Documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca muestran el uso de prestanombres para crear empresas en Panamá, la fabricación de estados financieros inexistentes y el ocultamiento de la naturaleza de una de las compañías offshore vinculadas al Grupo Prieto, la corporación empresarial de la familia del diputado Ernesto Muyshondt.
Según lo que muestran actas, poderes y correos electrónicos incluidos en la filtración de información conocida como Panama Papers, Reunión Aseguradora Salvadoreña SA de CV, representada por el ahora diputado Ernesto Muyshondt, fue clave para que Prieto Inversiones, una de las principales compañías del conglomerado salvadoreño Grupo Prieto, entrara al universo Mossack Fonseca. Esa relación, que comenzó en 2004, permitió que el grupo registrara seis empresas offshore en Panamá. Además del servicio de prestanombres como directivos de las empresas, Mossack Fonseca construyó los balances financieros de una de las offshore y los prefechó -los elaboró con una fecha falsa- para que fueran presentados a un banco.
El esquema del conglomerado muestra en primer lugar al Grupo Prieto, que actúa como una gran sombrilla para un cúmulo de empresas salvadoreñas. Dos de ellas, Prieto Inversiones SA de CV y Reunión Aseguradora Salvadoreña SA de CV (RAS), por medio de sus representantes, fueron usadas para crear varias compañías offshore en Panamá. El bufete Mossack Fonseca lo hizo posible: para Prieto Inversiones creó cinco, entre las que destaca una llamada GP Investments Corp; y para RAS creó una offshore con nombre similar: RAS Panamá Inc. Fue para GP Investments Corp que Mossack Fonseca inventó balances financieros, y para RAS Panamá ocultó el rubro real de su giro empresarial.
Correos electrónicos muestran cómo empleados del Grupo Prieto solicitaron a Mossack Fonseca en abril de 2010 el envío de los balances contables de GP Investments Corp, una de las offshore de las que Muyshondt es apoderado. Pero dado que esos informes financieros no existían, solicitaron la elaboración de ellos a partir de la nada. Esos balances, firmados por una contadora externa al bufete panameño, fueron usados para tramitar cuentas bancarias del Grupo Prieto en Panamá.
GP Investments Corp, además, es una de las tres empresas offshore panameñas que aparecen en la lista de cuentas por cobrar en los estados financieros que Prieto Inversiones presentó al Registro de Comercio salvadoreño en 2014. La empresa, creada con prestanombres, aún está vigente.
En entrevista con El Faro, el diputado de Arena, secretario de la junta general ordinaria de accionistas de Prieto Inversiones SA de CV, sostuvo que las empresas offshore actuaron dentro de la legalidad y que fueron usadas para administrar fondos en el exterior por “motivos de anonimato y seguridad”.
El Faro le preguntó por qué sus empresas requerían ese anonimato, y Muyshondt respondió: “Ninguna empresa en la que aparezco es mi empresa, sino una empresa en que he sido director”. Luego se le planteó que este periódico deseaba una explicación sobre las relaciones entre Prieto Inversiones y las empresas panameñas Kumar, GP Investments y SLB Holding Group, que aparecen en los documentos como deudoras de Prieto Inversiones. “Deben ser cuidadosos en no publicar falsas presunciones y suposiciones que puedan dañar a las empresas del grupo y que puedan causar daños al honor de mi grupo familiar”, respondió, vía mensajes de Telegram. Agregó que no tiene por qué responder a algunos de los cuestionamientos que El Faro le hizo. “No estamos dispuestos ni obligados a darles detalles de operaciones realizadas por nuestras empresas, sus giros o sus accionistas y directores. Podría haber implicaciones legales”, advirtió.
En Prieto Inversiones, Ernesto Muyshondt García Prieto aparece como director secretario. El director presidente es Francisco Enrique García Prieto Hirlemann. Según Muyshondt, el Grupo Prieto tiene una trayectoria de alrededor de 70 años y su principal giro ha sido el café, y se ha diversificado en otros negocios.
El sábado 30 de abril, El Faro preguntó a Muyshondt por mensajería Telegram si la creación de las offshore panameñas tenía el propósito de no pagar algunos impuestos en El Salvador o pagar menos, o si la finalidad había sido otra. Al cierre de esta nota, la noche del domingo 1 de mayo, no había respondido esta interrogante. El diputado del partido Arena sí estuvo respondiendo por la misma vía prácticamente todas las preguntas que se le hicieron a lo largo de un par de semanas para este reportaje.
