos ni grabaciones de esa visita, ya que se le prohibió ingresar con celulares.
El Faro tuvo acceso a una serie de fotografías tomadas en diferentes sectores de Mariona, a principios de marzo de 2025. También habló off the récord con una fuente que ingresa de forma regular al penal, pero pidió anonimato, ya que puede perder su trabajo. Tanto las fotos como el testimonio de la fuente refuerzan la verosimilitud de lo contado por Rosa. La fuente explicó que el portón por el que Rosa ingresó es el mismo que utilizan los familiares de los reos para dejar paquetes de alimentos, además de ser la entrada al pabellón 7. En la fotografía se ve que la habitación, que Rosa llama 'cuarto de visitas', está marcada con un pequeño letrero que dice 'sala de espera'. La fuente agregó que tiene un tamaño de 16 metros cuadrados. En otra imagen se ve que justo enfrente se encuentra un taller mecánico, la fuente explicó que es donde se reparan algunos vehículos del Gobierno.
Rosa pagó $10,000 por la defensa de sus familiares. Y, según relata, la abogada Ayala le pidió otros $9,000 por seis visitas. Rosa asegura que en febrero de 2023 se reunió con Ayala en un restaurante para exigir la devolución del dinero de la defensa fallida, ya que no hubo ningún resultado. La abogada se negó diciendo que cumplió con su trabajo.
Rosa afirma que la mujer que se identificó como Ángela Nohemy Bardi, intermediaria de Ayala, fue quien recogió los $19,000 en diferentes reuniones. Este periódico tiene un video de noviembre de 2022 en el que se ve a Bardi en una habitación de un establecimiento propiedad de Rosa contando billetes correspondientes a un segundo pago de más de $5,000, destinado a la defensa de su esposo e hijos. Para ese entonces, Rosa asegura que ya había pagado a la misma Bardi $6,000 en concepto de cuatro visitas a Mariona. En octubre de 2024, la Fiscalía informó sobre la detención de diez personas involucradas en un esquema de fraude inmobiliario. Entre las capturadas figura Bardi.
Rosa mandó un mensaje de Whatsapp a Ayala, pero no fue recibido. También intentó denunciar, pero un abogado le aconsejó no hacerlo. “El abogado me dijo que si yo hacía algo esa mujer me podía meter presa porque tiene contactos”, explicó la mujer. Este periódico intentó contactar a la abogada Ayala a través del número telefónico que Rosa proporcionó, pero las llamadas se desviaron al buzón de voz y los mensajes de WhatsApp no fueron entregados. También se intentó contactar a través de otros dos números de celular, uno no tenía Whatsapp y ocurrió lo mismo. Además, se llamó en tres ocasiones a su despacho, pero nadie atendió la llamada.
Los hijos y el esposo de Rosa siguen presos, y ella no sabe siquiera si están vivos. La familia ha decidido no recurrir más a defensores particulares por miedo a ser estafados. Hace dos meses, buscaron a los abogados de la Procuraduría General de la República (PGR), pero el proceso va lento. Rosa explicó que, a principios de marzo, tuvieron la primera reunión para localizar los expedientes. Después, para conocer el estado de salud de su esposo, la enviaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que a su vez los derivó al Instituto de Medicina Legal, para verificar si sigue con vida. 'Nos envían de una institución a otra. Estamos esperando respuestas”.
Rosa no es la única que pagó $1,500 por una visita a Mariona. La esposa de un prestamista capturado por el régimen de excepción el 3 de septiembre de 2022, en un municipio al sur de San Salvador, pagó la misma cantidad por visitar a su familiar. Ese monto incluía el pago de una gestión administrativa para minimizar en el sistema interno de Mariona los supuestos vínculos del detenido con la Mara Salvatrucha-13.
Oficialmente, la Policía capturó al prestamista por administrar el dinero de las extorsiones de la pandilla, aunque no presentan ninguna prueba, según constató El Faro. El detenido es etiquetado como un “colaborador”. El sistema carcelario utiliza la información policial (motivo de captura, antecedentes, tatuajes, entre otros) para clasificar a los reos. A la esposa del prestamista le ofrecieron por vía telefónica una serie de “paquetes” para mejorar la situación de su familiar detenido dentro del penal.
