La Comisión Internacional contra la Impunidad en (CICIG) en Guatemala no debería existir, pero existirá, a juicio de su jefe, Iván Velásquez, en la medida en que la institucionalidad de ese país siga siendo pobre. 'El punto es avanzar en la institucionalidad para que una comisión contra la impunidad no sea necesaria', dijo Velásquez. Quien dirigió la investigación que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina puntualizó que la CICIG no nació para botar mandatario sino para erradicar estructuras criminales del pasado. 'Es un error pensar que el éxito del combate a la corrupción está en derrocar a un presidente, porque lo que se busca es erradicar estructuras criminales, no personas', añadió.
La CICIG se instaló en Guatemala en 2008 y, a juicio de Velásquez, seguirá siendo necesaria en ese país porque las instituciones nacionales encargadas de contrarresar a los criminales aun muestran debilidades internas. A esa conclusión también llegó la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz quien acompañó a Velásquez en la inauguración, en la noche del lunes, del sexto Foro Centroamericano de Periodismo organizado por El Faro.
Velásquez y Paz y Paz protagonizaron el conversatorio titulado 'La lucha contra la impunidad en Centromérica' que fue moderado por el director de El Faro José Luis Sanz. Velásquez, antes de ser nombrado jefe de la CICIG, fue juez en Colombia y dio duros golpes a estructuras de políticos vinculados al narcoráfico y al paramiliarismo. Paz y Paz, en Guatemala, fue la fiscal que acusó al dictador Efraín Ríos Montt, un proceso que al final le valió para tener que abandonar el cargo de fiscal siete meses antes de la fecha oficial, en mayo de 2014, presionada por los poderes fácticos de ese país.
Ambos expertos sostuvieron que Guatemala aún tiene estructuras interesadas en que no se investigue ni se desarticulen las estructuras que se nutren de la corrupción. 'No se han tocado las redes más grandes de impunidad', dijo Paz y Paz. 'Esto es un proceso y se puede medir en cosas como que los índices de homicidios hayan comenzado a bajar paulatinamente cuando nos lo propusimos', añadió. 'Pero aún falta', añade Velásquez. El comisionado de la CICIG añade, por ejemplo, que Guatemala no tiene recursos suficientes para investigar los delitos que ocurren en el país. Solo el 10% de los 340 municipios del país tienen presencia del Ministerio Público (MP), y solamente hay seis jueces por cada 100 mil habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 12 por cada 100 mil habitantes.
Los funcionarios coincidieron en que un trabajo judicial independiente es difícil de mantener en países donde la dinámica de la impunidad ha prevalecido por años. Paz y Paz recalcó que se requiere de una 'estrategia de comunicación profunda' con gente clave en otras instituciones para mantenerse en pie; mientras que Velásquez recordó que los medios de comunicación juegan un papel primordial a la hora de crear un sentimiento en la población que apoye la lucha contra la impunidad. 'En este proceso es importante encontrar funcionarios confiables', añadió.
Pero algo que recalcaron fue también el valor de la protesta ciudadana. Para Velásquez, que la Fiscalía guatemalteca haya creado una unidad fiscal para acompañar a la CICIG fue un paso importante en el proceso pero que no puede compararse con el apoyo que ambas instituciones recibieron durante 22 semanas en las concentraciones sabatinas en la Plaza central en Guatemala. Paz y Paz cree que la misma gente que apoyó el proceso judicial contra el dictador Efraín Ríos Montt, en 2013, fue la misma que comenzó a apoyar con mayor ímpetu a la CICIG desde abril de 2015 cuando la oficina desarticuló una banda criminal de defraudación de impuestos aduaneros liderado por el secretario privado de la presidencia, Juan Carlos Monzón. 'Si la CICIG fue una especie de coraza para el ministerio público, las protestas lo fueron para la CICIG', dijo Velásquez.
La exfiscal Paz y Paz también reconoce el papel de la ciudadanía. 'El juicio (contra Ríos Montt) abrió las puertas de la justicia a una ciudadanía que siempre había sido apartada y lo que mantuvo vivo el proceso fue el esfuerzo de las víctimas', dijo Paz y Paz, quien acaba de terminar un trabajo de investigación judicial en México sobre la masacre de 43 estudiantes del estado de Guerrero y que ha manchado el rostro del gobierno mexicano.
'Investigar las estructuras del crimen actuales implica desmontar las estructuras que existen desde hace años y que aun trabajan para ese fin', explicó Velásquez, quien con la inestigación del sistema tributario de aduanas obligó a la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. La CICIG fue creada en 2008 con el apoyo de las Naciones Unidas y recibió el mandato de desarticular las estructuras paralelas al poder estatal y que se habían enquistado en ese país para lucrarse. Velásquez considera que muchas de las antiguas estructuras militares que cometían abusos hace décadas son las que perviven ahora. 'Desarticular esas redes de aquellos es contribuir a desarticular aquellas estructuras que aun ahora pueden tener injerencia', explicó Velásquez.
Al final del conversatorio, el moderador preguntó a Paz y Paz si tenía pensado cuándo podría regresar a Guatemala -después de su tormentosa salida tras la acusación contra Ríos Montt, símbolo del poder tradicional en Guatemala-: 'pronto, espero que pronto', respondíó la exfiscal, en una especie de resumen de los avances de ese país contra la corrupción.
El conversatorio sobre la impunidad en Guatemala se enmarca dentro del Foro Centroamericano de Periodismo que se desarrollará entre el 9 y el 14 de mayo en diversas localidades culturales y académicas de San Salvador.