La offshore RAS Panamá Inc fue creada por Mossack Fonseca como extensión de RAS El Salvador. Según Muyshondt, apoderado legal de la offshore en Panamá y quien firmó la documentación en El Salvador como representante de RAS El Salvador, la empresa se dedicó a la correduría de seguros. Y aunque la ley panameña lo manda, RAS Panamá no contó nunca con una licencia de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. De hecho, la offshore fue inscrita por Mossack Fonseca, a petición del abogado de Muyshdont, como una compañía sin relación alguna con la correduría de seguros o similares.
La información base para desenmarañar el cúmulo de empresas y los trámites ocultos en Panamá se desprenden de la masiva filtración de los Panama Papers obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El Faro, parte de los más de 100 medios que participaron en la validación y contextualización de los datos, rastreó las empresas en los registros públicos de Panamá y El Salvador para mostrar las conexiones de las empresas del Grupo Prieto.
Muyshondt fue vicepresidente de Ideología del partido Arena desde febrero de 2013 hasta diciembre de 2014, cuando renunció al cargo para buscar una diputación. Ese cargo es el segundo en jerarquía en el principal partido de derechas, que desde hace casi un año se debate en una disputa por la presidencia. Muyshondt ha expresado su pretensión de suceder a Jorge Velado como presidente de Arena. El puesto se dirimirá en una competencia interna que culminaría en septiembre u octubre próximos.
La compañía de seguros fantasma
La relación entre Mossack Fonseca y Muyshondt data de 2004. En julio de ese año, Muyshondt era representante legal de Reunión Aseguradora Salvadoreña SA de CV, conocida como RAS SA de CV. Ese mes, Muyshondt inició el trámite para registrar una offshore en Panamá, que en el papel es una extensión de RAS SA de CV.
El intermediario para el trámite fue el bufete salvadoreño Ungo Bustamente, por medio del abogado Mauricio Ungo Bustamente. Este fue el encargado de comunicarse, por medio de correos electrónicos, con la sección corporativa de Mossack Fonseca.
El 7 de julio de 2004, Ungo remitió documentación para solicitar la inscripción de una sociedad que sería llamada RAS Panamá Seguros. El día siguiente, Mario Vlieg, un ejecutivo de Mossack Fonseca, respondió al abogado para aclararle que el uso de las palabras “seguros” o “reaseguros”, como parte del nombre de una empresa, estaba restringido, sujeto a una licencia por las leyes panameñas. Ungo contestó ese mismo día: “Creo que pueden ser solventadas si se suprime toda relación a Seguros o Reaseguros; no nos afecta en ninguna forma… En el propósito de la incorporación puede ponerse ‘operaciones comerciales en general’”.
Así nació RAS Panamá Inc, creada en el despacho de Mossack Fonseca el 8 de julio de 2004. Ese día comparecieron ante el notario Boris Sucre Benjamín, empleado de la firma panameña, otras dos empleadas del bufete, Leticia Montoya y Darlene Bayne, representantes en papel de Dulcan Inc y Winsley Inc, dos de las muchas empresas fantasma que Mossack Fonseca ha utilizado para multiplicar el negocio de las offshore. Los nuevos directores fachada fueron las ciudadanas panameñas Francis Pérez, Leticia Montoya, Vianca Scott, Marta Edghill y Katia Solano.
Dos semanas más tarde, el 21 de julio de 2004, RAS Panamá emitió un poder general a favor del ahora diputado Ernesto Muyshondt y acciones a su nombre y a favor de RAS SA de CV. Según la escritura, la nueva sociedad tendría actividad comercial “regular”, es decir, compra y venta de acciones, participación en otras sociedades o ser beneficiara de fideicomisos dentro o fuera de Panamá.
“RAS Panamá se creó para vender seguros individuales de compañías de seguros internacionales”, dijo Muyshdont a El Faro el pasado 7 de abril, en una entrevista realizada por medio del servicio de mensajería Telegram.
Esa versión, sin embargo, contrasta con lo que Ungo solicitó a Mossack Fonseca en 2004, a nombre de RAS SA de CV. “Le confirmo que la sociedad RAS Panamá, INC no será utilizada para actividades de seguros o relacionadas”, escribió el 8 de julio de 2004, ante la insistencia del ejecutivo panameño en preguntar si la nueva offshore se usaría para “operaciones de seguros” o “corretajes de seguros”.