“A esta chica le habían propuesto ciertos paquetes. Esto era todavía de lo más complicado y más costoso en dinero que yo escuché: el testimonio de ella. Le dicen: si usted me paga $1,000 solo lo va poder ver, pero si me paga $1,500 lo voy a sacar de un sistema que nosotros tenemos dentro del centro penal, donde los tenemos por categoría. A él lo voy a sacar de la categoría media a la categoría baja, le dijo. Y que si ella pagaba $5,000 podrían incluso ayudarle, porque tenían conexiones con detectives para que en el expediente judicial no le complicaran mucho las cosas”, cuenta Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC.
La esposa del prestamista pagó $1,500, pero no le dieron la hora de visita prometida. La mujer reclamó por el incumplimiento del acuerdo y logró una segunda visita sin pagar ninguna cantidad, a manera de resarcimiento. El Faro tiene copia de dos audios en los que ella habla sobre el ingreso a Mariona, que ocurrió a inicios de 2023.
“Gracias a Dios todo bien, hasta pude estar más del tiempo porque a ellos (custodios) se les olvidó el calcular hora. Todo estaba bastante tranquilo. Él en lo que respecta, le hizo bien la primera visita que le hice. Ya hoy su rostro era completamente diferente. Era otra persona”, se escucha en la grabación que dura un minuto con 27 segundos. En el resto del audio habla sobre la falta de atención médica ante unos desmayos que ha sufrido su esposo.
En el otro audio, que dura 38 segundos, la esposa del prestamista comenta que la persona que facilitó su ingreso a Mariona había modificado los registros internos del penal para minimizar los supuestos vínculos del detenido con la pandilla. “A él le notificaron que está desvinculado, me dijo. Así es que espero que sea así y, bueno, el muchacho que me estaba pasando información y todo, pues él me dijo que había cumplido con toda la parte del trato, que lo había ayudado, lo había desvinculado y que pues no había sido como un juego o una broma lo que él… todo lo que él me dijo”, se escucha en el segundo audio.
Además, UNIDEHC ha documentado “las tarifas” de visitas a Mariona por medio de capturas de pantallas de conversaciones de Whatsapp. La hermana de un albañil capturado por el régimen de excepción y la madre de otro detenido en Mariona, obtuvieron el número de una persona que ofrece por vía telefónica visitas a cambio de dinero. El Faro tiene copia de las capturas de pantalla de una de estas conversaciones. Las personas que recibieron estos números de teléfono nunca conocieron quién era el encargado de responder los mensajes, ya que solo lo identificaron como “contacto”.
—Quisiera que me explicaran por favor el proceso. Y cuanto cuesta (sic) —escribió la madre de uno de los detenidos en Mariona..
—Ok bueno primero pedirle discrecion de esto no comentar en redes y nadie porque nosotros nos exponemos y para citas se paga de lunes a miércoles y de ahí en tres días le avisamos la fecha y hora que ingrese (sic) —le respondieron.
La persona que aseguraba tener el contacto para los ingresos en Mariona ofrece cuatro alternativas para visitar al detenido: $150 por una visita de 25 minutos; $250 por 45 minutos; $350 por una hora; y $500 por una hora de visita íntima. Los pagos, según la conversación electrónica, deben realizarse por medio del sistema Western Union en las Farmacias Económicas, a un nombre que se proporcionará antes de pagar por el servicio. Además, dice, debe enviar la información del privado de libertad y el nombre de la persona que ingresará a Mariona. Ninguna de las dos personas que recibieron la oferta por Whatsapp pagaron por la visita porque no tenían las cantidades que les pidieron.
Las cartas y las videollamadas
A finales de abril de 2022, a un mes de iniciado el régimen, cinco policías aprovecharon que el portón metálico blanco de la casa de Mary estaba abierto, ingresaron sin mostrar ninguna orden de allanamiento y capturaron en el cuarto principal a un hombre que jugaba con su hija de ocho años. Eran las siete de la noche y Mary recuerda que los agentes no explicaron el motivo de la captura porque eso 'lo iban a saber más adelante'. Al esposo de Mary lo llevaron a la bartolina de un puesto policial de un municipio de La Paz y, al siguiente día, lo trasladaron al penal de Izalco, acusado de tener vínculos con las pandillas, algo que la familia rechaza.
