Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, era práctica común en El Salvador que los trabajadores rurales recibieran su pago parcial o total en la forma de fichas o tiquetes, en lugar de moneda de curso legal. Los trabajadores podían canjear sus fichas en un solo lugar: la tiendas ubicadas en la propiedad, las cuales pertenecían y eran operadas por los terratenientes. Quienes se oponían al sistema de fichas acusaban a los propietarios de manipular los precios mediante el cobro de precios inflados de las mercancías y de impedir que proveedores externos entraran a sus propiedades.
A finales de 1939 el gobierno nacional, entonces en manos del general Maximiliano Hernández Martínez, conocido por su estilo autoritario e ideas esotéricas, inició una campaña para cerrar las tiendas propiedad de las fincas y terminar con el sistema de fichas. La campaña contra las fichas puso al gobierno en conflicto directo con algunas de las familias terratenientes más ricas y poderosas de El Salvador. Irónicamente, como parte de su campaña contra las fichas, el gobierno acusó a los finqueros de actuar como comunistas y de administrar sus tiendas como comisarios de estilo soviético. No están claras las motivaciones detrás de la campaña antifichas del gobierno. Quizás algunos funcionarios tenían tendencias genuinamente reformistas; tal vez algunos de ellos estaban actuando cínicamente, con la esperanza de ganarse el favor de las masas y aumentar su legitimidad; tal vez estaban sucumbiendo a los esfuerzos de cabildeo de otros grupos de interés, como la Cámara de Comerciantes en Pequeño. Independientemente de las motivaciones detrás de la campaña antifichas, el hecho es que el gobierno confrontó a los terratenientes, que, como cabía esperar, no se rindieron en silencio.
Las siguientes selecciones documentales arrojan luz sobre el conflicto desatado por la campaña antifichas del gobierno. La primera selección es un informe de un comandante militar local al Ministro de Defensa, que describe el resultado de las indagaciones de dos guardias que patrullaban la zona cafetera del altiplano de Usulután. Los guardias descubrieron que en la finca San Ambrosio, propiedad del inmigrante italiano Amedeo Canessa, operaba un sistema de fichas ilícito. El señor Canessa recibió órdenes del comandante militar local de que abandonara el uso de las fichas. El segundo documento es la defensa de Canessa de parte de su hijo, quien defendió el sistema de su familia afirmando que proporcionaba un valioso servicio a sus trabajadores y que la denuncia en contra de ellos procedía de las élites locales rivales, que eran propietarias de comercios e intentaban socavar el monopolio de Canessa.
A fin de cuentas, la campaña del gobierno fracasó. Las tiendas de finca volvieron a abrir solamente seis meses después de la publicación de la orden abolía ese sistema. Esta campaña de 1939/1940 no fue la primera vez que el gobierno nacional, bajo el mando de militares, intentó y no pudo confrontar a los terratenientes; ni sería la última.
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EXTRACTOS
Palacio Nacional, San Salvador 4 de Octubre de 1939.-
Señor ministro:
Con relación a su atento oficio No. 15489 de fecha 19 de Septiembre próximo pasado, tengo el honor de transcribir a usted la siguiente nota No. 8517 del señor Director General de la Guardia Nacional.
San Salvador, 3 de octubre, 1939.- Señor Ministro:
Tengo a honra informar a usted que (…) salí acompañado de los Guardias Nos. 278 Alberto Oviedo Ramírez y 384 Salvador Lemus, a la hacienda San Ambrosio de propiedad de don Amadeo Canessa, de la jurisdicción de California, a hacer minuciosa investigación con respecto a una COMISARÍA y ventas obligatorias por medio de tiquetes que hacen a los colonos y trabajadores de dicha hacienda, absorviendo así todo el negocio en el mencionado lugar, dando por resultado lo siguiente: Don Guillermo Ré de 35 años, originario de Italia, quien es Administrador de dicha Hacienda, dijo: que a los trabajadores se les entregaba una tarjeta cuando estos la solicitaban, para sacar mercaderías de la tienda; que no es obligación pedir dicha tarjeta y que cuando no se gastaba todo el valor del tiquete, el día de pago se devuelve el sobrante en efectivo; que de orden del dueño de la hacienda, no se deja entrar a ninguna persona a vender comestibles; que la tienda o Comisaría tiene de establecida diez años (…)que en los días de temporada llegan varias mujeres a hacer trabajos de vivandera quienes se hacen cargo de 25 a 50 raciones, sacando el maíz y demás abasto, obligatoriamente, de la tienda o Comisaría (...
Carlos Castillo, Capitán-Comandate 11ª Compañía.
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Santiago de María, Octubre 10 de 1939
Señor Ministro:
En concepto de representante legal de los intereses de mi padre don Amedeo S. Canessa, quien actualmente reside en Genova, Italia, tengo el honor de dirigirme a usted muy respetuosamente para exponerle lo siguiente: (…) que deseo hacer presente con todo empeño, es el hecho de que a los empleados o trabajadores de las fincas de mi padre no se obligaba a comprar en la tienda de la finca, sinó que lo hacían en donde a éllos mejor les parecía. Si es que muchos trabajadores compraban en dicha tienda, ha sido por la circunstancia de que allí encontraban un surtido mejor, y conseguían sus cosas a precios menores que en el pueblo de California y otras poblaciones. Si no fuera por el factor precio, los centenares de trabajadores que compraban en la tienda, hace años que hubieran dejado de ser nuestros clientes.
El resultado inmediato del cierre de la tienda de San Ambrosio, ha sido ya apreciado por los trabajadores, pues acabo de hacer una visita a San Ambrosio y los muchos colonos que allí viven, me han manifestado indignados que ahora se encuentran en serias dificultades para obtener los víveres, granos etc. que antes obtenían al crédito en la tienda de la Casa , pues en las tiendas del pueblo de California no se les dan estas facilidades de crédito, y se les está vendiendo lo que ellos necesitan a precios elevadísimos.
Pido que se ordene la apertura de la tienda establecida en la finca San Ambrosio, injustamente cerrada. Creo, Señor Ministro, que merecemos siquiera el más fundamental principio de justicia, es decir que se nos permita defender, antes de que se nos condene.
Así pués Señor Ministro, me es doblemente penoso, verme acozado por calumniadores infames e anónimos que tratan de perjudicarnos vilmente porque si hubiésemos sido personas egoístas, ajenas a la cooperación social, talvez no podríamos sentirnos ofendidos, pero habiendo puesto nuestro grano de arena, y ser compensados a cada rato con la calumnia y el ultraje, es verdaderamente increíble.
P.P. Amadeo S. Canessa
*Erik Ching es profesor de historia en Furman University, Carolina del Sur. Los documentos relativos a la campaña de 1939/1940 contra las tiendas de finca se encuentran en el Archivo General de la Nación, sección Ministerio de Gobernación, caja 1940, paquete sin clasificación, carpeta “Tiendas en Fincas”.