Al diputado se le hizo ver la contradicción entre la naturaleza real de su empresa offshore y lo que se registró en Panamá, tal como consta en las escrituras públicas y los correos electrónicos entre Ungo y Mossack Fonseca: RAS Panamá Inc se usó como corredora de seguros sin estar autorizada para hacerlo, gracias a un registro que omitió la actividad de ventas de seguros de la compañía. “Una cosa es la actividad aseguradora y otra cosa es la comercialización de servicios de correduría, a lo que se dedicó esa empresa”, respondió Muyshondt. “No fue aseguradora, solo comercializadora, son dos cosas diferentes, lo mismo que ser constructor de casas e intermediario de bienes raíces”.
La ley panameña que regula la actividad de seguros, sin embargo, incluye como entes supervisados a las agencias de ventas de seguros: “Persona jurídica constituida e inscrita de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para que, de conformidad con esta ley, intervenga como mediador comercial entre el contratante y la asegurada, en todo lo relacionado con el contrato de seguros de fianzas y demás productos previstos en esta ley…”, dice el artículo 3.
El siguiente artículo de la misma ley establece que las empresas de seguros o corredoras de seguros deben ser claras respecto a su actividad. “Ninguna persona jurídica que no sea autorizada previamente por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros podrá utilizar la palabra seguros ni sus derivados… o en cualquier forma que dé la impresión de que se trata de una asegurada, de un producto de seguro, de un corredor de seguro”, dice el artículo 4 de la ley de 1996, que se repite en la aprobada en 2012.
En una nueva entrevista hecha el 22 de abril también por medio de Telegram, el diputado Muyshondt insistió en que lo que hizo su offshore fue “comercialización de seguros” y no “actividades de seguros o reaseguros”. Por ello, según dijo, no vio necesidad de inscribirla ante la Superintendencia de Seguros panameña. La ley, sin embargo, indica que la offshore de Muyshondt violó lo establecido respecto del corretaje de seguros.
Un perito en contabilidad y auditoría financiera que aceptó hablar con El Faro bajo condición de anonimato -porque su oficina no le ha autorizado a dar declaraciones sobre este tema- comentó que a la luz de la normativa panameña la inscripción ante la Superintendencia era obligatoria. 'Revisé la ley de seguros de Panamá. Las actividades de corretaje o de intermediación en los contratos de seguros está regulada, por lo tanto tiene que ser autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros', afirmó. Muyshondt insiste en que no era necesario.
Ungo fue parte de la directiva de RAS SA de CV. El Faro llamó por teléfono a su oficina, pero nadie respondió. En RAS una empleada de correduría que se identificó como Marina dijo que Ungo no se presenta a trabajar ahí; y en Fusades, donde es parte de la comisión de Estudios Legales, la secretaria del Departamento de Estudios Legales, Susana de Turcios, informó que el abogado solo llegaba a las reuniones y facilitó un número de teléfono fijo para localizarlo. El Faro marcó a ese número y pidió hablar con Ungo, pero quien lo atendió dijo que era un número equivocado.
RAS Panamá operó bajo ese nombre hasta el 13 de septiembre de 2006, cuando pasó a llamarse RP Consulting Group Inc. El 2 de abril de 2007, la offshore cambió de agente residente y dejó a Mossack Fonseca por otro despacho panameño: Anzola, Robles y Asociados. Anzola, según explicó Ungo en un correo, tenía mejores precios y además trabajaba con sociedades en Guatemala con las que sus clientes tenían alianzas estratégicas.
Pero antes de que los precios les parecieran excesivos, Mossack Fonseca fue la primera opción para Muyshondt y su familia. El 28 de julio de 2004, solo días después de haber creado RAS Panamá, el abogado Ungo escribió nuevamente a Mossack Fonseca para solicitar nuevas offshore. “Tomando en cuenta la buena experiencia que hemos tenido con ustedes en la incorporación de sociedades en Panamá, le comunico que otro cliente de nuestro bufete ha solicitado trámites para una Inc”, redactó Ungo.
Balances a la carta
Ese “otro cliente” era Prieto Inversiones SA de CV, una de las empresas más grandes de Grupo Prieto, esa sombrilla de compañías que manejan la producción y venta de café, como principal activo, además de la venta de seguros, productos agrícolas y vinos, entre otros. En el balance 2014 de la sociedad Prieto Inversiones SA de CV, aparece mencionada Prieto Inversiones SA de CV como matriz.
La solicitud de incorporación que Ungo envió a Mossack Fonseca detallaba lo siguiente: que el despacho panameño debía poner los directores, que el propósito de la compañía sería “realizar operaciones comerciales fuera de Panamá” y que los apoderados de la offshore serían Ernesto Muyshondt, Federico García Prieto Daglio y Enrique García Prieto, el presidente de Prieto Inversiones.