A pesar de padecer hipertensión, el esposo de Mary estuvo detenido 44 días en Izalco, un penal que organizaciones de derechos humanos perfilan como una prisión de torturas y falta de atención médica para los enfermos. Al familiar de Mary le robaron los dos paquetes que su familia le llevó cuando estuvo en ese penal; lo hincaron durante varias horas al sol y recibió palizas con macanas. Producto de aquellas golpizas, le dislocaron el hombro derecho, lesión por la que no recibió ningún tratamiento. Todo esto se supo cuando él salió libre a finales de octubre de 2023.
A finales de junio de 2022, al esposo de Mary lo trasladaron al penal de Quezaltepeque y, entonces, la corrupción penitenciaria posibilitó la comunicación con su familia. El esposo de Mary tuvo como compañero de celda a un detenido que tenía contactos con los custodios del penal. 'Cuando este señor salió libre, me buscó para decirme si yo quería tener comunicación con mi esposo. Obviamente, yo le dije que sí. Al principio yo no le creía, pero me dijo: ‘haga una carta y él se la va responder. Usted tiene que conocer la letra de él. Él le va mandar la respuesta’. Y así fue, quizás más o menos como al mes pude tener comunicación con él', cuenta Mary.
El mensaje que envió Mary, al igual que la respuesta de su esposo, estaba escrito en una página de papel bond. El esposo ha contado a Mary que dentro del penal un custodio le facilitaba un lapicero y una página para que escribiera la carta, con la única condición que lo hiciera con discreción. Entre julio y octubre de 2022, Mary y su esposo intercambiaron cuatro cartas. El Faro tiene copia de dos cartas: una que Mary envió y otra que recibió de su esposo desde el penal.
“Aquí se sufre pero cuando se que ustedes me necesitan sigo adelante. Bieras la comida de aquí lo mismo desde que entre pero primero Dios todo saldra bien. Quiero que vengas como el lunes tres a dejarme otro paquete porque aqui esta el que llego a encielar la casa i no le traen nada i les doy pero traeme pan unas cuatro bolsas, azúcar 10 libras, leche, avena, incaparina de fresa, sereal azucarado, galletas i unas prestobarbas unas 7 (sic)”.
En la carta, el esposo dice a Mary que no le dará ningún consejo sobre cómo manejar los negocios, porque confía en ella. Hasta antes de la captura por el régimen de excepción, Mary y su esposo tenían un pequeño restaurante y una empresa de transporte de carga que tenía subcontratos con el Estado.
'Las ingresaba y me las sacaba, y así. Incluso, este muchacho me ayudaba a veces a pasarle pedacitos de queso, bolsitas de sal, pues él me pedía. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero de ahí él me mandó a decir que sí le entraba eso: sal, queso, chile', cuenta ella. Cada vez que Mary se reunía con el intermediario de los custodios, le daba cincuenta dólares y productos del negocio de comida que administraba en ese momento. Luego, al final de enviar y recibir las cuatro cartas, la familia pagó 1,000 dólares más. Eso significa que, por las cuatro cartas y escuetas noticias del detenido, la familia pagó 1,200 dólares.
El esposo de Mary estuvo siete meses detenido por el régimen de excepción. A finales de 2022, un tribunal contra el crimen organizado lo liberó condicionalmente por falta de pruebas que lo relacionen con pandillas. El esposo de Mary ha retomado su pequeño negocio de transporte de carga y actualmente continúa firmando cada 15 días, porque el juzgado no ha programado la fecha del juicio. Mary, sin embargo, volvió a contactar con uno de los custodios, porque meses después de la liberación de su esposo, la Policía capturó a uno de sus hermanos por razones que nunca le explicaron. Lo único que saben es que ha sido detenido por el régimen de excepción, pero no tienen más información. El hermano de Mary fue encarcelado en el penal de Izalco.
'A esta misma persona que nos ayudó con mi esposo, yo dije, tal vez me ayuda con mi hermano. Nos vimos en cierto lugar. Quizá como a los 15 o 22 días, quizá cuando entra de turno, me llamó y me dijo que la persona que pensaba que me podía ayudar decía que no, porque ahí (Izalco) era bien difícil la situación, porque están las cámaras hasta en las celdas', explica Mary.