El nombre seleccionado fue GP Investments Corp, sociedad inscrita en el registro panameño el 13 de agosto de 2004. Para integrar la nueva offshore, Mossack Fonseca replicó el modelo que ya había utilizado antes. Ese día, ante el notario Boris Sucre Benjamín, empleado de la firma panameña, comparecieron otras dos empleadas del bufete, Leticia Montoya y Francis Pérez, representantes en papel de Dulcan Inc y Winsley Inc, dos de las muchas empresas fantasma que Mossack Fonseca ha utilizado para multiplicar el negocio de las offshore. Los nuevos directores fachada fueron las ciudadanas panameñas Francis Pérez, Leticia Montoya, Vianca Scott, Marta Edghill y Katia Solano.
Cuatro días más tarde, el 17 de agosto, GP, en reunión de directores fachada realizada en Panamá (en el edifico de Mossack Fonseca), emitió un acuerdo para otorgar poderes especiales a Muyshondt, García Prieto Daglio y García Prieto. Ese documento, que fue enviado a El Salvador, no fue inscrito en el registro panameño. Una anotación en el papel notarial lo especificaba: “Poder-no inscribir en el registro”. De esa manera los únicos que figuraran legalmente ante las autoridades panameñas eran seis empleados de Mossack Fonseca.
El Faro consultó a Muyshondt cuál era el propósito de omitir ante las autoridades panameñas el aviso sobre la decisión de trasladar el control a los propietarios. El diputado respondió que se obvió ese paso en primer lugar porque la ley panameña no lo exige y, en segundo lugar, porque se ahorroban el gasto de tramitar el registro. “Las empresas de las que soy o he sido director en alguna oportunidad han optado por estructuras de sociedades en Panamá, ya que en esa jurisdicción se permiten cosas como tomar acuerdos de accionistas vinculantes. Aparte que hay menos tramitología y menos gastos y tiempo para formar sociedades anónimas. Por ello considero importante se actualice y revise la normativa del Código de Comercio en El Salvador… y sobre lo último, en Panamá la ley no exige inscribir poderes y por tanto se permite ahorrar los costos de registro del mismo”.
Entre septiembre y diciembre de 2004, Mossack Fonseca creó cuatro nuevas offshore para miembros del Grupo Prieto. Todas con directores prestados por el bufete panameño y con acciones al portador, es decir, sin nombres de por medio: Jackpot Investments Inc, Callahan Holdings Inc, Raypoint Trading Inc y Kumar Enterprises SA.
Todas fueron disueltas entre 2008 y 2010, según los registros de Mossack Fonseca y las comunicaciones entre empleados del Grupo Prieto y el bufete panameño. Todas menos GP Investments Corp.
“Todas fueron en algún momento para administrar fondos que personas de mi grupo familiar tenían en el exterior por motivos de anonimato y seguridad”, respondió Muyshondt, cuando se le preguntó por qué decidieron tener offshore en Panamá. Y esto dijo cuando el cuestionamiento fue por la selección de un bufete que ofrece prestanombres: “El propósito de esas sociedades es la reserva y el anonimato, pero aparecíamos como directores de las mismas, esos bufetes se encargan de administrarlas, hacer las juntas generales, trámites legales”.
Contrario a lo que dice Muyshondt, los documentos muestran que todas las offshore se crearon con prestanombres designados por Mossack Fonseca para actuar como directores. Así se comprueba en las escrituras hechas en el bufete panameño que luego fueron inscritas en el registro público. Lo único cierto es que GP, que también se creó con directivos prestanombres, colocó a los beneficiarios reales en su junta directiva hasta el 31 de julio de 2007. Es decir, casi tres años después de haber iniciado operaciones domiciliada en Panamá.
Pasaron tres años y el 15 de abril de 2010, Emigdio Dueñas, empleado del Grupo Prieto, escribió a la sección corporativa de Mossack Fonseca para pedir un favor. Necesitaba, según explicó, los estados financieros auditados de los dos últimos años de GP para actualizar una cuenta corriente del Grupo Prieto en la sede panameña de BanColombia.
La empresa offshore, ya a cargo de los beneficiarios reales, solicitaba información de sus propios balances que, según recalcó Dueñas, no tenían.
Correos internos entre empleados de Mossack Fonseca muestran cómo resolvieron el problema: ellos tampoco tenían la información; había que crearla. Sady Garzón, una abogada del despacho, propuso a la contadora externa Neibys de Holguín como la persona que podría solventar el entrampamiento. Holguín respondió ese mismo día, diciendo que cobraría 250 dólares por cada balance de los años 2008 y 2009. Agregó, eso sí, que necesitaba saber qué cifras quería el cliente que aparecieran reflejadas en los balances.
Esa inquietud fue trasladada a Dueñas. El empleado de Grupo Prieto respondió el día siguiente: “Sinceramente desconocemos el status de la contabilidad. En lo que acá hemos retomado y rearmado el expediente de la sociedad, no tenemos nada de balance inicial o similar… agradecería nos sugieran qué opciones nos recomiendan”, escribió Dueñas.
La contadora Holguín trabajó en el borrador de la propuesta, que fue enviada a Dueñas el 22 de abril. Los documentos para ambos años incluían cuentas por cobrar a Prieto Inversiones. Tras revisarlo, Dueñas pidió omitir ese detalle y sustituirlo por “cuentas por cobrar empresas relacionadas”.
Los balances financieros para GP fueron enviados a San Salvador el 25 de mayo de 2010, pero fueron prefechados: la contadora Holguín los fechó 26 de enero de 2009 y 26 de enero de 2010. Neibys Q. de Holguín escribió: “En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los activos, pasivos y activos netos de la sociedad GP Investment Corp”.
Para 2008, según el balance fabricado, tuvo un total de activos de 22 mil 209.73 dólares; para 2009, los activos descendieron a 10 mil 181.73 dólares.
Consultado sobre la fabricación de balances, Muyshondt se limitó a contestar: “Debe haber sido antes que la sociedad tuviera alguna operación, que tuvo un balance inicial”. En resumen, los balances creados en 2010 para los años 2008 y 2009, llegaron seis años después del inicio formal de GP Investment Corp.
SLB Holdings, la otra offshore
El balance que presentó Prieto Inversiones SA de CV en 2014, verificable en el Registro de Comercio, incluyó, en el apartado de cuentas por cobrar, lo supuestamente adeudado por tres empresas offshore: Kumar Enterprises debía 4 mil 887 dólares a Prieto Inversiones; GP Investments, 10 mil 669 dólares; y SLB Holding Group Corp, 261 mil 111 dólares. Lo adeudado, según ese balance, sumaba 276 mil 667 dólares para 2014.
Kumar aparece como gasto en los balances financieros de Prieto Inversiones desde 2011; GP, desde 2013. SLB Holding Group fue la última en aparecer y la más significativa.
Dentro del balance de 2014 hay un apartado que aclara que Prieto Inversiones suscribió un acuerdo con SLB para aumentar su capital social. El trato, según el acta 71 de la junta directiva, fue que SLB invertiría en la sociedad Prieto Inversiones.
SLB es una offshore creada en Panamá por el bufete Anzola, Robles y Asociados, el mismo que, según el abogado Ungo, manejaba sociedades con las que las empresas del Grupo Prieto tenían alianzas estratégicas. SLB fue inscrita el 15 de abril de 2009, bajo la dirección de tres panameños empleados de Anzola: Thays Herrera de Salas, Mariela de Cristi y Eligio Rodríguez.
En septiembre de 2012, SLB nombró a nuevo agente en Panamá (Morgan y Morgan), y a tres nuevos directivos: Salvador José Paiz Del Carmen, Luis René Antonio Pellecer López y Carlos Rodolfo José Batres González. Estas personas comparten directivas en al menos otras cinco offshore registradas en Panamá.
En El Salvador, según el Registro de Comercio, Batres aparece como representante legal de tres empresas de bienes raíces: BDN ES, SA de CV, inscrita el 17 de enero de 2011; Tacana, SA de CV, inscrita el 2 de junio de 2015; e Inversiones Rand, SA de CV, asentada el 8 de julio de 2015. Todas tienen la misma dirección: 3 calle poniente, entre 85 y 87 avenida norte, número 4440, colonia Escalón, San Salvador.
Esa dirección pertenece al bufete Guerrero y Guerrero, propiedad de Juan José Guerrero, expresidente del Registro Nacional de las Personas Naturales durante la administración de Antonio Saca y director de Asuntos Jurídicos y Electorales del partido Arena desde 2014.
Guerrero dijo a El Faro que Batres no daría declaraciones para este reportaje. “No quieren verse inmiscuidos en actividades donde se sugiera que hubo alguna ilegalidad”, dijo Guerrero.
El Faro le preguntó por qué las tres empresas de Batres tenían la dirección de su bufete. “Muchas empresas colocan al inicio la dirección de sus bufetes constituyentes. Eso no significa ninguna ilegalidad”, dijo Guerrero sobre las empresas creadas en 2011 y mediados de 2015. Pese a que se le solicitó, el abogado no quiso proporcionar las supuestas nuevas direcciones de las empresas de Batres.