Mary contactó a un segundo custodio, con quien se reunió en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán. 'Me dijo: ‘mire, en lo que es Izalco para nosotros es bien difícil. Si a su hermano lo llegaran a mover para Mariona, ahí créame que hasta una videollamada hago que le haga. Pero siempre usted sabe que nadie va a hacer algo de gratis’. ‘Eso no importa’, le dije. ‘Entonces, pídale a Dios que lo muevan para Mariona’'.
En la reunión que ocurrió en uno de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán, Mary y el custodio no hablaron sobre el precio de la videollamada. 'Ellos no ponen precio. Yo digo que, ya a la hora de estar en la situación, ellos dicen tanto, ¿vea? Pero mientras, no'.
Las 'donaciones' en Cutumay Camones
La familia del activista de derechos humanos Fidel Antonio Zavala Pérez compró materiales de oficina por un monto de $450 y los donó al penal de Cutumay Camones, para que su madre lo pudiera visitar durante 20 minutos en su primer encarcelamiento, confirmó por medio de una llamada telefónica la abogada Cruz. Los abogados de UNIDEHC conocen detalles del caso porque representaron a Zavala en un proceso judicial por estafa y lograron su libertad condicional a mediados de 2024.
12 resmas de papel bond, un galón de resistol, 6 calculadoras marca Casio, 6 cajas de correctores, 10 cajas de lapiceros Bic, azul y nego, 2 cajas de marcadores, azul y negro, 4 engrapadores, fasteners, folders manila y almohadillas. Además de los materiales para oficina, a la familia de Zavala le pidieron 6 docenas de cremas combinadas para curar enfermedades de la piel. Antes de entregar los materiales, la familia Zavala tomó fotografías de las cajas que llevaron al penal. 'Cuando (la madre) entrega las cosas, le dijeron: bueno, muchas gracias. Entonces, ella les dice: no voy a entregar nada si no me dejan ver a mi hijo, y la insistencia de la señora hace que pueda hablar con Fidel', detalló Cruz.
Zavala es un empresario capturado por estafa el 9 de febrero de 2022, un mes antes de la aprobación del régimen de excepción. Estuvo detenido un mes en Mariona y otros 12 meses en Cutumay Camones, penales en los que trabajó como 'laboral', por su perfil académico; es decir, colaboraba en tareas administrativas de los recintos, lo que le permitió atestiguar de primera mano palizas de custodios a reos y corrupción en las visitas . Luego de 13 meses detenido, Zavala recuperó su libertad y denunció públicamente, y ante la Fiscalía, al director de Penales, Luna Meza, y a los directores de Mariona y Cutumay Camones, por cinco delitos: tortura, coacción, cohecho, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Según el aviso por escrito que Zavala presentó ante la Fiscalía el 17 de julio de 2024, el delito de cohecho de los funcionarios penitenciarios se describe así: 'La corrupción de la autorización de visitas para personas detenidas, donde custodios y el director de centros penales, piden materiales, dinero y diversas regalías para permitir que, por algunos minutos, estas personas a las que se les solicita ello, puedan ver a sus familiares, incluso la madre del segundo compareciente (Zavala), fue víctima de dicho chantaje o solicitud'.
Según Cruz, 'la administración' del penal de Cutumay Camones propuso a Zavala un método para ver a su familia: un escrito en el que ofrece una donación. El documento tenía un formato establecido y debía dirigirse al equipo técnico del penal. Uno de los actores que seleccionaba el perfil económico de los reos beneficiados era el custodio que fungía como jefe de la cuadrilla de turno. Una vez completado el documento, otros custodios de turno lo llevaban al equipo técnico, proceso irregular que debía tener la venia del director del penal, según la denuncia. Una vez aprobada la donación, una mujer que se identificó como “trabajadora social” del penal llamó a la familia para informarles que su hijo había solicitado una donación. En una entrevista que Zavala concedió a radio YSUCA el 5 de agosto de 2024, Zavala dijo que esa donación era, en realidad, una “extorsión gubernamental”.
'Por medio de escritos elaborados dentro del penal y con tema o figuras legales disfrazadas como ‘donaciones’, se usa al privado de libertad para obtener materiales de construcción de parte de sus familiares, materiales de adecuaciones, pipas de agua, materiales de oficina e incluso aceptar alimentos', denunció Zavala ante la Fiscalía, institución que no ha presentado ningún avance de investigación sobre las múltiples denuncias de corrupción en Centros Penales desde 2019.
'Lo de Fidel es algo de una cantidad pequeña, pero nosotros tenemos documentado como UNIDEHC otros casos del método de cómo operan, y ojo con esto, porque eso no lo desconoce el director del penal, son conscientes de esos donativos, porque en primer lugar hay cámaras dentro de un centro penal, y el acceso de estas personas queda documentado', insiste la abogada Cruz.
Otra de las 'donaciones' documentadas por UNIDEHC ocurrió a finales de 2022. Los familiares de tres regidores del Concejo Municipal de Zacatecoluca, en ese momento procesados por supuestas irregularidades en contratos municipales, recibieron una llamada telefónica desde el penal de Cutumay Camones por medio de la cual les ofrecían la oportunidad de visitar a sus familiares a cambio de materiales para la construcción de una galera. Los materiales que pedían estaban valorados en $1,500.
'La petición llegó a la esposa de uno de ellos, por llamada. Le llamaron y le dijeron que había una solicitud que había hecho su esposo. Ella pidió pruebas y le mandaron una foto de la nota con la firma del esposo. Y de ahí le mandaron un mensaje de texto y ahí estaban todos los materiales que pedían'.
El penal de Cutumay Camones pidió polines, láminas, cemento, entre otros materiales de construcción. A cambio, ofreció facilitar una hora de visita con los tres concejales detenidos el 26 de abril de 2021, antes de iniciado el régimen, y que durante más de un año no habían tenido ninguna comunicación con sus familias. Esto significa que el penal cobró, en promedio, $500 por una hora de visita con los detenidos. Además de los $1,500, la familia contrató un camión para el traslado del material. 'Primero le dieron acceso a ellos (familiares) y después entró el vehículo con los materiales', contó Cruz.
Aunque UNIDECH documentó la donación de los concejales al penal de Cutumay Camones, la organización no presentó denuncia ante la Fiscalía porque los familiares dijeron tener miedo a las autoridades penitenciarias; en especial, porque en ese momento sus parientes continuaban detenidos.
Los casos de corrupción carcelaria y otras investigaciones complejas de UNIDEHC que salpican al oficialismo, como la quiebra de la financiera Cosavi, han quedado en un limbo porque la Fiscalía allanó las oficinas de la organización el 25 de febrero de 2025. Ese mismo día fueron allanadas las viviendas de los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz; mientras que Zavala, vocero de UNIDEHC, fue capturado en la sede. La Fiscalía los acusa de la supuesta venta irregular de unos terrenos en La Floresta, San Juan Opico.
“Todo lo que le estoy narrando (corrupción en cárceles) es en base a un informe que precisamente se estaba haciendo”, dijo Cruz. Ella considera que el caso de La Floresta fue un pretexto de la Fiscalía para incautar información sobre otras investigaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción: “Para mí, el tema del caso de La Floresta es criminalizar a los líderes comunitarios. Con lo de Fidel es una venganza política , porque puso a prueba el sistema y los expuso, hizo esa denuncia. Somos de las pocas organizaciones que nos atrevimos a denunciar directamente a funcionarios de Bukele”.
Cruz y Joya no fueron capturados el 25 de febrero de 2025 porque días antes salieron del país país hacia España para participar en un conversatorio sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Los documentos y las pruebas sobre la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos no fueron incautados porque la organización las resguardó en un lugar distinto a donde funcionaba su oficina principal.
Ahora, desde el extranjero, los abogados hacen gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que conceda medidas de protección a Zavala porque es testigo y víctima de las torturas y corrupción en las cárceles “Hizo algo que nadie había hecho: desafió al sistema cuando él propone un careo para identificar a los custodios. Esas características hacen que la captura de Fidel sea muy diferente a todas las demás y lo pone en un alto riesgo para su vida estar detenido', dice Cruz.
